Del estancamiento al abismo fondomonetarista: panorámica de un Ecuador atorado en el tiempo

Del estancamiento al abismo fondomonetarista: panorámica de un Ecuador atorado en el tiempo

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro |
Viernes, 12/07/2019 06:10 AM

“Sin trabajo duro, hasta el tiempo se vuelve aliado de las fuerzas primitivas del estancamiento social. Por ello debemos ayudar al tiempo y comprender que el momento siempre es adecuado para hacer lo correcto”
-Martin Luther King-

El Ecuador contemporáneo vive un estancamiento que va descomponiendo la vida económica, política y social en general. Ese estancamiento crea un macabro realismo mágico en donde reeditamos épocas pasadas, a la vez que lo inverosímil se entremezcla con lo cotidiano en una sociedad que, de a poco, saca lo peor de sí (con patologías que van desde el conservadurismo hasta la violencia extrema). Si bien esa ha sido la historia de nuestro país –con múltiples matices, como en buena parte de la periferia global– actualmente la descomposición se acelera.

Semejante realidad coyuntural es compleja y tiene muchas causas, entre las cuales intuimos que están varios problemas estructurales de largo plazo, combinados con la farsa, el desperdicio y el entreguismo de las múltiples fuerzas políticas del país. Ejemplos particulares son el correísmo y el morenismo, los cuales desde hace tiempo han develado su mera condición de instrumentos de intereses de grandes capitales locales y transnacionales.

Hay múltiples dimensiones que evidencian el estancamiento ecuatoriano, como por ejemplo las estructuras de producción, distribución, circulación, consumo y reproducción económica; es decir, las estructuras económicas[1]. Partiendo de una visión panorámica y preliminar del estancamiento de estas estructuras, es posible entender que las políticas económicas del gobierno de Lenín Moreno no van a superar el problema económico.

Desde dicha visión panorámica de las estructuras económicas, se pueden evidenciar los siguientes problemas:

La producción se ha estancado casi por cinco años (entre 2014 y 2018, el ingreso promedio por habitante pasó de 6.347 a 6.368 dólares anuales, mientras que en 2019 caería a 6.320 dólares anuales), a la vez que el “empleo adecuado” ha caído a niveles mínimos históricos (entre diciembre de 2014 y marzo de 2019 la proporción de trabajadores con “empleo adecuado” pasó de 49,3% a 37,9%, la proporción más baja desde 2007). Tal situación ha provocado que algunas de las principales actividades productivas también se estanquen y reduzcan sus trabajadores empleados (como la manufactura o la construcción) o incluso sufran contracciones en su productividad y capacidad de generar ingresos (como las actividades primarias).
En términos distributivos se nota que los grupos más afectados por el estancamiento son los asalariados privados y los trabajadores por cuenta propia, quienes en cinco años han visto un crecimiento ínfimo o nulo de sus ingresos laborales. En contraste, la banca y otros grandes capitales siguen obteniendo utilidades millonarias pese al estancamiento (entre 2015-2018 la banca ha obtenido utilidades por 1.777 millones de dólares, mientras que apenas 30 compañías obtuvieron 4.941 millones de dólares en utilidades), a la vez que sigue intacta la elevada desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra y de los activos empresariales.
Los procesos de circulación de la economía ecuatoriana evidencian un grave deterioro reflejado tanto en la caída de los ingresos generados por las actividades comerciales al por mayor y menor como en la caída de los precios o deflación; ambos procesos parecen responder a una demanda interna mermada. Por su parte, a nivel externo la circulación de dólares se ha debilitado por la caída de las exportaciones petroleras y el estancamiento de las no petroleras, empujando a que desde 2014 el flujo externo de dólares se vuelva en extremo dependiente de la deuda externa pública (cuyo nivel tanto en desembolsos como en servicio de deuda crecen aceleradamente: mientras que entre 2009-2013 ingresaron al país 10.413 millones de dólares por desembolsos de deuda externa pública y salieron 9.867 millones por el servicio de dicha deuda, entre 2014-2018 los desembolsos sumaron 34.509 millones y el servicio de la deuda ascendió a 18.755 millones).
El gasto de consumo ha ido decayendo tanto en términos privados como públicos (sin golpear en su totalidad a sectores sociales, aunque últimamente la situación de a poco también se ha deteriorado en educación y salud). La caída del consumo se refleja incluso en el estancamiento y contracción de la demanda de productos alimenticios. El estancamiento también se extiende a las importaciones de bienes de consumo.
La reproducción de las estructuras económicas del país posee una enorme vulnerabilidad pues la inversión pública –que en su momento se volvió motor de la economía– cae de forma severa (como parte del propio ajuste que arrancó en los fines del correísmo y continúa con el morenismo: entre 2014-2017 la inversión pública registró una grave caída de 15.953 a 11.097 millones de dólares), mientras que la inversión privada no contrarresta el estancamiento. Incluso las importaciones de maquinaria se han reducido, reflejando la limitada capacidad de sostener la tecnificación productiva.
Todos estos problemas se vienen arrastrando por años y podrían complicarse más gracias a que el gobierno de Lenín Moreno, siguiendo la senda dejada por los últimos años del correísmo, lleva al país -una vez más- a un abismo fondomonetarista.

Cayendo en el abismo fondomonetarista

¿Qué propone el morenismo para –supuestamente– salir del estancamiento? El gobierno de Lenín Moreno tiene claros sus objetivos fondomonetaristas: garantizar su supervivencia con equilibrio fiscal (igualdad entre ingresos y gastos estatales) y equilibrio externo (igualdad entre ingreso y salida de dólares), aspirando a un “sostenido crecimiento económico futuro”, la tan conocida -y fallida- receta del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese empeño, Moreno -cuya sostenibilidad en el cargo es cada vez más precaria- anhela, además, consolidar el proyecto neoliberal que quedó trunco en el pasado.

Todos estos objetivos se plasman en la carta de intención que firmó el gobierno con el FMI en marzo de 2019, que implica un “acuerdo de facilidad ampliada”. En tal acuerdo, a cambio de 4.200 millones de dólares que el FMI desembolsará a lo largo de tres años (junto con 6 mil millones de otros organismos multilaterales), el morenismo se comprometió a emprender un fuerte ajuste económico llevando al Ecuador, sin ningún recelo, al fondo y a la derecha (incluso construyendo un futuro con aroma a pasado). A corto plazo este trajinar -buscando los mencionados equilibrios fiscal y externo- generará un estancamiento aún más grave: según previsiones del Banco Central del Ecuador en 2019 el PIB crecería solo en 0,2%, mientras que para el FMI en 2019 el PIB caería en – 0,5% y recién en 2020 crecería en 0,2% (a su vez, el desempleo pasaría del 3,7% registrado en 2018 a 4,3% en 2019 y 4,7% en 2020 según el mismo FMI); en términos per cápita, el estancamiento podría extender hasta 2023… En cambio, en el mediano-largo plazo se busca profundizar el carácter primario-exportador de nuestra economía y asegurar que los grandes capitales privados acumulen con las mayores libertades y flexibilizaciones posibles.

¿Cómo pretende el gobierno alcanzar el equilibrio fiscal?

Un primer mecanismo que el gobierno está usando en este ámbito es la reducción la masa salarial del sector público, eliminando puestos de estratos bajos-medios (entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 se habrían desvinculado a 11.820 trabajadores del sector público, a la vez que se anuncia la próxima desvinculación de 2 mil trabajadores adicionales), sin tocar realmente a la burocracia dorada (donde realmente debería enfatizarse el ajuste proponiendo, por ejemplo, un techo salarial máximo de 3 mil dólares mensuales en cualquier entidad pública).

Otro mecanismo que vale citar es el intento de completar la eliminación de muchos subsidios. Así, a más de la eliminación del subsidio de la gasolina súper y de la liberalización del precio del gas natural para uso industrial (medidas que quizá eran necesarias, pero podían haberse tomado de forma integral y no solo fiscal), quizá se complete el panorama eliminando, por ejemplo, el subsidio a la gasolina extra y focalizando otros subsidios (aunque el morenismo ha enfrentado varios problemas incluso políticos para consolidar tales cambios).

Junto con este ajuste de subsidios se podrían promover nuevas reformas tributarias como, por ejemplo, incrementando el IVA a 14 o 15%.

De hecho, entre 2018-2023 el “plan de prosperidad” del gobierno aspira a que el pago de tributos se incremente en 2 mil millones de dólares mientras que el pago en uso de combustibles aumente en 2.200 millones.

Adicionalmente, el ajuste va a implicar el dar rienda suelta a un proceso privatizador abierto o encubierto bajo el nombre de “concesiones”, incluso creando un “Comité Coordinador de Gestión Delegada” el cual deberá definir los proyectos de “monetización de activos del Estado”. Entre algunos de esos proyectos que estarían próximos a “concesionarse” pueden mencionarse la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), hidroeléctricas como: Sopladora y Coca Codo Sinclair, el Banco del Pacífico, Refinería de Esmeraldas, 20 empresas distribuidoras eléctricas e incluso la entrega del campo petrolero Sacha por 1.600 millones de dólares (recuérdese que el propio Correa entregó el campo Auca a Schlumberger y falló en su intento de entregar Sacha a Halliburton).

A todo este panorama sombrío se agrega – como no podía ser de otra forma – las medidas de austeridad que van desde la contracción de la inversión pública (tendencia que, como señalamos antes, va desde fines del correísmo). Una austeridad que incluso ya está llegando a sectores sensibles como la salud (ejemplo grave es la falta de medicamentos y, en general, el deterioro de servicios médicos que hasta podrían dar espacio a más “concesiones” o privatizaciones encubiertas como sucedió, en su momento, con las clínicas privadas).

¿Cuáles son las medidas gubernamentales para alcanzar el equilibrio externo?

Por el lado del equilibrio externo, se busca acrecentar la “competitividad” profundizando la condición primario-exportadora de la economía del país: más petróleo y productos agrícolas, así como minerales para el mercado internacional.

Para alcanzar esa mayor “competitividad”, y dada la condición dolarizada de la economía – lo cual impide las devaluaciones – la mayor presión para “reducir costos” se da con una mayor flexibilización laboral (que ya venía dándose desde 2016).

Entre las principales medidas que ya han sido divulgadas por el gobierno están: la posibilidad de distribuir las 40 horas de trabajo semanal en distintos días de la semana con un máximo de hasta 12 horas por día (lo cual elimina el reconocimiento al pago de horas extras cuando se trabajen más de 8 horas diarias o se trabajen los fines de semana); la creación de “contratos de emprendimiento” con una duración de 3 años y durante los cuales no hay obligación de pagar indemnización por despido intempestivo; eliminación del 35% de recargo en contratos eventuales y ocasionales.

A estas reformas laborales se suman otras peticiones de flexibilización promovidas desde sectores empresariales que incluyen la consolidación de la contratación a tiempo fijo y por proyecto, la prolongación del llamado “período de prueba” (que actualmente llega a 3 meses), facilitar las formas de terminación de los contratos, debilitar las indemnizaciones por despido intempestivo, modificación de la jornada laboral, modificar la jubilación patronal (incluso se habla de ampliar el tiempo de aportación previo a la jubilación), limitar el derecho de huelga y asociación, reducción de los tiempos para la prescripción de reclamos de trabajadores y hasta la modificación de la determinación del salario básico (ver, como muestra de semejantes medidas, las 40 propuestas de la Cámara de Comercio de Guayaquil). Todas estas reformas muy difícilmente tendrán un efecto favorable en el empleo.

Junta con la flexibilización laboral, también es de esperar el fomento a normas ambientales más laxas y a la exacerbación de los extractivismos. Aquí se puede incluir la pretensión de ampliar, aún más, la extracción de petróleo en el ITT además de toda la promoción – incluso mediática – de la megaminería, la cual ha empezado a venderse de forma grandilocuente al punto que el gobierno afirma que el país viviría un “boom minero” (algo en extremo cuestionable, más cuando existen dudas de cuánto realmente quedará para el país luego de la potencial expoliación que podría protagonizar el capital minero transnacional). Para colmo, en el último caso, hasta la seguridad jurídica se ha puesto en riesgo al quererse limitar la validez de las consultas populares locales frente a temas mineros.

A más de flexibilizar la explotación a la fuerza de trabajo y a la Naturaleza, los “equilibrios externos” también se buscan abriendo aún más el mercado local para que entren productos extranjeros, en especial firmando nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC), siguiendo la senda abierta por el correísmo al suscribir el TLC con la Unión Europea en 2016.

Aquí puede mencionarse el TLC que el morenismo firmó con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) (cuya sección sobre contratación pública ha sido cuestionada por su potencial inconstitucionalidad), junto con los próximos TLC que podrían firmarse con Chile (aspirando a ingresar al Ecuador a la Alianza del Pacífico, uno de los anhelos del gran empresariado), con Estados Unidos y hasta posiblemente con China. También cabe destacar el retorno de los tratados bilaterales de inversión, que siguen causando pérdidas importantes al país no solo económicas sino hasta en términos de soberanía.

Asimismo, para alentar la permanencia de los capitales en la economía nacional, se pretende fomentar una mayor intermediación financiera liberando –a pedido del FMI– las tasas de interés (beneficiando aún más a la banca que, recuérdese, se le entregó el manejo del dinero electrónico). Y mientras a la gran banca se le facilitan sus posibilidades de negocios, el fondo exige que se amplíe la supervisión a las cooperativas. También, para fomentar el “equilibrio externo”, se habla de la eliminación del impuesto a la salida de divisas.

En resumen

Toda la embestida de medidas que se acaba de mencionar – de forma panorámica y preliminar – según el FMI “mejoraría el clima de negocios”, y quizá lo hará, pero en beneficio de los grandes grupos económicos y a cambio de una mayor explotación al mundo informal, a los trabajadores y a la Naturaleza. Una situación que vemos cristalizarse a diario.

De hecho, el ajuste ya golpea con fuerza a la -de por sí débil- demanda interna, con lo cual -de seguir esta política- el estancamiento sobre todo en los sectores informales y laborales se perpetuará por muchos años más.

Los trabajadores y las trabajadoras viven una creciente inestabilidad, despidos y demás formas de incremento de la explotación laboral.

Esta realidad sumada al creciente despido de servidores públicos de estratos medios-bajos (en vez de ajustar seriamente por el lado de la burocracia dorada) impacta en el resto de la sociedad. Así, aquella población sin relaciones laborales estables seguirá sumándose a la informalidad; sector que, intuimos, sufre del estancamiento con ventas mermadas, mayor precariedad, falta de financiamiento y quizá hasta falta de liquidez. En definitiva, el pueblo seguirá gastando años de vida desesperado por sobrevivir.

Hacia la resistencia popular

Dicho todo esto, y considerando que la economía se ha estancado prácticamente en los últimos cinco años, emerge una gran duda: ¿vamos a dejar que el país siga este rumbo entre el estancamiento y el abismo fondomonetarista? La respuesta -como nos demuestra nuestra larga y triste historia de 18 acuerdos previos con el Fondo– no está en el FMI ni en otros multilaterales (que solo buscan consolidar el puesto del Ecuador como suministrador de materias primas baratas en el mercado mundial); ni en el morenismo ni en el correísmo (quienes, en vez de transformar al país, lo han desfalcado); no está en los grandes grupos económicos ni en las grandes inversiones (que nunca han generado empleo ni bienestar para la mayoría del pueblo); y no está, por cierto, en los analistas económicos mediáticos y convencionales…

Como hemos visto, el estancamiento que vive el país es complejo y posee una multiplicidad de aristas. Por ello, es crucial hacer un análisis riguroso de ese estancamiento – sin tampoco querer ocultar el sol con un dedo por motivaciones políticas – buscando comprender, en especial, a ese “Ecuador profundo” que muchas veces queda fuera de las grandes discusiones sobre el país. Esto es urgente pues, junto con el estancamiento de las estructuras económicas y el ajuste fondomonetarista, el deterioro social se agudiza.

A la par de ese análisis riguroso, debe darse una discusión de alternativas –igualmente rigurosa y desde un enfoque integral– y, más aún, es crucial que emerjan procesos de resistencia combativa en las calles. Hoy más que nunca, la posibilidad de construir alternativas depende la lucha popular; una lucha que demanda espacios para discutir y elaborar respuestas alternativas de política económica –que sí existen que atiendan en primer lugar los intereses populares y los Derechos de la Pachamama. No podemos dejar pasar más tiempo, de lo contrario varias fuerzas primitivas, mientras lucran en millones, seguirán manteniendo a nuestro país viviendo un cruento estancamiento social.-

[1] Para un análisis preliminar de las principales estructuras de la sociedad ecuatoriana (con énfasis en las estructuras económicas), ver el trabajo de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2018): “Estruturas incertas após uma falsa revoluçao: o Equador legado pela “década correísta”" en O eclipse do progresismo. A esquerda latino-americana em debate (J. Correa Leite, J. Uemura, F. Siquiera, orgs.). Sao Paulo: Editorial Elefante, pp.149-200.