Si Ecuador, tal y como afirma su Constitución, es un Estado plurinacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es mucho más ecuatoriana que el Gobierno de Lenin Moreno. De la humilde sede de la Conaie en las afueras de Quito salían y entraban el pasado jueves representantes de decenas de pueblos y etnias.

Un joven delegado de los trece pueblos quechuahablantes de la sierra andina, sombrero de fieltro gris y una larga trenza, hablaba por el móvil en su idioma mientras tecleaba en un portátil. Dos mujeres quechua que llevaban grandes chales color azul discutían en español. Otro delegado, con un peinado que daría envidia a Neymar –rosa eléctrico por encima, rapado al cero por debajo– representaba una de las diez etnias de la Amazonia ecuatoriana. Otro, que llevaba un tocado de plumas rojas y azules, estrechó la mano a los andinos y a la delegada afroecuatoriana, procedente de la costa del noroeste.

Los economistas indígenas enfatizan la grave desigualdad y piden gravar a las rentas altas y recortar el IVA

Todos hablaban del plan alternativo al ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) que sería presentado aquella misma tarde al Gobierno, integrado por once hombres y tres mujeres, todos blancos. El plan de la Conaie y decenas de otros grupos que integran el llamado Parlamento del pueblo contrasta fuertemente con el del FMI, un duro ajuste económico acordado con Lenin Moreno a cambio de créditos de 4.200 millones de dólares.

Los economistas indígenas enfatizan el grave problema de la desigualdad en un país en el cual el 26 % de los niños –la mayoría indígenas– sufren desnutrición. Su plan incluye subidas de impuestos sobre la renta y el patrimonio de los 270 grupos económicos más ricos. En lugar de subir el IVA, propone recortarlo para dar un estimulo al consumo.

Asimismo, el plan indígena restablecería los subsidios de combustible eliminados en el decreto de Moreno, una medida que supuso una subida de precios de la gasolina y el diésel en torno al 100% y fue el principal desencadenante de las protestas que paralizaron Quito durante diez días del mes pasado. “Los subsidios a los combustibles deben mantenerse hasta que se definan criterios de justicia y equidad”, se explica en el plan.

Los indígenas han entendido el grado de descontento que se siente en las clases populares

 Ya lo fue antes de la llegada de Rafael Correa al Gobierno en el 2007, cuando se creó una Asamblea Constituyente que redactó una nueva Constitución plurinacional e intercultural. “Empezaron los levantamientos en los noventa con la conmemoración de 500 años de extinción indígena y no aguantábamos más”, dijo Carlos Francisco Suezhanaysacta, el presidente de Ecuarrunari, uno de los colectivos indígenas que integran la Conaie . “Yo y otros líderes nos formamos en aquellos tiempos”.

Se produjeron enfrentamientos durante los gobiernos de Correa, cuando el presidente de izquierdas optó por un programa de desarrollismo económico y redistribución basado en las rentas petroleras, que el movimiento indígena rechazaba. Pero no se había visto nada comparable con las últimas batallas campales entre policías antidisturbios y manifestantes. El saldo de muertos llegó a ocho la semana pasada.

Pese a las teorías de conspiración, repetidas en los medios conservadores en Quito, de que las protestas fueron instigadas por seguidores de Correa, son los indígenas los que han entendido el grado de descontento que se siente en las clases populares tras la crisis provocada por la caída del precio del petróleo y el paquetazo del FMI. “La Conaie fue la primera en llamar a las manifestaciones, y otros colectivos fueron integrándose”, dijo Pablo Dávolas, uno de los asesores económicos de la Conaie en una entrevista. “El eje político del movimiento indígena es el Estado plurinacional y el eje económico es el sumak kawsay (el buen vivir )”, añade Dávolas, en referencia al modelo económico ambientalista defendido por los indígenas. Esto incluye la suspensión de todas las concesiones petroleras y mineras, una propuesta difícilmente reconciliable con el saneamiento de la economía.

Jaime Vargas, líder de los indígenas de Amazonia, ha emergido como principal portavoz de un movimiento políticamente diverso cuyos líderes incluyen moderados como Salvador Quispe y Lourdes Tiban. “Las bases arrastraron a la dirección –dijo Pablo Iturralde, economista del Centro de Derechos Económicos y Sociales–. Vargas tenía una pata en el centro y otro en la izquierda pero ahora es más militante”. Vargas ya empieza a rivalizar con Correa como el enemigo de clase más insultado por la elite. De la avalancha de racismo contra los indígenas que circula desde el inicio de las protestas, el ejemplo más comentado en redes sociales ha sido un video de un grupo de mujeres blancas de clase media alta tirando dardos a un retrato de Vargas.

Moreno ha iniciado negociaciones con 60 sectores sociales en busca de una concertación para recuperar el plan del FMI. “No habrá un segundo decreto presidencial para implementar el ajuste hasta que haya consenso”, dijo José Augusto, el representante del Gobierno que recibió el plan alternativo de la Conaie en la Conferencia Episcopal, que se ofreció como mediadora.

Pocos en Quito creen que el gobierno de Moreno vaya a caer antes de las elecciones programadas para el 2022. Pero la implementación de un nuevo plan será muy difícil. Al igual que en sus intervenciones en la zona euro, el FMI sostiene que, dada la dolarización de la economía y la drástica pérdida de competitividad que sufre tras la apreciación del billete verde, hace falta una “devaluación interna” mediante recortes de salarios. De ahí el plan de Moreno de desregularizar el mercado de trabajo, ahorrar 455 millones de dólares en salarios en el sector público y despedir a 140.000 funcionarios.

Esto puede sumar los sindicatos a la protesta. La privatización de la Corporación Nacional de Telefónica y el Banco del Pacífico provocará más tensión. Y una subida del IVA, que el FMI ha propuesto como alternativa al desmantelamiento de los subsidios, afectará a las clases medias que se opusieron a la movilización de octubre. “Yo no descarto que vaya a haber más explosiones sociales”, dijo el exministro de Economía Alberto Acosta.