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Itapaya, Bolivia.
Tres concesiones mineras reducidas a cenizas, dos camionetas -una de la Policía- completamente incendiadas, pobladores agobiados por el daño a sus tierras agrícolas, concesionarios atrapados en la incertidumbre e inseguridad, y policías con órdenes de hacer cumplir la resolución de la Prefectura son el resultado del estallido de un conflicto por piedra y agua entre 30 comunidades agrarias y 16 concesionarios mineros asentados en las márgenes del río Tapacarí, distante a 30 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
La dura sequía que persistía en la región hace dos meses comenzó a expresar la pelea por la escasa agua y el aprovechamiento de agregados mineros -piedra, arena, granito y grava- que derivó en la determinación de la Prefectura de prohibir la explotación de los materiales ante indicios de daños al medio ambiente.
Durante los dos meses los pobladores lograron que el ministro de Desarrollo Sostenible, Jorge Cortés, apoyara la decisión de la Prefectura al constatar “una sobre explotación de agregados en su visita a Itapaya”, el 21 de diciembre. El conflicto detonó ayer tras la nueva decisión de la Prefectura de permitir la extracción de materiales.
El problema que afecta a tres provincias -Quillacollo, Tapacarí y Capinota- detonó ayer cerca al mediodía cuando una multitud de agricultores molesta por la determinación de la Prefectura empezó a quemar los lavaderos -sitios de concesión con maquinaria y containers que se usan como depósito-.
Al promediar las 15:00, un contingente de 20 policías acudió al lugar del conflicto e intervino cuando la gente incendiaba la tercera concesión, ubicada en la localidad de Tajra a 5 kilómetros del puente de Parotani.
Al llegar a la concesión que en ese momento era incendiada cerca de los rieles del tren terminaron rodeados por los agricultores y tras una breve e intensa discusión ambos bandos se enfrentaron. Por más de media hora Tajra ardió. Los gases y las piedras se repartían al por mayor, en medio de esporádicos explosiones de dinamita -de parte de pobladores- y lanzamiento de balines de parte de la Policía.
Un abrumador humo negro se apoderó del lugar cuando los policías se disponían a retirarse y la camioneta que los transportó se atascó cerca de una llanta que ardía para mitigar el efecto de los gases.
Al no poder retroceder las llamas treparon hasta el vehículo que terminó ardiendo. Ante este hecho la camioneta de un concesionario fue empujada por la gente hasta aquella que se quemaba y en poco tiempo también terminó atrapada en las llamas.
Los agricultores iniciaron bloqueos escalonados en el camino entre Parotani y Tajra. La medida sólo fue levantada por los refuerzos policiales, que desbloquearon el lugar y apagaron los vehículos incendiados.
DEMANDAS DE LOS AGRICULTORES
Los pobladores de las comunidades afectadas dijeron que hace siete años han denunciado ante la Prefectura el impacto al medio ambiente que tiene la actividad minera. Afirman que su producción ha bajado en un 50 por ciento y que sus sistemas de agua potable y de riesgo se ven constantemente afectados por las concesiones mineras.
Expresaron que no permitirá ninguna actividad de los concesionarios y que los sindicatos agrarios están en condiciones de asumir el aprovechamiento de agregados para abastecer de materiales a la construcción.
