Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización. La agudización del extractivismo en Bolivia

Marxa Chávez León    02.Ago.19    Crisis y depredación capitalista

Después de 12 años de gobierno del partido Movimiento al Socialismo (MAS), el extractivismo1 se ha convertido en la forma de régimen económico y social general en el país, y se ha agudizado los últimos seis años por una serie de medidas diversas, desde legales hasta políticas. Estas medidas se expresan en los planes explicitados por el Gobierno en la Agenda Patriótica 2025 (Ministerio de Autonomías, 2013), a partir de los cuales se anunció que Bolivia se convertiría en el “Corazón energético de América del Sur”.2 El régimen extractivista se asocia íntimamente con la implementación de proyectos de megainfraestructura, en este caso megahidroeléctricas y grandes carreteras, así como proyectos que legalmente abren las puertas a la incursión del país en rubros como la minería del uranio y la tecnología nuclear.



DESFIGURACIÓN TERRITORIAL, DESARRAIGO Y DESCOMUNALIZACIÓN
La agudización del extractivismo en Bolivia

Marxa Chávez León
¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?

Marxa Chávez León, socióloga boliviana por la Universidad Mayor San Andrés (UMSA); estudió en la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha participado en varios momentos de movilización indígenas y campesinas, a partir de una labor de comunicación autogestionada y comunitaria.

Después de 12 años de gobierno del partido Movimiento al Socialismo (MAS), el extractivismo1 se ha convertido en la forma de régimen económico y social general en el país, y se ha agudizado los últimos seis años por una serie de medidas diversas, desde legales hasta políticas. Estas medidas se expresan en los planes explicitados por el Gobierno en la Agenda Patriótica 2025 (Ministerio de Autonomías, 2013), a partir de los cuales se anunció que Bolivia se convertiría en el “Corazón energético de América del Sur”.2 El régimen extractivista se asocia íntimamente con la implementación de proyectos de megainfraestructura, en este caso megahidroeléctricas y grandes carreteras, así como proyectos que legalmente abren las puertas a la incursión del país en rubros como la minería del uranio y la tecnología nuclear. Es decir, está ligado a nuestro ingreso en calidad de exportadores de materia prima y lugar de paso para la basura nuclear; así como a las economías e intereses geopolíticos que se alimentan del belicismo (producción de armas nucleares), y que generan los elementos más contaminantes y peligrosos a escala mundial. El gran crecimiento de la frontera hidrocarburífera, agrícola y minera, sobre todo hacia la Amazonía boliviana y tierras bajas, implica una afectación que, como señala la investigadora Georgina Jiménez (2015), tiene una envergadura hasta ahora desconocida. Se trata de procesos de despojo3 territorial, social y político, mediante
1 Extractivismo entendido como patrón de acumulación que se basa en la sobreexplotación de recursos naturales, generalmente no renovables, que causan un gran impacto socioambiental (Gudynas, 2015; Composto y Navarro, 2014). 2 Véase: Prensa Latina, 23 de septiembre de 2019. 3 Recuperamos la reflexión sobre “despojos múltiples” desarrollada por Mina Navarro (2014), pues permite una mirada más amplia sobre la actual fase de cercamiento y destrucción comunitaria. El despojo, por tanto, es retomado como proceso de separación brutal de las comunidades con sus medios de vida; pero también de devastación de zonas (ecorregiones) que poseen una
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la conversión de territorios enteros en espacios de explotación de materias primas por empresas transnacionales o estatales (o ambas en asociación). Esta reconfiguración profundiza el despojo de comunidades indígenas, campesinas y de áreas urbanas. Asimismo, la agresión es tal que torna vulnerables y en vías de extinción áreas protegidas enteras (figura 1) y especies que, según normativas, deberían gozar de protección, como sucede con el jaguar. Bolivia alberga del 35 % al 45 % de la diversidad biológica planetaria (Jiménez, 2015) y está entre los 15 países megadiversos del mundo.4 También es escenario de la múltiple y compleja existencia de comunidades indígenas, en mayor o menor medida articuladas al mercado capitalista, con diferentes maneras de concebir el espacio y la producción, y que sostienen un núcleo comunitario y organizativo que gestionaba sus territorios, reconocidos en la Constitución de 20095 como Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC) (Fundación Tierra, 2010). La avanzada extractivista de estos últimos 12 años se ha definido a partir de la gran expansión de la frontera petrolera, del crecimiento de la producción para exportar concentrados mineros, y de la ampliación exponencial de la frontera agrícola en beneficio de la producción de monocultivos, de iniciativa privada, fundamentalmente del sector agroindustrial y de la ganadería extensiva. El, hasta ahora, avance imparable de dichos proyectos, apoyados en una serie de medidas legales y políticas, permitirá el gran incremento de la producción de materias primas. Para esto, se irrumpe en territorios
importancia tal en las dinámicas interdependientes de reproducción de la vida humana y no humana, que su desaparición implica un nivel de despojo a escala regional e inclusive global, como ocurre en el caso de la Amazonía. El despojo también se refiere a los procesos de desestructuración comunitaria y de desconocimiento sistemático de sus prácticas políticas, lo cual remite a expropiar la voz, sobre todo de las mujeres de estas comunidades. 4 Véase: http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/507157/ 5 Ministerio de la Presidencia, Nueva Constitución Política del Estado, Tercera Parte, Estructura y Organización territorial del Estado. Título 1, Capítulo Primero: Disposiciones Generales Artículo 269. I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.
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Figura 1. Mapa de Bolivia, sus fronteras y áreas protegidas
Fuente: Cedib.
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y regiones que hasta antes de 2006 no formaban parte del mapa de expansión de la frontera extractivista. El presente artículo desarrolla las formas en que el régimen extractivista actual despliega la política de despojos a través de la concreción de proyectos de megainfraestructura y explotación de bienes naturales, y la consecuente desestructuración comunitaria, que configuran ya una fase de expansión sin precedentes del desarrollo capitalista en Bolivia.
Seis frentes de despojo: áreas protegidas y territorios indígenas en la mira
En el transcurso de la última década, se pueden identificar seis frentes de despojo, que implican convertir la Amazonía y regiones nuevas del Subandino sur en áreas para la nueva expansión capitalista. Esto genera la modificación irreversible y la destrucción de áreas protegidas, varias de ellas con biodiversidad única en el país.
Expansión de la frontera hidrocarburífera: Amazonía asediada
La llamada ‘nacionalización’ que llevó a cabo el Gobierno del MAS en 2006 permitió que el Estado retuviera a las empresas transnacionales el 50 % del valor de la comercialización de los hidrocarburos (32 % por Impuesto Directo a los Hidrocarburos —IDH—, y 18 % por regalías de explotación de recursos no renovables) (Jiménez, 2015). Esta medida fue aceptada por las empresas que se quedaron en el país y renegociaron sus contratos con el Estado. La apuesta del Gobierno por obtener ganancias de la renta petrolera se concentró, desde un principio, en expandir la frontera hidrocarburífera. Desde 2007, la estatal YPFB declaró zonas de reserva de su interés en áreas protegidas (Madidi, Tipnis, Tariquía y Pilón Lajas), las cuales, por tanto, podían ser adjudicadas mediante contratos de actividades de exploración a empresas petroleras, como efectivamente pasó en los años posteriores sin un proceso de consulta previa. Desde 2010, el Gobierno emitió una serie de decretos supremos (DS) consecutivos que ampliaban las zonas de reserva para actividad
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hidrocarburífera, lo cual afectó áreas protegidas. El DS 676 (2010) declaró 56 zonas de interés petrolero, entre las cuales se incluían regiones del corazón de la selva amazónica como la Cuenca Madre de Dios, Aguaragüe, Astillero, Lliquimuni, Chepete, entre otras, la cuales están superpuestas a territorios indígenas legalmente reconocidos.6 El DS 1203 (abril de 2012) volvió a establecer 98 áreas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, entre las cuales se contaban áreas protegidas. A pesar de que el Gobierno había afirmado que no se afectarían áreas protegidas,7 en agosto de 2015 ya se había iniciado la exploración hidrocarburífera en la Cuenca de Madre de Dios. El DS 2549 (octubre de 2015), con el que las áreas de reserva pasan de 98 a 99, marca una nueva expansión de la frontera hidrocarburífera hacia la Amazonía, lo cual afecta a cinco nuevos territorios indígenas (Chácobo-Pacahuara, Tacana Cavineño, Esse Ejja, Cayubaba y Tsimán) (Campanini, 2016). En 2015 se aprobaron los decretos supremos 2298, 2366 y 2400, los cuales flexibilizaron aún más las normativas para permitir que las áreas protegidas se abrieran a actividades petroleras e hidrocarburíferas.8 Asimismo, se implantaron normativas y parámetros ambientales más laxos, y se modificó el derecho a la consulta previa, ya que el Estado, a través de estos decretos, asumió el derecho de decidir, en caso de que no exista respuesta de las comunidades afectadas a las que se consultó. De 2006 a 2017, se calcula que, en Bolivia, la frontera petrolera ha crecido de 2,1 millones de hectáreas, a más de 30 millones de hectáreas (figura 2). En 2016 se modificó más la reglamentación ambiental. Como afirma el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini (2016), la aprobación del decreto 2992 amplió la lista de actividades petroleras que no necesitan licencia ambiental o consulta. Esto permitió que técnicas exploratorias

6 Véanse: DS 676 y http://www1.ypfb.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1160:ypfb-cuenta-con-56-areas-en-reserva-para-acelerar-la-exploracion-en-bolivia&catid=121:agencia-de-noticias&Itemid=196 7 Véase: http://la-razon.com/economia/Ejecutivo-confirma-evitara-exploracion-protegidas_0_1601239899.html 8 Véase: https://eldia.com.bo/index.php?cat=314&pla=3&id_articulo=179577
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Figura 2. Expansión de la frontera hidrocarburífera
Fuente: Elaboración sobre la base de datos del Cedib, 2006-2017.
consideradas menos invasivas y nocivas, como la magnetotelúrica,
no necesitaran pasar por los requerimientos ambientales de rigor.9
Las actividades de prospección petrolera, que se iniciaron en 2013 y se legalizaron en 2015, en áreas protegidas y territorios indígenas, se ha consolidado en zonas como la Cuenca de Madre de Dios, donde es notable que se ha contratado a empresas chinas, como BGP y Sinopec, para la exploración hidrocarburífera (figura 3). A inicios
9 DS 2992, noviembre de 2016, y entrevista realizada al investigador Jorge Campanini, marzo de 2017.
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de 2018, se concluyeron las primeras fases de exploración mediante sísmica 2d,10 lo cual implicó usar más de 60.000 cargas de dinamita en los bloques Nueva Esperanza y Río Beni. Así mismo, se están desarrollando actividades magnetotelúricas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, mediante contratos con empresas como Petrobras para continuar la exploración en la reserva.11
Figura 3. Empresas chinas que operan en el sector hidrocarburífero de Bolivia
Fuente: Elaboración sobre la base de datos del Cedib, 2006-2017.
El proyecto gubernamental, que se sustenta en ampliar y agudizar las actividades hidrocarburíferas en el país, dentro de áreas protegidas y territorios indígenas (figura 4), se firmó en primera instancia con la participación de Bolivia en el Foro de Países Exportadores de Gas, realizado en Santa Cruz en noviembre de 2017. En este foro, el Gobierno ofreció en subasta 100 áreas petroleras, en las cuales se incluía la zona Madre de Dios.12 En segunda instancia, se ofreció la posibilidad de explotar gas shale (gas esquisto), mediante la
10 La sísmica 2d es un método geofísico que implica crear temblores artificiales provocados por el uso de explosivos en la tierra. Las ondas generadas por dichas detonaciones son leídas por un geófono, lo cual permite leer la estructura de la tierra y saber si existen hidrocarburos en el subsuelo. 11 Véase: http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/274071-ypfb-entrega-a-petrobras-la-exploracion-en-tariquia 12 Véase: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/gobierno-decide-subasta-100-areas-petroleras
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técnica de fracking.13 Los estudios realizados por entes internacionales señalan la existencia de gas esquisto en la zona del Chaco hasta el departamento sureño de Tarija (Campanini, 2018).
Figura 4. Proyectos hidrocarburíferos exploratorios priorizados hasta 2019
Fuente: Exposición de YPFB en FIGAS, octubre de 2017.
Predominio de la minería privada
La política minera de los últimos 12 años ha sostenido y profundizado el modelo que se heredó del neoliberalismo. Se han priorizado las iniciativas privadas, sin promover una medida similar a la ‘nacionalización’ del área de hidrocarburos —que implica un incremento sustancial del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y regalías—. Los impuestos que pagan las empresas no han cambiado trascendentalmente, pues son de un 9 % a 10 %, una cifra más baja que el aporte de los llamados “barones del estaño” a principios del siglo XX
(Jiménez, 2015).
13 Véase: http://correodelsur.com/politica/20180201_gobierno-destaca-reservas-del-gas-no-convencional.html
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En 2007, el gobierno de Morales firmó la Ley 3720, la cual, si bien establece que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) participaría directamente en toda la cadena productiva minera, administrando áreas fiscales, indica, paradójicamente, que se respetarán los contratos que había suscrito hasta ese momento con los sectores privados, sobre todo las transnacionales (Villegas, 2014). Las nacionalizaciones declaradas en este sentido fueron bastante puntuales —el caso de la mina Huanuni y la de Colquiri, así como la Empresa de Fundición de Vinto—, y estuvieron forzadas por acontecimientos luctuosos de 2006 y 2013, que enfrentaron cruentamente a mineros de la empresa estatal con cooperativistas mineros, por el control de vetas.14 La participación de Comibol se redujo de un 9 % en 2011, a un 3 % en 2013, y se centró básicamente, en términos de reserva fiscal, en la prospección de algunos proyectos y la contratación de empresas privadas. En cambio, los volúmenes de producción de concentrados, es decir materia prima, crecieron, mientras la producción de metálicos procesados disminuyó entre 2005 y 2013; en este sentido, el programa de industrialización no se plasmó como se había planteado (Villegas, 2014). En 2014, el Gobierno aprobó la Ley 535 de Minería y Metalurgia, sin consultar con los sectores afectados por la contaminación minera y los pueblos indígenas. La ley consolida la participación de empresarios privados de la minería transnacional, mediana y cooperativas. Permite beneficios sobre el derecho de las mineras al uso de aguas ya existentes o que pasan por el área minera; afecta a la propiedad agrícola y a los territorios indígenas, y criminaliza la protesta (Cedla, 2014). La producción minera central en el país es de zinc, plata y plomo, y continúa en manos de actores privados (Jiménez, 2015), como la empresa japonesa Sumitomo (la cual opera hasta la actualidad bajo condiciones favorables, allanadas por el Estado) y las transnacionales

14 Véanse: http://www.radiopio12.com.bo/index.php/en-la-mira/1778-6-deoctubre-hace-10-años-atrás-13-muertos-en-enfrentamientos y http://www. bolivia.com/actualidad/nacionales/sdi/47731/nuevos-enfrentamientos-entre-mineros-en-colquiri
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Glencore, Cour D´Alena o Panamerican.15 En este contexto, las
actividades mineras se han expandido hacia tierras bajas y el Oriente (Santa Cruz), así como a los glaciares en el departamento de La Paz.16 Aquí ponemos un especial énfasis en analizar al sector minero cooperativista, el cual, en general, ha sido uno de los más favorecidos por las políticas del Gobierno. Estudios y constataciones del mismo Estado concluyen que las cooperativas no pagan impuestos al fisco ni declaran los volúmenes de su producción. Durante estos últimos 12 años, ha sido notorio el crecimiento de cooperativas reconocidas legalmente, de 911 en 2006, a 1630 en 2013 (Cedib, 2015). Las cooperativas auríferas representan un 60 % de toda la minería cooperativizada, cuyas áreas de trabajo están definidas principalmente en zonas tropicales y amazónicas del departamento de La Paz, y se expanden a otras áreas del norte de la Amazonía.17 Además, existen varios grupos que explotan oro ilegalmente y que el Estado no ha podido controlar. Autoridades estatales han confirmado las denuncias sobre redes de comercialización ilegal de oro;18 es más, algunas de estas autoridades, encargadas de velar por el cumplimiento de diversas normativas para la concesión de cuadrículas, han sido denunciadas por complicidad con la extracción ilegal de oro19 y por haber permitido consultas supuestamente previas que no han cumplido con los requisitos básicos para ser tales.20 A esto se suma que la estructura de las cooperativas mineras implica la existencia de un sector con mucha capacidad económica, y jornaleros sin contrato, que viven y trabajan en condiciones muy precarias, sin seguridad laboral.
15 Véase: http://www.colectivocasa.org.bo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=102 16 Véase: https://es.mongabay.com/2017/01/glaciares-bolivia-amenazados-la-mineria/ 17 Véase: https://social.shorthand.com/noticiasfides/jyiI5AETKi/reportaje-nueva-fiebre-del-oro-la-explotacion-ilegal-entre-dragones-chinos-y-cooperativas 18 Véase: http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/09102017/cooperativistas_denuncian_comercio_ilegal_de_oro 19 Véase: http://www.hoybolivia.com/movil/noticia.php?IdNoticia=267609 20 Véase: https://www.eldeber.com.bo/economia/Consulta-de-AJAM-en-Inquisivi-no-fue-previa-20180214-8441.html
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El uso indiscriminado de mercurio para tratar el oro extraído eleva peligrosamente los niveles de contaminación en zonas como Teoponte (La Paz). Un estudio reciente también certificó que las cooperativas auríferas utilizan cianuro.21 El crecimiento de la minería cooperativista aurífera afecta áreas protegidas, especialmente las zonas de Cotapata, Apolobamba y el Madidi; de todas las que operan en dichas zonas, menos del 25 % cuenta con licencias ambientales.22 Además, el trabajo minero cooperativista ha devenido en enfrentamientos entre comunidades campesinas y cooperativas, como el grave hecho sucedido en Arcopongo (La Paz), en 2014,23 que terminó con tres muertos, debido a la disputa por zonas de explotación aurífera. Los hechos violentos también se relacionan con la ocupación ilegal de territorios indígenas por los sectores cooperativistas mineros, sobre todo en el sector norte de La Paz, donde viven comunidades takana.24 La alianza política entre Gobierno y cooperativas se ha sostenido durante estos 12 años, alimentada por políticas mineras propicias para el sector, así como por la participación directa de representantes cooperativistas en el Poder Ejecutivo y reparticiones estatales. Grandes sectores cooperativistas participan de las marchas de apoyo al presidente y de reuniones de organizaciones sociales afines al Gobierno. Esta alianza solo fue conmovida temporalmente por conflictos con el Gobierno, el más fuerte de los cuales ocurrió en 2016 y terminó con la muerte del viceministro Rodolfo Illanes y cinco trabajadores cooperativistas.25 La política de amplio favorecimiento a cooperativas mineras continúa, luego de que el Senado Nacional aprobara,
21 Véase: http://lapatriaenlinea.com/?t=uso-del-cianuro-en-el-sector-de-la-pequea-a-minera-a-aura-fera-en-bolivia&nota=292957 22 Véase: https://www.noticiasfides.com/economia/cooperativas-y-sernap-trabajan-en-la-rezonificacion-de-ap-para-la-explotacion-minera-385374 23 Véase: https://www.paginasiete.bo/ideas/2014/6/1/arcopongo-paradigma-conflicto-minero-bolivia-22904.html 24 Véase: http://eju.tv/2018/02/indigenas-alertan-que-mineros-quieren-avasallar-tierras-en-el-norte-de-la-paz/ 25 Véase: http://www.la-razon.com/economia/Regimen-Interior-Rodolfo-Illanes-Panduro_0_2552144857.html
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a fines de 2017, 39 contratos administrativos mineros en La Paz, que implican nuevas concesiones de cuadrículas mineras, sobre todo en las áreas de Teoponte y Guanay. En febrero de 2018, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz logró, tras presiones, que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) aprobara la resolución de reglamento que otorgara derechos mineros en áreas protegidas.26 En 2018, las cooperativas mineras, mediante tres mesas de negociación, continuaban exigiendo al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y al Ministerio de Medio Ambiente que reformularan la Ley de Minería para permitir sus actividades en las 22 áreas protegidas, en cabeceras de cuencas.
Consolidación del modelo del agronegocio: monocultivos y deforestación
El acercamiento del Gobierno nacional con sectores de la poderosa agroindustria, que lo habían combatido ferozmente en las calles en 2008, se dio luego de aprobada la Nueva Constitución Política del Estado, en 2009. El acercamiento, que luego se convirtió en alianza, está marcado por varios acontecimientos políticos, como el ingreso a las filas del MAS de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, brazo de choque del Comité Cívico de Santa Cruz,27 y sectores del partido de derecha Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),28
antiguos enemigos del partido gobernante. Esta asociación se consolidó a través de medidas legales favorables a la agroindustria y sectores ganaderos asociados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco); la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), entre las más importantes.
26 Véase: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180207/mineros- presionan-ingresar-22-areas-protegidas-cuencas 27 Véase: https://boliviasol.wordpress.com/2009/10/20/ex-dirigentes-de-launion-juvenil-crucenista-se-unen-al-mas-como-juventud-por-el-cambio/ 28 Véase: http://www.la-razon.com/nacional/Subnacionales-MNR-divide-Beni- respaldo-balotaje_0_2248575173.html
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Las normativas que veremos a continuación ceden ante varias demandas planteadas por la agroindustria, las que, durante los últimos 12 años, se habían relacionado con la legalización de áreas deforestadas, la ampliación del plazo de control de la Función Económica Social (FES), transgénicos y libre exportación de sus productos (Ormachea y Ramírez, 2013). La Agenda Patriótica 2025, en términos de política agraria, anuncia como un pilar económico ampliar la frontera agrícola mediante la incorporación de 10 millones de hectáreas a la producción agrícola y ganadera, en un plazo de 10 años. Bolivia actualmente está entre los 10 países con la mayor tasa de deforestación per cápita en el mundo.29 Entre 300.000 y 350.000 hectáreas de bosque se eliminan al año, y las políticas estatales han legalizado desmontes (Jiménez, 2015), lo cual implica que, a ese ritmo, en 2100 el país habrá perdido sus bosques (Jiménez, 2015). Según datos del PNUD, los sectores agroindustrial y ganadero son responsables principales del cambio de uso de suelo, con 100.000 hectáreas al año. Normativas como la Ley de la Madre Tierra, de 2012, son contradictorias con otras leyes, como la 337 (2013), de Apoyo a la Producción y Restitución de Bosques, conocida como la ley del ‘perdonazo forestal’,30 que legaliza desmontes realizados entre 1996 y 2011. Legalizar los desmontes beneficia a los sectores del agronegocio, es decir, a un sector donde tendencialmente intereses privados extranjeros adquieren primacía; aunque la mayor concentración de tierras la tiene el sector ganadero, que, a su vez, alquila tierras que no usa para convertirlas en tierras agrícolas (Urioste, 2010). Para 2013, de una superficie de 3,1 millones de hectáreas cultivadas, un millón eran de soya transgénica. En la actualidad, el 99 % de cultivos de soya es transgénico (Jiménez, 2015). En 2009, las áreas hacia donde expandir la frontera agrícola soyera habían llegado a un tope, y podrían ampliarse a otros sectores, por ejemplo, a través de proyectos carreteros que son parte del Corredor Bioceánico (Jiménez, 2015).
29 Véase: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180125/bolivia- esta-10-paises-del-mundo-que-mas-deforestan 30 Véase: https://www.bolpress.com/?Cod=2013021507
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El incremento de hectáreas deforestadas a favor del monocultivo soyero transgénico lleva inevitablemente al uso de agroquímicos; en 2015 se calculó que un 40 % de productores soyeros usan agroquímicos de modo excesivo.31 El uso de pesticidas en general se incrementó de 25 millones de kilos anuales en 1999 a 152 millones de kilos en 2017.32 La venta de cuatro pesticidas está prohibida en otros países del mundo, mientras que en Bolivia no se controla y se los puede hallar de forma fácil. Actualmente, el departamento de Santa Cruz, epicentro de la producción del monocultivo de la soya transgénica, utiliza el 70 % del total de los agroquímicos, entre los que se destaca el uso cada vez más intensivo del glifosato mezclado con otros agrotóxicos (figura 5).33 El 2015, en la criticada cumbre Sembrando Bolivia,34 convocada principalmente por empresarios y el Gobierno, fue aún más evidente que, a pesar de lo que establece la Constitución de 2009, la política agraria tiende a favorecer a las agroempresas35 y no a los pequeños productores y productores agroecológicos. Sin embargo, en esa ocasión, el tema de los transgénicos aún había “quedado en el limbo”.36 Los acuerdos de la cumbre se plasmaron en 2015 en tres leyes: la 739, la 740 y la 741, en las cuales el agronegocio se favoreció con la ampliación del plazo para el control de la Función Social Económica (FES), de cada dos a cada cinco
31 Véase: http://www.notiboliviarural.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13692:el-40-de-productores-hacen-uso-excesivo-de-agroquimicos-en-la-soya&catid=298:insumos&Itemid=552 32 Véase: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/6/18/al-menos-agroquimicos- prohibidos-en-el-mundo-aun-se-venden-en-bolivia-183882.html 33 Véase: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/6/18/al-menos-agroquimicos-prohibidos-en-el-mundo-aun-se-venden-en-bolivia-183882.html 34 Véase: http://www.interaprendizaje.ipdrs.org/images/biblioteca_doc/Cumbre- Agropecuaria-SembrandoBolivia-2015.pdf 35 Véase: https://www.cipca.org.bo/images/libros/documentos/CUMBRE_ AGROPECUARIA.pdf 36 Véase: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/6/18/al-menos-agroquimicos- prohibidos-en-el-mundo-aun-se-venden-en-bolivia-183882.html http://www.ftierra.org/index.php/transformaciones-agrarias-y-rurales/558los-acuerdos-de-la-cumbre-agropecuaria-se-convierten-en-tres-decretos-yseis-proyectos-de-ley
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años, y con la ampliación del ‘perdonazo’ por desmontes ilegales que hubieran realizado.37
El 19 de diciembre de 2017, el Gobierno nacional y las principales organizaciones agroempresariales del país firmaron un acuerdo, producto de tres mesas de negociación, el cual concluyó en compromisos que favorecen de manera amplia al empresariado privado, y que resultan negativos para sectores indígenas y para la seguridad alimentaria del país. El acuerdo firmado, según al análisis de Fundación Tierra, es un indicador sobre el acercamiento del Gobierno con la agroempresa y las transnacionales vinculadas a esta.38
37 Véase: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/6/18/al-menos-agroquimicos-prohibidos-en-el-mundo-aun-se-venden-en-bolivia-183882.html http://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/que-pasa/7-bolivia/4441-bolivia-acuerdos-de-la-cumbre-sembrando-bolivia-se-vuelcan-entres-leyes 38 Véase: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/6/18/al-menos-agroquimicos-prohibidos-en-el-mundo-aun-se-venden-en-bolivia-183882.html http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/27012016/fundacion_dice_ que_trasnacionales_controlan_el_agronegocio_cruceno
Figura 5. Importación de agroquímicos y la producción de superficie cultivada en Bolivia, 1999-2017
Fuente: Probioma
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
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La aprobación de la libre exportación de productos como la soya, carne de res y derivados del alcohol es una medida de corte neoliberal; legaliza las quemas ilegales de bosque realizadas en los últimos ocho años, y define una nueva delimitación de la Reserva Forestal de Guarayos, la cual está sobrepuesta al territorio indígena del pueblo Gwarayu. Esto significa desconocer acuerdos firmados por el Estado en los noventa sobre reconocimiento de territorio indígena, pues se legalizan asentamientos e inversiones ilegales que afectan a casi la totalidad de la reserva. El punto 5 de la mesa 2 permite la apertura a la introducción de transgénicos de otros tres productos además de la soya: maíz, caña de azúcar y algodón.39 También, como parte de estos acercamientos, el Gobierno y empresarios privados lanzaron el programa Bolivia en la era de los biocombustibles,40 que introduce al país en la producción de etanol, un agrocombustible, desde 2018.41 De acuerdo con expertos, este programa contradice la Ley de la Madre Tierra, y podría generar una nueva expansión de la frontera agrícola para el cultivo de la caña de azúcar, y el consecuente incremento de la deforestación, por lo menos 200.000 hectáreas de bosque.42
Proyectos viales: la carretera que atraviesa el Tipnis
En 2008, el Gobierno boliviano firmó un contrato para construir la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Mojos (Beni), cuyo tramo III pasaba por el medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). El proceso de contratación se realizó
39 Véanse: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/6/18/al-menos-agroquimicos- prohibidos-en-el-mundo-aun-se-venden-en-bolivia-183882.html y http://www. ftierra.org/index.php/transformaciones-agrarias-y-rurales/790-acuerdos- entre-el-gobierno-nacional-y-los-agroempresarios 40 Véase: https://www.eldeber.com.bo/economia/Etanol-comienza-la-era-de-los- biocombustibles-en-Bolivia-20180308-9588.html 41 Véase: https://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-producira-etanol-desde- mayo-y-calculan-ahorro-de-Bs-400–millones–20180308-9674.html 42 Véase: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180403/bolivia- comenzo-producir-bioetanol-dudas-sus-efectos y https://www.paginasiete. bo/economia/2018/3/19/impulso-de-etanol-viola-la-ley-de-la-madre- tierra-segun-expertos-173548.html
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sin información ni consulta previa a las 64 comunidades indígenas que viven en el territorio. En 2011, luego de varios meses de organización, las comunidades indígenas del Tipnis, junto a la Cidob, se movilizaron en la Octava Marcha Indígena, que recorrió más de 600 kilómetros a pie, hasta la sede de Gobierno, pasando por una intervención policial en la localidad de Chaparina el 25 de septiembre de 2011. El Gobierno nacional, ante la movilización indígena y el multitudinario apoyo de la población paceña hacia esta, firmó un acuerdo con la Cidob y la dirigencia de la Subcentral Tipnis, que se tradujo meses después en la ley 180 de Intangibilidad y protección al territorio indígena, luego de lo cual se suspendió la construcción de la carretera. Sin embargo, desde 2011 hasta 2012, autoridades de Estado optaron por la estrategia de intromisión, cooptación y división de las organizaciones y comunidades indígenas, a la par que se aprobaba el decreto 222, el cual promovía efectuar una consulta que no era previa, pero fue llamada así. Este proceso se llevó a cabo pese a la realización de la Novena Marcha Indígena, y posteriormente la resistencia de las comunidades en su territorio a la consulta que consideraban extemporánea. Estuvo lleno de irregularidades, denunciadas por la Federación Internacional de Derecho Humanos y la Iglesia Católica (Chávez, 2013). En 2017, luego de que el Gobierno lograra crear, dentro del Tipnis, organizaciones y dirigencias paralelas a su favor, y dividir las comunidades, con su mayoría parlamentaria aprobó en tiempo récord el proyecto de ley 969 de Protección, desarrollo integral y sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, el cual anula la Ley 180 y permite, entre otros elementos, el ingreso de iniciativas privadas al territorio.43
Bolivia ¿centro energético con energía limpia?
Por lo menos desde 2008, el Gobierno boliviano reactivó antiguos proyectos megahidroeléctricos que habían sido ideados y desestimados en décadas anteriores. Existe una serie de proyectos de

43 Ley 969, de Protección, desarrollo integral y sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, 2017.
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
258 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
construcción de represas;44 varias de estas, se prevé, destinadas a la generación eléctrica para exportación. Hasta 2015 se contaba con 17 proyectos hidroeléctricos, nueve de los cuales son megarrepresas o grandes represas (Campanini, 2015) (figura 6).
Figura 6. Proyectos de generación eléctrica en Bolivia
Fuente: Proyectos de ‘energía limpia’ presentado por la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE.
44 Véase: http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1518los-proyectos-hidroel%C3%A9ctricos-en-bolivia-suman-un-potencia-de-8575-mw-cuya-inversi%C3%B3n-asciende-a-los-m%C3%A1s-de-$us21-000-millones.html
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Ya en 2015, en un contexto económico de caída de precios de los hidrocarburos (Fundación Solón, 2017), el Gobierno boliviano optó, de manera mucho más clara, por nuevas formas de generar ingresos para el Estado, bajo un discurso que plantea el cambio de la matriz energética del país hacia energías renovables y ‘limpias’, dentro del plan de gobierno 2015-2020, y como parte de la Agenda patriótica 2025.45 El Gobierno del MAS tiene previsto que hasta 2025 Bolivia aumente su potencia instalada de 1.600 MW a 13.382 MW, de los cuales 3.000 se destinarían a consumo interno y los restantes 10.000 a la exportación (figura 7). Este incremento se daría en las cuatro megahidroeléctricas planificadas (Chepete-El Bala, el Complejo Hidroeléctrico Río Grande, Cachuela Esperanza y la Represa Binacional), en las cuales se invertiría cerca de 25 mil millones de dólares.
Figura 7. Proyecciones del Gobierno nacional para el cambio de matriz energética hacia energías ‘limpias’
Fuente: Fundación Solón, 2017.
45 Estado Plurinacional de Bolivia, Plan de desarrollo económico y social 2016-2020. En el marco del desarrollo integral para vivir bien, Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2016.
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
260 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
El plan de gobierno explica uno de los puntos centrales,
ampliamente propagandizado, que es pilar de la política energética del país: transformar a Bolivia en el “Centro energético de Sudamérica”.46 La construcción de hidroeléctricas está incluida como parte fundamental de este proyecto, además de otros proyectos termoeléctricos, de energía solar, eólica y de biomasa.47 Las “energías alternativas”, según el plan del MAS para 2025, representan solo un 4 %, mientras que las hidroeléctricas tendrían un 74 % de la producción total, que se calcula alcanzaría los 13.382 MW. En 2009 el MAS había anunciado la reanudación del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza, pero es desde 2015 cuando de manera sistemática el Gobierno boliviano hace pública la ejecución de las primeras fases del proyecto El Bala, y, posteriormente, de los proyectos Rositas y de la Represa Binacional en el río Madera. Esto a pesar de las críticas de investigadores y la resistencia de comunidades indígenas, que advertían sobre los daños catastróficos para estas y la biodiversidad de las regiones afectadas (Fundación Solón, 2017). Si bien se planea construir hidroeléctricas cuya producción estaría destinada básicamente al consumo interno de energía eléctrica, en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) cinco de los megaproyectos hidroeléctricos brindarían la posibilidad, según el Gobierno, de exportar energía, así como beneficiar al riego, controlar inundaciones y establecer proyectos turísticos. Incluimos al proyecto hidroeléctrico Cambarí y al proyecto hidroeléctrico Ivirizú, ya en ejecución, que a pesar de no constar en la categoría de megarrepresas, tienen como objetivo futuras exportaciones de energía a Brasil y Argentina, lo cual afecta a una reserva nacional y a un parque nacional, respectivamente (figura 8).
46 Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos, Plan de Gobierno 2015-2020, MAS, Bolivia, 4 de julio de 2014, y http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Bolivia-pilares- convertirse-energetico-region_0_2525747437.html 47 Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos, Plan de Gobierno 2015-2020, MAS, Bolivia, 4 de julio de 2014, y http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Bolivia-pilares-convertirse-energetico-region_0_2525747437.html
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Figura 8. Proyectos hidroeléctricos
HIDROELÉCTRICA LUGAR DE EMPLAZAMIENTO
POTENCIA ESTIMADA (MW)
Chepete-El Bala Cuenca del río Beni, norte de La Paz, Amazonía 3.652 Río Grande-Rositas (parte del Complejo Hidroeléctrico Río Grande) Cuenca del río Grande, valles de Santa Cruz 400 Cachuela Esperanza Cuenca del río Beni (Beni y Pando) 600-900 Represa Binacional del Río Madera Cuenca del río Madera (Pando, Beni, frontera con Brasil) 3.000 Cambarí Cuenca del río Grande (Tarija) 93
Ivirizú
Entre las cuencas de los ríos Ivirizú y Cristalmayu (Cochabamba)
290,2
Fuente: Elaboración propia.
Cabe resaltar la presencia de empresas chinas a las cuales se les
adjudican diversos proyectos hidroeléctricos, como Sinohydro48 y AAR (Campanini, 2017), ya que por el decreto supremo 2574 de octubre de 2015, el préstamo de dinero para este tipo de proyectos se condiciona a que el país otorgue la realización de los estudios, la construcción y la operación de estos a empresas chinas.49 En el caso de las represas de Chepete-El Bala y Cambarí, no se negocia aún la venta de energía, o está sujeta a tratados internacionales poco favorables como el caso de Cambarí (Molina, 2000). En este sentido se habla de inviabilidad económica, como sucede en con el proyecto Chepete-El Bala (Fundación Solón, 2017), ya que adquirir una millonaria deuda no se subsana con una venta que aún no está asegurada. Si se revisan los datos presentados hasta ahora
48 Véase: https://www.paginasiete.bo/economia/2018/8/1/la-hidroelectrica- ivirizu-afecta-la-biodiversidad-del-parque-carrasco-189051.html 49 Véase: http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-no- 2574-del-31-de-octubre-de-2015/
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
262 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
por Geodata y el Gobierno, respecto a las ganancias, y se analizan los tiempos de construcción/puesta en marcha de las hidroeléctricas, precios, costos y los intereses geopolíticos del Brasil, país al cual, según el Gobierno, se vendería la energía eléctrica producida por el proyecto hidroeléctrico, no están aseguradas las ganancias de 1.250 millones de dólares que anunció el Ministro de Hidrocarburos en 2016, ya que no existe siquiera un acuerdo mínimo e inicial de venta de energía con dicho país. La inviabilidad de la propuesta de Bolivia como centro energético es evidente, si se toma en cuenta el potencial energético de países vecinos, como Brasil50.
Desarrollismo anacrónico: el proyecto nuclear en Bolivia
El proyecto nuclear constituye parte de la política de Gobierno en relación con proyectos muy costosos, que implican riesgos y que se realizaron sin consulta ni información previas a la población, pues se instalarán en una zona próxima a lugares poblados y con actividad sísmica. Por otro lado, la forma en que se firmaron los acuerdos con Rusia, el contenido de estos y el carácter de secreto que se les otorgó son también alarmantes. Tras una serie de pequeñas declaraciones bastante confusas que autoridades nacionales hicieron desde por lo menos el año 2010, y acuerdos de estas con el Gobierno de Irán,51 el Gobierno boliviano finalmente firmó dos acuerdos con la corporación rusa Rosatom el 6 de marzo de 2016, para implementar en el país de un programa nuclear con fines pacíficos, cuyo primer paso es instalar un Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (Cidenten); se menciona también la posibilidad de establecer minería de uranio en el país.52 Las previsiones iniciales anuncian el desembolso de 300 millones de dólares para ejecutar el proyecto.53
50 Véase: http://patriainsurgente.nuevaradio.org/?p=942, y Fundación Solón, 2017. 51 Véase: http://www.la-razon.com/suplementos/financiero/Pacto-nuclear- cooperacion-irani-Bolivia_0_2449555087.html 52 Véase: http://www.paginasiete.bo/economia/2016/3/19/acuerdo-nuclear- entre-bolivia-rusia-preve-explotacion-uranio-90381.html 53 Véase: http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/local/ item/207469-centro-nuclear-costara-300-millones-de-dolares
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El presidente Morales afirmó que no se informó a la población sobre este proyecto por el temor a la reacción de la gente, y que, por tanto, las primeras reuniones para tratar el tema fueron a puerta cerrada.54 Si bien la tecnología nuclear estaba prevista en el programa de gobierno del MAS 2015-2020,55 el tema de la energía nuclear no quedaba claro, debido a las contradictorias declaraciones oficiales al respecto. Luego de ser masivamente rechazado por juntas vecinales y comunidades campesinas de las localidades de Mallasilla y Achocalla,56 lugar inicial donde se había previsto instalarlo, el Cideten será instalado en la zona de Parcopata, distrito 8 de la ciudad de El Alto, según lo anunció el presidente Evo Morales. Sin embargo, vecinos de este y de otros distritos han denunciado que no se les consultó, pese a que los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales afines al partido de Gobierno afirmaron que se habrían realizado reuniones informativo-consultivas con los pobladores alteños. El Cideten ha sido presentado por el Gobierno como un centro que beneficiará a la medicina y a la agricultura, e inicialmente se dijo que contaría con tres elementos: un ciclotrón para radiofarmacia y diagnóstico del cáncer; una planta multipropósito de irradiación para la inocuidad alimentaria, y un reactor nuclear de investigación (al principio se había dicho que sería de 30Mw). El ingreso de Bolivia a la geopolítica de la tecnología nuclear implica involucrarse con un área de origen belicista, y depender de los insumos que países como Rusia o Francia han ido produciendo en este ámbito. Desde por lo menos 2010, Rusia había mostrado interés en desarrollar un programa nuclear en Bolivia; incluso el entonces embajador ruso, Leonid Goluveb, había afirmado ese año que su país podría dotar de una planta nuclear, misiles y también
combustible nuclear a Bolivia.57
54 Véase: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Presidente- Bolivia-Argentina-empezaron-desarrollo_0_2052394820.html 55 Véase: http://www.cipca.org.bo/dmdocuments/mas_ipsp_-__plan_de_gobierno_ 2010-2015.pdf 56 Véase: http://www.jornadanet.com/n.php?a=121353-1 57 Véase: http://www.fmbolivia.com.bo/noticia26197-rusia-ofrece-ayudar-a- bolivia-con-misiles-y-una-planta-nuclear.html
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
264 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
Luego de acercamientos con Francia y Argentina, dentro de la cooperación en temas de tecnología nuclear, la corporación estatal rusa Rosatom construirá el Cideten hasta 2019; también hará los estudios correspondientes en el distrito 8 de la ciudad de El Alto, durante la primera etapa de la implementación del plan nuclear. Se otorgó un rango de tratados internacionales a los acuerdos con Rosatom, empresa heredera de la estructura del Ministerio de Ingeniería e Industria Nuclear de la ex-URSS, responsable del accidente de Chernóbil en 1986, y que tiene acusaciones de corrupción y falta de seguridad en sus plantas nucleares.58 La política de Rosatom ha sido expandir sus intereses mediante tratados ‘llave en mano’ en Asia y Oriente Medio, y en países latinoamericanos como Brasil y Bolivia.59 El Estado ruso declaró a esta política de ‘cooperación’ prioritaria .60 Los acuerdos con rango de tratado tienen varios puntos relevantes que muestran el carácter peligroso e inconsulto del proyecto nuclear en general, y del Cideten en particular. En primer lugar, se prevé el posible desarrollo de energía nuclear para fines pacíficos. También existe un artículo que establece el secreto respecto a la información del proyecto y se realizarán los estudios ambientales, sociales y económicos, una vez que ya están firmados los tratados y elevados estos a rango de ley. Además, el Gobierno boliviano se compromete a suministrar agua para el funcionamiento del Cideten. Bolivia estaría obligada a comprar el combustible nuclear de Rusia y dependerá de la tecnología y la capacitación que pueda suministrar Rosatom. Por último, se desarrollarán proyectos de exploración y explotación de uranio,61 la minería más contaminante y riesgosa en el mundo.
58 Véase: http://www.fmbolivia.com.bo/noticia26197-rusia-ofrece-ayudar-a-bolivia-con-misiles-y-una-planta-nuclear.html 59 Véase: http://u-238.com.ar/rosatom-desembarca-en-latinoamerica/ 60 Véase: http://mundo.sputniknews.com/economia/20150701/1038871638.html 61 Tratados Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, Ley 787, y Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley 788.
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Las declaraciones del vicepresidente García Linera en 2016 aluden a que no se implementará ningún proyecto de energía nuclear de fisión en el país, sino de fusión,62 ya que ha reconocido públicamente que la energía nuclear por fisión es peligrosa. Cabe señalar que la energía de fusión es la que se produce en el Sol, y que no existe aún un reactor de fusión en funcionamiento en el mundo, aunque sí reactores experimentales extremadamente costosos, como el International Thermonuclear Experimental Reactor, que prevén, en el mejor de los casos, que funcione de manera comercial el año 2035.63 En estas mismas declaraciones contradictorias, el vicepresidente anunció que si bien la energía nuclear de fisión es altamente contaminante y peligrosa, Bolivia solo llevará adelante proyectos de medicina, de agricultura y para generar electricidad.64 Se lee en estas confusas afirmaciones que el vicepresidente, a pesar de todo, reitera de nuevo que se apelará a la generación eléctrica por medio de energía nuclear. En 2018 se programó la conclusión de los estudios previos en la zona donde se edificará el Cideten. Además, se firmó un acuerdo el 16 de febrero entre la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) y la empresa argentina Invap para construir tres centros de medicina nuclear (en las zonas de Pampa de la Isla de Santa Cruz; Achumani de La Paz y el distrito 8 de El Alto).65
Despojo y devastación: fractura de ecosistemas y de territorios indígenas
La serie de proyectos de diversa índole que el Gobierno está implementando ha agudizado la contaminación de ecosistemas, como en el caso del Parque Nacional y Área de Manejo Integrada
(PNAMI) Aguaragüe, por las consecuencias de proyectos de extracción

62 Véase: http://lapatriaenlinea.com/?nota=261652 63 Véase: https://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/122980-el-proyecto- de-fusion-nuclear-iter 64 Véase: http://lapatriaenlinea.com/?t=garca-a-linera-reconoce-el-problema- de-la-radioactividad&nota=261652 65 Véase: http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/16/bolivia-suscribe- contrato-para-construir-tres-centros-medicina-nuclear-170135.html
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
266 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
hidrocarburífera, que se añaden a la ya antigua y aguda contaminación petrolera. A esta contaminación se suman riesgos que hasta ahora no habían afrontado áreas protegidas y territorios indígenas. Por ejemplo, los bienes de las comunidades, que son parte de una gestión comunitaria, y la supervivencia de cada comunidad están ya sufriendo daños, muchos de ellos sin posibilidad de remediación, y se están destruyendo áreas protegidas. La forma en que el modelo extractivista se profundiza y expande hacia nuevos territorios de sacrificio se fundamenta en devastarlos mediante reconfiguraciones o desfiguraciones del mismo paisaje hasta llegar la fractura ecológica, que es la ruptura irreversible de los ecosistemas.66 En la nueva faz de la Tierra, arrasada por el avance del capital, los múltiples y tan diversos rostros de la Amazonía y regiones de tierras altas se muestran devastados por varios motivos, que analizaré a continuación.
Afectaciones producidas y previstas por la ampliación de la frontera petrolera e hidrocarburífera
En primer lugar, hay una afectación a las zonas núcleo que deberían tener máxima protección en parques nacionales, y en general, a ecosistemas frágiles, como es el caso de Tariquía, la Cuenca Madre de Dios, o el Parque Iñao. Esto tiene como efecto casi inmediato el daño irreversible a especies en peligro de extinción como el jaguar y el jukumari u oso andino, con el consecuente incremento de graves casos de tráfico de vida silvestre en zonas donde han ingresado proyectos viales o de producción de caña de azúcar y exploración hidrocarburífera. En zonas donde se practica la ganadería (Reserva Nacional Tariquía) existen también ya afectaciones.67 En segundo lugar, se contaminan y desaparecen las vertientes de agua por la exploración de hidrocarburos mediante las técnicas de
66 Son los mismos estudios preliminares realizados por la empresa Geodata, en las represas Chepete-El Bala, que hablan de “fractura de ecosistemas” como consecuencia de la construcción de este proyecto hidroeléctrico. 67 Véase: https://elpais.bo/los-comunarios-en-san-telmo-advierten-desmonte- en-la-zona/
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exploración sísmica 2d y 3d, como ha sucedido en el Parque Iñao, la Cuenca Madre de Dios y el Aguaragüe. También, comunidades cavineñas, en el norte de La Paz, denuncian los daños que ha dejado la prospección hidrocarburífera respecto a la contaminación de fuentes de agua, a la fauna y a su producción de castaña, actividades de las cuales viven.68 Estas comunidades testimoniaron la contaminación de su laguna sagrada y la muerte de peces; muchos afirmaron que los trabajadores de la empresa BGP habían matado a la serpiente protectora de la laguna. Esto a pesar de que la organización indígena cavineña había firmado un acuerdo con la empresa BGP, que establecía que esta no afectaría a las fuentes de agua de las comunidades. BGP no puede aclarar esto, pues tiene un acuerdo de confidencialidad con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En tercer lugar, las detonaciones de dinamita y el ingreso de personal en los helipuertos espantaron a los animales que las comunidades cazaban para subsistir, como en la exploración petrolera en la Cuenca de Madre de Dios. Además, para abrir caminos, las empresas talaron árboles y, en la Cuenca de Madre de Dios, la ruta atraviesa la zona de producción de castaña, lo que da paso a colonos, madereros y al tráfico de especies, y genera una actividad agrícola que utiliza las quemas indiscriminadas para ‘limpiar’ el bosque que queda.69 Por último, no existe remediación ambiental adecuada de pasivos ambientales, debidos a antiguos pozos de explotación petrolera, en el caso del Parque Aguaragüe. De los 485 pasivos ambientales70 identificados en las auditorías petroleras de 2006, 195 están en este parque, sin embargo, el Gobierno central no se basó en ninguna de estas auditorías.71
68 Véase: https://es.mongabay.com/2017/11/bolivia-indigenas-cavinenos- cuentan-cambio-vida-debido-la-exploracion-petrolera/ 69 Véase: https://es.mongabay.com/2017/11/bolivia-indigenas-cavinenos- cuentan-cambio-vida-debido-la-exploracion-petrolera/ 70 Pasivos ambientales son lugares con daño por actividades hidrocarburíferas no tratadas a tiempo por empresas 71 Véase: http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20170828/aguarague- saqueo-del-segundo-cerro-rico
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
268 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
Afectaciones producidas y previstas por la actividad minera
Son graves las afectaciones al agua que consumen comunidades en las zonas mineras como Oruro, tomando en cuenta que la actividad minera requiere un volumen 5 a 10 veces más agua en relación con el volumen de mineral extraído.72 Los daños a las vertientes de agua ocurren por el uso indiscriminado y a título gratuito que usan las empresas mineras; por ejemplo, en San Cristóbal se extraen 50.000 metros cúbicos al día, lo cual disminuye dramáticamente el nivel del agua que usan las comunidades. Por otro lado, la grave contaminación de las vertientes, lagos, lagunas y grandes extensiones de suelo es evidente, debido a la descarga de aguas residuales, y la mala o pésima condición de los diques de cola, que ya han producido rebalses e inundaciones de barro tóxico, o simplemente por su inexistencia. Esto ha traído como consecuencias el daño a lagos como el Poopó, el segundo más grande de Bolivia. Además, no se ha puesto remediación ambiental en zonas que desde hace décadas han vivido de la actividad minera, como es el caso de Huanuni, en tierras altas.73 Asimismo, la contaminación por mercurio y cianuro ha sido ya certificada e investigada en las zonas de operaciones de extracción aurífera que realizan, casi en su totalidad, cooperativas mineras asociadas a grandes emprendimientos ilegales con gran maquinaria74 y que han sido denunciados por los mismos cooperativistas mineros, en zonas de yungas y Amazonía del país. Según informes del
Gobierno emitidos en 2016, el 70 % de las 133 toneladas de mercurio que Bolivia libera proviene de la minería del oro, lo que hace que 7 % de la contaminación mundial por mercurio sea producida en Bolivia.75 En la Cuenca Madre de Dios, se ha certificado que especies de peces y pueblos indígenas que viven en la zona han sido
72 Véase: http://www.colectivocasa.org.bo/ 73 Véase: http://www.colectivocasa.org.bo/index.php?option=com_k2&view=item &id=216:trabajos-de-emergencia-en-tolapampa-para-frenar-la-contaminacion- minera-demandan-urgente-atención-de-las-autoridades 74 Véase: https://social.shorthand.com/noticiasfides/jyiI5AETKi/reportaje- nueva-fiebre-del-oro-la-explotacion-ilegal-entre-dragones-chinos-y-cooperativas 75 Véase: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160902/7- contaminacion-mercurio-genera-bolivia
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contaminados con mercurio.76 Es previsible que, en caso de otorgarse mayores cuadrículas mineras a cooperativas auríferas, como se ha estado negociando entre la Federación de Cooperativas Auríferas de La Paz y el Gobierno, las consecuencias por contaminación se profundicen y se amplíen a otras zonas.
Afectaciones producidas y previstas por la expansión de la frontera agrícola
La deforestación que ocasiona la expansión de la agroindustria contribuye al cambio climático, con la pérdida alarmante de biodiversidad y la erosión de suelos, además de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El modelo del agronegocio, que implica deforestar para sembrar el monocultivo de soya, sorgo y maíz, y el consecuente uso de agroquímicos, provocó la aparición de plagas de langostas que a inicios de 2017 arrasaron con cultivos enteros en el municipio de Cabezas, en Santa Cruz. Aparte de esto, la posibilidad de introducción de transgénicos en el maíz, caña de azúcar y algodón, y de la producción de biocombustibles, va en directo desmedro de la soberanía alimentaria. Se prevé que aumente el uso de agrotóxicos si se sostiene el modelo de deforestación para favorecer, por ejemplo, el plan de producción de etanol o a la producción de monocultivos, lo cual, según estudios, genera afecciones dermatológicas, abortos y enfermedades renales en cultivadores. Además, se conoce de reportes aislados de malformaciones congénitas, anencefalia, leucemia, mieloma y sirinomelia (Carvajal, 2017).
Afectaciones previstas por la carretera que atravesará el Tipnis
La deforestación será una de las primeras consecuencias en la zona núcleo del parque nacional. Este efecto se ha constatado en la zona colonizada al sur del Tipnis, el Polígono 7, con la consecuente desaparición de la biodiversidad y la extensión del monocultivo de la coca. Asimismo, el río Sécure puede disminuir por actividades agrícolas o construcciones.
76 Véase: https://es.mongabay.com/2017/11/bolivia-indigenas-campesinos- expuestos-al-mercurio-consumo-peces-la-amazonia/
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
270 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
Disminuirá la población de peces, por la perturbación en zonas de desove, y los animales de caza; incluso puede extinguirse el jaguar en la zona. La extracción indiscriminada de madera, flora y fauna alterará los ciclos ecológicos e hidrológicos, fundamentales para la región y sectores urbanos como Cochabamba, y fragmentará el bosque.77
Afectaciones previstas por las megarrepresas
Si se construye el proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala, ambas represas generarán un embalse de 771 km2, que representa la superficie de toda la mancha urbana de la ciudad de La Paz. Las áreas inundadas por ambas represas afectan al Parque Nacional Madidi, al Parque Pilón Lajas, a comunidades campesinas río abajo, así como a las comunidades indígenas Mosetenes, Chimanes, Lecos, Tacana y Uchupiamonas. Varias comunidades se dedican al turismo comunitario y ecológico, sobre todo el Territorio Indígena Originario Campesino Mosetén, que desaparecería en un 50 % por el embalse. Esto afectaría a cerca de 3.200 personas, que deberán ser reubicadas. En el caso de Rositas, el embalse inundará un área de 45.251 hectáreas, donde tienen su hogar comunidades campesinas, comunidades guaraní y productores agroganaderos individuales; esto también afectará a la seguridad alimentaria. En Cachuela Esperanza, el embalse que crearía, el cual fue calculado en 690 km2, implica la inundación de un área mayor a la que han producido las represas de Jirau y Santo Antonio. Asimismo, se ha previsto la inundación de por lo menos 50 comunidades en las poblaciones de Beni y Pando, de las cuales 27 están en riesgo de
desaparecer. En suma, la represa pondría en situación de vulnerabilidad a por lo menos 100.000 habitantes. En Tariquía, los impactos más fuertes de la represa hidroeléctrica se darán en la Reserva Tariquía, ya que el embalse producido estará en la zona núcleo de esta, que debería ser un área de protección estricta, por su biodiversidad y fragilidad al albergar especies en peligro de extinción. El embalse además generará gases de efecto invernadero y

77 Véase: https://www.youtube.com/watch?v=G5nny7bEF0s
271
afectará cinco ríos con agua apta para el consumo humano, lo cual implica un grave daño a la cuenca del Amazonas, de la cual es parte el río Grande. Respecto a la emisión de este tipo de gases en el proyecto Chepete-El Bala, ni los estudios preliminares ni la ficha ambiental mencionan datos específicos. Tampoco se toma en cuenta que partes de las zonas afectadas por la hidroeléctrica ya están contaminadas por el mercurio utilizado en las actividades mineras auríferas, por lo que inundar el lugar implicaría la concentración de aguas contaminadas. En el caso específico del Complejo Río Madera, los daños que generan sus dos megarrepresas ya construidas, San Antonio y Jirau, están siendo aún analizados. Investigadores han afirmado que las dos megarrepresas habrían ocasionado las graves inundaciones de 2014 en las zonas bajas de Bolivia. Tomando en cuenta estos antecedentes, los otros proyectos que son parte de este complejo podrían generar inundaciones mayores en la Amazonía boliviana por la acumulación de sedimento. Las advertencias de diferentes científicos han señalado que zonas de producción de castaña serían inundadas, así como un parque forestal. La ficha ambiental y los estudios de identificación realizados por Geodata en la hidroeléctrica El Bala señalan que se produciría a largo plazo fragmentación ecológica, lo cual implica un daño irreversible al ecosistema del lugar, al punto de destruirlo. En el caso de la represa hidroeléctrica en Ivirizú, ya en ejecución, se ha previsto el desmonte de 500 hectáreas de bosque, que afectará al Parque Nacional Carrasco (Cochabamba), zona de alta diversidad y fragilidad ecológica.78 Los daños en el Proyecto Rositas afectan a la Reserva de Biósfera del Área de Manejo Natural Integrado Río Grande-Valles Cruceños, e inundarían bosques biodiversos. La propaganda gubernamental señala que los beneficios de la hidroeléctrica Rositas serán la provisión de energía eléctrica, de agua para riego y para el consumo humano, así como el control de inundaciones; sin embargo, ninguno de ellos tiene un proyecto
78 Véase: https://www.paginasiete.bo/economia/2018/8/1/la-hidroelectrica- ivirizu-afecta-la-biodiversidad-del-parque-carrasco-189051.html
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
272 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
ni financiamiento, lo cual ha sido cuestionado por investigadores expertos. Los personeros de Asociación Accidental Rositas (AAR) y de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) no han informado a la población directamente afectada por la represa acerca de los efectos negativos, como el hecho de que la represa dañará a especies de peces que desovan aguas arriba (se calcula que un 95 % de los peces ahora existentes desaparecerá). En el proyecto Cambarí, en Tariquía, no solo se trata de los impactos del embalse (la producción de gas metano), sino de lo que pasará aguas arriba y sobre todo aguas abajo, pues se alterará seriamente el ecosistema de varias zonas. Esto generará la desaparición de peces, pérdida de bosques primarios y especies como el lobito de río, tapires, carpinchos, entre otras. A corto plazo, en la construcción de las represas del proyecto Chepete-El Bala, la previa construcción de un camino tendría un impacto similar al de la vía que atravesaría el Tipnis.79 Además, los estudios señalan que se utilizarán 4.700 toneladas de dinamita para construir la represa Chepete. La construcción de este proyecto podría destruir un patrimonio arqueológico de cerca de 4.000 años de antigüedad (petroglifos). Los estudios tampoco prevén, más que en términos bastante generales, medidas de remediación en Chepete-El Bala. La única medida que se menciona específicamente es un curioso “ascensor para peces”, que no resuelve los problemas centrales respecto a la afectación de especies de peces que navegan el río Beni para reproducirse. Lo cual implica que se hablaría de una lenta desaparición de dichas especies. En lo que respecta a los impactos económicos, el proyecto
hidroeléctrico Chepete-El Bala tiene un costo por encima de 9 millones de dólares, que no incluye la construcción de las líneas de transmisión, cifra mayor que la deuda externa actual de Bolivia, que es de 6.884 millones de dólares.
79 Véase: https://funsolon.files.wordpress.com/2016/10/molinaespinoza2016_ elbala.pdf
273
Afectaciones previstas por la instalación del Cideten
De todos los componentes del Cideten, el reactor nuclear de investigación es el elemento más peligroso, por la necesidad de traer combustible nuclear para su funcionamiento y el traslado de basura nuclear por territorio nacional, prohibido por la Constitución.
Territorios indígenas y áreas protegidas fracturadas
El que territorios enteros vivan la fractura ecológica tiene como consecuencia la desaparición de las condiciones materiales de subsistencia de comunidades indígenas, así como de comunidades campesinas. La fractura como producto del cercamiento a territorios aún no incorporados a la lógica y formas de la productividad plenamente capitalista constituye también, a la vez, un proceso de despojo, como hilo de continuidad del largo proceso colonial y republicano de saqueo. Lo que sucede en la hidroeléctrica Chepete-El Bala, en la exploración sísmica en la Cuenca Madre de Dios, en la conversión en tierras fiscales del territorio tsimán, y en diversas magnitudes en otros territorios indígenas, habla de la invasión con decenas de helipuertos, miles de cargas de explosivos y maquinaria, y gente ajena a regiones donde hasta ahora han vivido comunidades indígenas y comunidades en aislamiento o semiaislamiento voluntario. Varios territorios indígenas serán afectados por diferentes tipos de proyectos, como sucede en el Parque Nacional Madidi (norte de La Paz), donde se han concesionado zonas para la actividad hidrocarburífera y ya existe actividad de extracción aurífera, muchas veces ilegal, que utiliza mercurio, así como la amenaza de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala. Lo mismo sucede con los proyectos hidrocarburíferos e hidroeléctricos en la Reserva Nacional de Flora
y Fauna Tariquía. Solo en el área hidrocarburos, el crecimiento
exponencial de la frontera petrolera comprometió, hasta 2015, 11 de las 22 áreas protegidas del país.80
80 Véase: http://cedib.org/post_type_titulares/la-frontera-de-hidrocarburos- crecio-7-veces-en-cinco-anos/
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
274 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
El trabajo de mapeo elaborado por el Cedib (figura 9) es muy
evidente al demostrar la nueva configuración territorial en Bolivia, en referencia a la ocupación, deformación y posible desaparición de los territorios indígenas, legalizadas a través de todo un paquete de leyes y decretos emitidos en estos últimos años. Las alertas de etnocidio son parte de estas transformaciones. La conferencia de prensa que brindaron dirigentes indígenas del pueblo Takana II e investigadores del Cedib a inicios de 2017 dio cuenta de la existencia de un pueblo no contactado, muy probablemente Toromona. La advertencia sobre un posible etnocidio fue presentada ante la CIDH por instituciones no gubernamentales y dirigencias indígenas y se exigieron medidas cautelares. Esta instancia aceptó la denuncia y dio al Gobierno un plazo de quince días para responder. La Procuraduría General del Estado afirmó, en su respuesta, que no había pruebas tangibles de un pueblo no contactado, y que, a pesar de todo, YPFB no había vulnerado derechos. Además, afirmó a la CIDH que las organizaciones civiles que presentaron la demanda pedían frenar todas las actividades de exploración, que, según las autoridades, en marzo de 2017 ya habían sido concluidas e incluso ya se habrían realizado los trabajos de recuperación de las zonas.
Despojo político: destrucción del movimiento indígena y desconocimiento de sus derechos constitucionales
La feroz expansión de la frontera extractivista no hubiera sido posible sin las formas políticas de represión, cooptación y destrucción de históricos movimientos indígenas y campesinos, y sin el amedrentamiento y persecución contra colectivos urbanos de apoyo a la resistencia comunitaria. Hasta la aprobación de la Constitución de 2009, las organizaciones indígenas de tierras bajas y altas habían apoyado las medidas llevadas adelante por el Gobierno del MAS. Sin embargo, los resquebrajamientos entre ambos crecieron paulatinamente y se profundizaron, hasta la ruptura definitiva durante el conflicto por el Tipnis en 2011. A partir de este momento, se develó la política del MAS y de autoridades de Estado hacia pueblos indígenas en resistencia, que se evidenciaba, ya en 2007, con
275
Fuente: Cedib, 2016.
Figura 9. Mapeo de actividades extractivas en Bolivia
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
276 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
los proyectos extractivistas inconsultos que afectaban a territorios indígenas. El Gobierno nacional, ante una victoria temporal de la Octava Marcha Indígena, y ante el fracaso de la represión a la columna central de la marcha en Chaparina (2011), comenzó a desplegar una serie de medidas que incluían el ingreso de comisiones de instituciones estatales, algunas de las cuales estaban encabezadas por el presidente Morales, para llevar obsequios y promesas de desarrollo a las comunidades del Tipnis (pelotas de fútbol, telefonía, agua potable, escuelas, entre otras). A esto se sumó una intensa labor de operadores políticos en los territorios para dividir por dentro las organizaciones indígenas. Estas estrategias pronto se extendieron hacia otros movimientos, ya sea vía prebendas y compra de dirigencias, así como por una vía violenta en la toma física por parte de gente pro gobierno, primero de las instalaciones de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), en julio de 2012 en la ciudad de Santa Cruz,81 y luego de las instalaciones del Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), en La Paz, en 2014.82 La toma de las sedes de las dos principales organizaciones indígenas de tierras bajas y altas del país, y la imposición de las respectivas autoridades indígenas favorables al Gobierno fue la parte visible de lo que había venido sucediendo y continúa pasando hasta la actualidad. La avanzada gubernamental se desparramó a toda organización departamental, provincial o cantonal que se pronunciase contra algún proyecto hidrocarburífero o de otro tipo. Los ingresos de autoridades de Estado fragmentaron no solo al Tipnis sino a territorios como el de la Cuenca de Madre de Dios, El Madidi, Tariquía, Vallegrande, el territorio indígena Mosetén, el territorio guaraní, el territorio Takana, el territorio Leco, entre otros, mediante un discurso sobre desarrollo expresado en proyectos de agua potable, salud y educación. El nivel de la fragmentación organizativa llegó hasta las comunidades de base, donde sucedieron peleas entre estas y dentro de estas, como cuando fracciones progubernamentales intentaron tomar la
81 Véase: http://www.la-razon.com/nacional/Indigenas-Melva-Hurtado- instalaciones-Cidob_0_1658234248.html 82 Véase: http://www.nuevacronica.com/politica/cronica-de-un-toma- gubernamental-el-ataque-a-la-sede-del-conamaq/
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sede de la Subcentral Sécure en tres ocasiones,83 y se enfrentaron a la gente que se opone a la carretera. Allí se enfrentaron personas de una misma familia: unas apoyaban la toma y otras se resistían a ella. Las rupturas familiares fueron sentidas de manera particular por mujeres que sostienen la vida comunal, como en el caso del Tipnis y Tariquía, donde la gente ya no se visita ni habla como antes, y varias comunidades dejaron de asistir a las fiestas, trabajos comunales, o a ferias de productos que antes se hacían de manera conjunta. Entre los casos de fragmentación comunitaria y familiar que se registraron en el Tipnis, se reporta la migración forzada de familias que se vieron obligadas a abandonar sus comunidades en la zona tsimán, por estar en desacuerdo con la construcción de la carretera, en contraposición de lo que opinaba la otra parte de los miembros de la comunidad.84 La vida comunitaria se ha visto afectada hasta el punto en que el territorio que representaba la Loma Santa, lugar de paz y abundancia, ya no lo es más. Si establecemos un mapa de rupturas comunitarias, los territorios están rotos, cruzados o marcados por cicatrices. El proceso de divisionismo organizativo y comunitario significa la aparición de grupos de gente de las comunidades que son afines al gobierno y que actúan algunas veces como grupos de choque, un germen de violencia al interior de las comunidades, que ha ido creciendo y podría continuar fisurando hasta resquebrajar totalmente las relaciones comunitarias como ha sucedido en el Tipnis y Tariquía. En el caso de la Cidob, el Conamaq y el las subcentrales indígenas del Tipnis, las organizaciones se han dividido entre el sector ‘orgánico’ y el paralelo afín al Gobierno, así como es un hecho patente que las organizaciones pequeñas que resisten a los proyectos no han sido defendidas por los niveles de organización nacionales.
Las estructuras nacionales, ya sean de la Confederación Sindical
83 Véasen: https://chaskiclandestino.wordpress.com/2017/08/23/la-penetracion- del-estado-colonial-boliviano-en-el-movimiento-indigena/, https://cedib.org/ post_type_titulares/conflicto-en-subcentral-secure-por-toma-de-oficinas- erbol-9-05-13/ y http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/ Denuncian-intento-toma-Secure_0_2112388802.html 84 Véase: ‘Erbol, Dirigente dice que familias dejan comunidades que apoyan vía por el Tipnis’, 10 de octubre de 2012.
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
278 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) o de la Cidob, han dejado de representar a comunidades afectadas por megaproyectos de infraestructura o extractivistas. En este sentido, llama poderosamente la atención la manera en que se realizó en 2017 la última Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas (Ganpi), que define las autoridades de la Cidob, plagada de denuncias de ‘compra-venta’ de conciencias y la intromisión estatal.85
Atentados contra las formas democráticas comunitarias
La rotación es un mecanismo comunitario de tierras altas, que garantiza que el cargo de autoridad pueda ser ejercido por diferentes personas y que una sola persona no pueda ejercer dos veces el mismo cargo. Esto es llevado a la práctica por instancias nacionales en Conamaq, pero los grupos del Gobierno rompieron este principio organizador de las autoridades originarias. Es muy reveladora la frase que usaron las dirigencias impuestas que tomaron la sede de Conamaq sobre que la rotación “ha culminado”, porque asumieron una autoridad cuando no les correspondía en su turno de rotación, rompiendo las formas democráticas que regían el sistema de autoridades en la organización indígena.86 De la misma manera, espacios de deliberación y decisión, como las Asambleas, Jach´a Tantachawis (Cidob y Conamaq), Encuentros de Corregidores (Tipnis), Asambleas de Subcentrales (Tariquía), han sido o agredidos, a veces con violencia, suplantados o cooptados. Esto muestra que la política proveniente del Estado, en los hechos, continúa siendo monocultural, al desconocer, eliminar, tergiversar o refuncionalizar las formas políticas democráticas de participación comunitaria. Los procesos en que se realizó la consulta ‘previa’, como sucedió en el Tipnis, no solo han implicado que se omitan y vulneren los derechos indígenas reconocidos a nivel nacional e internacional, al no cumplir los requisitos de consulta previa, libre e informada, sino
85 Véase: https://chaskiclandestino.wordpress.com/2017/08/23/la-penetracion- del-estado-colonial-boliviano-en-el-movimiento-indigena/ 86 Véase: http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/19122013/no_respetaron_ rotacion_al_elegir_mamani_y_choque
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que se realicen deformando espacios de decisión como los cabildos y las autoridades comunales como los corregidores. Lo anterior representa la imposición de autoridades indígenas o campesinas no reconocidas por todas las comunidades, y de una lógica clientelar donde los votos y adherencias en las organizaciones indígenas y comunidades ya no se miden por el nivel del servicio que prestan las autoridades a las comunidades, sino por lo que estas y el partido al que son afines puedan ofrecer en términos de prebendas. Esta es una clave de relacionamiento entre el Estado colonial y comunidades indígenas, que se reprodujo en la época de los partidos neoliberales tradicionales, y que se ha vuelto un mecanismo más descaradamente ampliado, generalizado y visible en la actualidad.
Las mujeres: lucha por la vida
En esta nueva fase de despojo capitalista extractivista, una de las claves de la desfiguración de territorios indígenas y tierras es el desarraigo y la ‘descomunalización’ violenta, que en su núcleo tiene la agresión hacia mujeres, las cuales, a partir de su labor fundamental de garantizar la vida y supervivencia familiares, constituyen la fuerza en la cual se sostienen las comunidades y sus procesos de resistencia. Las actividades hidrocarburíferas en las zonas del Chaco boliviano han producido una profunda crisis del agua, donde las mujeres han resultado más afectadas por la contaminación y escasez de este líquido.87 En las zonas de producción minera, la grave denuncia que hicieron las comunidades en Mallku Khota sobre la violación que sufrió una mujer por parte de un personero de la empresa es solo uno de los casos de violencia contra mujeres que existen en las zonas de la minería cooperativista.88 Asimismo, muchas mujeres viven la migración climática, debido a la contaminación de suelos y agua por residuos mineros, como un desastre que las desarraiga.89
87 Véase: http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/sociedad/ item/248129-indigenas-compran-el-agua-y-la-comparten-con-sus-animales 88 Véase: Video documental Minerita, https://www.youtube.com/watch?v= frJXbXnXRio 89 Véase: https://www.ocmal.org/contaminacion-minera-del-agua-una-forma- de-violencia-medio-ambiental-contra-las-mujeres/
Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
280 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
Los desplazamientos forzados que producirá la construcción de por lo menos cuatro proyectos megahidroeléctricos, los proyectos de exploración hidrocarburífera, el parcelamiento privado del territorio Tsimán, la ampliación de la frontera agrícola, la carretera que atraviesa el Tipnis, y los otros proyectos más pequeños a lo largo y ancho del país, además de los eventos de división comunitaria que ya han ido pasando agudamente estos últimos seis años, han significado el desconocimiento y destrucción de los espacios fundamentales que ocupan las mujeres en un ámbito de reproducción y en el de la ‘representación política’, donde las voces críticas a los proyectos extractivistas, que por lo general son femeninas, sean acalladas con diferentes niveles y tipos de violencia. Tal es el espíritu del extractivismo. La división comunitaria, por lo general, aunque no exclusivamente, ha sido iniciada y profundizada por varones, a quienes los operadores políticos del Gobierno buscan como representantes y dirigentes de las comunidades, y que, como afirmaban las mujeres de Tariquía, han sido fácilmente cooptables, sin que puedan o quieran rendir cuenta a las comunidades de base. El despojo de territorios y bienes comunales también viene de la mano con un despojo de la voz de las mujeres, porque se entronizan formas de decisión, formas de organización y acciones marcadamente masculinas, y que están en sintonía con lo que representa el Estado y sus maneras de imponerse. Por ejemplo, en los sindicatos departamentales paraestatales, en Tariquía, es muy claro que los dirigentes varones estuvieron a favor del ingreso de las petroleras, y que las estructuras sindicales en niveles medios no permiten más que acciones políticas propartidarias, distintas a las acciones más comunitarias que realizan las mujeres cotidianamente al cuidar la vida de sus familias. La política sindical imperante en esferas departamentales y nacionales es la del mundo masculino que divide profundamente lo público de lo privado. Por el contrario, la resistencia de las mujeres tariquiyeñas al proyecto de exploración hidrocarburífera es una extensión de las políticas del cuidado y reproducción de la vida, hacia esferas más grandes de la comunidad y de la política, en vinculación con la tierra, lo cual ha sido censurado, denigrado y últimamente violentamente agredido por gente a favor de las petroleras. En el
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Tipnis y las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), las mujeres, a través de sus organizaciones comunitarias de base, defienden sus espacios familiares y comunales, frente a la expansión de la propiedad y lógicas privadas.
Ataque inédito del Estado colonial y las empresas
En estos últimos 12 años, la ampliación veloz y aguda de la frontera extractivista y los proyectos de megainfraestructura que la acompañan han agudizado aún más la ruptura de ciclos ecológicos, la fractura ecológica, la desfiguración o amenaza de desaparición de territorios indígenas y áreas protegidas, que se instauran gracias al proceso de destrucción de los movimientos indígenas y agresión a las formas de política comunitarias. El Gobierno ha abierto nuevas fronteras para expoliar ‘recursos naturales’ e incrementar la deforestación, como es el caso del programa de producción de agrocombustibles, y ha planteado la posibilidad de apelar a formas de extracción extremas para obtener energías extremas, con la técnica más nociva de extracción de hidrocarburos, el fracking. La escala de la destrucción es inédita, porque se trata no solo de los casos más emblemáticos visibilizados por la resistencia de comunidades indígenas y campesinas (Chepete-El Bala, Rositas o Tariquía), sino de espacios y comunidades en otras regiones, como las comunidades tsimán, consideradas en ‘semiaislamiento’, y que no sabían de la declaratoria de su territorio como área fiscal en 2010, realizada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria. En este sentido, puede hablarse de la ampliación del despojo y reconfiguración de territorios y comunidades indígenas, en aras de una idea ‘productivista’ y de ‘desarrollo’. En el fondo, son la punta de lanza discursiva del proceso de cercamiento a territorios indígenas y áreas protegidas, el cual está dando paso a una lógica de ocupación estatal y privada (también privatizadora). Esto ha quedado muy claro en el aprobado proyecto de Ley 969 del Tipnis, que da lugar a la intervención de actores privados en el territorio hasta ahora comunitario. En tanto, se habla de la posible desaparición de comunidades enteras por proyectos hidroeléctricos y de otro tipo; hablamos de la más fuerte e indeleble marca colonial con la cual el Estado sigue

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282 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
expandiendo su presencia y la de grandes empresas en zonas
indígenas, sobre todo en la Amazonía boliviana. El correlato político del despojo extractivista de la última década atraviesa no solo a las organizaciones indígenas, sino a los movimientos indígenas y campesinos, así como (lo que es más grave) a las comunidades de base. La expropiación de sus formas de representación o el acallamiento de las voces críticas es el signo de esta época. Aunque no hemos abordado aquí el tema en específico, la descomposición dentro de las organizaciones y comunidades ha dado paso a enfrentamientos entre comunidades indígenas que defienden su territorio y fracciones de colonos campesinos o cooperativistas mineros, quienes, amparados en su cercanía al partido de Gobierno, han avasallado territorios indígenas. Dichos enfrentamientos han llegado a ser incluso armados, como en el Tipnis, en 2009 (Chávez, 2016). Reflexionar sobre el despojo de bienes comunitarios y sobre el despojo y expropiación de las formas de organización política autónoma de comunidades campesinas e indígenas conlleva pensar ineludiblemente en los procesos de resistencias que están llevando a cabo dichas comunidades. Estos procesos han permitido articular la defensa de los territorios y su gestión comunitaria, ante la acometida de lo privado y de la ocupación de empresas transnacionales o estatales, garantizando a través de estas luchas la reproducción de su vida, la de sus comunidades, la de diversos ecosistemas y sus ciclos, de los cuales dependen también las áreas urbanas.
Encuentre aquí la versión digital ampliada de este texto: http://rosalux.org.ec/pdfs/Desfiguracion-territorial.pdf
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