La tarde del jueves, el presidente del Senado, Jaime Quintana, sostuvo un diálogo telefónico decidor con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. En la conversación, el parlamentario PPD le dio a conocer al jefe de gabinete del Presidente Sebastián Piñera la fórmula en que se estaba avanzando entre el oficialismo y la oposición -a excepción del PC-, para destrabar las negociaciones para avanzar en una nueva Constitución.

Si bien durante la jornada se fueron modificando los términos del entendimiento, la llamada marcó un punto de inflexión respecto la dura mañana de negociaciones de la que fue protagonista la antigua sede del Congreso en Santiago.

Horas después de la conversación entre Quintana y Blumel, a las 2.25 de la madrugada de este viernes, los timoneles de todas las colectividades (salvo el Partido Comunista y la FRVS) salieron a anunciar el histórico acuerdo para reemplazar la Carta Magna que rige en Chile desde 1981 y que se nombró “Por la paz social y la nueva Constitución”.

El documento de dos páginas consensuado transversalmente se dio a conocer a 28 días del estallido social en Chile que gatilló el alza en las tarifas del Metro, a cinco días de que el gobierno se abriera por primera vez a avanzar en una nueva Carta Magna y tres días después de que Piñera llamara a un “acuerdo por la paz” tras una tensa jornada de protestas.

“Esta noche es histórica para Chile”, “somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado”, fueron algunas de las frases que pronunció Quintana, quien lideró el inicio de la conferencia de prensa conjunta. El presidente del Senado enfatizó también que se trata de una “salida pacífica y democrática de la crisis”, que “es una victoria de toda la ciudadanía” y que se trata de una salida institucional “cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social”.

El primero de los 12 puntos del acuerdo punta al reestablecimiento del orden público -en medio de hechos de violencia que se han registrado a lo largo del país- y el respeto de los DD.HH, debido a las denuncias vulneraciones al respecto por parte de agentes del Estado.

“Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”, señala el texto.

Aunque todo estaba previsto para que los timoneles hicieran el anuncio a las 21 horas, un nudo principal entrampó el acuerdo: si se consideraría la Constitución de 1980 como piso para la futura Carta Fundamental, manteniendo o no las disposiciones actuales en los temas en que no hubiera acuerdo. Así, mientras la oposición impulsó la denominada “hoja en blanco”, es decir, una redacción desde cero, el oficialismo apostaba porque la base de la redacción fuera la actual Carta Fundamental. El sector, además, apelaba a que en aquellos puntos donde a futuro -cuando se redacte el texto- no se llegara a acuerdos, se mantuvieran las disposiciones vigentes.

Términos del acuerdo

Finalmente, y tras días de negociaciones, la propuesta que se dio a conocer establece un plebiscito de entrada -defendido desde el inicio por la oposición- con dos preguntas. En la primera, el votante se debe pronunciar sobre si apoya o no un cambio constitucional. La segunda propone dos mecanismos para la elaboración de la Carta Magna: una convención constituyente compuesta en un 100% por ciudadanos elegidos para esa labor y -la otra-, una convención mixta con porcentaje de participación de parlamentarios (50%) y 50% de miembros electos para ese fin. Ninguna de las dos alternativas llevaría el nombre de “asamblea”.

El acuerdo incluye también que el plebiscito se fije para abril del próximo año y que cualquier acuerdo al que llegue la instancia que se creará requerirá el apoyo de 2/3 de sus miembros para su aprobación.

La elección de los constituyentes se efectuará en octubre del próximo año, junto con los comicios de gobernadores regionales y alcaldes. El plazo de funcionamiento de la instancia será de 9 meses, prorrogable una sola vez por otros tres meses.

El texto constitucional que redacte la convención tendrá que ser visado por medio de un “plebiscito ratificatorio” que se llevará a cabo con voto obligatorio. La votación se realizará “60 días después” de entregada la propuesta de la nueva Carta Magna. Sin embargo, el acuerdo establece que “en ningún caso este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular”.

Los partidos visaron también que parlamentarios puedan postular para integrar la convención, pero con el requisito de que deben cesar en el cargo para competir. Este último era uno de los puntos que venían en la propuesta de la oposición. Asimismo, los constituyentes tendrán una inhabilidad de un año para postular a cargos públicos luego de que se termine su labor.

Las negociaciones fueron monitoreadas atentamente por el gobierno desde La Moneda. Mientras el Presidente se retiró de Palacio cerca de las 21 horas del jueves, en la sede del Ejecutivo seguían durante la madrugada del viernes los ministros del comité político: Blumel, Karla Rubilar (Segegob) y Felipe Ward (Segpres). Con todo, el Mandatario había tenido durante el día un rol activo con su sector en las conversaciones. 

Propuestas y contrapropuestas

A la fórmula para el acuerdo se llegó tras jornadas de frenéticas conversaciones en el Congreso, en la que estuvieron presentes también abogados constitucionalistas de algunas colectividades.

El miércoles la oposición -en concreto los timoneles de la ex Concertación- había entregado a Chile Vamos, pasadas las 22 horas, una propuesta formal para impulsar una convención constituyente como fórmula intermedia entre el Congreso Constituyente que había promovido el gobierno y la Asamblea Constituyente demandada por la oposición.

La fórmula que pusieron sobre la mesa apuntaba a una conformación de dicha instancia con un 80% de representantes de la ciudadanía y un 20% de actuales legisladores. También planteaban que la instancia funcionara con un quórum de 3/5 y tuviera la facultad de modificar completamente la Carta Magna.

El jueves en la mañana Chile Vamos respondió a la oposición con dos propuestas. 

La primera: que la convención estuviera conformada en un 50% por parlamentarios y la otra mitad por representantes ciudadanos. La segunda, una fórmula denominada 40%-40%-20%, es decir, que estuviera integrada en un 40% por legisladores, en un 40% por ciudadanos electos para esa labor y el otro 20% de delegados constituyentes.

PC: “Nos invitaron a la reunión cuando ya estaba todo acordado”

La jornada había estado marcada durante la mañana por el temprano rechazo del Partido Comunista a los términos de la negociación. Tanto el PC como la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) anunciaron que se desmarcarían del diálogo que han mantenido ambos bloques. “A la reunión de Santiago no vamos a ir, estamos por acatar la declaración unitaria de todos los partidos políticos, estamos por acatar la institucionalidad y acatar lo que el pueblo exige en la calle”, sostuvo la diputada Carmen Hertz. Esto, aludiendo a la declaración que suscribieron el martes todos los partidos de la oposición asegurando que “la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorgue plena legitimidad al proceso”.

Cerca de las 21.30 de ayer, además, el partido liderado por el diputado Guillermo Teillier emitió una declaración asegurando que “no fuimos convocado, informados, del actual acuerdo”. Poco después, el parlamentarios agregaría: “nos invitaron a la reunión cuando ya estaba todo acordado”.

La decisión del PC generó diversas reacciones en la oposición. El senador del PPD, Guido Girardi, aseguró que “si el PC no apoya esto, va a cometer el mismo error histórico de cuando no apoyaron el plebiscito del 1988”, mientras que la presidenta de RD, Catalina Pérez, apelaba -a eso de las 01.30 de la madrugada- a la “esperanza” de que “aún a esta hora” el Partido Comunista se sumara al acuerdo