La lucha de la Alianza Única del Valle AUV del estado de México por evitar despojo a moradores de Las Pedreras

El gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, es denunciado por la Alianza Única del Valle (AUV) como cómplice de la inmobiliaria Expectras, en el intento de apoderarse del predio La Pedrera, con el consiguiente despojo a quienes lo habitan.



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Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada

El gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, es denunciado por la Alianza Única del Valle (AUV) como cómplice de la inmobiliaria Expectras, en el intento de apoderarse del predio La Pedrera, con el consiguiente despojo a quienes lo habitan.

La Pedrera, ubicada en la colonia El Pedregal, municipio de Atizapán, se encuentra desde 2016 en litigio civil entre la AUV y Nacional Financiera; pero, advierte la organización, funcionarios públicos cercanos al mandatario estatal realizaron un desalojo el 30 de noviembre de 2018, dejando sin hogar a 30 familias.

Expectras, advierte la AUV, no es cualquier inmobiliaria, pues “mantiene una relación directa con el ex presidente Enrique Peña Nieto y forma parte del grupo Homex, empresa sinaloense que desarrolla áreas comerciales y construye y comercializa viviendas en 34 ciudades de 21 estados de la República”.

En 2018, AUV interpuso diversas denuncias contra la empresa por actos de tala y destrucción de la zona boscosa para la expansión de desarrollos habitacionales de gran impacto. Pero nada evitó el desa-lojo realizado por representantes de la Fiscalía del estado de México, quienes, advierte Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero que acompaña a los defensores del medio ambiente, “violaron de manera grave y flagrante el marco legal”.

Lara Duque explica que “autoridades de la Fiscalía mexiquense han rehusado agotar las instancias jurídicas civiles, antes de las penales, motivo por el cual los legítimos habitantes del predio fueron despojados de sus viviendas y desplazados al exterior del polígono desde noviembre de 2018″.

El 4 de septiembre se realizará la primera audiencia para que el juez someta a revisión los actos de la Fiscalía. Los moradores de Las Pedreras mostrarán que habitan este predio desde 2006 y que el desalojo fue ilegal.

La Fiscalía mexiquense tendrá que explicar por qué entregó a vigilantes privados la “posesión” de un terreno en litigio. La justicia, si la hay, deberá empezar a favorecer a los desplazados.

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