Solo nuevos mecanismos de participación directa de los pueblos, comunidades y sectores sociales y laborales permitiran gestar una nueva forma de democracia, más auténtica y legítima, que le devuelva a esta palabra su sentido y acepción original.

La imagen de una barricada que señala: “No somos de izquierda ni de derecha, somos los de abajo que vamos por los de arriba” es un buen reflejo del sentimiento que embarga a muchos sectores populares en diversas partes de la región. 

La consigna no es nueva. Hace muchos años que la reivindican sectores del movimiento indígena que han alcanzado claridad programática propia y entienden que ni la derecha ni la izquierda son garantes de respetar derechos (1).

En momentos en que hay consenso que se vive una crisis del neoliberalismo o las manifestaciones de hartazgo sobre el mismo se vuelcan a las calles conviene preguntarse: ¿qué alternativas tenemos frente al modelo económico que nos ha venido expoliando sin misericordia en las últimas décadas?

Modelo económico y sistema político

Un primer tema esencial es comprender la relación entre el modelo económico denominado “neoliberal” y el sistema político “democrático” que nos gobierna. La experiencia nos indica que no es posible separar uno del otro. Ambos se han venido dando la mano para mantenerse.

El trasfondo de ambos es el poder fáctico de los grupos de poder económico (GPE) y que a través de la “puerta giratoria” hace un uso sistémico y funcional del Estado para su provecho corporativo (2).

La Constitución Política define y establece una estructura de Estado que materializa y engarza ambos sistemas: económico y político, aunque los GPE se dan maña para operar a su conveniencia y hacer “legal” sus actividades ilegales e inconstitucionales.

Quienes ven oportunidades de un cambio politico únicamente participando en los procesos electorales de un régimen político diseñado para proteger el sistema neoliberal, participan de un cambio de apariencia, superficial, en el maquillaje de un engranaje de poder que nos oprime.

Y es que lo que está en crisis es el mismo sistema de Estado, es la institucionalidad pública diseñada para encubrir no solo la corrupción escandalosa sino –lo que es más grave– la explotación y el saqueo de los bienes comunes de la patria y la humanidad. (2)

Cabe remarcar que diversos estudios concluyen en la tesis de la captura o el secuestro corporativo del Estado a favor de mafias empresariales transnacionales y que el costo de esta captura hace inviable la posibilidad de un desarrollo sostenible. (3)

Poder comunitario y nuevo tipo de Estado

El Estado capitalista neoliberal está en crisis hace tiempo y nos conduce, con una velocidad irrefrenada, a una catástrofe climática y civilizatoria. El aparato de Estado, secuestrado por el poder fáctico de los grupos de poder económico, se dan maña para sortear las crisis periódicas con el sistema electoral de su seudodemocracia.

Los medios masivos de desinformación juegan un rol muy importante en crear y recrear los escenarios más convenientes para morigerar las crisis y reencausar el descontento social por las vias de siempre.

El problema de fondo es la falta de propuestas políticas que vayan más allá del escenario estrictamente electoral y que no se planteen cambios estructurales profundos orientados a establecer una relación más armoniosa entre institucionalidad política y voluntad popular.

La necesidad de perfilar el debate en torno a una nueva Constitución Política del Estado es la necesidad de poner en discusión y revisar el carácter del Estado colonial-patriarcal y debatir la necesidad de un nuevo tipo de Estado donde el poder se diluya en las comunidades de base.

A diferencia del Estado burocrático, centralista, autoritario, militarista, excluyente y represivo que ignora y soslaya las necesidades populares requerimos pensar en un Estado de carácter comunitario, horizontal, cuyos cimientos reposen en las comunidades campesinas, nativas, ronderas, ribereñas, pescadoras y urbanas del país.

El viejo y caduco Estado peruano colonial-republicano se ha construido “desde arriba”, en las alturas, cada vez más alejado y divorciado de la realidad de las mayorías. Es menester, construir, edificar un nuevo tipo de Estado cuyo poder se asiente y descanse en el poder comunitario de las bases sociales organizadas.

La necesidad de recuperar y fortalecer las relaciones comunitarias como base de toda relación estadual se sostiene en la urgente e inaplacable necesidad de enfrentar enormes desafíos como, por ejemplo, la crisis climática.

Este desafío real y creciente rebasa ya de por sí las capacidades del viejo Estado peruano, obsoleto, incapaz hasta de ejecutar su propio presupuesto público y de socorrer a las poblaciones dannificadas por desastres que sus políticas extractivistas agravan.

La necesidad de recuperar y fortalecer la comunidad como unidad de gestión territorial, como célula de un nuevo tipo de Estado, es una necesidad histórica para superar el neoliberalismo y desplegar nuestras mejores capacidades y energías hacia el futuro.

En lugar de un parlamento carcomido e infestado por la podredumbre moral y política debemos pensar en crear nuevas instancias de participación y representación social, mucho más auténticas y legítimas.

Ya se trate de una Asamblea Nacional, Asamblea Popular o Parlamento Popular –el nombre es secundario (5)–, lo importante es que en este espacio legítimo del pueblo deben participar todos los pueblos originarios y todos los sectores sociales y laborales.

Es en un espacio democrático como ese, sin representantes a sueldo ni con privilegios, en el que se deben consensuar las grandes decisiones nacionales, los grandes acuerdos estratégicos para el bienestar del país.

Los partidos políticos no deben ser instituciones que mediaticen la voluntad popular mediante un controvertido sistema electoral, sino instituciones que alienten corrientes de opinión y construyan propuestas de cara al pueblo y el país.

Solo nuevos mecanismos de participación directa de los pueblos, comunidades y sectores sociales y laborales permitiran gestar una nueva forma de democracia, más auténtica y legítima, que le devuelva a esta palabra su sentido y acepción original.

Notas:

(1) El libro “Crisis civilizatoria. Experiencias de los gobiernos progresistas y debates en la izquierda latinoamericana”,de Edgardo Lander, de reciente aparición (CALAS, setiembre de 2019) es un valioso análisis sobre el fracaso de los gobiernos progresistas de izquierda en Bolivia, Ecuador y Venezuela y cuya expresión oficial se encuentra en el Foro de Sao Paulo. “Esta ausencia de reflexión crítica/autocrítica es, en sí misma, la expresión más clara de la crisis de esta izquierda y de su creciente incapacidad para reconocer otras alternativas, otros horizontes de futuro que desde múltiples experiencias locales y regionales están construyendo otras formas de hacer política, están prefigurando otros futuros en el presente” indica Lander en la introducción del libro.

(2) Un valioso estudio actual sobre los Grupos de Poder Económico en el Perú se encuentra en el libro “Los doce apóstoles de la economia peruana” de Francisco Durand, Fondo Editorial PUCP, agosto de 2017.

(3) Juan Pari Choquecota, en su libro: “Estado corrupto. Los megaproyectos del caso Lava jato en Perú”, Editorial Planeta, julio de 2017,  concluye: “Este caso de compleja mega corrupción no se trata de una corrupción focalizada, causal, individual o marginal.se trata de una corrupción sistematizada, que ha capturado sucesivos gobiernos, que ha sido proyectada a largo plazo y que ha construido estructuras económicas, políticas y sociales para operar. Asimismo, ha penetrado, distorsionado y paralizado los mecanismos de control administrativo en el ejecutivo y, en algunos casos, de fiscalización y control político en el Congreso” (p. 171).

(4) Francisco Durand cita una investigación del economista Alberto Graña sobre “el lado oscuro de la economia corporativa informal” en la que brinda cifras de los costos para el Perú de una serie de prácticas cuestionables que alcanzan a 2016, 32 mil millones de dólares por año (16 por ciento del PBI). Esto lo lleva a concluir que el país no se está desarrollando “sino que está involucionando”. Ver: “ODEBRECHT. La empresa que capturaba gobiernos”, Oxfam - Fondo Editorial PUCP, octubre de 2018, p. 288.

(5) El movimiento indígena ecuatoriano articulado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha dado un ejemplo de iniciativa y creatividad al establecer el 25 de octubre de 2019 el Parlamento Popular de Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador el cual entregará una propuesta politica para el beneficio del país. La entrega se efectuará a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “ente que garantiza las condiciones del proceso de diálogo con el Gobierno Nacional”. Para tal fin, el citado parlamento desarrolla cuatro mesas técnicas de trabajo sobre los siguientes temas: a) política económica, b) política agraria productiva, c) política de derechos sociales y d) política ambiental. extractivismo y territorio. (Ver más en: http://bit.ly/2PoWReC).