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Protestas en Chile: por qué es tan polémica la Constitución chilena que ahora buscan cambiar
El gobierno de Chile anunció que dará inicio al proceso para tener una nueva Constitución, recogiendo así una de las principales demandas de los manifestantes que llevan semanas en las calles.
La actual Constitución chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente es uno de los motivos de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre.
Aunque lo que disparó las manifestaciones fue el anuncio de un incremento en la tarifa del metro de Santiago, las demandas se fueron extendiendo en los siguientes días hacia otras causas.
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Entre ellas está la conformación de una Asamblea Constituyente (es lo que han pedido organizaciones sociales como Colegio Profesores, Central Unitaria de Trabajadores, Asociación Empleados públicos y otros actores) y una nueva Constitución, además de reformas económicas y de programas sociales para combatir la desigualdad.
En BBC Mundo analizamos por qué la Carta Magna ha estado bajo el punto de mira durante esta ola de protestas, que han dejado un saldo de al menos 20 muertos.
Herencia de Pinochet
Una de las principales razones por las que los manifestantes demandan cambiar la Constitución tiene que ver con el origen de la misma.
“Una de las cuestiones que más se critican, y por lo mismo se quiere cambiar, tiene que ver con su ilegitimidad de origen: es justamente el hecho de que haya sido dictada durante una dictadura militar”, le dijo a BBC Mundo Miriam Henríquez Viñas, profesora de Derecho Constitucional y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago.
“La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo”, coincide Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Pero tal y como apuntan ambos expertos, la Carta Magna fue modificada sustancialmente en 1989 y en 2005.
Por ejemplo, en 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas.
Más tarde, en 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se llevó a cabo una importante reforma constitucional que acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema, “lo que de alguna manera le restaba su dimensión democrática a la composición política de la Cámara del Senado”, dice Aranda.
“Diría que en 2005 (la Constitución) ya quedó purgada de los enclaves autoritarios”, opina el doctor en Estudios Latinoamericanos.
“Sin embargo, no deja de ser la Constitución que fue preparada por el régimen militar y, por la tanto, en ese contexto, para una parte muy importante de la sociedad chilena tendría una ilegitimidad de origen”.
En las declaraciones de los manifestantes estos días se reflejaba ese pensamiento.
“Yo no voy a parar de protestar hasta que se cree una nueva Constitución y se termine con la herencia de Pinochet”, le dijo a BBC Mundo Nohlan Manquez, un fotógrafo que ha estado participando en las protestas.
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Pero más allá de su origen, también hay un cuestionamiento sobre el contenido de la propia Carta Magna.
La rigidez y los “enclaves autoritarios”
Según Henríquez, la Constitución “fue concebida originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo”.
“Hay una desconfianza que está presente en la Constitución de la posibilidad de que el pueblo pueda tomar decisiones razonables por sí mismo” y, según la constitucionalista, esa desconfianza se expresa a través de una serie de mecanismos, como por el ejemplo el que el rol de los partidos políticos sea mínimo en la Carta Magna.
En cuanto a contenido, otra de las cuestiones es que se trata de una Constitución “muy rígida”: para modificarla se requieren mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
Por ello, pese a las reformas de 1989 y del 2005, la especialista discrepa de Aranda y considera que la Constitución “persiste en lo que se llaman enclaves autoritarios, es decir, hay ciertas normas que hacen prácticamente imposible, sino muy dificultoso, reformar ciertas disposiciones”.
“Entonces prácticamente se ha generado una suerte de congelamiento de asuntos como derecho a la seguridad social, libertad de enseñanza, que son justamente los derechos sociales que hoy se demandan”.
Los ciudadanos se han echado a la calle para protestar por la desigualdad y exigir la puesta en marcha de profundas reformas sociales.
Estado social
El otro cuestionamiento a la Constitución tiene que ver con los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un “Estado subsidario” que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.
“Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos”, explica Henríquez.
La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas.
También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud.
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Ahora, la demanda de los manifestantes chilenos es que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.
Aranda coincide en que la función social está “infrarrepresentada” en la Constitución, que le otorga solo “funciones en lo que es resguardo del orden público, seguridad, defensa, garantía de justicia, etc.”
“Hay un sector importante de las personas que están demandando cambios estructurales y profundos en Chile respecto a declarar y garantizar el ejercicio de determinados derechos sociales, es decir, incorporar a una Constitución de democracia liberal elementos de un Estado social, como en parte están, pero además garantizar su ejercicio”, explica el experto.
Ambos analistas coinciden en que una nueva Constitución no solucionaría todos los problemas, pero sí sería un primer paso muy importante.
No obstante, puntualizan que aún está por determinar cómo puede llevarse a cabo dicha reforma constitucional.
“La forma en que se haga no va a ser indiferente porque dependiendo de la participación que tenga la ciudadanía va a tener mayor o menor legitimidad el cambio que se formule”, apunta Henríquez.
“La ciudadanía demanda un cambio por la vía de una Asamblea Constituyente con plebiscito ratificatorio, y el anuncio del gobierno, aunque aún no se sabe con exactitud, se refiere a una reforma constitucional por la vía del actual Congreso”.
El ministro de Interior chileno, Gonzalo Blumel, dijo este domingo que el “mejor camino” era trabajar sobre la base de un Congreso constituyente, que cuente con una amplia participación de la ciudadanía y, en segundo lugar, que pueda tener un plebiscito ratificatorio después.
“Lo que tenemos hoy es un haz de luz que depende de cómo sea procesado por los diferentes actores políticos, ya que subsisten diferencias en los mecanismos para esta nueva Constitución”, coincide Aranda.