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Capitalismo necropolítico y ley garrote
Gilberto López y Rivas
La Jornada
En el proceso de acumulación militarizada por desposesión, los territorios de los pueblos indígenas, sus recursos, e, incluso, sus saberes y patrimonios culturales, así como los territorios rurales y urbanos no indígenas de la geografía nacional, se constituyen en el objetivo estratégico de las empresas capitalistas trasnacionales y locales. Para ello, en el plano de las condiciones sociopolíticas de inversión y ventajas comparativas que ofertan los Estados nacionales actuales (o lo que queda de ellos), se demanda un nivel aceptable de “estabilidad” y “paz social”, que asegure la reducción de riesgos para el capital, y, en nuestro caso, consolide el reciclado modelo desarrollista.
Los legisladores que elaboraron la bien nombrada ley garrote, en el emblemático estado de Tabasco, asumieron a profundidad la necesidad de criminalizar-penalizar el bloqueo de “obra pública o privada”, o la obstrucción del “acceso de personal y maquinaria”, tomas de carreteras o casetas, y las que resulten, acorde con la interpretación que haga la fuerza represiva, todas ellas acciones directas que los pueblos y las organizaciones políticas, gremiales y ciudadanas utilizan cuando todos los procedimientos legales no son suficientes para resistir los proyectos capitalistas, impuestos bajo el gastado subterfugio del progreso y la modernidad. La ley garrote, que el Congreso tabasqueño promulgó, por cierto, es lo que, desde el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, muy seguramente se busca imponer en el ámbito nacional, contra la voluntad de los pueblos.
El Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno denunció que, durante los primeros cinco meses del gobierno actual, 10 integrantes de su organización han sido asesinados. Considera que es el peor inicio de sexenio desde su fundación el 12 de octubre de 1996, y, especifica: “cada uno de los asesinados eran miembros de comunidades en procesos de lucha y resistencia en defensa de sus territorios contra megaproyectos y/o tráfico de drogas, armas y personas.” En casi la totalidad de los casos, se utilizó como agente ejecutor de estos asesinatos a un actor armado, el narcotráfico, cada vez más activo en la vida nacional, intocado por la Guardia Nacional en sus territorios (rurales y urbanos), muchos de ellos bajo su control total. Un ejemplo paradigmático es la Montaña baja de Guerrero, donde las comunidades sufren el asedio infernal de grupos narcoparamilitares, como ha estado denunciando el Concejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPO-EZ), en la que el gobierno actual ha sido incapaz, hasta la fecha, de garantizar no ya la paz y la seguridad de sus habitantes, sino, tan sólo, el ingreso de una caravana de apoyo solidario, cuya temporalidad es obviamente acotada.
Luis Arizmendi, a partir del caso mexicano, sostiene que en nuestro país se ha impuesto una configuración histórico-decadente de acumulación por desposesión con base en la política de muerte y la economía criminal, que denomina capitalismo necropolítico, en el cual se impone, además de otras rentas derivadas del salario, los territorios o la desposesión de recursos públicos, “un abierto abanico de fuentes de un nuevo tipo de renta, la renta criminal”. (Luis Arizmendi/Jorge Beinstein. Tiempos de peligro: Estado de excepción y guerra mundial, Universidad de Zacatecas, Plaza y Valdés Editores, 2018, p. 31). La inconstitucional Ley de Seguridad Interior, sostiene Arizmendi, (y por ende, añadiría, la Ley de la Guardia Nacional), dota de poderes al Ejecutivo Federal para declarar estado de excepción, sin la mediación del Congreso de la Unión, otorga a las fuerzas armadas tareas de inteligencia sin arbitraje civil, permite su ingreso a domicilios y detenciones sin órdenes de cateo y aprehensión, respectivamente, legaliza la represión a movimientos sociales a partir de criminalizarlos, e, “incluso, de modo inédito, sumamente delicado, ha abierto las puertas para que el Ejército pueda ejercer poderes excepcionales para autogobernarse.” (Ibíd., p. 28) Todo esto, sin tomar en cuenta un dato muy importante que Arizmendi proporciona: “’las fuerzas armadas mexicanas son de las más letales a escala global. En situación de guerra, por cada muerto, hay cuatro heridos; en México, por cada herido, hay 10 y hasta casi 17 muertes producidas, respectivamente, por acciones del Ejército y la Marina. (Ibíd., p. 28).
No menos perjudicial en lo ideológico, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) continúa en su “ingeniería de conflictos”, cumpliendo su misión estratégica de fragmentar comunidades y minar el creciente apoyo al Congreso Nacional Indígena en las etnorregiones con la cobertura de una reforma constitucional destinada a ser letra muerta mientras el capitalismo necropolítico siga prevaleciendo.
A Pablo González Casanova, por el merecido Reconocimiento Autonomía Universitaria 2019