México: El Estado focaliza su fuerza para criminalizar a las organizaciones sociales y perseguir a sus dirigentes

Hace 25 años en la habitación 36 del segundo piso del Hotel Dulce María, un antropólogo y tres estudiantes de servicio social de la Universidad Iberoamericana plantel León, abríamos la puerta del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Tlapa, Guerrero.



El Estado focaliza su fuerza para criminalizar a las organizaciones sociales y perseguir a sus dirigentes

Tlachinollan
Desinformémonos
15 agosto 2019

Hace 25 años en la habitación 36 del segundo piso del Hotel Dulce María, un antropólogo y tres estudiantes de servicio social de la Universidad Iberoamericana plantel León, abríamos la puerta del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Tlapa, Guerrero.

Era un lunes con un sol incandescente del día 6 de junio de 1994, cuando nos dispusimos a recibir a la gente de la Montaña. Teníamos mucho entusiasmo porque el día anterior habíamos presentado formalmente ante las autoridades indígenas y la población tlapaneca la apertura de nuestro Centro. Hicimos fiesta, como es la costumbre en esta región, sobre todo cuando se empieza una buena obra.

Fue muy grato tener a nuestro lado algunos compañeros que habían sido encarcelados injustamente y que en su momento no contaron con una persona de su confianza que pudiera apoyar su caso. En esa tarde hicieron eco de este esfuerzo para que “los pobres cuenten ahora con abogados que los puedan defender”.

Un maestro del pueblo Na’Savi en su saludo dijo poéticamente que “con la apertura del Centro de Derechos Humanos, las aves del cielo revolotean de alegría porque en la Montaña se siembra la semilla de la justicia entre los pueblos”. Por su parte, el obispo Alejo Zavala, con la sencillez que lo caracteriza expresó que la Diócesis de Tlapa se sentía muy contenta porque iba a “dar un servicio gratuito a toda la gente de las parroquias, para que no haya más abusos contra nuestros hermanos y hermanas indígenas. Para que la niñez y las mujeres encuentren el apoyo cuando son maltratados y maltratadas”. Abiertamente dijo que como Obispo daría todo su respaldo al pequeño equipo de Tlachinollan.

Por su parte Ofelia Medina, con la chispa que la caracteriza usó una bonita metáfora, advirtiendo que había nacido una niña y que su nombre era Dignidad. Resaltó el trabajo y la gran calidad humana de las mujeres indígenas de la Montaña, por eso para ella, esta oficina debería de tener una preferencia especial por la dignidad de las mujeres.

Con esos mensajes cargados de mucha emoción, recibimos a la gente que el lunes por la mañana llegó a pedir asesorías. No contábamos con las herramientas jurídicas ni con la experiencia de lo que significaba un organismo civil de derechos humanos. Teníamos la voluntad y el deseo de ayudar. De ser un instrumento útil para la población más indefensa. A pesar del nerviosismo de nuestra novatez e inexperiencia, sentíamos que la gente nos estrechaba sus manos y nos miraba a los ojos con mucho respeto y atención.

De inmediato nos dimos cuenta que necesitábamos el apoyo de personas que hablaran las lenguas maternas de la región. Entendimos que para comprender en su justa dimensión los problemas que las personas nos planteaban era clave conocer el contexto, las normas comunitarias y las prácticas abusivas de las corporaciones policiales.

Las personas que nos visitan, nos fueron sumergiendo a una realidad descarnada en la que las autoridades tienen mucha responsabilidad por su indolencia, mezquindad y ambición de poder. Nos invadió la impotencia y la indignación. En muchas ocasiones nos ganaba la desesperación y la frustración por no encontrar los recursos efectivos para hacer valer los derechos de la gente. En este contacto directo fuimos aprendiendo las principales lecciones de lo que significa trabajar en derechos humanos, en un ambiente adverso marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia.

Nunca imaginamos que esta travesía iba a mantenerse en pie. Desde el principio tuvimos miedo y mucho temor de que nos pasara algo por atrevernos y alzar la voz, por tener la osadía de denunciar las injusticias y colocarnos del lado de las víctimas. Hasta la fecha bien a bien no sabemos cómo hemos podido sortear tantas pruebas difíciles y superar muchos peligros.

Los pueblos de la Montaña han sido nuestro baluarte, nuestros protectores que no solo nos cuidan, sino que nos enseñan a nunca desfallecer, a no doblegarnos, tampoco sucumbir ante el poder para no vendernos y mucho menos traicionarnos. Su sabiduría comunitaria está anclada en valores de la colectividad donde el respeto, reciprocidad, agradecimiento, el servicio, responsabilidad, la mano vuelta, la equidad, comunitariedad, la justicia y la verdad, son parte de su ethos cultural y su código cosmogónico.

A imagen del crecimiento imperceptible de las plantas, fuimos desarrollando capacidades y adquiriendo conocimientos que nos han fortificado y forjado, nuestra identidad como defensoras y defensores de derechos humanos.

Así como iniciamos las asesorías diarias, con toda la gente que llegaba con mucha ilusión de encontrar una respuesta a sus problemas, ahora tenemos la dicha de compartirles nuestra gran satisfacción de recibir diariamente a amas de casa, trabajadoras/es del campo, familias jornaleras, jóvenes estudiantes, migrantes, madres solteras, personas de la tercera edad, niños y niñas de los tres pueblos indígenas: Na’Savi, Me’phaa y Nauas, para buscar juntos la atención de realidades tan disímbolas y complejas, que en muchas ocasiones nos parten el alma, por lo que significa perder la vida de un ser querido. Buscar a una hija o un hijo desaparecido, sobrevivir a la tortura, ser víctima de maltratos, de amenazas y secuestros. Sobrevivir a la violencia feminicida. De corroborar que las autoridades no investigan y, que más bien, se coluden con los autores de estos crímenes. La experiencia del desamparo, y de la nula confianza en las autoridades, nos ha obligado a redoblar esfuerzos, para abrir brechas donde se pueda llegar a un puerto seguro y donde las víctimas alcancen justicia.

Como todo proyecto, nacimos con ese optimismo de que, a lo largo de los años, lograríamos avanzar en la cultura de los derechos humanos, que poco a poco contribuiríamos a impregnar de estos valores a la sociedad, y que las autoridades asumirían un mayor compromiso para respetar y aplicar la ley. Aquel escenario lleno de idealismo nos impulsaba a mirar el futuro como una línea ascendente. Era obvio que en una década tendríamos algunos avances significativos. Con mayor razón fincábamos nuestro optimismo, de que en dos décadas habría mejores condiciones políticas y sociales, para aplicar las normas fundamentales de los derechos humanos y que las autoridades estarían más comprometidas a respetar la dignidad de las personas.

Probablemente no hubiéramos tenido el ánimo, y no hubiéramos caminado con nuestra alforja al hombro y avanzar cuesta arriba en este laberinto de la violencia y la impunidad sí premonitoriamente hubiéramos intuido que a lo largo de dos décadas y media enfrentaríamos una grave crisis de derechos humanos, quizá no hubiésemos abierto la oficina.

Eso fue lo que nos marcó como Tlachinollan, que en medio de la desolación y el desamparo, pudo más la determinación y el compromiso de surcar el terreno arisco de los derechos humanos, en las escarpadas montañas. Fue un gran desafío poder enfrentar con decisión lo que nos depararía el destino. Le apostamos a todo, principalmente mirando el futuro con optimismo, con la ilusión de que del trabajo hecho con tesón siempre nacerá una flor con aroma de esperanza y un fruto con el dulce sabor a la igualdad.

El sentimiento de gratitud es el que brota a flor de piel, por la dicha de presentar este veinticinco informe, que marca una etapa de trabajo llena de satisfacciones, que no está exenta de tristezas, dolores y lágrimas. Seguimos al lado de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues a 57 meses de los hechos trágicos de Iguala, no se han tenido resultados de su paradero. Ha sido un gran logro que el nuevo presidente de la República, tenga como tema prioritario desentrañar la verdad sobre los hechos atroces del 26 y 27 de septiembre de 2014. La creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa es una acción inusitada porque demuestra el compromiso del Ejecutivo Federal de proporcionar todo el apoyo de las instituciones para impulsar la búsqueda y las líneas de investigación que arriben a la verdad.

Se ha recuperado la confianza en las nuevas autoridades y, a pesar de la larga espera, hay un renovado ánimo con el nombramiento del Fiscal Especial, abocado a continuar con las investigaciones de este caso. Hay muchos signos positivos que iluminan este sombrío sendero para dar con la verdad. La fuerza inagotable de madres y padres, es la prueba de fuego que nos dice que han logrado vencer todos los obstáculos para mantener viva la esperanza de que sus hijos estarán de vuelta.

Hoy vemos que el clima de violencia que se ha enraizado en nuestro estado es cada vez más grave. En los últimos años, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero ha dejado de cumplir con su mandato central de realizar investigaciones profesionales, para garantizar justicia a las víctimas. Contrario a lo esperado por la sociedad, las organizaciones delincuenciales se han robustecido, al grado de que incluso controlan ciertas franjas del territorio guerrerense. En las principales ciudades se ha ido ampliando la frontera de la población que tiene que pagar su cuota a los jefes de las plazas. No hay otra alternativa que pactar con el crimen para poder sobrevivir. Ya no hay instituciones que velen por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, solo cubren las apariencias y las formalidades. Ellas mismas están desmanteladas, debilitadas e infiltradas.

En lugar de hacer valer la ley, se impone el uso de la fuerza y, el mismo Estado, ha perdido el monopolio de la violencia ante el colapso del sistema de seguridad, ahora proliferan los grupos de autodefensa para brindarse seguridad y recuperar el control de su territorio. Esta situación ha generado una disputa abierta entre grupos de civiles armados que utilizan falsamente el nombre de la policía comunitaria para camuflarse como defensores de la comunidad, encubriendo intereses del crimen organizado.

Las autoridades del estado en lugar de profesionalizar a las corporaciones policiales y depurar a sus elementos, así como diseñar una estrategia sembrada en la prevención del delito y en un modelo de seguridad ciudadana, ha dejado que los mandos militares se encarguen de aplicar los operativos para contener la avalancha delincuencial. Sin lograr resultados tangibles. Se focaliza la fuerza del Estado para criminalizar a las organizaciones sociales y perseguir a sus dirigentes.

Ese ha sido el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP). Se han integrado contra ellos varias carpetas de investigación, señalándolos como los peores delincuentes. Este 2019, logramos demostrar que el Ministerio Público realizó una investigación plagada de irregularidades con testimonios falsos y pruebas endebles que dieron como resultado la absolución del delito de homicidio calificado, que no logró acreditar la Fiscalía General. La defensa que realizamos del caso deja un gran precedente en el estado porque es uno de los casos más relevantes dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal.

La defensa de los 25 defensores comunitarios presos del CECOP, la asumimos desde el primer momento en que fueron detenidos arbitrariamente en la comunidad de La Concepción. Desde la primera audiencia nos apersonamos como sus representantes legales, durante todo el juicio utilizamos adecuadamente las técnicas de litigación y aplicamos los principios rectores del nuevo sistema. Como Tlachinollan hemos encontrado el apoyo de organismos civiles de gran prestigio internacional como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para la aplicación de peritajes que robustecieron la teoría de la defensa y que contribuyeron a alcanzar la libertad de los defensores arbitrariamente detenidos. Es de resaltar que la actuación de los jueces se caracterizó por su imparcialidad, objetividad e independencia por lo que vislumbramos avances significativos en la formulación sólida de los juzgadores que está a la altura de las nuevas reformas constitucionales en materia de derechos humanos.

Por otra parte, la violencia contra las mujeres y los casos de feminicidio, forman parte de los problemas más graves que se han extendido a lo largo y ancho de estado. A pesar de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, no hay acciones coordinadas entre las diferentes instituciones municipales y estatales para poner un dique a esta violencia feminicida. Seguimos constatando actuaciones deficientes y sumamente insensibles de Ministerios Públicos, muchas de ellas mujeres y responsables de atender los feminicidios y la violencia contra las mujeres.

Son estos personajes quienes se empeñan en revictimizar a las mujeres que se atreven a denunciar estos delitos. Forman parte de los obstáculos institucionales que impiden avanzar en la protección y defensa de los derechos de las mujeres.

No hay sentencias que apliquen castigos ejemplares a los feminicidas y se sigue estigmatizando a las mujeres indígenas por su origen étnico y condición socioeconómica, colocándolas en el filo de la sobrevivencia y de la muerte.

Hemos documentado algunos casos que muestran graves irregularidades en las investigaciones, con el fin avieso de desacreditar el testimonio de las víctimas. También navegamos contracorriente para reorientar las investigaciones y asumir una defensa que reivindique a las mujeres en su búsqueda de justicia.

En este mismo contexto, los pueblos de la Montaña han librado una lucha ejemplar en la defensa del territorio, además de recurrir a las instancias federales para hacer valer sus derechos, como ejemplarmente lo ha hecho San Miguel del Progreso (Júba Wajiín), las autoridades agrarias han logrado consolidar las Asambleas como la instancia máxima para la toma de decisiones en el cuidado y disfrute de sus bienes naturales. Han sabido utilizar a su favor los recursos que les otorga la Ley Agraria, por ello varios núcleos trabajaron y siguen trabajando en la elaboración de sus estatutos comunales, para contar con un instrumento jurídico reconocido por el Estado. Este instrumento estipula claramente dentro de sus cláusulas que su territorio es sagrado y, por lo mismo, ninguna empresa podrá profanar su patrimonio.

Se trata de un esfuerzo que tiene un gran cimiento porque se plasma la voluntad de la Asamblea y se le da la fuerza que tiene un Núcleo Agrario para contener cualquier decisión de las autoridades federales que violente su derecho a la consulta. Las mismas empresas mineras se han topado con el núcleo duro de las Asambleas, que en la Montaña han dicho !No a las mineras!

Este informe retrata las historias escritas con el testimonio vivo de familias, colectivos, organizaciones y comunidades, que se han negado a padecer las atrocidades cometidas por autoridades, quienes han llegado al extremo de pactar con el crimen organizado, con el fin de mantener sus cotos de poder. A pesar de tantos riesgos y de la multiplicidad de penurias y sufrimientos que conlleva la lucha por la justicia, se han mantenido en la línea de fuego, porque su amor es más grande que el miedo, y su valor no tiene límites.

Al volver hacia atrás nuestra mirada rememoramos historias cruentas, redescubrimos los rostros luminosos de hombres y mujeres con corazón de acero. Sentimos el cobijo y el calor de muchas familias de la Montaña que nos abrieron sus casas y nos sentaron en sus mesas para saborear las tortillas recién salidas del comal. Se multiplican los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos en todos los rincones donde se defiende la dignidad de las personas. Son muchas las estrellas en nuestro firmamento que nos bañan con su luz, que siempre nos acompañan y, en todo momento, nos tienden la mano.

Es la escuela del cariño con la que nos ha educado la gente sencilla, con su sonrisa permanente, con sus brazos siempre dispuestos a trabajar y a luchar, con su valor para caminar en las noches donde reina la maldad y las malas acciones de los gobiernos.

En esta retrospectiva vemos en el horizonte un arcoíris que nos anuncia buenas señales. Es una dicha poder ser un instrumento, que sirve para remar en estas aguas turbulentas y mantenernos a flote para multiplicar los brazos, para acortar la distancia que nos permita acariciar el rostro de la justicia. Al contemplar esta línea del tiempo y pese a las batallas que hemos tenido que librar y las tormentas por la justicia, con un gran suspiro decimos: ¡Montaña, llena eres de esperanza!

Publicado originalmente en Tlachinollan

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