Bolivia: La cuestión agraria y territorial

La cuestión agraria y territorial
Arturo D. Villanueva Imaña*

1.ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
Las revoluciones agrarias, lo mismo que las revoluciones sociales, han
tenido y se les ha otorgado un fuerte contenido económico y clasista
muy excluyente, asociado exclusivamente a la lucha por el control
y apropiación de la tierra que disputan sectores y clases sociales en
conflicto. Siempre ha destacado el
énfasis materialista, posesivo y clasista. Es decir, en la generalidad de
los casos, se ha ignorado y despreciado las connotaciones culturales,
étnicas y territoriales, bajo el argumento que, casi por definición, las
revoluciones agrarias tenían que
dejar de lado y superar viejos, inútiles e inservibles resabios históricos
que impedían el avance, el progreso
y la modernidad social, económica
e histórica.
Lo indio, sus culturas y la forma de
relacionamiento territorial y con la
naturaleza, siempre fueron vistos
con desdeño y hasta con una fuerte carga racial, excluyente y discriminadora; como una rémora y una
carga inútil para el progreso de tipo
occidental y capitalista. La antigua
carga colonial y colonialista, se reproducía bajo nuevas formas de dominación y sometimiento.
En el caso de Bolivia, el análisis histórico tradicional da cuenta que en
el país se ha producido una reforma
agraria que coincide con la revolución nacional de 1952. Es más, que
en consonancia con la significación
transformadora de la revolución
social, la reforma agraria también
implicó profundos cambios en la tenencia de la tierra y un gran avance
histórico y social.
Nadie ha logrado percibir que se
trató de una revolución agraria con
los ojos puestos en el retrovisor y
el pasado, y por tanto conservadora
y reaccionaria. Si bien supuso la liberación de la condición servidumbral
del pongueaje que los terratenientes
y las haciendas de corte feudal imponían sobre los indios; en cambio,
obstruía las puertas para imaginar y
realizar una vía alternativa comunitaria, territorial y social, a la fase pro
burguesa y capitalista que se instauraba.
Al proceder al fraccionamiento y
parcelación de la tierra para que ésta
sea entregada en pequeños pegujales
particulares (que convertían al indígena en campesino, y a la antigua
comunidad colectiva y territorial en
propiedades individuales privadas),
en realidad lo que se estaba provocando no solo era una nueva embestida histórica contra la lógica andina del ayllu (que conservaba un
manejo y relación territorial con la tierra), sino que contribuía a
provocar la destrucción de las relaciones comunitarias y culturales
(que resguardaban la capacidad de combatir el régimen de la propiedad capitalista individual que se les imponía). Es decir, se anulaba
la posibilidad de generar una alternativa al sistema capitalista que,
en ese momento, los estaba conduciendo e iniciaba una nueva fase
de penurias y empobrecimiento sistemático debido a la minifundización, el fraccionamiento de sus territorios y a la marginación
de los ayllus y las comunidades indígenas respecto del Estado y la
economía.
Este fenómeno excluyente se remota hasta la época de la colonia, y
lamentablemente se ha repetido bajo diferentes disfraces salvo en
aquel caso del S. XVI, cuando ante la reformas del virrey Toledo se
produjo un acuerdo tácito sancionado por la repetición y la costumbre, y que Tristan Platt dio en llamar un “pacto de reciprocidad”
¹/. Un pacto por el cual se logra resguardar y proteger nada menos
que sus autoridades, sus territorios y su autogobierno. Es decir, un
pacto entre iguales donde el Estado reconoce a las autoridades
tradicionales de los ayllus, el autogobierno de sus jurisdicciones, y
el manejo autónomo del régimen de tenencia de la tierra, a cambio
de una tasa monetaria, prestaciones laborales y otros servicios a
las autoridades civiles y religiosas. Por extraño que pudiera parecer, y a pesar de algunas mutaciones y cambios que se produjeron
a lo largo de los años en la forma y destino de los valores (pero
que no cambian en esencia el concepto), se trata de un pacto que
muy a pesar de las reformas liberales
y la ley de exvinculación de 1874, e
inclusive de la propia reforma agraria de 1953, sorprendentemente se
extendió hasta años recientes en algunos lugares altiplánicos, tal como
dan cuenta los hallazgos del propio
Tristan Platt o de Silvia Rivera C., según se puede establecer de estudios
etnográficos e históricos efectuados
y que son mencionados en la misma
obra. Estos antecedentes históricos
previos a la reforma agraria de 1953,
son precisamente las reformas liberales y la ley de exvinculación comunitaria de 1874. Ellas, al margen de
efectuar una reforma tributaria (bajo
el argumento de ser más igualitaria),
retirar la llamada moneda feble (que
destruyó una próspera economía
regional y el exitoso mercantilismo
agrario cacical que comercializaba
los excedentes de maíz, trigo y harinas inclusive en mercados vecinos
del Perú), y efectuar una modificación al régimen de tenencia de la
tierra; también declaró abolidas las *Sociólogo, boliviano. Colaborador de
Rebelion.org. Publicó “Alegatos interpelatorios (2011-2018) Desperdicio
y traición de un momento constitutivo
nacional”, Plural editores, La Paz, 2019.
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comunidades y los ayllus, así como
desconoció a las autoridades originarias para imponer la individualización ciudadana.
Es decir, dichas reformas liberales
dan lugar al establecimiento hacendal y terrateniente (muchas veces
fraudulento, confiscatorio y coactivo como en el caso de la península
de Taraqu por ejemplo, al borde del
lago Titicaca, donde el Presidente
Ismael Montes hizo secuestrar autoridades para obligarles a poner
huellas digitales en documentos de
transacción en favor de nuevos hacendados), cuyo dominio y duración
se extendió hasta mediados del S.
XX.
Por ello se puede señalar que las
medidas liberales de la época estuvieron indisolublemente relacionadas y claramente dirigidas a hacer
desaparecer la propiedad colectiva
y territorial de la tierra (mismas que
eran detentadas por comunidades,
ayllus y markas), con tal de atender
la necesidad de abrir el mercado a
la libre circulación de la tierra, pero
sobre todo para dar lugar a la constitución del latifundio y la propiedad
individual de la tierra. Ahora bien,
como los hechos no se producen
en forma unidireccional, aquellas
reformas liberales provocaron a su
turno la reacción y resistencia indígena. Primero con el surgimiento
de “apoderados” reconocidos por
el Estado para gestionar demandas
que, aunque dieron lugar también a
la aparición de falsos representantes que fraguaron contratos y contribuyeron a la fragmentación de
los ayllus y la pérdida de extensos
territorios, también originó importantes movimientos de reconocimiento y reconstitución territorial que persisten hasta hoy. Un
ejemplo emblemático es la Marka Quila Quila de la nación Qhara
Qhara, que actualmente está interpelando al estado plurinacional
de Bolivia, precisamente para que se cumplan y apliquen sus derechos territoriales, políticos y de autonomía.
Luego, posteriormente, también se expresó en la guerra federal y
la rebelión indígena de 1899. En ella se enfrentaron la oligarquía
industrial del norte contra la clase latifundista enclavada en el sur,
y Pablo Zárate el Willca ² /, líder y cacique histórico de la región
andina altiplánica del país, se alía con el general Pando, apoyando
a las tropas federales del norte que finalmente terminan triunfando y desplazando a los conservadores; pero con el añadido de
que también traicionan la alianza con los indígenas, cuyos líderes
inclusive son asesinados para dar lugar a un largo proceso de recomposición y acumulación de fuerza.
Para ello tiene que pasar una década hasta la rebelión de 1921,
cuando junto a las luchas que los enfrentaron contra los hacendados, el ejército, las autoridades administrativas y judiciales de
las provincias, y hasta los vecinos mestizos de los pueblos; surge
nuevamente una red de caciques apoderados que aun cuando no
logró revertir la usurpación de tierras y la formación de grandes
latifundios, en cambio sí pudo detener su avance y preservar de la
voracidad oligárquica a varios ayllus y markas que posteriormente
buscaron su reconstitución y el reconocimiento del Estado.
La reforma agraria de 1953 por tanto, y vistas de esa manera las
cosas, no es precisamente un hito revolucionario. Todo lo contrario, representa un golpe más a la larga intención liberal, republicana y capitalista (de carácter colonial), de terminar de destruir y
hacer desaparecer los últimos resquicios territoriales y colectivos
que se habían resistido y todavía persistían en comunidades y ayllus indígenas. Se trata de un nuevo intento para dar paso a la tan
ansiada apertura del mercado de tierras, la propiedad privada, la
homogenización y la monoculturización de la sociedad a través
del mestizaje y la ciudadanización (vía campesinización de los pueblos y comunidades indígenas).
En el caso de las tierras bajas y sus pueblos indígenas (cuya relación con el Estado y la sociedad dominante no habían alcanzado
un grado de relacionamiento y resistencia tan marcados como
en la región andina), la reconstitución latifundista y la neocolonización territorial que se extendió a partir de la reforma agraria
del 53, dio lugar dramáticamente a
la agudización de las condiciones
de servidumbre y semiesclavitud
por deudas que se imponían en las
barracas y los grandes latifundios, a
presiones territoriales que buscaron el exterminio físico y cultural,
y al sistemático arrinconamiento de
las comunidades indígenas hacia los
lugares más alejados de la geografía
nacional.
Así como en la fase del liberalismo,
la república decidió sacrificar el mercado interno y el pujante mercantilismo cacical con tal de sobrevivir
como casta hacendal y oligárquica
dominante; así también con la reforma agraria nacionalista de 1953,
se vuelve a asestar otro golpe (vía
campesinización, homogenización
cultural y marginalización excluyente), destinados a hacer desaparecer
lo que se consideraban los últimos
resquicios indígenas que aun persistían en el territorio nacional, para
sustituirlos y someterse a un agente
externo representado por los intereses privados internacionales.
2. LA CUESTIÓN AGRARIA Y TERRITORIAL EN LA ACTUAL COYUNTURA.
Ahora bien, todo este proceso de
exclusión, destrucción y marginalización histórica que buscó la desaparición (cultural y física) de los
pueblos y comunidades indígenas
en el país, se supone que se trataba de un asunto que había sido superado con el establecimiento del
Estado Plurinacional y la vigencia de
la nueva Constitución Política emergente de la Asamblea Constituyente;
la misma que había sido convocada
precisamente para resolver estos
problemas de íntima raíz colonial
y colonizante. Penosamente y muy
a despecho de lo que se esperaba,
pero sobre todo de lo que efecti-
¹Platt, Tristan., Estado boliviano y ayllu andino.
Tierra y tributo en el Norte de Potosí. 2ª edición.
Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La Paz,
Bolivia 2016.
²Ver: Condarco Morales, Ramiro., Zárate el “temible” Willca. Historia de la rebelión
indígena de 1899. 4ª edición. Ed. El País. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 2011.
vamente constituye un mandato popular y constitucional establecidos y aprobados nada menos que en una Asamblea Constituyente; la problemática agraria y territorial no solo forma parte de las
continuidades y aquella mirada de larga duración que pervive en la
memoria histórica de los pueblos indígenas del país, sino que está
sufriendo un gravísimo proceso regresivo y reaccionario, que a más
de 13 años de gobierno es inocultable. Al efecto, la marcha de la
Nación Qhara Qhara de la región andina del país y de los 11 pueblos indígenas de las tierras bajas ³/ que se encuentran gravemente
afectados por avasallamientos ilegales y la amenaza de instalar y
construir grandes megaobras en sus territorios, es una muy fuerte
interpelación al Estado Plurinacional, pero también representa la
recuperación de su memoria histórica y de las luchas de resistencia
que han tenido que enfrentar desde el periodo colonial. Para quien
quiera realmente entender, esta Marcha que habiendo partido de
Sucre, la capital nacional, con rumbo a la sede de gobierno hace
más de 30 días, está poniendo en jaque las bases mismas de este
régimen que ofreció cumplir el mandato popular y Constitucional,
y está haciendo todo lo contrario. La imposición del modelo desarrollista y salvajemente extractivista que impulsa, da cuenta de un
proceso sistemático de exterminio y destrucción de los pueblos
indígenas, del campesinado y de la propia naturaleza. Hay que tomar que cuenta que fuera de las extensas regiones y áreas tradicionales de exploración y explotación minera e hidrocarburífera
que ya existen a lo largo y ancho del país, se ha decidido ampliar
y abrir también las áreas protegidas y los territorios indígenas a la
voracidad extractivista. Se las justifica como nuevas zonas donde se
pretende seguir explotando y enajenando los recursos naturales
del país, así como áreas para instalar y construir megaobras y gigantescos proyectos de infraestructura de cuestionable rentabilidad,
que al margen de dar lugar a un millonario endeudamiento nacional por décadas, implicará graves consecuencias de destrucción de
la naturaleza, la expulsión y reasentamiento obligado de muchas
comunidades indígenas, así como graves efectos de contaminación,
pérdida de biodiversidad y riesgos de desastre, como ya se han
reportado en obras similares de otros países vecinos y con las mismas empresas (chinas) contratadas.
Los casos no son pocos y tampoco aislados. Se trata de la carretera
por medio del TIPNIS que ha desnudado la impostura indigenista del régimen; las represas hidroeléctricas de El Bala y Chepete
en el norte del departamento de La Paz; la represa de Rositas en
Santa Cruz; el proyecto Ivirizu en el parque nacional Carrasco que
ya ha reportado una grave y extensa deforestación de la zona; el
proyecto hidrocarburífero en la Reserva de Tariquía en el departamento de Tarija; el proyecto agro industrial azucarero de San Buenaventura que habiendo provocado ya una extensa deforestación
de tierras y bosques que no son aptas para la introducción de caña,
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tiene previsto ampliar semejante
desastre a varias decenas de miles
de hectáreas más; el proyecto de
producción de etanol que supone
una nueva ampliación de la frontera
agrícola y la quema y chaqueo de
extensas áreas, con el único propósito de beneficiar a los sectores
agroindustriales y terratenientes,
nada menos que para “alimentar”
motorizados y vehículos, en vez de
que semejante esfuerzo y recursos puedan dirigirse a la cada vez
más crítica inseguridad y falta de
soberanía alimentarias que sufre y
reclama el pueblo. A todo ello se
suman las actividades mineras de
gran envergadura, pero también de
carácter informal y hasta ilegal que
se encubren como actividades cooperativistas, que están provocando
enormes estragos de contaminación y destrucción de la naturaleza
en los ríos amazónicos y yungueños para extraer oro.
También se trata de actividades que
ya incursionaron inclusive en los
glaciares como el nevado Illimani
de La Paz, o lejanas comunidades
en el departamento de Potosí. Es
el caso de la mina San Cristobal,
perteneciente a transnacional corporativa Sumitomo, que extrayendo ganancias calculadas en mil millones de dólares anuales, no solo
ha tenido que trasladar de lugar a
toda una comunidad rural (incluida
su iglesia), sino que utiliza ingentes
cantidades de agua ⁴/ que terminan provocando (en ambos casos
mencionados) serios y graves problemas de pérdida y contaminación
de aguas superficiales y subterráneas, que son tan críticas para la
vida y supervivencia de todos los seres. Como si ello no fuera suficientemente grave, en el plano agrario y forestal también se ha
desatado una sistemática campaña de avasallamiento e instalación
fraudulenta de asentamientos ilegales y tráfico de tierras que tienden a generalizarse en los territorios indígenas, las áreas protegidas,
las reservas forestales y las áreas de protección con elevado valor
ecológico y biogenético. El problema es que se trata de un proceso
paulatinamente legitimado por instancias y autoridades del Estado
llamadas a proteger y cumplir lo que determina la normativa agraria e inclusive Constitucional.
Sin embargo, a título de sanear y proceder a la titulación de tierras,
se han dado a la tarea de repartir discrecionalmente y otorgar
derechos individuales, pero a costa de convalidar avasallamientos y
asentamientos ilegales, así como de afectar los derechos colectivos
sobre la tierra y el territorio. Lo hacen nada menos que legitimando
ocupaciones ilegales y fraudulentas en las llamadas tierras fiscales
disponibles que fueron identificadas como resultado de un largo
proceso de saneamiento que, de acuerdo a la última extensión de
plazo aprobada en la ley 429 de 2013, tendría que haber concluido
en octubre de 2017. Es decir, además están actuando ilegalmente al
margen del plazo establecido en norma. La trama para que suceda
esto ha tomado años. Y es que urgidos por la presión campesina y
especialmente colonizadora (mal llamada intercultural) para acceder a la tierra, pero también comprometidos con la alianza político-económica establecida con los sectores terratenientes y agroindustriales del oriente; el gobierno y estos actores corporativistas
aliados encontraron y rompieron finalmente el eslabón más débil
para resolver y paliar tan enormes intereses encontrados. En vez
de proceder a la reversión de tierras de los grandes latifundios improductivos de terratenientes y empresarios agroindustriales que
especulaban con la tierra ⁵/, identificaron a los territorios indígenas,
las áreas protegidas, las reservas forestales y otras áreas de disponibilidad fiscal resultantes del proceso de saneamiento, como los
lugares donde se podía dotar y entregar derechos privados sobre
la tierra, solo que a costa de afectar gravemente y desconocer los
derechos colectivos, preferenciales y preconstituidos de los pueblos indígenas, así como los derechos ambientales y ecológicos de
la poblaciones circundantes.
Es por esta razón que se entiende plenamente el verdadero sentido práctico que se ha dado a la Ley contra el avasallamiento y
el tráfico de tierras (477 de 2013),
porque es la clara muestra de un
instrumento normativo que siendo que debería servir para evitar
y proteger de dichos actos ilegales
y abusivos (principalmente de zonas y áreas estratégicas de servicio
ambiental, ecológico y de biodiversidad, así como de derechos colectivos y territoriales de los pueblos
indígenas); en realidad termina sirviendo exclusivamente para proteger y resguardar los intereses
económicos particulares de los
terratenientes, los grandes empresarios agroindustriales, e inclusive
extranjeros que se apropiaron y
apoderaron de grandes extensiones de tierras. En una perspectiva
de la larga memoria histórica que
es característica de los pueblos indígenas, se puede sostener que dicha trama corresponde a una especie de restablecimiento espúreo y
bastardeado de aquel “pacto de reciprocidad” colonial post toledano,
pero que en este caso implica nada
más que un intercambio de favores, con el propósito de aniquilar y
terminar de destruir a los pueblos
indígenas, a los propios campesinos,
y a la naturaleza.
Más precisamente, es la conformación de un consorcio corrupto
(muy similar al que se ha identificado en la justicia entre policías, jueces y fiscales), siendo que en este
caso lo componen funcionarios y
entidades gubernamentales encargadas del proceso de saneamiento
por una parte, y por otra dirigentes
cooptados y organizaciones campesinas y colonizadoras que se han
dado a la tarea de convertir el saneamiento de tierras, en una forma
de delinquir, avasallar ilegalmente,
contribuir a la destrucción y exterminio de los pueblos indígenas y la
naturaleza, y encontrar una manera
³Para un acercamiento al significado de la
Marcha del pueblo indígena Qhara Qhara,
Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252893&titular=la-marcha-de-la-naci%-
F3n-qhara-qhara-y-de-los-11-pueblos-ind%EDgenas-
⁴ Se calcula que en 20 años de contrato se utilizarán 292 millones de metros cúbicos
de agua(¡!), y que el consumo de agua de esa sola mina, que alcanza a unos 35.000
metros cúbicos por día, supera varias veces y con creces, todo el consumo de toda la
ciudad de Potosí.
⁵Un caso emblemático al respecto es el referido al latifundio denominado como Bolibras de
100.000 has. de superficie. Por su localización y extensión cumplía un rol estratégico en la región
de la reserva forestal de Guarayos en el departamento de Santa Cruz a mediados de los años
90 cuando se destapó. La propiedad resultante de una otorgación ilegal y de abuso de poder en
favor de un ex ministro del gobierno de Banzer, terminó siendo revertida al dominio del Estado
como resultado del escándalo provocado. Sin embargo, actualmente se sabe que la tierra ha
sido distribuida, pero se desconocen los destinatarios finales de la propiedad, y tampoco se ha
transparentado el proceso seguido para su correspondiente adjudicación, siendo que se trata de
un ejemplo que debería servir como precedente de un grave hecho inadmisible e ilegal.
de acceder fraudulentamente a la tierra para especular. A cambio,
dada la importancia numérica y electoral de estos sectores, el gobierno se asegura de recibir el respaldo social que requieren para
reproducirse en el poder indefinidamente. Aquello que en la colonia
tuvo el mérito de proteger y conservar la autonomía jurisdiccional
de los pueblos indígenas y sus ayllus, así como de sus propios sistemas de gobierno y la tenencia de la tierra; ahora tienen exactamente el avieso propósito contrario. Se ha impuesto un corporativismo
individualista de carácter sindical y clientelar, como modo principal
de distribución y acceso a la tierra.
Corroborando lo sostenido, hay que recordar que dichas organizaciones campesinas e indígenas, junto a sus dirigentes cooptados,
deciden el nombramiento de autoridades útiles y “comprometidas”
a sus intereses (ABT, INRA, Viceministerio de tierras). Han exigido
y reclamado la anulación de parques nacionales y Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), como es el caso del Madidi o la TCO
Leco. También han promovido y efectuado avasallamientos y asentamientos ilegales como el caso del Territorio Indígena Multiétnico
(TIM) en el Beni, o la reserva natural de Tucabaca en la Chiquitanía
del departamento de Santa Cruz. No han limitado esfuerzos y gestiones que abogaron por la legalización de avasalladores ilegales y la
extranjerización de grandes extensiones de tierra, como en el caso
de los menonitas en la región forestal de Rio Negro en el Beni; e
inclusive ahora no dudan en reclamar por la introducción de transgénicos y el uso indiscriminado y extensivo de agroquímicos, que
entrañan tan graves problemas de dominación colonial y destrucción de la naturaleza.
Lo que no parecen percibir, es que este consorcio corrupto, constituye también una punta de lanza de la propia destrucción del
campesinado y los colonizadores tal como los conocemos. Al asociarse y buscar asemejarse al tipo de producción empresarial de
monocultivo extensivo, dejan de producir en forma diversificada, y
se convierten en eslabones dependientes de la cadena del valor que
responde a un proceso de terciarización de la producción agrícola.
De esa forma, se convierten cada vez más en dependientes de la
demanda de los supermercados y los grandes intereses comerciales. Por atender el espejismo de la acumulación y la riqueza, así
como de la esperanza de mejorar las ganancias que provienen de
la imagen exitista de empresarios y grandes intereses comerciales,
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pierden la lógica de producción y
el trabajo comunitario, pierden el
control y manejo diversificado de
las semillas, y pierden el control del
mercado y la comercialización de
los productos. Se quedan esperando recibir mejores ingresos, cuando en realidad solo contribuyen a
la acumulación de riqueza de unos
pocos de los que dependen y cubren su demanda.
Resultado de ello, en el mejor de
los casos, tenderán a convertirse
exclusivamente en productores
mercantiles abastecedores de los
supermercados y (quizás) de las
grandes cadenas comerciales. Sin
embargo, es claro que la mayoría
terminarán como asalariados servidumbrales o semiesclavos de las
empresas agroindustriales y los
terratenientes, tal como en gran
medida sucede con zafreros, recolectores de castaña, o pequeños
campesinos reducidos a la propiedad individual de minúsculos lotes
de tierra. Su condición habrá pasado de ex campesinos y colonizadores comunitarios, a productores
agrícolas individuales, pero dependientes y sometidos a la producción mercantil. Sin campesinos no
hay seguridad ni soberanía alimentaria; pero si esos campesinos se
convierten en productores comerciales a los que solo les interesa
los ingresos y la ganancia, entonces
habrán perdido su cualidad esencial que consiste en resguardar y
controlar la diversidad genética de
las semillas, garantizar la diversidad
productiva y ecológica, así como
reproducir el trabajo y la producción comunitaria.En resumen, se
puede afirmar que busca imponerse una visión desarrollista y extractivista de la tierra, que fortalece la
iniciativa individual y la concentración de oportunidades en pocas
manos, en desmedro de las iniciativas colaborativas, comunitarias y
asociativas que caracterizaban tradicionalmente a las comunidades
campesinas e indígenas.Se ha retrocedido tanto que los pueblos indígenas se conformarían con el cumplimiento del derecho a la consulta
y participación consagrada constitucionalmente, cuando en realidad
deberían estar trabajando y teniendo todos los medios disponibles
facilitados por el Estado, para ejercitar y cumplir su derecho a las
autonomías, sus territorios, la autodeterminación, y a implementar su
propia visión de desarrollo.
En fin, todo este proceso desarticulador, no solamente está poniendo
en juego la desaparición y destrucción material de los territorios, de
los propios pueblos indígenas y las comunidades campesinas, y la misma naturaleza, tal como hemos tratado de desmenuzar y explicar a lo
largo del ensayo. En el fondo, la imposición del modelo salvajemente
extractivista y desarrollista de claro ancestro colonial, lo que está
poniendo en riesgo es también la desaparición de un modo de vivir y
relacionarse armoniosamente con la naturaleza, que a su turno constituye el más viable paradigma alternativo al sistema. Al procederse
con este impulso destructivo de la comunidad como forma de vida y
como lógica de relacionamiento armonioso con la naturaleza, lo que
sucede es que no solo se tiende a provocar un etnocidio y ecocidio,
sino que se socavan las bases mismas de protección y resguardo de
la vida y las bases materiales mismas del modelo/sistema de modernidad que se pretende imponer. Es más, el histórico y recurrente
intento por romper la lógica indígena de control territorial y manejo
comunitario del espacio y los recursos, también implica el intento
de ruptura de su proyecto histórico, para ser sustituido violentamente por una nueva lógica de claro contenido colonial. Además, al
imponerse a la fuerza (tal como se ha descrito a lo largo del texto),
se rompe una forma propia de ocupación, transformación y manejo
del espacio, ante el asalto avasallador propiciado y legitimado por el
Estado (que en este caso ya no es el antiguo liberal o republicano,
sino que se trata del Estado Plurinacional constituido a través de la
aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009).
Tal es el grave problema que atraviesan hoy los pueblos indígenas
y las comunidades campesinas, que la ofensiva de asedio y amenaza
que entrañan su eventual desaparición, es comparable a lo sucedido
con aquella Marcha por la Vida encabezada por el proletariado minero, que dirigían las emblemáticas organizaciones nacionales de los
trabajadores de todo el país, como fueron la COB y la FSTMB. Aquel
dramático acontecimiento histórico que supuso nada menos que la
derrota material e ideológica del proletariado nacional, así como su
dispersión, relocalización y pérdida de sus fuentes de trabajo, fue ordenado nada menos que por el mismo Víctor Paz Estenssoro, quien
también había firmado la reforma agraria de 1953. En 1986, cuando
se produjo el cerco militar y las amenazas de bombardeo que fueron
efectuadas con aviones de caza de la
Fuerza Aérea Boliviana, encabezaba
un régimen neoliberal cuyos gobiernos se extenderían hasta inicios del
siglo XXI, sobre la base de un programa desideologizador que pretendió hacer desaparecer todo vestigio
marxista y de izquierda en el mundo.
Al dar por concluida la guerra fría y
producida la caída de los regímenes
del “socialismo real” en varios países
de Europa del este y la república soviética, la idea fue declarar “el fin de
la historia” y el surgimiento de un
único régimen imperial dominante,
representado por el neoliberalismo
global que en el caso de Bolivia tuvo
como consecuencia la completa destrucción ideológica del proletariado
y sus organizaciones matrices como
la COB y la FSTMB que, como efecto de tal proceso, hoy se encuentran en un estado tan deplorable
de sumisión, falta de independencia
y sometimiento frente al poder de
turno, que es imposible imaginarse
mayor traición de sus propias causas
y luchas. En el caso de los pueblos
indígenas y las comunidades campesinas, la coyuntura actual presenta
el mismo riesgo de desaparición y
destrucción, siendo que paradójicamente se trata de aquel nuevo actor
protagónico y referente territorial y
cultural que había surgido precisamente en los mismos años cuando
aquella vanguardia política del país
era derrotada y dispersada por la
embestida neoliberal de la época.
No hay que olvidar que la primera
Marcha Indígena por el Territorio y
la Dignidad de inicios de los años 90,
posicionaba en el espectro nacional
un nuevo concepto y un nuevo protagonista social, de tipo territorial y
no clasista (como había sido la característica esencial de los actores
protagónicos de las luchas pasadas),
que contribuyó a reinventar la resistencia y las causas históricas
populares del país a partir de entonces.
3. ¿QUÉ HACER?
Plantear una propuesta alternativa al sistema dominante que impera, siempre ha sido entendido como un acto subversivo, extremista y utópico (sobre todo porque se lo ha asociado y se ha
tenido miedo a que invariablemente suponga actos violentos de
enfrentamiento, pero también porque se tiene internalizada socialmente una especie de chip de rechazo y antipatía a todo lo que se
entiende como subversivo, izquierdista y, peor, marxista). Por eso
se explica que una buena parte de la gente y el propio sistema internacional hayan optado por patear la pelota hacia adelante, para
librarse de la responsabilidad de asumir y poner en marcha las medidas que corresponden frente a semejante peligro. Sin embargo, el
mundo está tan caliente (literal y figurativamente), que ya es imposible de soportar, salvo a riesgo de asumir la completa desaparición
de la vida tal como la conocemos de manera integral.Entonces, sin
aspaviento alguno, solo queda abordar el asunto con sinceridad
y honestidad intelectual. Y en el caso de Bolivia, resulta claro que
dadas todas las circunstancias históricas y coyunturales que se han
analizado, no sería suficiente con emprender iniciativas destinadas
a evitar la desaparición material de los territorios, las áreas protegidas, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y la propia naturaleza. Es absolutamente indispensable defender, proteger
y preservar el modo de vida, la lógica y las prácticas comunitarias
de relacionamiento con el territorio, así como la cosmovisión y el
modo de relacionarse armoniosamente con la naturaleza que todavía es posible encontrar en las comunidades y pueblos indígenas.
Allí se encuentran tanto las respuestas para resolver los graves
problemas de nuestra sociedad, la oportunidad para saldar todas
las deudas históricas y sociales acumuladas, así como una alternativa viable y factible frente al sistema imperante y el propio modelo
salvajemente destructivo y extractivista que pretende extenderse
hasta acabar con el país. En ese sentido, un respaldo decidido a la
causa, la lucha y las movilizaciones de resistencia que están representados en la marcha de la nación Qhara Qhara y los 11 pueblos
indígenas afectados por actividades extractivistas, de avasallamiento ilegal y construcción de megaobras, constituye una obligación
indispendable, si efectivamente se busca defender y proteger la
vida, la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. No
hacerlo equivaldría a repetir el mismo libreto internacional que
continúa eludiendo su responsabilidad y haciéndole el quite a la
obligación de resolver los gravísimos problemas de cambio climático y destrucción de la naturaleza que entrañan las políticas y
modelos de carácter extremadamente consumista y extractivista
que el sistema capitalista predominante impone.