La destructividad del gobierno mexicano de López Obrador: avalanchas de devastación espiritual

Desde los fuegos del tiempo
Avalanchas de devastación espiritual
Ramón Vera-Herrera

Desinformémonos
17 junio 2019

Los signos vuelan cual dardos en todas direcciones. El granizo golpea los techos, las puertas. El ulular del viento anuncia sus embates. Tal vez a varias de las personas y grupo involucrados en este gobierno les parezca que llegó la hora de barrer con la historia y comenzar de nuevo.

El afán de desmantelamiento es increíble. Hay quien los escribe en las redes como un “un furor por desorganizarlo todo, desmantelarlo todo, desfondarlo todo, menos sus megaproyectos. Todo el programa social que se mantiene desde la revolución quieren aniquilarlo para que en verdad comience un país de individuos, solos ante la ley como tanto temía Kafka”.

Un mundo donde la disposición y la medida, la norma por sí misma, imperen. Que la vida y su ductibilidad no fluyan porque estorban la pureza de la norma. Y que la persecución esté a la orden de quien dé las órdenes. Podrán cambiar los nombres pero que alguien le disponga a otros lo que hay que hacer, lo que no se puede hacer, y se invoquen racionalidades ajenas a la situación cuando se atreven a proferir en voz alta las verdaderas razones, es un desatino que tarde o temprano se saldrá de control, sobre todo porque activa a los perros del diablo, a esa Derecha mundial que va haciendo filas, a quienes en la traición anidan para acabar con los breves espacios que ha costado tanto trabajo conquistar en siglos de resistencia, movilización, rebeliones y revolución.

Si México sigue siendo México tras 18 años de recrudecimiento bestial de la violencia, tras tantos disfraces comunes del crimen organizado, la función pública y la empresa privada, es porque las comunidades rurales y urbanas siguen reivindicando la memoria de lo común, el logro de lo colectivo, que mantiene la mitad del territorio nacional, mal que bien, con entreveros aquí y allá, en manos comunitarias, ejidales y comunales. Con cierta relación con asambleas y decisiones horizontales. Eso es herencia, legado directo de una revolución que hubo y hay quien hoy busca enterrar con cubetadas de agua de drenaje, tanta es la cochinada con la que barren y barren como si quisieran borrar cualquier colectividad.

Todo se busca que la gente lo resuelva, en un momento que la gente está deshabilitada, mermada, fragilizada. Este gobierno no busca la autogestión de nada. Busca que la gente esté solita ante el aparato omnipresente del Estado y sus Siervos de la Nación, claro me olvidaba. Ellos resolverán lo que haga falta.

Los investigadores que trabajan en el Templo Mayor, en los rescates arqueológicos, en biología, en física, en teatro, cine, radiofonía, centros culturales, bibliotecas, museos, pintura, investigación de todo tipo, clínicas, hospitales, centros de salud, de la niñez, de los adultos mayores, de las mujeres, están castigados con disminuciones hasta del 60% del presupuesto porque según la nueva trama de disposiciones, dispendian, es superfluo lo que hacen, ya lo dijo la nueva encargada del Fonca.

En algunos sitios los trabajadores compran su propio jabón, papel del baño, y hasta material de curación para que las instalaciones sigan funcionando.

Si sólo fuera eso, y simplemente no supieran ni por dónde empezar a desenredar el nudo gordiano del PRI-PAN-PRD. Pero no.

Aparte del Tren Maya (que no sólo es el tren sino todo el acaparamiento y explotación, despojo y reordenamiento capitalista de la Península con miras al Golfo de México), el Transístmico que es un gozne de lo anterior, las pretensiones petroleras, las zonas económicas especiales (que dicen que ya no existen), el desmadre que quedó del aeropuerto fallido en Texcoco, y el nuevo desmadre en Santa Lucía, la reforma energética que no se cancela, todo contribuye a un momento muy extraño en el país donde todo está tirado, donde van cerrando puertas museos, bibliotecas, clínicas, centros de salud, centros de investigación y al mismo tiempo se proponen infinidad de legislaciones que para protección pero que en realidad son de cómo y en qué condiciones abrir al mercado lo que nos queda por entregar.

Cuando Jesusa Rodríguez clama que los artistas tienen que dejar de vivir del presupuesto y busquen a la iniciativa privada, lo dice en serio. Quieren que todo lo regule el mercado.

Neoliberalismo no es. Es más allá. Será “capitalismo popular modelo Thatcher”.

Se busca armonizar los tratados con las legislaciones, pero son tratados ultra leoninos como el nuevo TLCAN que va por todo exigiendo que los países no se defiendan de las disposiciones que Estados Unidos quiera imponer. Así, llanamente. Lean los acuerdos y se darán cuenta.

Según la investigadora Elena Burns, 70% de los volúmenes de agua en el país está concesionado a 7% de concesionarios, es decir, hay un acaparamiento bestial.

Según comenta Elena Burns en una nota en La Cooperacha, ésa es la razón por la que “hemos vivido un desastre en la calidad del agua, la cantidad disponible, el despojo, la marginación, el acaparamiento, porque el objetivo de la principal ley que determina la política hídrica del país estaba y está enfocado en poner las aguas de la nación bajo el control de un sistema único de concesiones de aguas nacionales que serían objetos de libre comercio”.

Estamos ante un escenario donde se han levantado vedas en 300 cuencas y otorgado 12 mil concesiones de Agua Nacionales desde la firma de decretos de Peña Nieto. O sea, este gobierno no sólo no las está revirtiendo sino que cocina una nueva ley General de Aguas. Elena Burns alerta a que estemos pendientes de “si se va a conservar un sistema en donde nuestras aguas van a ser manejadas por mercados y bancos del agua o vamos a garantizar que las aguas estén unidas al territorio en manos de la población”.

La ley de Protección y Fomento al Maíz Nativo pareciera una mala broma. Lo único que se les ocurre es promover inventarios de semillas nativas (como si se pudiera) promover registros (les llaman directorios) de productores originarios (que serán los beneficiarios de la supuesta protección y a ver cómo los hacen demostrar su pertenencia a pueblo, comunidad ¿o de plano etnia?), un consejo “participativo” entre funcionarios y productores y una vaga frase (repetida dos veces en distintos incisos) que dice que “se protegerá y fomentará el maíz libre de organismos genéticamente modificados”.

La ley Federal de Variedades Vegetales que armonizando con el T-MEC y el TPP11, “impediría contar con semillas publicas mejoradas y nativas mexicanas, y constituye en una traición al campo, a los productores”. Esto haciendo eco de la llamada acta de la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) versión 91 que impone la propiedad intelectual de genes y variedades; que restringe severamente “el uso e intercambio de semillas por parte de los agricultores como lo hace lo hacen de manera milenaria, prohíbe la derivación esencial de variedades, afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera. Es el escenario jurídico ideal para que los oligopolios controlen completamente las semillas y transgénicos, además se cometería el despojo más grave en la historia de la humanidad, ya que, si se contaminan los maíces nativos por híbridos patentados, los genes que tendrían los maíces nativos otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes”. Así lo señaló el presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, el investigador Alejandro Espinosa Calderón en un texto donde señala cómo los funcionarios principales de la Secretaría de Agricultura, promueven esta sinrazón, en aras de cumplir con los mandatos de estos nuevos TLC, mucho más estrictos en no dejarse restringir en lo absoluto.

Y luego están los “impuestos ecológicos” que la Suprema Corte de Justicia declaró legales y que “pagarán las empresas relacionadas con el modelo extractivo depredador en el estado de Zacatecas. En los hechos, el aval a este impuesto significa la justificación y un intento de legitimación de un modelo extractivo que múltiples estudios e investigaciones han demostrado que destruye la vida”, como afirman Grecia Eugenia Rodríguez Navarro y Sergio Elías Uribe Sierra para Contralínea, del 27 de febrero de 2019.

Esto después que la SCJN determinó que las “mineras tóxicas y depredadoras podrán pagar sus culpas con un ‘impuesto verde’. La decisión de la SCJN, que avala la medida impulsada por el gobierno de Zacatecas, sólo vendrá a justificar un daño por miles de millones de pesos —además del social y cultural— que no se ve reflejado en los libros contables”.

Todo esto son simples ejemplos. Salpicaduras de tanta granizada. Y si están desordenados, el desorden en realidad no es mío sino de esta confusión promovida desde los ámbitos oficiales: hay que barrerlo todo en aras de la “austeridad”. En respuesta a la “corrupción”, con la que se les llena la boca.

En el desmantelamiento de lo colectivo sigue golpeando Sembrando Vida que busca que la gente desmonte selva para emprender proyectos “agroforestales sembrando frutales, maderables y una milpa”, pero que les impide la agricultura de migración en su territorio, lo que hacía sustentable su quehacer y fortalecía los acuerdos asamblearios para ponerse de acuerdo en los pormenores. Ahora a los “sujetos agrarios” les exigen geoposicionarse, que su parcela esté fija, y que se siembre lo que el funcionario diga, no lo que las comunidades han cultivado por siglos.

Claro, el añadido es que se les dé dinero como sueldo individual, lo que rompe los lazos comunitarios, redirige la atención de los usuarios con su “encargado de programa” y no con su comunidad, y somete a la gente al clientelismo del omnipresente nuevo Estado que despoja todo lo imaginable de las comunidades. “Compensando” con estos proyectos que de paso fragmentan las actividades y la lógica comunitaria ancestral.

Por eso tiene tanta razón Gustavo Esteva cuando escribe (“La otra corrupción, La Jornada, 20 de mayo): “Bajo la aparente bendición de transferencias financieras a los pobres, se fomenta esa otra corrupción, de efectos particularmente perversos. Se inserta a los despojados en un consumismo insensato que los hunde aún más en la condición atroz en que se encuentran, ahora dependientes de un subsidio estatal que puede desaparecer en cualquier momento. En vez de atender el fondo del asunto, el despojo de todo lo que tienen, territorios lo mismo que derechos, en vez de aliarse con los despojados para fortalecer su defensa y su construcción de una vida digna, un gobierno que se pretende de izquierda se alía con los despojadores y les garantiza su operación. La circunstancia es nueva. Exige cambiar, desde abajo, la manera de cambiar”.

Dice Nuccio Ordine, el filósofo calabrés, citado por Alicia García Bergua en su muro y luego por Hermann Bellinghausen (en otro pasaje) en el apunte que hace en “La Cultura Inútil”: «Con la excusa de la crisis se está expropiando la dignidad humana. Si corto los fondos para financiar a los enfermos, para ayudar a los discapacitados, si despido a padres que ya no pueden mantener a los suyos con un mínimo de dignidad, cometo un crimen gravísimo. Los derechos en los que se fundamenta la dignidad humana jamás se deberían tocar. Sería suficiente luchar contra la corrupción y esos 150 mil millones que ahorraríamos podrían con creces solucionar la crisis y mucho más”.

E insiste: «Los gobiernos mienten cuando dicen que la crisis la pagamos todos: esta crisis no la pagan los bancos, no la pagan los banqueros, no la pagan los financieros. Esos reciben millones de euros de sueldo al año y aún finalizan su mandato con 15 millones de euros de finiquito. Luego se descubre que la empresa está en números rojos y que el directivo había firmado acuerdos para «privatizar» el dinero de la gente y llevárselo a casa. ¿Cómo podemos salir de este círculo vicioso? Creando y formando a jóvenes que sean conscientes, que sean capaces de defender el bien común. Jóvenes que no sean educados en el culto del beneficio y del dinero. Gente que se haya educado en una visión ética del mundo y que profesen el culto a la solidaridad humana.»

Tania Barberán nos redirige a lo dicho por la filósofa Marina Garcés hablando del sur de Europa.

Y es curioso que citemos dos pensadores europeos, que nos dejan ver que este gobierno no inaugura nada que no sea obedecer las reglas que les imponen de fuera.

“La nueva consigna es hacer sostenible el sistema. Éste ha sido el gran argumento de lo que se denominan las políticas de austeridad. Es decir, los recortes en los servicios públicos, especialmente en el sur de Europa. «Austeridad» es una de las palabras que están en juego hoy, en la encrucijada de las decisiones colectivas de nuestro tiempo. Lejos de la austeridad como valor ético, como posición anticonsumista, «decrecentista» y respetuosa del medio ambiente, la austeridad que se invoca para asegurar la sostenibilidad del sistema funciona como una máquina de reducir gasto público y de reducir las expectativas de una buena vida a la condición de privilegio. Dicho más directamente: se trata de un reajuste de los márgenes de una vida digna.”