Venezuela: ¡Diálogo y Negociación de Cara al País! ¡Solo el Pueblo Salva al Pueblo! ¡Referéndum Consultivo es la Salida Constitucional a la Crisis!

La Alianza por el Referéndum Consultivo (ARC) ha surgido como convergencia de movimientos políticos y sociales, de la disidencia del chavismo y de la oposición (MUD), constituida para impulsar una salida pacífica, soberana y constitucional a la crisis político-institucional agravada por la conformación de un estado paralelo auspiciado por el gobierno de EEUU y sus aliados, creando un conflicto de poderes que ha colocado al país al borde de una guerra civil con participación internacional.



¡Diálogo y Negociación de Cara al País!
¡Solo el Pueblo Salva al Pueblo! ¡Referéndum Consultivo es la Salida Constitucional a la Crisis!

Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
Jueves, 18/07/2019 10:42 PM

¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

¡REFERÉNDUM CONSULTIVO ES LA SALIDA CONSTITUCIONAL A LA CRISIS!

¡DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE CARA AL PAÍS!

I. LA COYUNTURA

A partir del 23 de enero, con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Juan Guaidó, como Presidente de la República (E), luego de que el gobierno de EEUU y el llamado Grupo de Lima hicieran público su decisión de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República reelecto y juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente (10/01/19), se agudizó el conflicto político institucional, con la puesta en escena de un “gobierno paralelo”. Para entonces el nuevo presidente de la Asamblea Nacional exhibía un amplio respaldo popular evidenciado en las grandes movilizaciones que se realizaron en Caracas y en las principales ciudades del país ese mismo día. Finalmente EEUU lograba concretar en Venezuela su estrategia, ensayada en otras latitudes para deponer gobiernos e intervenir países siguiendo su plan de dominio geopolítico global tal como procedió en el oriente medio.

Sin haber consultado a los partidos que lo apoyaron para la presidencia de la Asamblea Nacional, el Diputado Guidó y su partido Voluntad Popular, contando con el apoyo de EEUU, el Grupo de Lima y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, decidieron unilateralmente lanzar la hoja de ruta para sacar a Maduro de Miraflores: “cese a la usurpación-gobierno de transición-elecciones”. Se configuró así un escenario en el que coexisten dos parlamentos, dos tribunales supremos de justicia, dos fiscalías, dos servicios diplomáticos y dos presidentes. Inmediatamente se inició la batalla por el reconocimiento internacional, la cual si bien favoreció a Guidó en un primer momento, especialmente entre los países europeos y latinoamericanos, sin embargo, para entonces no pudo lograr el respaldo pleno de la Unión Europea como bloque, de la OEA y la ONU, además de la oposición de China y Rusia en el Consejo de seguridad y, de la CARICOM en el escenario interamericano. En todo caso, lo que si logró el sector extremista que lidera la Asamblea Nacional fue, la internacionalización plena del conflicto político venezolano, al pasar EEUU a marcarle, abiertamente y sin disimulo, las pautas de acción a dicho sector, sin eximirse de hacer llamados directos al pueblo venezolano a sumarse a las marchas y a respaldar sus “iniciativas”. Venezuela pasó así, a ser una pieza negociable en el tablero geopolítico global en el marco de la disputa que libra EEUU con Rusia y China.

La “ruta Guaidó”, se montó sobre la hipótesis de que sería posible provocar la fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y elevar el descontento de la población hasta colocarlo al borde de la explosión social agravando su precariedad social y económica, con la aplicación de fuertes sanciones económicas por EEUU y sus aliados, todo ello, con el fin de crear las condiciones para justificar la declaración de “Estado fallido” por la llamada “comunidad internacional”, argumentando su incapacidad para manejar la “crisis humanitaria”, impulsora del éxodo masivo continuo de venezolanos hacia los países vecinos comprometiendo la estabilidad y seguridad de éstos y de toda la región. La declaratoria de “estado fallido”, según la doctrina imperial en boga, es el paso previo para justificar una intervención militar multinacional encabezada por EEUU, dirigida a deponer el gobierno de Maduro e imponer a Guaidó y un “gobierno parlamentario” de transición, encabezado por él, en su doble condición, de presidente del poder ejecutivo y a la vez del poder legislativo`3. Mediante esta estrategia preparada cuidadosamente por el Departamento de Estado de EEUU e implementada aprovechando la oportunidad que se dio, con el ascenso del Diputado Guidó a la presidencia de la Asamblea Nacional, siguiendo el acuerdo de rotación establecido en la alianza parlamentaria de partidos de oposición, supuestamente se cumpliría la primera etapa del llamado “mantra Guaidó” con el desalojo de Nicolás Maduro del poder, bien mediante su rendición o capitulación ante sus insostenibilidad en el poder por las presiones del ámbito militar, económico y social o bien, mediante un golpe de estado o una intervención militar dirigida desde Washington.

Por su parte el gobierno militar-cívico de Maduro, reaccionó ante el nuevo escenario de conflicto, garantizando el apoyo en primera línea de Rusia, apoyándose en su interés de conservar y expandir el terreno ganado en Venezuela en materia de cooperación militar y energética y, en problematizar el llamado “patio trasero” de EEUU, buscando equilibrar la presión que este ejerce en sus áreas contiguas, en un momento en que el imperio estadounidense ha disparado de nuevo la carrera armamentista y reivindica la “doctrina Monroe”. El respaldo de China al gobierno de Maduro obviamente se corresponde con la alianza petro-minera de carácter estratégico que tiene con el gobierno y con la defensa del espacio geoeconómico ganado en una zona de gran relevancia para su expansión como potencia global, en Suramérica y en general América Latina y El Caribe. China está reaccionando frente a la política del gobierno de Trump hacia América Latina y El Caribe dirigida a limitar su presencia en la región, en su pretensión de recuperar el tiempo perdido en los últimos tres lustros frente al gigante asiático, queriendo impedir lo que ya parece una tendencia irreversible, la pérdida inexorable de la hegemonía global del imperialismo estadounidense. A pesar de que al enfrentar la política intervencionista de EEUU en Venezuela, China y Rusia están también defendiendo sus intereses económicos y geopolíticos en la región, ese respaldo tiene un costo importante para el país bajo el gobierno de Maduro, que se traduce en la cesión de soberanía sobre los yacimientos mineros y de hidrocarburos, tal como se evidencia en los recientes contratos firmados por el gobierno con la empresa rusa Rosneft para la explotación y exportación del 100% de los yacimientos de gas de la Plataforma Deltana y Mariscal Sucre en el oriente del país. Esta política de concesiones mineras y de hidrocarburo nos retrotraen a etapas superadas, que echan por tierra el patrimonio histórico acumulado por el país en materia de régimen tributario y control el sector.

La respuesta del gobierno al “mantra Guaidó “y a todas sus secuelas, cabalga el forcejeo geopolítico EEUU-China/Rusia, con tendencia coincidente de estos últimos y de la UE a promover el diálogo y la negociación para encontrar una salida política a la crisis, ha dejado temporalmente en segundo plano la opción de intervención militar estadounidense. Ese giro en el escenario internacional es consecuencia de los intentos golpistas fallidos del 23F y el 30A impulsado por la alianza extremista que lidera Guaidó con el apoyo de EEUU y el Grupo de Lima. Por su parte, el gobierno aprovecha al máximo las derrotas sucesivas del 23F y 30A, para contragolpear debilitando al sector opositor atrincherado en la Asamblea Nacional (allanamientos a la inmunidad parlamentaria, detenciones y exilios de parlamentarios), cohesionando la FANB, llamando al diálogo y utilizando la provocación para desgastar y fragmentar a la oposición, mientras gana tiempo para ir logrando el reconocimiento internacional.

A más de seis meses de la autoproclamación del diputado Juan Guidó, se evidencia la derrota de su “mantra”. No se ha producido el esperado pronunciamiento militar en la FANB, que hiciese posible el golpe de estado o la intervención militar extranjera en contra del gobierno de Maduro. El saldo de esa política es una mayor agudización de la crisis político institucional, un incremento de la diáspora y una mayor precarización de la vida de los venezolanos Su error fue presumir, desde una perspectiva simplista y poco realista, que la situación de descomposición de la institución armada había llegado a punto de disolución, que era posible provocar deserciones masivas (23F) y el desprendimiento de componentes importantes del estamento militar con respaldo de los sectores populares (30A), para cumplir la primera etapa de la ruta y abrir el proceso de “transición”. Esa visión se refleja nítidamente en la premisa del llamado estatuto de transición aprobado por la Asamblea Nacional, el cual se construye sobre el supuesto de que es posible a corto plazo romper la unidad de la fuerza armada para quitarle el sostén a Maduro. La hipótesis de la que parte esa estrategia, es que la institución de la FANB no tiene la funcionalidad necesaria para cumplir con el mandato de la Constitución, debido a que ha sido tomada y está controlada por bandas criminales. Según ese relato, la institución militar venezolana “no está en capacidad de garantizar la soberanía y la seguridad del Nación, siendo por ello necesario la invocación de la ayuda de la “comunidad internacional”, o sea de EEUU y sus aliados, para “recuperar la soberanía” perdida, abrazando puerilmente la “doctrina Monroe” al reivindicar el TIAR. De ahí su iniciativa de revertir la decisión del presidente Chávez de retirar a Venezuela de ese tratado, el cual para lo único que ha servido es para subordinar la política de seguridad y defensa de de los países latinoamericanos, a los intereses de la geopolítica imperial estadounidense.

II. DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

Ante el fracaso de la intentona golpista del 30A, la falta de respaldo del Grupo de Lima y la Unión Europea, la posición de Rusia y China de impulsar el diálogo y la negociación como la vía para darle una salida pacífica, electoral y soberana a la crisis, además de los factores políticos estadounidenses opuestos a una intervención militar en Venezuela, el gobierno de Trump optó por facilitar la iniciativa de diálogo promovida por el gobierno noruego pero dejando claro que cualquier acuerdo pasa por la salida de Maduro. La iniciativa fue acogida por Maduro y por Juan Guidó aunque reafirmando la línea de Washington de que primero debe salir Maduro. Así las cosas, la semana pasada se instaló en Barbados la segunda ronda de negociaciones sin que existan todavía señales claras de que la oposición que encabeza Guaidó desde la Asamblea Nacional, realmente tiene la voluntad de avanzar en un diálogo que no establezca como condición sine qua non, declarar la vacancia de la Presidencia de la República, lo cual objetivamente se convierte en una “piedra de tranca” para avanzar en la consideración de otros temas, por ejemplo, aquellos por los que clama el sufrido pueblo venezolano relacionados con las medidas urgentes que deben tomarse para enfrentar la emergencia social compleja. Si esta nueva iniciativa de diálogo fracasa, reaparecería la amenaza de la violencia y la guerra civil con participación internacional.

Frente a este panorama, solo una reconfiguración del diálogo podría garantizar su permanencia más allá de los avatares de la crisis político-institucional, como el único instrumento para evitar la guerra, reinstitucionalizar el país, enfrentar la emergencia social compleja, preservar la soberanía e iniciar el proceso de reencuentro y recuperación nacional. Desde esta perspectiva, el diálogo no es una opción, es la única opción para salir adelante como Nación libre e independiente, pero para lograr ese propósito, el diálogo debe dejar de ser un asunto en el que solo se dirimen los intereses políticos que expresan las dos partes en conflicto, para convertirse en un diálogo que exprese los intereses de la Nación. De hecho, la encuesta de Datincorp (02/06/2019) muestra que la tendencia que domina en las expectativas de los venezolanos (66%) en relación al diálogo y la negociación entre gobierno y asamblea nacional es que fracasará de nuevo y no contribuirá a resolver la crisis. Eso significa que la mayoría de los ciudadanos no tiene confianza en ese mecanismo que ha sido demonizado por los propios sectores extremistas de la oposición. Para lograr obtener confianza y legitimidad, los interlocutores deben mostrar la voluntad de poner por encima de sus propios intereses políticos los intereses de la sociedad en su conjunto. Esto es especialmente más crítico, cuando quienes tienen la responsabilidad de dialogar, por distintas razones, carecen de un liderazgo consolidado del espacio político que dicen representar y además, llevan sobre sí, la pesada carga de presiones de actores internacionales que pugnan por el control de los recursos naturales de la Nación. Ello se podría lograr con un desempeño transparente y enviando señales inequívocas al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que lo que se discute y eventualmente se resuelva allí, son asuntos de Estado que atañen a la Nación en ejercicio pleno de su soberanía y, por lo tanto, la agenda y la participación diversa y plural de todos los sectores políticos y sociales de la vida nacional debe estar garantizada. El diálogo debe ser nacional e incluyente y sus conclusiones deben estar respaldadas por la legitimidad que otorga la soberanía popular, cuando se trata de decidir asuntos de especial trascendencia y de impacto intergeneracional como es el caso actual de Venezuela. La Constitución ofrece la vía a través del ejercicio de la democracia directa y refrendaria a esos fines.

III. DESPOLARIZACIÓN Y POLÍTICA ALTERNATIVA

Según la encuesta de Datincorp (02/06/2019) 19% de la población se define a favor del gobierno y 40% de la oposición, mientras 38% no se ubica en ninguno de los dos. Por otra parte el 79% evalúa la gestión de gobierno como mala y estaría a favor de un cambio de gobierno, eso significa que cerca del 50% del universo opositor (80%) no se siente expresado en el liderazgo opositor de Guaidó, lo cual se confirma en esa misma encuesta donde él obtiene un respaldo de 33% hacia la baja, porcentaje éste que se aproxima al 36% que lo reconoce como presidente constitucional luego de haber logrado en febrero, después de su autoproclamación, un reconocimiento del 49%, mientras a Maduro lo reconoce como presidente el 41%. En ese mismo estudio se refleja que si se hiciesen nuevas elecciones de la Asamblea Nacional, solo el 39% votaría por la oposición, mientras 17% lo haría por el PSUV pero 31% se abstendría. De estos guarismo se observan una tendencia creciente a la despolarización de los venezolanos. También son señales del desgaste del liderazgo opositor que encabeza Guidó y el crecimiento de un espacio político despolarizado que al no encontrar una referencia política alternativa, tiende inercialmente a la abstención beneficiando al gobierno-psuv. De hecho está creciendo el sector que no se identifica ni con Guidó ni con Maduro, que prioriza la atención de la crisis social sobre el conflicto político, que ha perdido la credibilidad en las instituciones y en el liderazgo político.

En ese contexto la Alianza por el Referéndum Consultivo (ARC) ha surgido como convergencia de movimientos políticos y sociales, de la disidencia del chavismo y de la oposición (MUD), constituida para impulsar una salida pacífica, soberana y constitucional a la crisis político-institucional agravada por la conformación de un estado paralelo auspiciado por el gobierno de EEUU y sus aliados, creando un conflicto de poderes que ha colocado al país al borde de una guerra civil con participación internacional. En un escenario en que los dos factores que se disputan el poder actúan fuera de la Constitución y cuestionan mutuamente su legitimidad, la ARC plantea que el camino para zanjar esa disputa es el diálogo y la negociación, y la consulta al pueblo soberano, mediante la convocatoria a un referéndum consultivo, según lo establecido en el artículo 71 de la Constitución, para que el pueblo decida si se relegitiman o no los poderes públicos nacionales mediante la convocatoria a una elecciones. De esa manera se iniciaría el proceso de reinstitucionalización del país, el retorno a la Constitución, el rescate de la soberanía popular, la recuperación del valor del voto como instrumento de cambio político y, la reafirmación de la autodeterminación del pueblo frente a la injerencia externa. Una señal que va en la misma dirección es que comienzan a surgir sectores políticos diversos que tienden a deslindarse de los dos polos, que apuestan al diálogo y la negociación y a una hoja de ruta pacífica, soberana y electoral.

La ARC viene interactuando y coincidiendo con un sector opositor democrático, que al igual que nosotros apuesta al diálogo y la negociación como la vía para lograr una salida pacífica, electoral y soberana a la crisis, que impulsa la reconciliación y la reinstitucionalización del país, que se opone a cualquier intervención extranjera y exige la nacionalización del diálogo. Ese sector está conformado por algunos de los partidos y movimientos que participaron en las elecciones presidenciales del 20 mayo de 2018, deslindándose de la línea abstencionista impulsada por el gobierno de EEUU y por el sector extremista de la oposición (G4). Actualmente trabajamos conjuntamente para construir un espacio de diálogo y acción que permita nuclear a toda oposición democrática que promueve un cambio de gobierno en paz y dentro de la Constitución, pretendiendo ser un canal de expresión de los venezolanos que no quieren la violencia y la guerra, que rechazan la intervención extranjera y claman por la atención urgente de la emergencia social compleja que está destruyendo la Nación. Ese espacio se ha conformado con la participación del MAS, Cambiemos, Bandera Roja, De Frente con Venezuela, Soluciones, Redes y la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.

IV. POSICIONAMIENTO DEL REFERÉNDUM CONSULTIVO

A pesar de la polarización política y mediática, en los seis meses que han transcurrido desde la constitución de la ARC y de las limitaciones de recursos, modestamente podemos afirmar que hemos logrado posicionar la propuesta del Referéndum Consultivo en el ámbito político y comunicacional. También se ha logrado su posicionamiento en el ámbito internacional, a través del contacto directo con el llamado Mecanismo de Montevideo (México y Uruguay), el Grupo Internacional de Contacto (Unión Europea), la Secretaría General de la ONU y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el ámbito interno, se llevó la propuesta a la Conferencia Episcopal a través de su Secretario General. Además, se ha venido adelantando una campaña comunicacional a través de las redes sociales combinada con la presencia de calle a través de los “pancartazos” y en los medios de comunicación. Se ha comenzado a posicionar la propuesta del Referéndum Consultivo en la opinión pública, pero queda mucho trecho por andar para lograr consolidar su posicionamiento definitivo.

La política que informa la iniciativa del Referéndum Consultivo es la defensa de la democracia participativa y directa como una conquista política irrenunciable del pueblo venezolano para la defensa de su soberanía, de sus derechos y de la propia Constitución, en el caso de que las llamadas élites políticas la desconozcan o la burocracia convierta el poder que se le ha delegado, en un instrumento a su servicio y al servicio de la Nación. No es casual que la iniciativa de su convocatoria para decidir sobre “materias de especial trascendencia nacional”, además de que puede tomarla el Presidente de la República en Consejo de Ministro y la mayoría de la Asamblea Nacional, también puede hacerlo el 10% de los electores inscritos en el Registro Electoral, tal como lo establece el artículo 71 de la Constitución. Significa esto que el pueblo podría, en su calidad de poder constituyente, a través de la consulta refrendaria, ponerle fin al conflicto político-institucional que mantiene al país en el contexto de una crisis profunda de gobernabilidad sin precedentes, al decidir si quiere o no relegitimar los poderes públicos nacionales a través de la convocatoria a elecciones, considerando la demanda de urgencia social y la amenaza de una guerra civil con participación internacional que agravaría la tragedia de los venezolano y comprometería la soberanía de la Nación. Ese instrumento de ejercicio directo de la soberanía popular, es el arma política que tiene el pueblo de Venezuela para defender la paz y su derecho a existir, que tal como ocurrió en 1999, con motivo de la convocatoria al proceso constituyente que dio origen a la actual Constitución, hoy vuelve a ser el medio idóneo para lograr una salida pacífica, soberana y constitucional a la crisis.

Al mismo tiempo consideramos que el diálogo y la negociación es la única vía para lograr evitar la violencia y la guerra, alcanzar la reconciliación y el clima necesario que nos permita avanzar hacia la superación de la crisis social compleja en que estamos sumidos, con toda su secuela de hambre, destrucción y muerte. En ese sentido, le hemos propuesto, a quienes están circunstancialmente al frente de los poderes públicos, que en uso de sus atribuciones constitucionales, consideren la convocatoria al referéndum consultivo en los términos que hemos señalado, para avanzar hacia la reinstitucionalización del país y devolverle a los venezolanos la certeza de que si hay “luz al final del túnel” y la confianza en el voto como instrumento de cambio político.

Las fortalezas principales que hacen del referéndum consultivo una opción política alternativa son:

Expresa una política de largo aliento hacia la profundización de la democracia como respuesta a la crisis estructural del modelo de democracia representativa y a la coyuntura política como medio para rescatar la soberanía popular y nacional.
Reinserta el país en el marco constitucional recuperando la independencia política del estado-nación, a través del ejercicio de la soberanía popular.
Le da un carácter soberano a la salida a la crisis política sacando del escenario a los factores externos que pretenden tutelarla.
Encarrila el diálogo y la negociación dentro de la Constitución.
Crear el ambiente propicio para el reencuentro de la sociedad venezolana y la neutralización progresiva de la polarización extrema intolerante.
Resuelve el conflicto de legitimidad de los poderes públicos y le abre la puerta a una nuevo escenario político propicio para lograr el reencuentro y la reconciliación nacional.
V. PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN

Llamado a la AN y al Gobierno a mantenerse en la mesa de diálogo y negociación de Oslo y no abandonarlo por ningún concepto, lo cual no implica rebajar la presión social pacífica reclamando un acuerdo político que permita iniciar la reinstitucionalización del país, a través del restablecimiento de la Constitución, y la ejecución de un programa de atención de la emergencia social compleja, concertando la renovación del CNE y la solicitud de retiro de sanciones económicas y financieras que afectan al pueblo venezolano.
Reconfiguración del diálogo para garantizar su permanencia, progresividad, legitimidad y eficacia con base en los siguientes criterios: 1) Progresivo: Implementación progresiva de los acuerdos sin esperar a que todo esté acordado; 2) Transparente (agenda pública, anuncio de resultados, hoja de ruta, etc.); 3) Incluyente (recibir las opiniones diversas de actores políticos y sociales); 4) Nacional (acompañamiento internacional sin injerencia externa, solo entre venezolanos) conectado con la realidad nacional, las prioridades y urgencias socioeconómicas de la sociedad venezolana; 5) Constitucional: Debe ser el hilo conductor del proceso de diálogo hacia la reinstitucionalización del país, teniendo como punto de partida la consulta a la soberanía popular a través del RC, la renovación del CNE.
Construcción de una plataforma nacional de multidiálogo (Oslo en Venezuela) que acompañe el diálogo entre la AN y el gobierno de Oslo, que permita el encuentro y el debate democrático entre distintas corrientes de opinión, de movimientos políticos y sociales, enfocándose en la atención de la emergencia nacional compleja, con el fin de proporcionar insumos al diálogo AN-Gobierno y generar regionalmente procesos de articulación tendentes a generar un ambiente despolarizado propicio para el restablecimiento de la gobernanza democrática.
Avanzar en el proceso de promoción y organización del Referéndum Consultivo.

POR UNA SALIDA PACÍFICA, SOBERANA Y CONSTITUCIONAL!!!

AL PUEBLO LE TOCA DECIDIR!!!

REFERÉNDUM CONSULTIVO YA!!!

Esteban Mosonyi
Juan García
Gustavo Márquez Marín
Santiago Arconada
Héctor Navarro
Edgardo Lander
Ana Elisa Osorio
Oly Millán
Andrea Pacheco