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Fronteras Abiertas
La migración y la construcción de la paz
Laura Carlsen
1 octubre 2019 0
El giro en las políticas migratorias del gobierno de AMLO a raíz del chantaje de Donald Trump no ha suscitado el nivel de debate —e indignación— que merece. Expertas en el tema y las redes de casas, albergues y servicios en la ruta migratoria han señalado que la política militarizada de la 4T ha profundizado la crisis humanitaria de la migración desde América Central y de otras regiones, a la vez que constituye una violación de los derechos de la población mexicana sometida a revisiones en el transporte y los espacios públicos en territorio nacional, y a merced de mayores agresiones en EEUU.
El 27 de septiembre organizaciones de la sociedad civil denunciaron las violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señalaron que el despliegue de la Guardia Nacional, fuerzas armadas y policías en la contención, detención y deportación de migrantes ha dejado a miles en una situación de extrema vulnerabilidad. Reportaron que en las ciudades de la frontera hay 40,000 personas esperando cruzar y pedir asilo e EEUU (ahora prohibido para la mayoría debido a otra regla de Trump) y otras 42,000 retornadas en espera de audiencias.
Más allá de las cifras y el ataque a la vida que causan las medidas, lo más grave es la aplicación por parte del gobierno del marco de seguridad nacional para migraciones. Al adoptar medidas de castigo y disuasión, y criminalizar a las personas migrantes, el estado está condenando a todo México a nuevos ciclos de violencia.
Los flujos migratorios históricos de Centroamérica, que ahora tienen sus raíces en condiciones que no garantizan un mínimo nivel de derechos y seguridad, no son una amenaza para México. Son resultado de los problemas estructurales de la desigualdad y las violencias que engendra. Las violencias que obligan a la gente huir son: la violencia de grupos armados, pandillas, cárteles y paramilitares, la violencia del estado, la violencia del despojo, la violencia del hambre y la explotación, la violencia patriarcal y la violencia contra la naturaleza y sus derechos, incluyendo el calentamiento global y sus secuelas.
No son violencias sin sentido o la producción de una sociedad en que “los malos” andan sueltos. Son violencias que son funcionales a intereses económicos, y poderes fácticos e institucionalizados. El marco de seguridad nacional funciona para conservar, no mitigar, las violencias del sistema capitalista que generan la migración. Es el esfuerzo del estado para proteger estos intereses. Se contrapone a la seguridad humana, que resguarda la integridad física y los derechos de la población.
En Estados Unidos, considerar la migración como tema de seguridad nacional es una estrategia construida antes de Trump por los dos partidos para mantener poderes y privilegios, que se ha acelerado y radicalizado en este cuatrienio. Ahora Trump busca limitar dramáticamente la entrada de migrantes y solicitantes de asilo de países del sur global. El objetivo es reducir la población no blanca y parar la tendencia hacia la diversidad de nacionalidades, razas y orígenes en el país. Con el símbolo del muro impone un falso concepto de seguridad nacional para lograrlo.
La criminalización de la migración refuerza el control de una pequeña parte de población que es masculina, adinerada y blanca por encima de los demás. La militarización y encarcelamiento que la acompaña es el mensaje claro que cualquier resistencia o rebeldía sería brutalmente reprimida.
El gobierno mexicano no declara el mismo objetivo, pero replica las mismas políticas. Su política migratoria actual es el reflejo de la profunda dependencia que el país tiene frente a EEUU. Veamos algunas de las medidas: el despliegue de 27,000 tropas que, además de lanzar una misión violatoria e inútil con el acoso a migrantes, sustrae recursos que hacen falta para los propósitos prioritarios de la 4T; la cooperación en el programa “Quédate en México”; la deportación masiva y rechazo a solicitantes de asilo; la separación de familias y el uso de la violencia contra migrantes; y la criminalización de defensores de los derechos de las personas migrantes. Este gobierno no argumenta, como su vecino al norte, que “no hay cupo” en el país para los que llegan. Aboga a la necesidad de “controlar las fronteras” sin decir por qué o de qué, e implica que toda la migración es resultado del tráfico humano, re-victimizando a las familias migrantes y criminalizando a los defensores.
En este contexto, la nueva comisión intersectorial sobre migración bajo el mando de la Secretaria de Relaciones Exteriores formaliza la perdida de soberanía en el tema con la transferencia formal de responsabilidad de gobernación a la cancillería. El subsecretario de América Latina será el encargado de la operatividad de la comisión y ni se menciona Norteamérica, como si EEUU no tuviera ningún papel. También se oculta en la burocracia el rol de las Fuerzas Armadas, aunque está representada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Turismo tiene representación y Educación —fundamental para la niñez migrante y la gente deportada o retornada— está ausente.
México iba a ser la vanguardia en el mundo en la construcción de un nuevo paradigma para la migración —el gran reto del siglo XXI. Ahora está en medio del colapso de la democracia en Centroamérica, con narco-dictadura en Honduras y estado de sitio en Guatemala, y el auge fascista en EEUU. En lugar de enfrentar las crisis en los países vecinos marcando otro camino, el de la compasión y la firmeza, está aportando al desastre.