Las autonomías barriales en San Cristóbal de Las Casas

El pasado 15 de septiembre de 2017, día de conmemoración de las fiestas patrias, el barrio originario de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, convocó a la “5ta convivencia y grito comunitario”, como un acto de “grito alternativo” o “grito paralelo”, confrontando al que se realizaba en la sede del palacio municipal, en la misma fecha y hora.

En el acto celebrado en la plazuela central del barrio Cuxtitali, participaron comisiones o representantes de otros barrios, fraccionamientos y colonias del municipio, que se encuentran en procesos organizativos, entre ellos: Chupactic; La Colonia Maya; la Revolución; El Paraíso; la Constituyente y Caltic, entre otros.

¿Por qué esos colectivos barriales realizan esos actos de protesta? ¿Qué significan? ¿Cómo comprender tales actos de rebeldía? Algunas consignas emitidas en Cuxtitali pueden aproximarnos a responder algunas de estas preguntas. Las arengas invitaban a “planear y decidir nuestro futuro”; “recuperar y fortalecer nuestras raíces; a “mantenerse en lucha”; “cuidar nuestra alimentación”; “construir leyes que liberen”; “compartir para todos”; a “luchar por la justicia, democracia y dignidad”.

Al mismo tiempo que reivindicaban el derecho a organizarse desde el ámbito comunitario del barrio y la colonia, y el deseo de coordinarse con “los que quieren el buen vivir”, y proteger a los defensores de los territorios y la madre tierra.

Otros barrios y colonias realizaron, o han celebrado en el curso de los últimos diez años, actos similares, tales como: el Pueblo de San Felipe; el Barrio de Fátima; Relicario y Los Alcanfores; entre otros, y las consignas o arengas bordan en el mismo sentido que los anteriores.

Como puede verse, son propuestas que no se dirigen, únicamente, a la satisfacción de demandas puntuales, sino que contienen reivindicaciones de exigencia de derechos de sujetos colectivos organizados, así como reclamos de autogobierno y su reconocimiento como tal.

Los vecinos de estas comunidades han desarrollado importantes luchas en gramática autonómica. Se recuerda la defensa del edificio del palacio municipal, repudiando el escenario de privatización entonces predominante. Los socios del sistema de agua de Chupactic y el Barrio de Cuxtitali, por su parte, han desplegado una lucha de resistencia contra el despojo y privatización de la Reserva Ecológica y manantiales. Los Alcanfores y las comunidades del Huitepec han defendido su derecho a la autonomía, al control de sus territorios y a ejercer jurisdicción sobre los mismos, en el ejercicio del autogobierno.

La Colonia Maya ha reclamado la indemnización por las afectaciones causadas por la construcción del fraccionamiento “La Moraleja”, demandando la cancelación definitiva del mismo; así como un alto a la persecución a la que han sido sometidos los liderazgos de su mesa directiva, hostigados por las autoridades municipales; siendo éstos últimos identificados como protectores del propietario del fraccionamiento. Otros barrios como Relicario y Fátima, han rechazado someter su dignidad a las políticas corporativas y clientelares, levantando su dignidad por delante.

Se trata de fraccionamientos, barrios, colonias, poblados y comunidades situados, geográficamente, tanto en la zona centro de la ciudad, así como en las periferias. San Cristóbal se ha expandido, incorporando un espacio rural aledaño, al mismo tiempo que localidades urbanas se han “ruralizado”. Este nuevo perfil de “comunidad urbana”, parece responder a la irrupción de un nuevo tipo de organización social de tipo “territorios periurbanos” (Araceli Calderón, Lorena Soto y Erin Estrada, 2012), en donde lo rural y lo urbano se traslapan.

Se ha producido una interpenetración entre lo rural y lo urbano como espacios articulados en mutua convivencia; que no se limita a la integración físico-territorial, sino que incorpora también el compartir de lo simbólico. En cuanto que en los espacios urbanos irrumpe un proceso de “comunalización” en las formas de organización social barrial; de reconstitución de formas de vida, inspiradas en un entramado cultural campesino-indígena.

Son comunidades de textura mixta, asentamientos pluriétnicos, en donde la diversidad ha cruzado la frontera étnica y, hoy conviven indígenas y no indígenas en esos mismos espacios, además de un significativo número de mexicanos y mexicanas de otras latitudes del país, así como extranjeros que alguna vez arribaron como turistas y que decidieron sumarse a la diversidad, haciendo de San Cristóbal una ciudad periurbana, multicultural y cosmopolita.

Este nuevo tipo de comunidades (con denominaciones de barrios, colonias, ejidos, o fraccionamientos) demandan nuevas relaciones, un nuevo trato con el ayuntamiento municipal en turno, en un claro reclamo autonómico y exigencia de reconocimiento como sujetos autodeterminados. Este nuevo tipo de agrupamiento social, son los que en un acto de autogobierno se erigen como autoridades legítimas de sus comunidades, emitiendo un “grito autonómico” el 15 de septiembre.

Estos nuevos poblados se caracterizan porque realizan la gestión social desde lógicas comunales, revitalizando prácticas que entierran sus raíces en una morfología social de tradición maya, pero sin que éstas sean “comunidades indígenas” en sentido estricto, tal y como la disciplina antropológica los definiría. En San Cristóbal estas comunalidades  florecen en un “clima emancipatorio” (Raúl Zibechi, 2007) que eclosionó como consecuencia del levantamiento armado zapatista, desde 1994, y que ha adquirido distintas expresiones en su materialización.

Se crean nuevos vínculos físicos y simbólicos con el territorio; el territorio es resignificado como un bien colectivo, en donde la propiedad individual está presente, pero en un segundo plano, porque lo que importa es lo colectivo, para con ello proteger lo individual.

Ocurre una recomposición de la vida comunitaria, una reconstitución de lo comunal, revitalizando los vínculos de lo común que fueron diluidas por la lógica mercantilista, patricarlal y estatal de la economía y el Estado; al mismo tiempo que abre y crea nuevas comunidades periurbanas, en donde el concepto de comunidad es resignificada, construida como un vínculo de solidaridades en defensa de lo común, compartido.

Se asiste a la reelaboración de prácticas sociales, como la revitalización de la asamblea comunal y de relaciones de solidaridad barrial; de relaciones de apoyo mutuo entre vecinos; de autodeterminación del barrio-comunidad frente a las instancias gubernamentales; de formas de economía solidaria y mercados agroecológicos, entre otras formas de vida, que apelan a un “buen CON-vivir”.

Independientemente de la denominación oficial, de si son barrios, colonias, ejidos, comunidades, agencia o cualquier otra, en realidad se asumen como una comunidad. Asistimos a la construcción de una noción de “lo común”, como una categoría de resistencia, que refiere a la constitución y reconstitución del compartir colectivo; comenzando por el territorio en el que se vive y que se comparte como acto de vida y de reproducción social: de “buen CON-vivir”.

En los espacios comunes como espacios de “buen CON-vivir”, se desarrollan formas novedosas de organizarse, de relacionarse, mediante mesas directivas con estructuras horizontales que se deben a la asamblea, que cumplen acuerdos que le fueron mandatados por el pleno; que se ocupa de una agenda común, de asuntos que han sido sacados del ámbito de lo privado, porque incumben al colectivo, como son la alimentación, salud, educación, seguridad, energía, protección ciudadana e incluso las relaciones de género, entre otros temas que buscan el equilibrio y el bien-estar de la sociedad, desde los espacios micro-territoriales.

De igual forma, en defensa de lo común es donde irrumpe la resistencia como articulación de rebeldías, la defensa de los bienes comunes territoriales, el espacio de la articulación para la acción política en defensa del municipio, como un todo. Y en esta articulación estas colonias y barrios que se encuentran en procesos de autonomización, es que alzan la voz en nombre de todas y todos los sancristobalenses; de los que vivimos en esta ciudad periurbana, cosmopolita y multicultural, y que por vivir en ella, ya somos de aquí; y por igual nos preocupa y ocupa.

Esas voces se elevan en defensa de lo común, porque desde la acción colectiva unimos nuestras voces para rechazar la deforestación y la invasión sobre las reservas ecológicas, el relleno de humedales y la venta de los mantos freáticos; amenazas y realidades, que con frecuencia se realiza con la complicidad de la clase política del municipio y el estado, ya que los negocios son de ellos. Ellos son los que atentan en contra del patrimonio ambiental del municipio, invadiendo y ocupando espacios públicos. Y que muchas veces han recurrido a grupos de choque como avanzada, lo que ha creado un clima de crecimiento de la violencia, confrontación y violencia, poniendo en riesgo a la población del municipio, en lo general.

Se asiste a una situación de “cercamiento de los bienes naturales” (Mirna Lorena Navarro, 2013). En los últimos años ha ocurrido una profundización en el deterioro de la calidad de vida, así como una precarización de las políticas públicas, que no responden ya a cumplir con los derechos de la ciudadanía que mandata el orden jurídico nacional.

Hoy día, el terreno de la disputa es el ámbito de lo común, es allí en donde se produce la nueva intervención del capital para subsumir lo común, imponiendo el interés del capital por encima de los bienes comunes. Se trata de despojos múltiples dirigidos a expropiar a la población de sus medios de existencia, de su capacidad de hacer y decidir, que pretende mercantilizarlo todo.

Desde lo común, lo micro-territorial se enfrenta con acciones conjuntas a las nuevas formas de intervención capitalista; al voraz impulso de las privatizaciones de tierras y medios de vida. Se vive la amenaza de una  profundización, intensificación y expansión de inversiones y proyectos encaminados a la extracción, control, mercantilización de los bienes comunes naturales y simbólicos, asociados a proyectos de inversión. Como los enclaves turísticos; las inmobiliarias; las gasolineras; las mineras; las carreteras; las transnacionales refresqueras, entre otros negocios que han avanzado y se expanden a costa de la des-posesión de los bienes comunes. Tanto de los espacios públicos, así como el despojo a los pueblos, comunidades y barrios, ignorando sus derechos, modificando leyes y normas, para hacerlas a modo de los intereses del capital neoextractivista.

Las comunidades, fraccionamientos, barrios y colonias de San Cristóbal de Las Casas, que han tomado la plaza pública de los barrios el pasado 15 de septiembre para dar un “grito autonómico”, son una luz que muestra el camino del cambio y de la transformación social en el municipio, que ya están hoy aquí y ahora. Y que con su accionar abren nuevos paradigmas para viabilizar los caminos autonómicos de los sujetos colectivos, en lo general.

El reto que viene en la coyuntura de 2018, es un gobierno ciudadano en San Cristóbal de Las Casas, que esté a la altura de esos procesos, capaz de desarrollar políticas públicas multiculturales incluyentes, que pueda comprender y responder a la complejidad de una ciudad periurbana, cosmopolita y pluricultural