Oligarquías renovadas. Los grupos de poder en el Ecuador y su accionar político ante los gobiernos progresistas, en el marco del capitalismo transnacional

Anahí Macaroff    02.Ago.19    Crisis y depredación capitalista

El presente trabajo indaga en las relaciones entre grupos económicos y las políticas del actual gobierno de Lenín Moreno. En este marco, se analiza la tensión entre continuidades y rupturas entre el actual Gobierno, y su antecesor, Rafael Correa, ya que Moreno llega al poder como continuidad y como parte del mismo movimiento político de Correa. Para entender esta coyuntura, es preciso enmarcar la actual gestión en el declive de los llamados gobiernos progresistas, analizar la creciente importancia que fueron adquiriendo las élites al final del gobierno anterior y cómo esto posibilita un proceso de recaptura corporativa del Estado, que se evidencia en el actual Gabinete. Por último, el momento actual debe entenderse dentro del sostenido proceso de expansión capitalista y reprimarización de la economía de los países del Sur global.



OLIGARQUÍAS RENOVADAS
Los grupos de poder en el Ecuador y su accionar político ante los gobiernos progresistas, en el marco del capitalismo transnacional

Anahí Macaroff
¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?

Anahí Macaroff, investigadora asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos e integrante de la Red de Saberes. Ha investigado sobre violación de derechos laborales en el sector bananero; influencia política de las élites; impactos de los acuerdos comerciales y el libre comercio en el sector agrícola y campesino; memoria social; comunicación y educación popular; gestión cultural; desigualdades y violencia de género. Actualmente es Coordinadora del Parque Urbano Cumandá, un espacio que combina las artes, el deporte y la cultura desde un enfoque comunitario.

El presente trabajo indaga en las relaciones entre grupos económicos y las políticas del actual gobierno de Lenín Moreno. En este marco, se analiza la tensión entre continuidades y rupturas entre el actual Gobierno, y su antecesor, Rafael Correa, ya que Moreno llega al poder como continuidad y como parte del mismo movimiento político de Correa. Para entender esta coyuntura, es preciso enmarcar la actual gestión en el declive de los llamados gobiernos progresistas, analizar la creciente importancia que fueron adquiriendo las élites al final del gobierno anterior y cómo esto posibilita un proceso de recaptura corporativa del Estado, que se evidencia en el actual Gabinete. Por último, el momento actual debe entenderse dentro del sostenido proceso de expansión capitalista y reprimarización de la economía de los países del Sur global. Para iniciar, se propone un breve repaso histórico que permita entender el contexto en el cual asumió el gobierno de Rafael Correa, así como los cambios introducidos por Lenín Moreno en relación con la inversión estatal. Esto constituye una ruptura teórica con las viejas figuras políticas asociadas con los grupos económicos y el llamado ‘crecimiento con inclusión social’, que permitió construir una base de apoyo y fue posible gracias a los ingresos por los altos precios del petróleo. Sobre todo se analizan las continuidades e incluso la profundización del modelo de acumulación heredado del neoliberalismo, y la realización de megaproyectos con fuerte inversión estatal, que, en vez de modificar la matriz productiva, generan una reprimarización de la economía a partir de fortalecer la exportación de materias primas (banano, camarón, palma, flores, etc.). Estas actividades generan mucho valor de cambio para las grandes empresas, pero poco valor de uso para las comunidades en las que se instalan. Asimismo, se vinculan con el interés de grandes corporaciones, que controlan sectores fundamentales relacionados con la actividad propiamente dicha. Para ilustrar este proceso histórico, se presenta el caso de la familia Noboa, por su importancia histórica, ya que, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, se encuentra entre los grupos
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económicos y las familias más influyentes en la política ecuatoriana; pero también porque nos permite analizar las transformaciones políticas y el comportamiento de las élites en la expansión capitalista global. Mediante el análisis de la familia Noboa se trabajará el proceso de construcción histórica que permite ver la modernización entendida como la diversificación de actividades económicas y las transnacionalización de los capitales; el doble carácter de las élites: formas empresariales y el control territorial de estilo oligárquico; el proceso de expansión y apropiación por despojo, y la captura corporativa del Estado y la articulación a los intereses transnacionales.

Consolidación de los grupos económicos y transnacionalización de sus capitales
Desde los años sesenta, las políticas implementadas en gran parte de los países latinoamericanos estuvieron marcadas por los dictámenes de la Alianza para el Progreso. En Ecuador, los principales encargados de llevar adelante estas políticas fueron los gobiernos militares que se sucedieron entre mediados de los años sesenta y la década los setenta. Estos llevaron adelante dos procesos de reforma agraria (1964 y 1973), ante la convicción de que uno de los principales obstáculos para el desarrollo estaba relacionado con la pervivencia de relaciones serviles de trabajo no asalariado en la Sierra ecuatoriana y el escaso acceso a la tierra por parte de los campesinos.1 Las élites, cuyas riquezas provienen, mayoritariamente, de la tenencia de la tierra, se aseguraron un grado de injerencia tal que les permitió relegar a un segundo plano cualquier intento de redistribución social de la tierra2 y priorizar los objetivos modernizadores. Por ello,
1 En 1958, la Cepal elaboró un informe denominado ‘Bases y directivas para el desarrollo económico del Ecuador’, que se basa en un diagnóstico según el cual “el desarrollo económico en el Ecuador es similar al de una economía primitiva, precaria, con una base institucional exigua, que impide la concepción y aplicación de una política de desarrollo” (Uquillas, 2008, 26). 2 Las Cámaras de Agricultura y Ganadería, con un discurso sobre el desarrollo y la productividad, lograron influenciar los mecanismos y la regulación del reparto. Esto les permitió incluir una cláusula para que —con aviso previo— se otorgue un
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las reformas agrarias tuvieron dos objetivos: evitar el incremento de los conflictos sociales en el sector campesino, y responder a las nuevas demandas de expansión del capital que requería una modernización de las relaciones en el campo. Los gobiernos completaron el proyecto de modernización capitalista del campo gracias a los ingresos generados por la explotación petrolera.3 Estos permitieron una importante inversión estatal que apuntaló el crecimiento de los agronegocios. Estas políticas beneficiaron, por ejemplo, al sector bananero, especialmente el Grupo Noboa y a Reybanpac; a los grandes productores de palma, y a la Procesadora Nacional de Alimentos (Pronaca), vinculada a la venta de aves y fertilizantes, entre otros. A su vez, dentro de los planes de desarrollo, al igual que en otros países de Latinoamérica, se implementaron políticas de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI). Estas abrieron un nuevo campo de inversiones enfocadas al mercado interno y estimularon la producción industrial, a partir del surgimiento de una burguesía urbana, sin que ello implicara subir los salarios de los obreros urbanos (North, 1985). Las empresas de base agroindustrial encontraron un terreno fértil para aplicar —como forma de crecimiento— estrategias de integración vertical4 y de diversificación de sus inversiones
en diferentes sectores, al amparo de las protecciones e incentivos
estatales (Martínez y Romero, 2016). Se consolidó una modernización
de las élites agrarias —nuevas o renovadas—, que comenzaron a

periodo de gracia a los terratenientes cuyas tierras estaban catalogadas como improductivas, para volverlas productivas y evitar la expropiación (North, 1985, 439-440). 3 La explotación petrolera es un elemento clave para entender los cambios ocurridos en la economía ecuatoriana y en la transformación del patrón tradicional de crecimiento de casi todos los sectores de esta. Significó un ingreso de recursos significativos y pasó a ser la primera fuente de ingresos del país. A partir de 1972, cuando empezó la gran explotación petrolera, el proceso de industrialización se intensificó y permitió generar ahorro interno e inversión, así como crecer la economía a tasas sin precedentes. Además, atrajo una importante llegada de capitales transnacionales. 4 Permite el control de toda la cadena de una rama de producción por parte de un mismo dueño o grupo económico, por ejemplo: plantaciones de azúcar, ingenios, papeleras, cajas y camiones para el traslado.
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operar como un conglomerado de empresas, mediante grupos
económicos cuya diversificación ya no permite hablar de élites puramente agrarias. Según Fierro (1991), durante este periodo, gracias al apoyo estatal y al capital trasnacional, se consolidaron las relaciones del capital financiero con diferentes ramas de la economía. Se generó un proceso de concentración del poder económico y político del país. Más allá de las promesas de desarrollistas, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones no modificó la estructura primario-exportadora, sino que, como señala Acosta,
fue un esfuerzo asociado y subordinado a la lógica del capital externo lo cual orientó la producción a las satisfacciones de necesidades de grupos minoritarios de la población, fortaleciendo la producción de bienes de consumo para satisfacer esas demandas por sobre la de productos intermedios y de bienes de capital (2006, 115-116).
La aplicación del modelo de ISI generó fue una diversificación de inversiones y la consolidación de grupos económicos erigidos sobre los emporios familiares tradicionales, pero que incorporan cada vez más capitales transnacionales.5 Un informe de la Cepal (1984), sobre la presencia de empresas transnacionales en Ecuador, muestra cómo, desde inicios de la década de los sesenta, el flujo de capital trasnacional creció lentamente: llegó a cifras considerables después de 1968 y en 1971 alcanzó un gran crecimiento. Si bien gran parte de esos capitales estaba destinada especialmente a financiar la actividad petrolera, el aporte de capitales transnacionales comenzó a expandirse a otras actividades.6
5 Según Chudnovsky y López (1998), esta misma tendencia puede observarse en gran parte de América Latina, donde los grupos económicos son dirigidos o controlados por determinadas familias, aunque existe una tendencia creciente a incorporar inversores externos, así como métodos de dirección y estructuración organizacional más profesionales. 6 La corriente de capital extranjero parece explicarse, aparte del petróleo, por las mayores posibilidades que se abrieron al país por su integración al Pacto Andino, la firma del Acuerdo de Cartagena y una serie de transformaciones regulatorias que otorgan considerables estímulos para atraer capitales extranjeros (Cepal, 1984).
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En este escenario, se consolidó un doble comportamiento de buena parte de las élites/grupos de poder. Por un lado, su poder y su prestigio ya no se basan únicamente en el apellido y la herencia patrimonial, sino que adquieren el formato de grupos económicos con un comportamiento ‘moderno’ hacia afuera, ligado al modelo empresarial de libre mercado. Por otro lado, en las fincas y zonas de producción permanece el estilo oligárquico ‘gamonal’, con rasgos personalistas y autoritarios sobre las relaciones laborales y en el control territorial. Este doble comportamiento se registra hasta la actualidad, donde el control territorial sobre la política, poblaciones y cuerpos de las y los trabajadores reactualiza prácticas de dominación simbólica y material. La consolidación de las élites en grupos económicos representó una transición desde el modelo terrateniente de las oligarquías a burguesías capitalistas, con una diversificación de sus actividades económicas que les permitió controlar distintas esferas de la producción, el comercio, las finanzas, el consumo y el mismo Estado (Maiguashca y North, 1991). Esta transición llevó a las élites a apoyar la salida de los gobiernos militares y el retorno constitucional que les posibilitara un entorno institucional e instrumentos políticos más orientados a las demandas de liberalización del mercado. A los gobiernos militares, siguió una sucesión de gobiernos que, con diferentes matices, adoptaron los lineamientos del Consenso de Washington. Especialmente a partir de la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988), del Partido Social Cristiano. Así, se aplicaron políticas de ajuste estructural destinadas a abandonar el modelo desarrollista, disminuir el gasto público y priorizar la apertura de la economía nacional al mercado global. El periodo neoliberal (1980-2006) se caracterizó por la presencia directa de los grupos de poder económico en el control político del Estado, en un fenómeno que hoy se define como ‘captura corporativa del Estado’. Este se refiere a las maneras en que una élite económica hace primar sus intereses sobre los intereses nacionales, a partir de colocar en puestos claves a miembros provenientes de sus propias filas o ‘técnicos’ afines con relaciones de subordinación a los grupos de poder (Castellani, 2018). El discurso que propone desregularizar y dejar la política en manos del poder del mercado, presente durante el neoliberalismo,
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opaca y disimula la persistencia del Estado como un instrumento al servicio, en última instancia, de los sectores dominantes, y el hecho de que la relación con el mercado se opera desde la dominación del Estado por parte de las clases dominantes; esto asegura su propia reproducción (Basualdo y Arceo, 2006). Durante el Gobierno del partido Social Cristiano, es posible observar con absoluta claridad cómo, por un lado, se minimizan las capacidades redistributivas del Estado, y, por el otro, se lo reorienta hacia el subsidio selectivo de los sectores empresariales, cercanos al círculo presidencial, entre los cuales se destacan, por ejemplo, las relaciones con el Grupo Noboa.7 De este modo, asistimos a una desregulación selectiva de los mercados, que permite hablar de una “estatización del neoliberalismo” (Montúfar, 2000) que, más que a una doctrina económica o a un programa político, respondía al peso de agentes privados específicos para determinar la agenda económica (Ramírez, 2012, 342). Este neoliberalismo de Estado también podría explicarse, como señala Bustamante (2001, 61-64), si vemos que la economía ecuatoriana, incluso durante el periodo en que se propugnaba el libre mercado, no funcionaba gracias a una ‘mano invisible’ que generaba competencia; sino que mantenía su carácter particularista, donde el privilegio, los tratamientos especiales, el corporativismo y las lealtades familiares están a la orden del día. La ocupación del Estado permitió a estos grupos económicos incidir directamente sobre la política pública y la legislación a favor de sus intereses. Un ejemplo de ello fueron los destinos de las empresas estatales entregadas a manos privadas en las que tenían acciones los mismos funcionarios que en ese momento estaban en el
7 El mismo expresidente León Febres Cordero no solo ocupó durante años puestos de confianza dentro del Grupo Noboa, sino que mantenía una estrecha relación con el patriarca Luis Noboa, para quien, junto con Enrique Ponce Luque, habían realizado durante años un cabildeo político desde sus curules en el Congreso (Roberts, 2009). Febres Cordero era un representante directo de las élites: además de los puestos gerenciales dentro del Grupo Noboa, fue director y presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador.
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Gobierno8 o la venta directa de las empresas estatales a los grupos económicos, como el de la empresa estatal de fertilizantes, Fertisa, al grupo Wong. A esto hay que sumar una serie de reformas estructurales, que apuntalaban el proceso de ajustar y reducir el Estado dentro de un libre mercado selectivo. Entre estas reformas se encuentran la Ley de Reforma Arancelaria; la Ley de Régimen de Maquila y de Contratación Laboral a tiempo parcial; la Ley de Zonas Francas, que admite la posibilidad de que los contratos de trabajo sean temporales, y la Ley 133 reformatoria del Código de Trabajo, que aumenta el número de trabajadores exigidos para conformar una organización sindical de quince a treinta personas. Estas reformas permitieron a los empresarios bananeros, entre otros, aumentar sus ganancias mediante la disminución de sus aportes al Estado vía la reducción arancelaria y la legalización de la precarización laboral. La presidencia de Lucio Gutiérrez (2003-2005), en alianza con el Movimiento Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (derivado del movimiento indígena) y el Movimiento Popular Democrático (partido de izquierda), parecía indicar un cambio de rumbo que no sucedió. Gutiérrez no provenía de las élites tradicionales ni de las familias enriquecidas; llegó con el lema de generar un gobierno pluralista y conformó un Gabinete ecléctico, que dejó en manos de los sectores tradicionales el frente económico y el frente político. Por otro lado, entregó cuatro ministerios a Pachakutik, entre los que se destacan el de Relaciones Exteriores y el de Agricultura y Ganadería, cuyos ministros eran personalidades de la intelectualidad indígena. Sin embargo, la alianza duró poco y, tras la ruptura con el movimiento indígena, el Gabinete fue ocupado por figuras de la política tradicional. Las expectativas de algún giro que se alejara de las políticas anteriores se esfumaron y el gobierno de Gutiérrez se reafirmó en la profundización del proyecto neoliberal. El control del Estado por parte de las élites aseguró su acumulación
a costa de la creciente desigualdad y malestar social. Este proceso
8 Entre las empresas beneficiarias se encuentran Almagro y Almagresa, cuyos accionistas eran, entre otros, los entonces ministro de Agricultura, Marcel Laniado; el gobernador del Guayas, Jaime Nebot Saadi, y su hermano José ́Nebot Saadi.
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de concentración y enriquecimiento fue duramente denunciado y resistido por los movimientos sociales, al punto de que la creciente polarización se tradujo en una crisis política con diversas revueltas populares. En estas, se expulsó a tres presidentes: Abdalá Bucaram, el 5 de febrero de 1997; Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000, y Lucio Gutiérrez, el 20 de abril de 2005.
¿Revolución? Ciudadana. Estructura de acumulación en favor de los grandes grupos de poder con política social
La llegada de Rafael Correa a la contienda política se dio en un contexto de desgaste institucional y de fuerte movilización social en contra de las políticas neoliberales y de las figuras tradicionales de la política. En este sentido, su imagen venía envuelta en la esperanza de una posible renovación política, como años antes lo había hecho Lucio Gutiérrez. Profesor universitario, aparentemente sin vínculos fuertes con las élites tradicionales, Correa comenzó su vida política como ministro de Finanzas en 2005, cargo en el que solo estuvo cuatro meses, por diferencias con el entonces presidente Alfredo Palacio. Correa llegó a la Presidencia (2007-2016), luego de disputar la segunda vuelta contra Álvaro Noboa, del partido Prian, magnate y heredero del grupo Noboa. Durante su campaña, Correa se reunió con representantes de las asociaciones de productores bananeros, los cuales le entregaron un escrito en el que denunciaban lo que ellos llamaban “lado oscuro” del candidato del Prian, a quien acusaban de haberse apoderado del mercado en Europa y pagar mal a los pequeños productores. Allí, Correa dijo que en una de sus primeras acciones sería “hacer pagar los impuestos a todos los millonarios pillos, como Álvaro Noboa, quien vende más de 360 millones de dólares y apenas paga un millón de dólares de impuestos”.9 El nuevo Gobierno se levantó sobre una retórica antineoliberal y recogió varias demandas de los movimientos sociales, pero, más allá de la retórica contra el capital financiero internacional y el
señalamiento a algunos sectores oligárquicos —en una clara búsqueda
9 Véase: ‘Correa dialogó con los bananeros’, El Universo, 24 de octubre de 2006.
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de distanciarse de las políticas neoliberales—, la ‘Revolución Ciudadana’10 no revolucionó las estructuras heredadas. Por el contrario, construyó su proyecto de Gobierno y de Estado sobre las bases creadas por el neoliberalismo. Las diferencias de Correa con sus antecesores tienen que ver principalmente con dos aspectos: por un lado, la rápida recuperación del Estado, posible gracias el precio favorable del petróleo, que permitió al nuevo Gobierno recuperar la inversión pública, mejorar los servicios (salud, educación, etc.), y promulgar políticas sociales que resolvieron las desastrosas consecuencias sociales generadas por los gobiernos neoliberales, y que fueron fundamentales para mantener un alto grado de consenso social durante varios años. Por otro lado, el Gobierno desarrolló un proceso de ‘descorporativización relativa’ del Estado, ya que durante este periodo redujo la presencia directa de las élites en altos puestos del Ejecutivo. Según una nota de El Universo, “los 17 ministros de Rafael Correa son casi desconocidos para la población […] aunque algunos funcionarios son conocidos dentro del ámbito académico”.11 Esto daba cuenta del recambio en las figuras políticas del Gabinete respecto de las décadas anteriores. Sin embargo, los grupos de poder encontraron otros mecanismos de influencia sobre el Estado y, con el tiempo, fueron encontrando cada vez más eco dentro del Gobierno. Hablamos de una ‘descorporativización relativa’, ya que, si bien en el Gobierno no fue habitual ver empresarios como ministros, esta disminución de figuras provenientes del gran empresariado no tuvo correlato a escala local. Las élites dominantes siguieron controlando gobiernos locales, alcaldías, prefecturas, curules de asambleístas provinciales, pues no hubo una sociedad civil fuerte y las élites dominantes se mantuvieron. De este modo, las élites mantuvieron zonas de influencia y control de manera continua, que no se vieron drásticamente afectadas con el triunfo de Alianza País.
10 El gobierno de Rafael Correa se autodenominó Revolución Ciudadana, en alusión a los cambios ‘revolucionarios’ que su gobierno propiciaba respecto a los gobiernos anteriores. 11 ‘Cumplir ofertas de campaña ha sido la meta del Gabinete’, El Universo, 23 de abril de 2007.
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Ante la inestabilidad política que caracterizó buena parte del
periodo neoliberal y que llevó a que tres presidentes no terminaran su mandato por las protestas y revueltas populares, Burbano (2006), retomando a Pachano, señala que los principales partidos buscaron replegarse hacia sus reductos locales y regionales para reafirmar su anclaje regional. Con el fin de asegurar el control de la política local, las figuras políticas que corresponden a los grupos de poder local apelaron al ‘cambio de camiseta’, en el cual la migración de partidos responde más a una estrategia de permanencia en el poder que al supuesto convencimiento político-ideológico (Basualdo y Arceo, 2006, 19). Muchos representantes de la llamada vieja clase política se reciclaron dentro de Alianza País y, de este modo, mantuvieron el control territorial y las posibilidades de incidencia en las políticas legislativas nacionales. Una vez que se han marcado las diferencias con los gobiernos anteriores, nos adentraremos en las continuidades y sus beneficiarios. La ‘salida’ posneoliberal adoptada por la Revolución Ciudadana combinó políticas de inclusión social con un pacto con el gran capital. Este pacto significó profundizar el modelo primario-extractivo exportador (Gudynas, 2009; Svampa, 2012), que reedita y actualiza el rol que históricamente ocupó la región en el orden geopolítico mundial, en el marco de la creciente transnacionalización en las últimas décadas (López y Belloni, 2014), y una nueva dependencia asociada a la producción de commodities para la exportación (Svampa, 2012). La relación entre el gobierno de Rafael Correa y los grupos de poder presentó varias aristas y hasta un relativo recambio en cuanto a las principales élites beneficiarias de las políticas estatales. Mientras que durante el periodo anterior los ganadores fueron los sectores agroexportador y financiero, con la llegada de la Revolución Ciudadana —y el crecimiento del Estado y el poder adquisitivo de las capas medias—, creció la importancia de algunos sectores, como los destinados al consumo interno (Supermaxi, de la familia Wright), los importadores (Grupo Eljuri), las empresas constructoras (Hidalgo e Hidalgo) y las empresas proveedoras de servicios, que eran demandados por un Estado con alta capacidad de inversión (Ospina, 2015, 7).
Esto no significa que los sectores financieros y agroexportadores
hubieran dejado de crecer continuamente, pues recobraron

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importancia y poder político en el segundo periodo de Correa (2013-2017). Este es el caso de los sectores camaronero y bananero, que incrementaron de manera constante sus exportaciones y cuyo poder de presión fue clave en la firma del Acuerdo multipartes con la Unión Europea, del cual son uno de los principales beneficiarios. El sector bananero representa un negocio altamente rentable para las grandes empresas.12 Ecuador es el primer exportador mundial de esta fruta, y las exportaciones, en líneas generales desde el año 2000, aumentaron gracias a la apertura de nuevos mercados y al hecho de que el banano hoy en día forma parte de la canasta básica europea. Durante su gestión como Ministro de Finanzas, Rafael Correa se había mostrado contrario a la firma de un tratado de libre comercio con EE.UU. y reacio a seguir los consejos del Fondo Monetario Internacional. En 2007, la Comunidad Andina (CAN) inició negociaciones con la UE para un Acuerdo de Asociación entre bloques. La negociación en bloque no prosperó y en 2008 Colombia, Perú y Ecuador prosiguieron las negociaciones bajo la forma de un Acuerdo de Comercio Bilateral Multipartes. Perú y Colombia firmaron este acuerdo, pero Ecuador abandonó las negociaciones en 2009, pues la UE incumplió los acuerdos alcanzados en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en relación con los aranceles para el ingreso del banano al bloque regional.13 El conflicto se remonta a la
12 La cadena productiva del banano es una estructura oligopólica, donde un grupo de exportadores controlan los sectores relevantes de la producción y circulación (Baquero, Fernández, y Garzón 2004) y, además, dominan una porción de la comercialización de insumos químicos y técnicos necesarios para la agroindustria (Marega, Philipp y Vitali, 2017). De este modo, estamos ante una articulación subordinada de medianos y pequeños productores con las empresas exportadoras; es un mercado con pocos compradores (exportadores) y muchos productores. Dado el carácter de oligopsonio del mercado bananero, cualquier disminución en el precio de exportación o incremento en los costos de producción (Baquero et al. 2004, 14) es absorbida por los pequeños y medianos productores, y afecta a las condiciones de trabajo e ingresos de las y los trabajadores. Pero, además, es un modelo que refuerza la dependencia del mercado internacional, pues las grandes exportadoras transnacionales y las grandes importadoras (supermercados) determinan los precios. 13 Véase: ‘Siete funcionarios marcaron el rumbo del acuerdo con la UE’,
El Comercio, 3 de noviembre de 2016.
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década de los noventa, con la denominada “guerra de las bananas”, que se originó cuando la Unión Europea (UE) decidió colocar una serie de medidas proteccionistas y discriminatorias para importar esta fruta. Sin embargo, y teniendo en cuenta que uno de los más interesados en la firma del tratado era el sector de los exportadores de banano, a inicios de 2011 la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) solicitó al presidente Correa que retomara las negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE). Eduardo Ledesma, presidente de la AEBE, señaló que el sector quería un acuerdo comercial con Europa y no un programa de subsidios de compensación por el arancel.14 Finalmente, el Gobierno retomó las negociaciones, que despertaron desconfianza dentro de sus propias filas. Por ejemplo, Katiuska King Mantilla, exministra coordinadora de la Política Económica, denunciaba:
Los sectores empresariales bananeros, camaroneros y pesqueros ejercen fuertes presiones sobre el gobierno de Rafael Correa con el fin de que firme un acuerdo de comercio aduciendo que si no lo hace perderían los beneficios arancelarios a partir del año 2014 contemplados en el denominado Sistema General de Preferencias Plus.15
Gerard Coffey (2012) señala que el sector bananero, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, construyó un discurso alarmista, que indicaba que el Ecuador se encontraba entre la espada y la pared, ya que los competidores como Colombia y Costa Rica tenían ventajas arancelarias al haber firmado ya un tratado con la UE. La presión dio resultado, y , en relación con esto, afirmó:
De no cerrar el acuerdo, básicamente el banano, flores, atún etc., podían perder mucha competitividad. Europa es nuestro
principal mercado no petrolero. Se arriesgaban centenas de

14 Véase: ‘Exportadores de banano de Ecuador piden a Correa que negocie con UE’. La Hora, 14 enero de 2011. 15 Véase: ‘Acuerdo de comercio con la UE: ¿Ecuador entre la espada y la
pared?’, Revista Alai, 5 de marzo de 2012.
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millones de dólares y puestos de trabajo, lo cual nos presionó a negociar el acuerdo, pero establecimos líneas rojas que no estábamos dispuestos a pasar y no hemos traspasado.16
El tratado se firmó poco antes de que Correa terminara su mandato y en 2017, a un año de la entrada en vigor del Acuerdo Multipartes con la UE, se observó que las exportaciones no petroleras del Ecuador aumentaron en cerca de 12 % en montos en dólares, que representa un crecimiento de menos del 9 % en cantidad exportada. Sin embargo, el Observatorio de la Dolarización17 señala que este no es un crecimiento inusual. De hecho, en términos de montos, el Ecuador tuvo un crecimiento considerablemente mayor en exportaciones a la Unión Europea en los años 2013 y 2014, cuando no existía el Acuerdo. El panorama es menos alentador si se observa la balanza comercial con la Unión Europea: las exportaciones aumentaron en un 12 % (9 % en Tm), pero las importaciones lo hicieron en un 38 % (71 % en Tm). Esto quiere decir que nuestro superávit comercial con la Unión Europea disminuyó en más de 338 millones de dólares en el primer año (Ramos, 2018). Por lo tanto, la firma de este acuerdo comercial —como sucede con todos los tratados de libre comercio— beneficia a un puñado de grandes empresas, mientras perjudica las arcas y las finanzas del país. Las políticas de ‘crecimiento con inclusión social’ que desplegó el gobierno de Correa basaron su crecimiento y la obtención de recursos para el ‘desarrollo’, en una exacerbación del extractivismo en sentido amplio, es decir, de recursos naturales como el petróleo o la minería, así como la sobreexplotación de la tierra mediante la expansión de monocultivos de exportación y la entrega de paquetes tecnológicos para el campo. Como señala Herrera (2017, 2), en una clara contradicción con el mandato constitucional de trabajar en pos de la soberanía alimentaria, estas políticas no solo trasladaron

16 Véase: ‘Acuerdo comercial con la UE entraría en vigencia en 2 años’, El Telégrafo, 17 de julio de 2014. 17 Véase: ‘16 meses después: Recomendaciones para la implementación del Acuerdo con la Unión Europea’, Observatorio de la Dolarización, 3 de mayo, 2018.
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recursos hacia las élites como proveedoras de los paquetes
tecnológicos,18
sino que financian la subordinación campesina entendida como: la conversión del modelo de la agricultura familiar campesina al monocultivo de alimentos para la agroindustria indispensable para su incorporación a las cadenas de valor y con esto su dependencia al paquete tecnológico y las redes de mercado controladas por la agroindustria.
Lo que está en discusión es el modelo de desarrollo. Ecuador, a diferencia de las experiencias de otros gobiernos progresistas y en el marco del proceso constituyente, abrió un debate al respecto y se planteó adoptar la noción de Sumak Kawsay (Buen Vivir).19 Sin embargo, el debate se terminó orientando a los modelos y tipos de desarrollo, sin cuestionar la misma noción de desarrollo y las alternativas que se planteaban desde diversas organizaciones e intelectuales. Sin entrar en este debate, que excede los objetivos de este trabajo, finalmente se impuso una “mirada productivista y eficientista del desarrollo, se alienta a descalificación de otras lógicas de valorización de los territorios, áreas de sacrificio», en aras del progreso selectivo” (Svampa, 2013, 34).
18 En 2013 el Gobierno puso en marcha el Plan Semilla, con el objetivo de elevar sustancialmente la productividad de los pequeños productores de maíz amarillo duro y arroz, entregó un paquete tecnológico de ‘alto rendimiento’ que incluía semilla certificada, fertilizantes edáficos compuestos y los fitosanitarios adecuados que potenciarán el rendimiento de la producción de maíz y arroz (luego se amplió a otros cultivos). El plan tuvo una inversión inicial de entre USD 25 y 30 millones al año, que se transfierieron al sector privado mediante convenio con seis empresas: Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India, Del Monte, Interoc S.A. y Afecor. 19 El concepto de Sumak Kawsay se introdujo en la Constitución ecuatoriana de 2008, con referencia a la noción del ‘Vivir Bien’ o ‘Buen Vivir’ de los pueblos indígenas. Posteriormente fue retomado por el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. La Constitución, en sus artículos 275 a 278 (Título VI: Régimen de Desarrollo), especifica: “El Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza”.
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El Gobierno se planteó un falso dilema que puede resumirse en la siguiente frase pronunciada por el presidente Correa durante una sabatina, ante el posible descubrimiento de la mina de cobre más grande del mundo, en la provincia de Morona Santiago: “Hay gente que se opone, pero no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”.20 De este modo, se busca un consenso social según el cual para salir de la pobreza hay que intensificar la obtención de dinero mediante la extracción de recursos, aunque ello implique profundizar el modelo de dependencia, reprimarizar de la economía, y sacrificar áreas y poblaciones en pos de un supuesto bien mayor. El cambio de la matriz productiva no buscó modificar la base histórica de acumulación, sino realizar una “mejor administración de los recursos” que permita ganancias para los grupos de poder para que estén ‘conformes’ y recursos para la inversión social. ¿Cómo se logra esto? Intensificando la explotación de los recursos, donde el Estado genera las condiciones mediante los megaproyectos y la creación de infraestructura a gran escala.
Lenín Moreno, continuidad del modelo bajo control empresarial
El actual mandato de Lenín Moreno se desarrolla en el marco de dos procesos: por un lado, llega al poder tras un apretado triunfo en segunda vuelta contra el banquero Guillermo Lasso, y, por otro lado, su gobierno, que representa la continuidad de la Revolución Ciudadana, se da en el marco de un declive regional de los gobiernos progresistas. En este contexto, las políticas del presidente Moreno se presentan como un ‘contradictorio’ proceso de continuidad y ruptura con las de su antecesor. Sin duda hay continuidad respecto a la profundización del modelo de acumulación, a la vez que se produce un alejamiento de las políticas ligadas al estado de bienestar y la inversión social.
20 Véase: El Telégrafo, 10/12/2011, https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ informacion/1/correa-ecuador-tendria-la-segunda-mina-de-cobre-mas- grande-del-mundo
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En tal proceso, Lenín Moreno se articula, de manera singular, a la avanzada de una nueva captura corporativa del Estado.21 Moreno intentó distanciarse de su antecesor y construir una alianza propia, para ello aprovechó el marcado anticorreísmo de las élites, sus medios de comunicación y organizaciones sociales maltratadas durante el anterior gobierno. Abrió una nueva interlocución a través del Diálogo Nacional, en el cual participaron las élites y las organizaciones sociales. Estas lograron que se reconocieran algunas de sus demandas, al tiempo que las élites y grupos de poder lograban cada vez más espacio dentro del nuevo Gobierno. Un año después, aquello que parecían concesiones y cuotas de gobierno a las élites en el marco de un pacto de gobernanza, se ha transformado en el gobierno abierto de las élites económicas y las viejas figuras del poder político. Las élites y grupos de poder, que al final del Gobierno anterior tenían cada vez más influencia pero no contaban con demasiados representantes directos, con el nuevo Gobierno recuperaron el ejercicio de control directo del Estado. Moreno se deshizo progresivamente de gran parte de las figuras que venían del Gobierno anterior, y esas vacantes fueron ocupadas por figuras ligadas al sector empresarial. Sus medidas fueron celebradas incluso por los medios de comunicación con los cuales el Gobierno anterior había tenido más de un roce, por ejemplo, diario El Comercio sobre la composición del Gabinete afirmaba que
podría significar un giro en la relación con el empresariado que ha sido tensa en los diez últimos años. Luego de que Rafael Correa tuviera entre sus filas a funcionarios que, en su mayoría, eran académicos con estudios en el extranjero y con experiencia en el sector público, el actual Gobierno se inclina por autoridades con experiencia en el sector empresarial.22
21 Al respecto se recomienda revisar el informe Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos. presentado el pasado 16 de noviembre por Oxfam y Clacso, https://www.oxfam.org/es/informes/democracias-capturadas-el-gobierno-de-unos-pocos 22 Véase: El Comercio, 24 de mayo de 2017.
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En este sentido, resaltan los casos de Richard Martínez, quien pasó de la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano al Ministerio de Finanzas. Enrique Ponce de León, de director general de la transnacional Decameron, pasó al Ministerio de Turismo. Carlos Pérez, con más de 33 años de experiencia en la empresa de servicios petroleros Halliburton, fue ubicado del Ministerio de Hidrocarburos. Pablo Campana, yerno de Isabel Noboa Pontón, dueña del Grupo Nobis del cual fue directivo, fue encargado del nuevo (súper) Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Raúl Clemente Ledesma, hijo de Eduardo Ledesma, expresidente y actual director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador, fue al Ministerio del Trabajo. Marcelo Mata fue nombrado ministro del Ambiente; él, desde 2010, se desempeñaba como responsable de Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad de la empresa petrolera española Repsol, que casualmente fue la primera en operar dentro Parque Nacional Yasuní. Mata llegó justo cuando se está negociando autorizar la explotación del campo Ishpingo, que forma parte del bloque petrolero 43, también conocido como ITT, por las siglas de sus tres campos: Ishpingo, Tambococha y Tiputini, todos dentro del Parque Nacional Yasuní. Por último, el Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó una alta rotación de ministros. Tras la última renuncia, dos nombres provenientes del sector bananero resonaban para ocupar el cargo. Por un lado, Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano (Acorbanec) y, por otro, Xavier Lazo, quien finalmente fue el elegido, y que es productor y exportador, cercano al Ministro de Finanzas. La llegada del sector empresarial a la administración pública es un fenómeno recurrente no solo en Ecuador. Ha sido analizado, por ejemplo, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que alerta sobre los problemas de conflictos de intereses y caracteriza los diferentes tipos situaciones dominadas como ‘la puerta giratoria’. Para el caso de Ecuador, vemos en la composición del Gabinete dos tipos de puerta giratoria: del sector privado al sector público y del sector gremial al sector público, en la cual ejecutivos empresariales y representantes gremiales

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son designados en puestos claves desde los cuales desarrollan políticas públicas bajo un sesgo proempresarial (Castellani, 2018). Desde el inicio del Gobierno, las élites económicas comenzaron un fuerte lobby ante la acogida que demostró Moreno. Desde las diferentes cámaras y organizaciones gremiales, empresariales y productivas llovieron propuestas, recomendaciones y solicitudes al nuevo Gobierno, muchas de las cuales fueron recogidas y aplicadas. Uno de los espacios abiertos y utilizados por las élites fue el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, instancia creada, según los mismos voceros del Gobierno, para unir al Ejecutivo con el sector empresarial privado y así dinamizar la economía, crear empleos y simplificar trámites, entre otros objetivos. En el discurso de presentación del Consejo, Lenín Moreno saludaba a los empresarios y los felicitaba por dejar de lado las ideologías:
Mi saludo a todos ustedes, a quienes dejaron de lado la ideología y las banderas a seguir, ese es un ejemplo a seguir […] Durante mucho tiempo he sido empresario y mi esposa lo es, por eso en este Consejo no podía faltar el aporte de la empresa privada, principal generador de empleo de calidad.
Bajo el discurso del pragmatismo, el gobierno de Moreno aúna intereses con la élites en un proyecto común. Así lo dio a entender Richard Martínez, en ese momento presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano: ‘[luego de] 10 años de tensas relaciones ya era hora de que el sector público y privado se unan. […] Son más cosas que nos unen que nos separan.23 Las élites lograron plasmar sus intereses en el Consejo Consultivo. El Gobierno acogió el 86 % de las propuestas y el mínimo de demandas no acatadas estaban relacionadas principalmente con mayores exenciones tributarias. En este nuevo escenario, donde las élites no parecen estar dispuestas a conformarse con influenciar las políticas, ellas van por todo. Las demandas pendientes tendrían
respuesta tras el nombramiento de Richard Martínez como ministro de Finanzas y la incorporación de algunas de las recomendaciones
23 Véase: “Presidente Moreno: ‘Durante mucho tiempo fui empresario’”, Revista Vistazo, 22 de junio de 2017.
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tributarias en la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.24 A grandes rasgos, la ley cumple con el ofrecimiento del presidente Moreno a los empresarios al cumplir un año de gestión, cuando prometió exonerar algunos impuestos, y realizar una amnistía tributaria. Con esta ley perdona a las grandes empresas nacionales y transnacionales un monto, según el mismo SRI, de 2.355 millones de dólares, de una deuda total de aproximadamente 4.600 millones. Hoy el Gobierno se aleja de cualquier intento de capitalismo con rostro humano y nos encontramos ante políticas de corte neoliberal que se avalan en una crisis inducida que justifique realizar un nuevo ajuste estructural, eliminar la inversión pública y beneficiar a los grandes grupos económicos a través de las políticas fiscales (Dávalos, 2018).
El control político para asegurar la acumulación: la familia Noboa
Se eligió como ejemplo el caso de la familia Noboa por su importancia histórica, ya que desde la segunda mitad del siglo XX se encuentra entre los grupos económicos y familias más influyentes en la política ecuatoriana hasta la actualidad. También permite analizar las transformaciones políticas, y el comportamiento de las élites, en el marco de la expansión capitalista global. Mediante la familia Noboa se puede ver la modernización, entendida como la diversificación de actividades económicas y las transnacionalización de los capitales; el doble carácter de las élites: formas empresariales y el control territorial de estilo oligárquico; el proceso de expansión y apropiación por despojo, y la captura corporativa del Estado y la articulación a los intereses transnacionales.
Modernización entendida como la diversificación de actividades económicas y transnacionalización de los capitales
Surgido al calor del boom bananero, el Grupo Noboa creció y se diversificó a partir de la que durante muchos años será su empresa
24 Denominada así de manera no oficial, en alusión a las leyes Trole I y II promulgadas en el año 2000 con un fuerte contenido de políticas neoliberales.
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principal, Exportadora Bananera Noboa, que en 1964 controlaba casi el 16 % del mercado y para 1976 ya controlaba el 48 % (Larrea et al., 1987, 59). Las profusas relaciones políticas de Luis Noboa, cabeza del Grupo, le valieron el apoyo de los distintos gobiernos tanto militares como civiles, elemento clave para para entender el monumental crecimiento del poder económico y político del Grupo (Macaroff, 2019). La expansión y consolidación del Grupo Noboa se dio, entre otras cosas, mediante adquisición de empresas que le permitieron desarrollar y controlar la integración vertical de la cadena de banano. Luis Noboa era considerado no solo el hombre más rico del Ecuador sino también el más poderoso, como lo testimonia la entrevista a exaltos funcionarios realizada por Carlos Larrea (1987, 100):
Las decisiones internas en política bananera, como la determinación de precios mínimos oficiales para los productores, de los precios FOB de referencia, la liquidación de divisas en el Banco Central, la cotización internacional del sucre, los impuestos a la exportación, los controles de peso y calidad, etc., en muy pocas ocasiones han sido tomadas sin consultar previamente con los empresarios del grupo Noboa, aun cuando los partidos de centro-izquierda han detentado el poder. Contexto que explica por ejemplo, la decisión gubernamental de arrendar la flota Bananera Ecuatoriana a Exportadora Bananera Noboa, en condiciones contractuales tales que la flota ha declarado pérdidas en casi todos los últimos años.
Lois Roberts25 (2009) señala que otro de los elementos que
favoreció el crecimiento de Noboa fueron sus relaciones con la
diplomacia ecuatoriana, pues fue nombrado en reiteradas ocasiones, desde 1958 hasta 1979, embajador o representante del Estado para buscar nuevos clientes en países no tradicionales. Las relaciones con el gobierno militar del general Rodríguez Lara tuvieron un traspiés, ya que este acusó a Noboa de evadir impuestos,
25 Historiadora estadounidense que investigó el crecimiento de los empresarios bananeros ecuatorianos desde un relato épico y celebratorio de cómo estos “grandes hombres con visión empresarial” ayudaron al desarrollo del país. En su trabajo, Roberts —gracias a su afinidad con los empresarios— tuvo acceso a información de primera mano que resulta muy interesante para analizar las relaciones entre el Estado, la política y los empresarios.
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ante lo cual el empresario optó por desconocer la demanda fiscal y mudar de domicilio a los Estados Unidos, desde donde manejaba el negocio (Roberts, 2009, 172). Al asumir el triunvirato militar en 1976, volvieron las buenas relaciones y las prerrogativas del Estado para el sector bananero, en general, y Noboa, en particular. A fines de ese mismo año, el Gobierno eliminó todos los impuestos a la exportación de banano y luego el Ministerio de Industrias colocó al banano en su lista de productos que podían ser intercambiados por bienes cuya importación estaba restringida (Roberts, 2009, 173). Noboa fue unos de los principales beneficiarios de las políticas de gobierno y abrió una línea de comercio por trueque. Según la investigación del Cedis, para los años ochenta, el Grupo Noboa era el más poderoso del Ecuador, con 69 grandes empresas y un capital conocido de 5.720 millones de sucres (Cedis, 1986, 77). La investigación señala que “el grupo ejerció el poder político no solo directamente, con León Febres Cordero, sino también indirectamente a lo largo de los últimos 50 años” (Cedis, 1986, 77). Tras el fallecimiento de Luis Noboa Naranjo, en 1994, los hermanos Álvaro e Isabel Noboa Pontón fueron los principales herederos de buena parte de la fortuna y de los negocios, y se dividieron en dos grupos económicos: Exportadora Bananera Noboa (EBN), controlada por Álvaro, y Nobis, en manos de Isabel.26
El doble carácter de las élites: modernidad empresarial y control territorial de estilo oligárquico
Álvaro Noboa continuó con el imperio familiar levantando en torno a la producción y exportación de banano. Al ser el
‘hombre más rico’ del Ecuador, se transformó en una figura política
y disputó en cinco ocasiones la presidencia de la República. El Gobierno de la Revolución Ciudadana puso en marcha un plan de incremento en la recaudación tributaria basado en controlar la evasión fiscal, por el cual el Servicio de Rentas Internas (SRI) se incautó de la hacienda bananera La Clementina (ubicada en la
26 La herencia fue objeto de una larga disputa, pero finalmente el acuerdo logrado permitió a los hermanos Noboa Pontón obtener el control accionario de estas empresas.
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provincia de Los Ríos con más de 12.000 hectáreas), como parte del cobro a Álvaro Noboa por adeudar el pago de 102 millones de dólares de Impuesto a la Renta. Esta acción tuvo una fuerte repercusión mediática y simbólica,27 donde el Estado interviene en una de las fortunas más importantes del país y ‘herencia’ del viejo régimen terrateniente, que, según Correa, eran las oligarquías responsables de la larga noche liberal. Así, cuando el Gobierno decide la venta de las propiedades, no solo marca su distancia con esas élites, sino que parecía materializar sus promesas de cambio radical (Herrera, 2015, 10). Sin embargo, estas acciones y su focalización en el grupo Noboa y en el Grupo Isaías28 aunque justas, fueron más simbólicas que representar un verdadero cambio de rumbo y transformación del modelo de acumulación que beneficia a los grandes grupos económicos. Una investigación realizada durante 2018 muestra la persistencia de condiciones de explotación laboral que incluye, entre otras cosas, el incremento directo de la jornada de trabajo y la reducción de su tiempo de descanso sin reconocimiento salarial, el no pago de la afiliación al seguro social, descontar las herramientas de trabajo y equipos de protección de los sueldos de los trabajadores. Estos mecanismos de sobreexplotación se complementan con la persecución y limitaciones al derecho de sindicalización de las y los trabajadores (Herrera y Macaroff, 2018). Una investigación realizada a lo largo de 2018 muestra la persistencia de graves condiciones de explotación
27 Estas medidas parecían colocar al Gobierno en un enfrentamiento con las oligarquías responsables del neoliberalismo y la crisis financiera de 1999-2000; sin embargo, durante el segundo mandato, la actitud beligerante con las oligarquías comenzó a diluirse y más allá de la importancia simbólica de estas acciones, podemos observar que la estructura de acumulación no parece revertirse demasiado y el Grupo Noboa, según el ranking del SRI del 2015 mantiene 72 empresas activas y controla el 4 % del mercado mundial de banano (Pastor, 2016) y Álvaro Noboa continúa apareciendo, según Forbes, como el hombre más rico del Ecuador. 28 El Grupo Isaías era uno de los conglomerados económicos más grandes del país, relacionados con la crisis financiera de 1999 y dueños del extinto Filanbanco. El Estado estaba realizando investigaciones sobre la administración de los hermanos Isaías, los cuales se encontraban prófugos de la justicia cuando en 2008 la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) de Ecuador se incautó de más de 200 empresas de este Grupo para saldar su deuda con el Estado.
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laboral en casi todo el sector bananero, que se complementan con la persecución y limitaciones al derecho de sindicalización de las y los trabajadores (Herrera y Macaroff, 2018). En sus inicios el gobierno Correa promovió medidas como el Mandato No. 8, que prohibía la tercerización laboral y cualquier forma de precarización del trabajo y del trabajo infantil, y se incluyeron penas en el Código Penal para los empleadores que incumplan con la afiliación de sus trabajadores. El fin de la tercerización abría la posibilidad para que los trabajadores intentarán organizarse; sin embargo, vemos el ejemplo de la hacienda Los Álamos, de Noboa, donde en 2011 se conforma el Sindicato de Trabajadores de Industrial
Bananera Noboa-Los Álamos. En aquel momento la empresa presionó y despidió trabajadores, pero el sindicato logró mantenerse. No obstante en 2014 comenzó una nueva ola de despidos que se repitió en 2016 nuevamente con los candidatos para el comité de empresa, y en 2017 la empresa ofreció 20 dólares a unos 200 trabajadores para desafiliarse bajo amenaza a perder el trabajo si se niegan. Con estas medidas lograron que el sindicato se desarmara (Macaroff, 2018). En este momento, los trabajadores se acercan a la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (Astac),29
con la cual solicitan a la Defensoría del Pueblo una inspección en la
hacienda. Esta inspección se intentó en dos oportunidades, sin éxito, porque “los administradores no permitieron el ingreso de los inspectores”. Observamos personalmente cómo opera la persecución e intimidación cuando, mientras se realizaba una reunión en el patio de una casa, entre la Defensoría del Pueblo, investigadores, ONG, Astac

29 Astac se creó como sindicato de rama ante la manifiesta dificultad de crear sindicatos en cada finca. Su presentación al Ministerio de Trabajo para ser reconocido como sindicato se realiza bajo el antecedente del registro del Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (Sinutrhe), las cuales no tienen un único empleador. Sin embargo, el Ministerio niega el reconocimiento oficial y actualmente Astac funciona como una organización de hecho, aún sin contar con el reconocimiento oficial como sindicato, y desarrolla una importante actividad de asesoría a los trabajadores, tanto para organizarse en sindicatos como para exigir el cumplimiento de sus derechos mediante la solicitud de inspecciones por partes de las instituciones estatales correspondientes.
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y personal de varias fincas de Noboa, frenó un vehículo y se
bajaron dos personas a tomar fotografías. Los trabajadores identificaron a estas personas como personal de Noboa enviados a identificar a quienes participaban de dicha reunión. Es importante señalar que el caso de Noboa es ilustrativo de situaciones que pueden observarse en gran parte de las grandes plantaciones. En este sentido, existen numerosos ejemplos de la recurrente violación a los derechos laborales en el sector bananero, pero lo que queremos mostrar es que, independientemente de la retórica contra los viejos modelos oligárquicos y más allá de los avances normativos, las élites tienen un inmenso poder que les permite incumplir abiertamente las leyes sin que esto tenga mayores repercusiones. Como señala Herrera (2019), en una clave hegemónica, las empresas logran mantener el control de los trabajadores, gracias al control de las distintas esferas de la reproducción de los trabajadores y la sociedad. Mantienen el control de la administración del trabajo mismo (definen las reglas del mercado de trabajo y lo regulan mafiosamente a través de las ‘listas negras30’); limitan las posibilidades de la organización social; tienen un control económico y simbólico sobre las poblaciones a partir de ser la única fuente de sustento material y trabajan en un ambiente de impunidad gracias a su influencia sobre el Estado central y el control de los poderes locales (2019). Resulta claro que, sin el enorme poder político, no podría explicarse, por ejemplo, que los empresarios bananeros tengan la potestad de no permitir el ingreso a las haciendas de las inspectorías de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo, que son solicitadas por los trabajadores para dar cuenta de sus condiciones laborales. La tensa relación entre el presidente Correa y Álvaro Noboa no parece haber modificado sustancialmente ni el poder que ejerce el empresario ni sus bases de acumulación de riqueza. Si bien algunos investigadores señalan que, “para el 2015, el grupo no es ni un

30 Hace referencia a listados de nombres con trabajadores ‘problemáticos’ por defender sus derechos o realizar reclamos, que se comparten entre las diferentes empresas con el fin de que dichos trabajadores no consigan trabajo. Este es un mecanismo discriminatorio que se realiza al margen de la legislación vigente.
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pálido reflejo de lo que fue alguna vez. Tres empresas emblemáticas,
Exportadora Bananera Noboa, Agrícola Bananera Clementina y Macarsa, aparecen virtualmente quebradas” (Fierro, 2016, 26) para el mismo año la revista Forbes seguía ubicando a Álvaro Noboa como el hombre más rico del Ecuador.31 En cuanto al pago de las obligaciones fiscales, de 2015 a 2017, disminuyen en promedio de 9 %. Se tienen que considerar los ingresos percibidos por el grupo, los cuales tuvieron un incremento del 2 % para el mismo periodo, pasando de 711,2 millones de dólares a 722,1 millones, respectivamente. Si observamos que la carga tributaria registrada para el año 2017 es de 1,33 %, vemos que los aportes al Estado por parte del grupo son irrisorios (Chuquimarca, 2018). Y si a esto sumamos que de las 174 empresas que integran el grupo, 16 operan en paraísos fiscales podemos intuir que una buena parte de sus ganancias no se ven reflejadas en sus aportes tributarios. A pesar de que la presión fiscal es muy baja, para el 2018 la deuda del grupo con el SRI asciende a 170,4 millones de dólares, de los cuales 112 millones corresponden a la Exportadora Bananera Noboa. En 2018 lejos estamos de que el Estado proceda como en 2013 y se incaute de propiedades para cobrar la deuda del magnate. El actual gobierno de Lenín Moreno, con su fuerte presencia empresarial, aprobó con carácter de urgente una Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equidad Fiscal (Trole 3) que, entre otras cosas, dispone una amnistía tributaria sobre intereses y multas de las deudas mantenidas con el SRI. Los principales beneficiarios de esta amnistía son los grandes grupos económicos que, pese a sus ganancias, son importantes deudores del fisco.32 Gracias a esta ley, a Exportadora Bananera Noboa se libra de pagar el 58 % de su deuda, es decir 41,2 millones de dólares (Observatorio de la Dolarización, 2018).
31 Véase: ‘Los 10 más ricos de Ecuador’, Ecuador Noticias, 7 de abril de 2016,
https://www.ecuadornoticias.com/2016/04/los-10-mas-ricos-de-ecuador.html 32 A modo de ejemplo, vemos otras empresas beneficiadas como Banco Pichincha, que debe 39,4 millones de dólares y se le perdonarían 18,1 millones; Banco Guayaquil debe 6,1 millones y se le perdonarían 3,5 millones; Odebrecht debe 11,8 millones y se le perdonarían 4,5 millones.
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Estos casos nos muestran el doble rostro de las élites: son grupos económicos modernos hacia afuera, pero mantienen prácticas oligárquicas de control sobre los territorios. Estas afectan a sus trabajadores, a los pobladores y a la política local. En este sentido, ejercen un fuerte control social sobre distintas esferas de gobierno, lo cual les permite mantener altos niveles de impunidad.
Captura corporativa del Estado y transnacionalización de los intereses: el Grupo Nobis
El consorcio Nobis se creó en 1997, con Isabel Noboa como presidenta ejecutiva. Tiene presencia en el sector agroindustrial, energético, industrial, inmobiliario, de la construcción, hotelero y de la salud, entre otros. Además de las empresas que componen el grupo, Isabel es la presentante legal de empresas transnacionales como Coca-Cola o DP World Limited, de Dubái. A diferencia de la publicitada relación tirante entre Álvaro Noboa y Rafael Correa, las relaciones de este con Isabel han sido fluidas y con elogios mutuos. Por ejemplo, en 2016 Correa dijo públicamente, refiriéndose a Isabel Noboa: “Es una gran empresaria, yo la quiero mucho, porque ha confiado en su país, ¡qué cantidad de inversiones ha hecho durante nuestro gobierno!”. Isabel Noboa era presentada como una empresaria moderna y el Consorcio Nobis fue parte de los grupos beneficiados por las políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana, pues fue acreedor de uno de los proyectos emblemáticos de las alianzas público privadas: la construcción del puerto de aguas profundas en Posorja, en la provincia de Guayas.33 Ese proyecto fue reafirmado por el actual Gobierno y forma parte de los megaproyectos. Este puerto de gran envergadura permitirá el
33 Esta adjudicación despertó quejas y demandas, ya que se realizó mediante Decreto Ejecutivo 1060, firmado por el entonces presidente de Ecuador,
Rafael Correa. El operador del puerto ecuatoriano de Guayaquil, Contecon, subsidiario de International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), elevó una demanda a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, ya que considera ilegal e inconstitucional la contratación directa de la concesión a favor de DP World Limited ni Dubai Wortd Corp, cuya representante en Ecuador es Isabel Noboa.
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ingreso de barcos de gran calado y capacidad. Como señala Svampa (2013), muchas de la obras llevadas adelante por los gobiernos progresistas buscan facilitar la extracción y exportación de las materias primas hacia sus puertos de destino. Un detalle que prácticamente no ha sido mencionado por el Gobierno pasado ni el actual, y que quedado por fuera de la agenda de los medios de comunicación, se relaciona con las poblaciones que tienen que ser desplazadas para construir el puerto. Como señalan Navarrete y Chiriboga (2018), Posorja es lugar de “acogida” y contención del desarrollo urbano acelerado y desproporcionado que provoca nuevos asentamientos humanos, tráfico de tierras, invasiones en tierras “baldías” y procesos de ocupación sin control o regulación por parte de las autoridades. Desplazar poblaciones no parece ser un impedimento para este grupo económico. La designación de Pablo Campana, yerno de Isabel Noboa, como ministro de Comercio Exterior e Inversiones, demuestra el enorme poder de este grupo dentro del actual Gobierno. La historia de este Ministerio da cuenta de la consolidación de un rápido proceso de apertura económica y financiera en el cual se subordina la producción nacional a las lógicas transnacionales, con la consecuente dependencia del mercado mundial. Hasta 2013 este solo era un viceministerio dentro de la Cancillería, pero, en el marco de las negociaciones del Acuerdo con la UE, adquiere carácter de Ministerio. Este cambio, según los exportadores, fue clave para firmar dicho acuerdo. En septiembre de 2018, Comercio Exterior se fusionó con el Ministerio de Industrias y Productividad. Esto responde a las lógicas del capital transnacional, donde la industria y la producción nacional se subordinan a una división internacional del trabajo asimétrica, en la cual las empresas transnacionales controlan las redes productivas
con base en la explotación de la fuerza de trabajo de los países
periféricos (Basualdo y Arceo, 2006). La creación de este superministerio no solo incluye el sector industrial sino que, además, el Decreto 520 dispone la transformación del joven Ministerio de Acuacultura y Pesca en una Secretaría Técnica de Acuacultura y Pesca, con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera, pero adscrita
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al Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.34 Este dato no es menor, ya que el sector camaronero y pesquero es otro de los que más han crecido, al punto que en 2017 la exportación de camarón por primera vez superó a la exportación de banano y se convirtió en el principal producto de exportación no petrolera.35 Se establece una estrategia de desarrollo asociado al capital extranjero bajo la premisa de atraer inversiones y mantener las ‘ventajas comparativas’ mediante la reducción de los costos laborales y las cargas impositivas. De este modo, los grupos económicos, que representan la sociedad entre el capital trasnacional y las élites locales, buscan limitar la capacidad de decisión de los Estados periféricos en cuanto a las líneas estratégicas de su política económica y social, mediante la firma de tratados de comercio que consolidan y procuran tornar irreversible esta estrategia (Basualdo y Arceo, 2006).
El camino de las élites en la política: del rentismo al extractivismo
El presente trabajo muestra ciertas líneas de continuidad respecto al comportamiento de las élites y su influencia política para implementar un tipo de modelo de acumulación e inserción del Ecuador en el esquema mundial de expansión del capital, basado en la extracción de sus recursos naturales, sean estos de tipo fósiles o provenientes del uso intensivo de la tierra vía la agroindustria para la exportación.
Es importante señalar que estas líneas de continuidad no se presentan como una mera repetición de la historia, sino como un proceso en el cual cada periodo histórico permite analizar tanto transformaciones como permanencia en un contexto siempre cambiante, y en el marco del avance y transformación estructural del capitalismo global. Durante el periodo desarrollista, con el proceso de modernización

34 Véase: ‘Gobierno oficializa fusión y crea nuevo ministerio’. El Tiempo, 20 de octubre de 2018, https://www.eltiempo.com.ec/noticias/ecuador/4/gobierno-fusion-ministerio 35 Según el Banco Central del Ecuador (BCE), las exportaciones de camarón en 2017 generaron 3.037,86 millones de dólares, frente a los 3.034,54 millones del banano.
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estatal del campo, la fallida industrialización y el inicio de la
explotación petrolera, se terminó de reafirmar el lugar del Ecuador en la economía global como proveedor de materias primas, siguiendo el esquema extractivista clásico presente desde la Colonia. El periodo neoliberal ha profundizado el modelo en su rostro más crudo, la autonomía relativa del Estado es reemplazada por una captura corporativa, en la cual los diferentes sectores de las élites y grupos económicos (exportadores, financieros, etc.) ocupan sucesivamente el control del Estado. La eliminación de la injerencia del Estado promovida por las teorías neoliberales fue aplicada de manera selectiva. El Estado intervenía beneficiando a los grupos económicos en el poder, al tiempo que se retiraba de las políticas sociales, lo cual agudizaba las crisis políticas y sociales. La llegada de Rafael Correa al poder se produjo tras sucesivas revueltas y protestas sociales generadas por el gran descontento que provocaron las políticas neoliberales; por ello, uno de los ejes discursivos fundamentales de su Gobierno fue oponerse al neoliberalismo. El recambio de las figuras tradicionales dentro de los principales puestos de Gobierno y el ingreso de personas provenientes de procesos sociales y de la academia parecía anunciar que las élites y grupos de poder habían perdido su capacidad para capturar el Estado. A pesar de ello, esto no significó necesariamente una pérdida a largo plazo de su poder económico y político. Por un lado, esta relativa descorporativización del Estado no tiene correlato en los poderes locales, sobre todo en las zonas de producción agroindustrial de la Costa, donde se mantienen los mismos poderes gracias al frecuente cambio de camiseta o de partido. Con la llegada del gobierno de Rafael Correa, vemos una renovación respecto a los principales grupos de económicos beneficiados por las políticas del gobierno centradas especialmente en el mercado interno y los sectores de la construcción. Sin embargo, al optar por un modelo de crecimiento basado en la exportación de materias
primas, las élites tradicionales ligadas a este sector mantuvieron tanto su importancia económica como la posibilidad de incidir políticamente con base en intereses cada vez más transnacionales. Los altos precios de las materias primas permitieron al Estado contar con recursos para cubrir las urgentes necesidades de inversión
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social, así como para invertir en la creación de megainfraestructuras que posibilitan la extracción y salida de materias primas a gran escala; una apuesta que no parece coincidir con la propuesta de transformación de la matriz productiva. No se puede perder de vista que este pacto con el capital, en pos de un crecimiento que ayude a salir de la pobreza a una buena parte de la población, implicó aceptar las reglas de juego que impone la actual estructuración del capitalismo global. Es importante señalar que los grandes grupos económicos fueron grandes beneficiarios de la inversión estatal mediante la transferencia de recursos (Plan Semilla, construcciones, servicios, etc.) y del incremento del consumo interno (importadores, supermercados, etc.). Incluso los exportadores, que en un inicio parecían verse afectados por la política del gobierno de Correa contraria al libre mercado, han crecido notablemente, han incorporado nuevos mercados y hasta han logrado la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Durante buena parte del periodo, mientras los precios de las materias primas se mantuvieron altos, se consiguió reducir la pobreza con políticas de inclusión sin reducir la desigualdad, es decir que no se modificó la redistribución de la riqueza (Báez, 2018). Para cuando se intentaron medidas en este sentido (Ley de Plusvalía), fue tarde y, en el marco de una creciente necesidad de recaudación por parte del Estado ante la baja del precio internacional del petróleo, las élites hicieron sentir su poder acumulado y la decisión de no ceder ni un centímetro sus tasas de ganancias. Esto es posible, entre otras cosas, porque, con el declive regional de la hegemonía de los gobiernos progresistas y el desgaste de las organizaciones sociales de izquierdas, los grandes grupos de poder y las élites empresariales ya no están dispuestos a mantener el pacto social, que les garantiza un gran crecimiento, al tiempo que posibilita un Estado supuestamente fuerte y con capacidad de inversión en políticas sociales. El modelo de acumulación extractivista no requiere del mercado interno (Acosta, 2012, 96).
Los casos presentados muestran cómo el neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o desplazar a comunidades rurales,

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campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión
ciudadana (Svampa, 2013, 34).
En este sentido, nos preguntamos cómo se puede hablar de justicia social si la reducción de la pobreza no implica a la par un combate contra la desigualdad. El actual gobierno de Lenín Moreno pasó de presentarse como la continuidad durante las elecciones para luego terminar acercándose tanto a su contrincante electoral, el banquero Guillermo Lasso, que uno se pregunta dónde estaban las diferencias. En realidad, hemos asistido a un rápido proceso de sinceramiento respecto a quienes gobiernan hoy el Ecuador y que se expresa en una marcada captura corporativa del Estado que mantiene –y en eso puede verse la continuidad con su antecesor– el modelo de acumulación rentista con base en la exportación de materias primas, pero que abandona la inversión en políticas sociales. Año y medio después, con tres vicepresidentes que se han sucedido en el cargo, nos encontramos ante una incorporación al Estado de empresarios, gerentes corporativos y directivos de asociaciones y gremios del empresariado, sin reparo de las múltiples situaciones de conflictos de interés, captura institucional y deterioro de la autonomía relativa del Estado. Hoy el comportamiento de las élites y su influencia política nos obliga a leer su accionar a la luz de una creciente transnacionalización de los intereses, donde gran parte de las ‘empresas nacionales’ no lo son tanto. Además, los efectos de la captura corporativa por parte de las élites nacionales, articuladas de manera integral al capital transnacional, apelan a discursos sobre el desarrollo y el interés nacional, al tiempo que se apoyan y promocionan la adopción de acuerdos de comercio e inversión, que contribuyen a la pérdida de la soberanía respecto a las distintas regulaciones nacionales, en términos de derechos, políticas de protección y políticas fiscales (Zucman, 2015). Al mismo tiempo, mientras la sociedad se empobrece, las empresas sacan gran parte de sus capitales fuera del país, muchos de los cuales se encuentran en paraísos fiscales, por lo cual sus ingresos escasamente contribuyen a las finanzas nacionales. Asistimos a una captura corporativa del Estado por parte del sector empresarial agroexportador, entre los cuales el sector bananero tiene un importante peso, que se
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evidencia en una serie de políticas estatales más abocadas al libre mercado internacional que a la reactivación interna.
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