Desde los años 80 del siglo XX, con las crisis de las deudas externas latinoamericanas hasta la actualidad, los llamados “paquetazos” son sinónimos de un conjunto de medidas económicas solicitadas a los Estados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar el pago de los préstamos entregados y el endeudamiento estatal en divisas, que se resumen en el deterioro del salario real de la clase trabajadora por la imposición de reformas que eliminan beneficios laborales e incrementan los precios de los bienes y servicios básicos.

En las crisis económicas se depauperan las condiciones de vida del pueblo trabajador con la reducción de su consumo de bienes y servicios básicos, para reducir los costos salariales del Estado y de las empresas privadas y privilegiar el pago de las deudas externas, originadas en el financiamiento de la fuga de capital, la condonación de impuestos adeudados por los capitalistas y la estatización de deudas externas privadas.

Erróneamente se cree que un ajuste o un paquetazo debe involucrar indefectiblemente al FMI y a sus préstamos condicionados, pero en el caso reciente de Venezuela no es así.Desde el 2013 y hasta el 2018, el gobierno de Nicolás Maduro ha venido aplicando un ajuste inflacionario, ejecutado a partir de la contracción unilateral y gradual del monto de las divisas asignadas a las importaciones de insumos productivos y bienes de consumo final, para dirigir esos recursos al pago de más de 80 mil millones de dólares en deuda externa del Estado.

Según, el BCV, en el 2013 las importaciones fueron 57.183 millones de dólares, al contrario en el 2018, las importaciones solo fueron 14.866 millones de dólares.

Esa acentuada y sostenida reducción de la oferta de mercancías, acompañada de una emisión de dinero por encima de las necesidades de la circulación mercantil, provocó un aumento tendencial y exponencial de la inflación, que fue siempre muy superior al incremento nominal de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores. Desde entonces el pueblo trabajador ha sufrido una enorme disminución de la capacidad de compra de sus ingresos salariales por el privilegio gubernamental del pago de la deuda externa.

Desde agosto de 2018, el gobierno de Nicolás Maduro aplica un paquete antiobrero y antipopular denominado en el discurso oficial como el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica; que implica un conjunto de medidas que siguen depauperando el salario del pueblo trabajador venezolano para imponerle el costo del saqueo de la economía por parte del empresariado nacional y las transnacionales.

El paquete antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro reduce los costos salariales y tributarios del Estado y los capitalistas privados, a partir del establecimiento de nuevas tablas salariales para la administración pública que recortan las escalas; el memorándum 2792 que elimina beneficios laborales; la megadevaluación cotidiana del tipo de cambio oficial; el recorte de los aumentos salariales, la bonificación del salario, el despido masivo de trabajadoras y trabajadores con el uso de la figura ilegal de las suspensiones, la disminución de la inversión social en términos reales, la privatización de empresas estatales como Abastos Bicentenario, la exoneración del impuesto sobre la renta a las transnacionales petroleras y de los aranceles a los importadores, y una eliminación de facto del control de precios que estimuló las importaciones privadas de bienes de consumo final.

Las referidas medidas antiobreras y antipopulares son responsabilidad de la totalidad del gobierno de Nicolás Maduro y por eso no pueden ser entendidas como un error administrativo o una acción aislada de un funcionario subalterno, al expresar el carácter de clase del bloque gubernamental chavista, y se resumen en una reforma laboral reaccionaria que recorta el salario integral y se propone eliminar o menoscabar la incidencia salarial de un conjunto de beneficios laborales conquistados por décadas de lucha de la clase trabajadora­ como las utilidades, las vacaciones, las prestaciones sociales, las jubilaciones, los seguros médicos, los comedores, entre otros.

El Estado, y los empresarios privados en mayor medida, pagan un salario de solo 150 mil bolívares y para aminorar las renuncias masivas completan el ingreso salarial con bonos que no tienen incidencia en los beneficios laborales de los trabajadores y las trabajadoras del país.

El paquete de Nicolás Maduro tiene consecuencias negativas para las condiciones de vida de la clase trabajadora y eso se observa en parte en el deterioro del salario real. En agosto de 2018, el salario mínimo era de Bs.1.800 y el dólar oficial estaba en Bs. 60, solo 30 dólares mensuales; ahora, el salario mínimo es 150 mil bolívares y el dólar oficial está en 18.374, solo 8,16 dólares mensuales.

Por ello, la clase trabajadora debe movilizarse para derrotar el paquetazo de Nicolás Maduro, con independencia política del gobierno y de los partidos de la oposición patronal que quieren gobernar para aplicar las mismas medidas actuales pero con la dirección del FMI y han defendido las sanciones petroleras de Donald Trump.

Esa movilización obrera y popular para defender el valor de la fuerza de trabajo, la única mercancía del pueblo trabajador, requiere asumir demandas esenciales como un salario igual a la canasta básica indexado mensualmente; el cumplimiento de los contratos colectivos con la derogación del memorando 2792 y de las tablas salariales impuestas; el restablecimiento del acceso a la salud y alimentación en los centros de trabajo; el reenganche de las trabajadoras y los trabajadores despedidos y el fin de la persecución de quienes luchan; con la finalidad de obtener en la calle la fuerza para conquistar mejores condiciones de vida y libertades democráticas que permitan promover un plan económico obrero y popular, siempre teniendo como perspectiva el gobierno de los trabajadores y las trabajadoras.