Comunidades amazónicas decretan Movilización de Control y Defensa Territorial

Cansados del extractivismo petrolero y de las mentiras del gobierno.



Comunidades amazónicas se movilizan en defensa y control territorial

Aidesep
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29 de junio, 2019

Las comunidades nativas de la provincia loretana del Datem de Marañón afectadas por los derrames de petróleo, se declararon en “movilización en defensa y control del territorio”.

“Exigimos al Estado que respete nuestra decisión. En el marco del derecho constitucional ejerceremos nuestros derechos a la protesta conforme a nuestros usos y costumbres”, manifestaron a través de un pronunciamiento.

La medida fue adoptada luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informara de que la reunión pactada con las comunidades se “canceló debido a que los representantes de las comunidades no asistieron”.

“Llegamos a San Lorenzo para sostener una reunión técnica (…) a fin de presentarles nuestras propuestas de trabajo, sin embargo el encuentro no fue posible porque ellos hicieron un cambio en la ubicación y las condiciones de la reunión, lo cual no había sido coordinado con el Ejecutivo”, dijo José Miguel Florez, representante de la PCM.

De acuerdo con el pronunciamiento de las comunidades, estas tuvieron “una reunión interna de coordinación” y comunicaron a los representantes del Estado que el local que había elegido la PCM no era apropiado para llevar a cabo una reunión.

Tomando en cuenta la situación, “las organizaciones acondicionaron un ambiente apropiado para desarrollar dicha reunión” en el colegio Arsenio Santillán Peña.

“Rechazamos categóricamente la forma cómo los representantes de la PCM pretenden mal informar a la opinión pública, en el sentido de que las federaciones no se presentaron en su conjunto no se presentaron en su conjunto”, señalan.

Incumplimiento de compromisos

El pronunciamiento firmado, entre otros, por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) también cuestiona el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado.

“(…) las empresas y el Estado que propician la actividad extractiva, solo se encargaron de firmar actas tras actas con los pueblos indígenas y sociedad civil organizada, las cuales no han cumplido”, denuncian.

Esto ocurre –aseguran– mientras la pobreza extrema golpea a las comunidades del circuito petrolero donde se registran “alarmantes niveles de desnutrición crónica infantil y anemia”.