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Dilema de México: ¿clientela o ciudadanía?
Carlos Martínez García
La Jornada
De nueva cuenta se nos presenta la encrucijada: el ánimo renovador puede fortalecer la creación de ciudadanía. ¿Lo hará? El contundente triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador evidenció, entre muchos otros flagelos, el hartazgo del electorado con un régimen profundamente corrupto e incapaz de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los históricamente marginados del desarrollo nacional.
Con la estrepitosa derrota del llamado nuevo PRI, que resultó igualmente o más depredador que su antecesor, emergió un renovado estado de ánimo porque se abría la posibilidad de que la nueva administración gubernamental fuese aliada de la ciudadanía y no su mayor obstáculo. No se trataba solamente de cambio de gobierno sino –y de ahí la esperanza de quienes sufragamos en favor de la nueva propuesta– de transformar el régimen para que el Estado cumpliera sus funciones cimentando un piso común mediante el cumplimiento del orden legal.
Las distintas luchas emancipatorias del país, comenzando por la Independencia, han sido posibilidades de organizar de manera distinta al gobierno, la economía, nuevas formas de representación popular y forja de cierto perfil ciudadano con resultados desiguales. No siempre los anhelos profundos por construir una nueva sociedad han alcanzado dicho objetivo, en gran medida porque las nuevas élites mediatizaron o interrumpieron la implementación de políticas tendientes a democratizar transversalmente a la sociedad.
Particularmente durante la lid dada por Juárez y la generación que le acompañó por descolonizar al país, así como en el breve periodo del maderismo triunfante, se vivieron en el país momentos democratizantes que intentaron construir un nuevo Estado y su consecuente resultado en la sociedad civil. Hubo otros momentos como los mencionados; sin embargo, la tentación corporativista y clientelar terminó por secuestrar la sedimentación de una cultura democrática.
La insurrección electoral que dio un triunfo demoledor a AMLO abrió la puerta para sentar nuevas bases del Estado y el aparato gubernamental. Además la ominosa herencia incluyó un severo deterioro del tejido social, vulnerado por la pedagogía cotidiana del poder ejercido como repartidor de prebendas en favor de su círculo cercano. La depredación desde el gobierno que supuestamente cambiaría con la derrota del PRI en 2000 no cesó, sino que tuvo continuadores en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. El nuevo PRI de Peña Nieto, es bien sabido, cavó su propia tumba con profundas paladas.
En buena medida AMLO es resultado de las luchas de la sociedad civil organizada, sociedad que fue acrecentándose en el país al enfrentar en diversos frentes al autoritarismo y clientelismo gubernamental. Las reivindicaciones levantadas por la ciudadanía aglutinada en grupos de interés conformaron corrientes que alimentaron el río que se desbordó el 1º de julio de 2018, y fue de tal magnitud el desmadre (es decir, las aguas se salieron de madre, del cauce) que la clase política tradicional todavía no puede recuperarse del arrastre.
¿La reconstrucción del Estado que se propone AMLO conlleva el fortalecimiento del perfil democrático ciudadano? Recordemos que toda transición política implica formas en las cuales el cambio se manifiesta en la cotidianidad ciudadana. Con buenas intenciones al buscar que las prestaciones y apoyos lleguen de forma directa a los beneficiarios, AMLO está reconfigurando la política social del Estado. En lugar de sanear las instituciones y organizaciones prestadoras de servicios a millones de personas, AMLO ha optado por entregarles apoyos económicos de manera directa. Quiéralo o no, esta práctica fomenta clientelismo y su verticalidad es un caldo de cultivo para el culto a la personalidad que provee los recursos.
Bajo el señalamiento de corrupción en el manejo del presupuesto entregado a organizaciones de la sociedad civil, el Presidente pudo haber optado por la aplicación de nuevas formas administrativas y exigir transparencia a esas agrupaciones. No lo hizo y eligió cortarles los apoyos en detrimento del bienestar de personas vulnerables en distintas áreas de la vida. ¿El Estado reconoce derechos y encuentra formas institucionales de satisfacerlos, u ofrece dádivas que los receptores podrían identificar como favores personales?
La transformación social y cultural de México estará incompleta sin ciudadanos que reivindiquen sus derechos, a la vez que cumplen con sus responsabilidades. Por parte del gobierno fortalecer las instituciones, cumplir y hacer cumplir las leyes son eficaces medios pedagógicos y persuasivos para quienes vulneran el bien común. Creer que por conciencia se puede reconstruir el tejido social es buena propuesta ética, pero insuficiente para la transición que necesitamos. La tarea demanda ciudadano(a)s y no clientelas.