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En la Chiquitanía arde una superficie casi tres veces más grande que Luxemburgo
Evo y la Pachamama
J. Osvaldo Calle Quiñonez
Bolpress
23 agosto, 2019
Ante los ojos del mundo el presidente Evo Morales se presenta como un defensor de la Pachamama (la madre tierra) y en los foros internacionales llegó a presentar un catálogo de acciones para defenderla. Pero quien espere de Morales un comportamiento acorde a lo que dice puede quedar decepcionado. En materia ambiental, él dice una cosa, pero hace otra.
“Mis abuelos, mis padres y mi comunidad me enseñaron que la tierra es nuestra madre, es nuestro hogar que se debe respetar y se debe proteger”, dijo Morales ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas en abril de 2016.
Pero a la luz de las acciones del Gobierno de Morales ese respeto parece ser una declaración, más que acción, y así lo observan varias organizaciones ambientalistas.
Los expertos coinciden que la deforestación y las quemas se han convertido en un problema que linda con tragedia. Según un informe financiado por la Fundación Konrad Adenauer “Bolivia se encuentra entre los 12 países de mayor deforestación, el país perdió 29.867 km2 de bosques entre los años 2000 y 2012. Bolivia cuenta con más del 46 por ciento de su territorio cubierto de bosque lo que exige que se apliquen diferentes niveles de manejo y protección”.
Lejos de frenar esa situación, el gobierno de Morales estimula la deforestación levantando las protecciones existentes en la legislación. Así, en septiembre de 2015 promulgó la ley 741 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades “para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias con sistemas productivos integrales y sustentables en armonía con la Madre Tierra, protegiendo las funciones ambientales”.
Según esa disposición legal, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) puede autorizar el desmonte de bosques “sin la presentación de Planes de Ordenamiento Predial – POP, o de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas, y asentamientos humanos con Resolución de Autorización, de forma expedita y simplificada”.
Aun así, todavía había límites al desmonte y al chaqueo, porque el decreto 26075 de 2001 prohibía en su artículo 4 “el desmonte y la quema en las Tierras de Producción Forestal Permanente, bajo sanción de acuerdo a lo previsto en el artículo 42, parágrafos IV y V de la Ley Forestal”. Además, establecía que el desmonte en tierras privadas del departamento de Santa Cruz estaba “sujeto a la aprobación del Plan de Ordenamiento Predial por parte de la Superintendencia Agraria”. En esas disposiciones legales se establece que la tala o quema en áreas protegidas era un delito penal.
Pero el “defensor de la Pachamama”, aprobó el 9 de julio de 2019 el decreto 3973 según el cual “en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS (Plan departamental de uso de suelos) que así lo permitan”.
El gobierno justificó ese decreto de nquemas hy desmontes con el crecimiento poblacional, el aumento de la demanda interna y externa de alimentos; así como los indicadores de consumo de la población, que considera hacen necesario ampliar las superficies de cultivo y producción agrícola y ganadera.
Ese decreto fue considerado como la luz verde para los chaqueos, es decir la quema de bosques, como el método más barato para la deforestación. El gobierno que se califica defensor de la tierra, no tomó en cuenta el historial de incendios forestales provocados.
En ese contexto se inició el incendio de la Chiquitania, según reportes iniciales, provocado por los chaqueos. En ese contexto se inició el incendio de 740 mil hectáreas de bosque, es decir 7420 km2, una superficie casi tres veces mayor a los 2590 km2 de Luxemburgo, y definitivamente más grande que los 5155 de Trinidad y Tobago.
Incluso conocida la tragedia, Morales intentó justificar la quema. “… las pequeñas familias, pequeños productores si no chaquean, ¿de qué van a vivir? Es para maíz, media hectárea, es la situación del pequeño productor”.
Pero cuando el desastre alcanzó los ribetes de tragedia, el gobierno anunció la formación de un “Gabinete de emergencia ambiental”, para atender el desastre.
“Tenemos una emergencia en la Chiquitanía, se ha reducido bastante el incendio, pero con los ventarrones sigue apareciendo nuevos incendios”, dijo Morales y anunció la contratación de un avión apagaincendios. Utilizando el argot popular, muerto el burro, el gobierno quería cerrar el corral.
En el momento se combate el fuego con los que se puede, pero todo parece insuficiente para la magnitud del incendio. Por eso los pobladores alzan las manos al cielo cuando del cielo cae la lluvia en algunas regiones.
En la práctica, las políticas de Evo Morales en relación al medio ambiente no se difieren a las del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Los resultados son los mismos. Por eso la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) los declaró personas no gratas, tanto a Morales como a Bolsonaro, a quienes responsabilizó por el genocidio ambiental en la Amazonía.
La postura de Morales anti-medioambiental no es nueva. Su intento de construir una carretera atravesando el Territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure —para beneficiar a los cocaleros— fue la que marcó el fin del apoyo de sectores de la clase media a su gobierno.
Ahora varias instituciones piden derogar la ley 731 y el decreto 3973 que “incentivan al chaqueo en un contexto de anarquía y tráfico de tierras para justificar su posesión y en otros casos para la ampliación de monocultivos industriales, sin evidencia de sostenibilidad, y que, además, han debilitado, de manera irresponsable, la racionalidad de los planes departamentales de uso de suelos”.
Evo Morales está ante el desafío de corregir sus errores, es decir anular la ley 731, el decreto 3973 y aplicar la legislación que penaliza los delitos ambientales. De lo contrario, ¿qué lo diferenciará de Bolsonaro, si el resultado de sus políticas es el mismo? No se debe olvidar que, según la Constitución, los delitos ambientales son imprescriptibles.
J. Osvaldo Calle Quiñonez
Periodista especializado en economía. Trabajó en el Semanario Aquí, los periódicos, La Razón, Ultima Hora, Hoy, La Prensa y el semanario Pulso. En 2000 incursionó en el periodismo electrónico organizando el sitio report-e.com y en la actualidad dirige el periódico por Internet www.bolpress.com.
Ha escrito libros sobre los procesos de reforma económica y es colaborador de publicaciones en México, España y Bélgica. En la actualidad reside en Alemania.