Imprimir
Enviar
La crisis múltiple del Estado-nación está generalizada
Raúl Prada Alcoreza
La crisis múltiple del Estado-nación está generalizada; se manifiesta, desenvuelve y despliega de manera singular en cada caso. La crisis también adquiere singularidad en la forma política de la crisis; en Ecuador estalla la crisis contra la suspensión de la “subvención de la gasolina”, que, a su vez, cataliza la subida inmediata de otros servicios, como el transporte. En Chile estalla por la subida del transporte que, también desencadena la subida de otros servicios y el costo de la vida. En Bolivia la crisis es constitucional y por el fraude electoral. En los tres casos se trata de levantamientos populares contra los gobiernos, así como también contra la casta política, de la misma manera contra la institucionalidad corroída, mucho más en el caso de Bolivia que en el caso de Ecuador y menos en el caso de Chile. Sin embargo, la malla institucional esta corroída, primero, por crisis de legitimidad. En Chile debido a que el Estado-nación reciente estar conformado en una Constitución pinochetista, escrita durante y por la dictadura militar, aunque después es reformada, durante el gobierno de Ricardo Lagos, no deja de ser un Constitución des-constituyente, pues no es hecha por el poder constituyente que es el pueblo. En Ecuador debido a que la revolución ciudadana entró a su periodo regresivo y decadente ya en el gobierno de Rafael Correa, continúa esta decadencia, con tonalidades fuertes restauradoras y neoliberales, durante el gobierno de Lenin Moreno. En Bolivia, la corrosión institucional forma parte de los efectos de la forma de gubernamentalidad clientelar en la malla institucional del Estado. La institucionalidad es carcomida por dentro, donde las leyes, las normas y las reglas no cuentan, salvo como saludo a la bandera, donde el lado oscuro del poder rige el manejo institucional. En los tres casos, aunque en cada caso adquiriendo su propia singularidad y concreción, se experimenta la arrasadora crisis de legitimidad de las instituciones, por lo tanto, del Estado, también del gobierno.
La genealogía de la inconstitucionalidad en Bolivia comienza paradójicamente después de la promulgación de la Constitución (2009). No se aplica la Constitución, el “desarrollo legislativo”, si todavía se puede hablar así, pues se trata de la continuidad de la legislación al modo de la anterior Constitución. No se aplica el ejercicio de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa, que corresponde al sistema de gobierno establecido por la Constitución. La carta magna establece la construcción colectiva de la política y de la ley; nada de esto ha ocurrido, las leyes de las gestiones del gobierno de Evo Morales han sido elaboradas por la burocracia del Estado, de los ministerios; es más, efectivamente escrita por el entorno palaciego, además hechas a la usanza y bajo la concepción de la anterior Constitución, sobre todo bajo la concepción del Estado-nación, concepción altamente alejada de la idea del Estado-Plurinacional-Comunitario-Autonómico, tal como establece la Constitución promulgada. En consecuencia, lo que viene es la restauración del Estado-nación colonial, a pesar de lo que se ha propuesto la movilización prolongada (2000-2005) , sobre todo, la Constitución promulgada.
Lo grave ocurre cuando se colocan malos cimientos o definitivamente no se los pone para edificar las instituciones. Con la nacionalización de los hidrocarburos, mediante el Decreto Ley “Héroes del Chaco”, se establecen las bases jurídicas para recuperar la soberanía sobre el recurso natural y para re-fundar YPFB; sin embargo, incluso después de promulgada la Constitución, se entregan nuevamente los hidrocarburos a las empresas transnacionales extractivistas, con el mecanismo de los Contratos de Operaciones. No se re-funda YPFB, mas bien se la circunscribe al reducido papel que el mismo neoliberalismo le había condenado, la de ser una entidad meramente administrativa, a no ser que se crea que por asociación YPFB con empresas transnacionales sea una incursión productiva propia en la explotación de la materia prima en cuestión. Algo parecido pasa casi con el resto de las empresas públicas; se fundan, empero bajo condiciones aparentes, además de sufrir, de entrada, el deshonesto pago de sobreprecios y el crápula pago de la corrupción.
Sin embargo, lo más grave se encuentra en el bluf del “Estado Plurinacional”. Nunca se dio este paso, solo se cambio de nombre al antiguo Estado-nación en crisis, como esperando, por arte de magia, que con el mero rebautizo el Estado se transforme. En otras palabras, no se efectuaron las transformaciones estructurales e institucionales para construir el Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. Es más, cuando se elaboró un proyecto de ley pertinente y apropiada para efectuar estas transformaciones, la Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural, que duró en conformarse diez meses y construida con amplia participación, ley que era como el instrumento para construir las bases materiales institucionales del Estado Plurinacional Comunitario e Intercultural, el gabinete, que recibió la información de los avances y la entrega del documento final, nunca tomó en cuenta ni discutió este indispensable instrumento para la transformación estatal. ¿Por qué? Respuesta: No querían cambios, solo espectáculo.
Lo mismo pasó con el plan Plurinacional del Vivir Bien, que también tuvo su desarrollo legislativo y la conclusión del proyecto de Ley y Plan; sin embargo, también en este caso, a pesar de haberse presentado en gabinete y, sorprendentemente, aprobado, se terminó excluyéndolo, una vez que los que aprobaron el Plan se dieron cuenta de su alcance. Una suerte parecida aconteció con el proyecto de Ley de la Madre Tierra, elaborado por el Pacto de Unidad (las trillizas campesinas y las dos organizaciones indígenas, CONAMAC y CIDOB), durante un año. Al concluirse este proyecto de ley, el presidente prefirió llevarse a la Cumbre de Naciones Unidas de Cancún (Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2010), una parte de la Ley de la Madre Tierra, la que corresponde al capítulo de los Derechos de la Madre Tierra, empero, sin la Consulta Previa Libre e Informada. Lo que le hizo notar el CAUCUS, la organización indígena del continente. Después de esta interpelación, Evo Morales no se atrevió presentar esa propuesta boliviana de los Derechos de la Madre Tierra. Posteriormente, como a los dos años, lo que hizo la burocracia estatal es desmantelar el proyecto de ley de la Madre Tierra, presentar y promulgar tramposamente un adefesio, una Ley de La Madre tierra y Desarrollo Integral, lo que de por sí muestra la incongruencia orgánica y congénita de esta ley. Como se puede ver, las gestiones de gobierno montaron una comedia grotesca que sustituyó el proceso de cambio por una simulación torpe y trivial, sostenida solamente por la propaganda y la publicación compulsiva. La crisis constitucional y del fraude electoral se remonta al substrato mismo de la crisis estructural y orgánica del Estado-nación, bajo la figura expresa, en el periodo de coyunturas de gestiones del “gobierno progresista”, de la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar.
Sin embargo, la mayor gravedad de la crisis, como en los otros casos, uno expuesto y otros por exponer, es la crisis de legitimidad republicana y democrática relativa a la colonialidad heredada. El conflicto del TIPNIS, el conflicto de Mallku Qota, los otros conflictos territoriales indígenas, sobre todo en tierras bajas, expresan patentemente la crisis de las repúblicas y formaciones “pos-coloniales”, es decir, crisis de legitimidad de la colonialidad heredada. El gobierno de Evo Morales Ayma no es, a todas luces, un “gobierno indígena” como pretende, sino, todo lo contrario; se trata de una figura barroca populista, que usurpa los símbolos de la lucha indígena y anti-colonial.
Se puede ver que la crisis constitucional y del fraude electoral corresponde a la singularidad de la crisis múltiple del Estado-nación boliviano. En el contexto, se observan otras singularidades de la misma crisis política y estatal; todas estas formas singulares de crisis se sostienen en el substrato de la crisis del sistema-mundo político, que forma parte del sistema-mundo capitalista. Todas estas formas de crisis, por lo menos, en el continente, corresponden, en su manifestación mediata, a la crisis de legitimación generalizada, crisis global del orden mundial, compuesto por los Estado-nación, atravesado por mallas institucionales burocráticas, nacionales y transnacionales. Interpretando esta crisis generalizada, se puede hacer notar que una de las analogías compartidas es el levantamiento social y popular contra la casta política, contra los gobiernos, se pretendan de “izquierda” o sean tipificados de “derecha”, así como contra la institucionalidad deslegitimada del Estado-nación. Que estos levantamientos adquieran sus propias peculiaridades en cada formación social y nacional mencionada tiene que ver con las propias genealogías del poder y las propias historias de los Estado-nación. Sin embargo, comparten el contexto de la crisis de legitimidad, además de las interpelaciones populares de las movilizaciones sociales. Como dijimos antes, en otro escrito[1], la crisis de legitimidad en curso, que se desata por la medida política y económica de la subida del transporte, tiene su genealogía en la crisis que implica la dictadura militar, crisis del Estado-nación, donde la burguesía momia, apoyada directamente por los servicios secretos y los aparatos de conspiración de los Estados Unidos de Norte América, se impone, como continuidad colonial, contra las tradiciones republicanas, democráticas e incluso socialistas del Estado-nación, constituido después de la guerra de la independencia. La trayectoria de la dictadura militar casi por dos décadas impacta de tal manera que se puede interpretar el síntoma dilatado como un trauma psico-social, que atraviesa las composiciones y estructuras subjetivas de la sociedad. Obviamente, las reformas del gobierno de Lagos y las gestiones de los gobiernos de la coalición, durante los periodos de la denominada “pos-dictadura”, se encuentran lejos de resolver el problema inherente y la problemática en pleno desenvolvimiento. Cuando estallaron las movilizaciones estudiantiles mostraron patentemente el aspecto dramático de la desigualdad estructural inscrita en la sociedad por el modelo neoliberal, sobre todo, en lo que respecta al derecho humano y social por la educación. Los efectos de la privatización de la educación escolar y universitaria redundaron en el fenómeno de la desigualdad social y económica, además de tener efectos perversos en el campo escolar y en la formación profesional. Pero, no fue el único campo donde se hizo notoria la expansión y la intensificación de la desigualdad. Cuando se privatizaron las costas del país, entregándolas a empresas privadas transnacionales, se ocupó y enajenó territorio chileno, negando su usufructo a pobladores que usan, de acuerdo con sus tradiciones y costumbres, los recursos marítimos para el desarrollo de las economías locales, por ejemplo, los pescadores. Desde la conquista de los territorios de la nación Mapuche, desde la colonización criolla y mestiza de lo que hoy es el sur de Chile, se genera la dominación del Estado-nación sobre los pueblos y territorios mapuches. Colonización que se viene regenerando durante los últimos gobiernos de la coalición y en el reciente gobierno de Sebastián Piñeira es esta guerra contra los pueblos mapuches. En este caso, la crisis de legitimidad, su genealogía, se remonta a la conquista y a la colonización, que, en el caso de Chile, esta conquista y colonización sobre los pueblos mapuches, se data de la guerra del Estado-nación de Chile contra la nación mapuche. En consecuencia, la crisis de legitimidad en Chile tiene varios orígenes y distintas causas, que, en la coyuntura, adquieren la singularidad precisa de la crisis social-política-económica-institucional del momento.
En cambio, la singularidad de la crisis de legitimidad en Ecuador radica, en la coyuntura, en la crisis dilata, incluyendo al gobierno de Lenin Moreno, de la truncada revolución ciudadana, que también implica, como en el caso de Bolivia, en una crisis constitucional, pues la Constitución del Estado Plurinacional de Ecuador no se cumplió ni en el gobierno de Rafael Correa ni mucho menos en el gobierno de Lenin Moreno. Una Constitución que reconoce los derechos de la naturaleza y los derechos de las naciones y pueblos indígenas no se cumple, es más, se la vulnera sistemáticamente. Por otra parte, anotando sobre lo mismo, ya en el gobierno de Correa se decide avanzar en la frontera hidrocarburífera en la Amazonia, atacando el ecosistema del Yasuní. Lo que hace Moreno es continuar con la política extractivista de Correa, solo que ahondando más en las características neoliberales, de las que solo se salió discursivamente. La principal organización social en la movilización contra el gobierno de Lenin Moreno y su medida impopular fue la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), organización de las naciones y pueblos indígenas del Ecuador. Alrededor de la CONAIE se aglutinaron los colectivos, las organizaciones y las espontaneidades de la sociedad ecuatoriana. Transportistas y usuarios salieron a las calles contra la medida de la subida del precio de la gasolina. Se puede decir que la crisis de legitimidad combina, de alguna manera, la crisis constitucional boliviana y la crisis estatal chilena; pero, esto, lo que acabamos de decir, no es más que una ilustración, por cierto, inadecuada, aunque figurativa y comparativa. La crisis de legitimidad ecuatoriana manifiesta su elocuente singularidad en una crisis de la revolución ciudadana, en su impostura, su decadencia y, después, en su sustitución descarada neoliberal.
En conclusión, la crisis de legitimidad del continente radica en el substrato de la crisis múltiple del Estado-nación, crisis, primero, de la colonialidad heredada, después del liberalismo restringido, impuesto por las oligarquías criollas mestizas, para posteriormente adquirir las formas del Estado-nación institucionalizado, que no logró nunca resolver su crisis de legitimidad inherente en tierras conquistadas y colonizadas. Para interpretar cada una de las singularidades de la crisis se requiere tener una mirada del contexto, de las analogías y diferencias de la genealogía de la crisis del Estado-nación en el continente, ciertamente sin que pierdan sus singularidades.
Las salidas a estas crisis de legitimidad, dentro de la crisis múltiple del Estado-nación, tienen que ver con la salida del círculo vicioso del poder, que implica la salida radical de la herencia de la colonialidad. En este contexto, en este horizonte de la crisis, no hay que olvidar que la crisis que se manifiesta en cada uno de los gobiernos nombrados no corresponde ni se circunscribe solamente al lapso provisional de cada uno de estos gobiernos. Se trata de crisis cuyas genealogías se remontan a los nacimientos mismos de las repúblicas criollas mestizas en un continente conquistado. Por lo tanto, si se quiere ir, como se dice a las raíces, resolver radicalmente el problema es menester asumir la responsabilidad de esta genealogía de las dominaciones. Lo que no equivale, de ninguna manera, exculpar a los gobiernos de la coyuntura de la responsabilidad en la crisis desenvuelta. Empero, deja en claro que la responsabilidad de los sublevados es no solamente ante el momento de la crisis, sino ante la historia misma de la crisis; en consecuencia, se requiere una actitud no solamente coyuntural, sino una actitud inmanente y transcendente contra-histórica. Esto equivale a liberar la potencia social creativa inventando horizontes nómadas, inventando mundos alterativos posibles.
[1] Ver Analogías perversas y virtuosas en las genealogías de los Estado-nación.