Tras nueve días encerradas, con la salud del sacerdote Edwin Román al borde a falta de insulina, las madres de los presos políticos suspendieron la huelga de hambre este viernes. Las mujeres demandaban al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de sus hijos. Decidieron montar la huelga en la Iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya, una de las ciudades más rebeldes en Nicaragua. De inmediato, las tropas especiales de la Policía rodearon el templo y mantuvieron el cerco 216 horas seguidas. Los policías impedían que ingresaran agua y medicina. “Aquí se van a morir”, advertían los oficiales. La imposición del aislamiento provocó una oleada de solidaridad que también fue reprimida.

A partir de la huelga de hambre de las madres en Masaya, los ánimos se caldearon en Nicaragua. Los estudiantes volvieron a protestar luego de meses de inactividad producto del estado policial de facto impuesto por el gobierno.

La reactivación de la protesta —que recordó los primeros días de la rebelión en abril de 2018— fue como un fogonazo. El combustible fue la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. A los opositores nicaragüenses los invadió la sensación de que era “posible sacar a la dictadura”. Al mismo tiempo, el gobierno respondió con un redoble de la represión y una desaforada campaña de terror.

El mismo presidente Ortega amenazó el 14 de noviembre a sus detractores de forma categórica: de ser necesario recurrirá a la “guerra” para evitar un desenlace como el de Morales en Bolivia.

“Que se fijen bien lo que están haciendo los imperialistas de la Tierra aquí, en Bolivia, y la señal que le están dando a América Latina, porque hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral; de lo contrario, los Pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria ( sic)”, aseguró el mandatario ante el bloque político del ALBA-TPC.

La propaganda de terror orquestada por el gobierno en las redes sociales y sus medios de comunicación insiste que en Nicaragua “no van a permitir un golpe de Estado como en Bolivia”. Los sandinistas resaltaban que ellos contaban “con la lealtad del Ejército y la Policía”, contrario a Bolivia, donde las fuerzas armadas le dieron la espalda a Evo Morales.

El partido sandinista reactivó a sus fuerzas paramilitares y amenazaron a opositores en distintas regiones del país. El corolario de la propaganda lo protagonizó Juan Carlos Ortega Murillo. El hijo de la pareja presidencial fundó el denominado “movimiento 4 de mayo” en las afueras de la sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) la noche del 13 de noviembre. El joven le advirtió a los empresarios que “la libertad no se conquista con flores, sino a balazos”.

“Lo que veo es una situación de desmoralización en los Ortega-Murillo”, dijo Dora María Téllez, historiadora y analista política del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). “Ellos sienten que no tienen capacidad de convocatoria. Han topado a los empleados públicos. Sienten que no pueden detener la resistencia popular y dentro de las filas del Frente Sandinista la gente tiene la percepción de que no están llegando a ninguna parte. Y lo de Bolivia les dice que este modelo no tiene ninguna viabilidad”.

Luego de que el presidente Ortega prometió “la guerra” en cadena nacional, en la ciudad de Masaya fueron apresados 16 jóvenes que intentaban llevarle agua a las madres de los presos políticos encerradas en la iglesia San Miguel. Aunque la policía solo decomisó botellas de agua a los jóvenes, la Fiscalía los acusó por delitos graves, al asegurar que los estudiantes fueron capturados con armas de fuego y diversas municiones de alto calibre comparable a un armamento bélico.

La detención de los 16 jóvenes encendió más a los universitarios que iniciaron a protestar en las principales universidades privadas del país. “La solidaridad no es un delito”, reclamaban con botellas de agua en las manos.

Los feligreses católicos convocaron a protestar en los templos en apoyo al padre Edwin Román, una de las figuras del clero que más confronta al régimen Ortega Murillo. Sin embargo, el gobierno ordenó a sus paramilitares y policías rodear las iglesias para impedir las manifestaciones opositoras. Alrededor de los templos fueron capturados ciudadanos e incluso periodistas fueron agredidos. France Robles, corresponsal para Centroamérica de The New York Times, fue golpeada en Masaya.

El lunes 18 de noviembre otro grupo de familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre en la Catedral Metropolitana de Managua. No obstante, la respuesta de las turbas del gobierno fue inmediata. la Arquidiócesis de Managua denunció que los sandinistas “profanaron” la catedral y golpearon al sacerdote Rodolfo López y a la monja Arelys Guzmán. Los religiosos y los familiares pasaron una noche secuestrados en la sacristía de catedral, hasta que la Cruz Roja Internacional acudió a rescatarlos.

La vicepresidenta Rosario Murillo atacó a los lideres católicos que han abierto las puertas de sus templos para que la ciudadanía proteste. “Son lobos repugnantes”, calificó. “Nos pronunciamos indignados ante la nueva manipulación de conocidos sectores religiosos que connotaron junto a movimientos ateos, abortistas y desnaturalizados un intento de golpe de Estado en el que se cometieron crímenes de odio, secuestro, tortura y se destruyeron bienes públicos y privados”, dijo Murillo exaltada.

El cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag también mediaron ante la presidencia para rescatar a las mujeres y al padre Edwin Román en Masaya. Solo tras esa intermediación, el cerco policial fue abierto y permitieron la salida de los manifestantes y el párroco. Todos fueron trasladados a un hospital privado ya que presentaban síntomas de deshidratación y estrés.

La agitación continúa en Nicaragua. Las protestas que se realizaban de forma selectiva comienzan a realizarse con más afluencia de ciudadanos. En los últimos días se han registrado manifestaciones en las ciudades de Matagalpa, Catarina, Masaya y Managua y todas han sido reprimidas por policías y turbas sandinistas.

Mientras las protestas y la represión continúan en Nicaragua, una Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que en Nicaragua hay una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”, por lo que recomendó al Consejo Permanente del organismo a que “convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar” el tema. De esa forma, la presión internacional también arrincona al gobierno sandinista, que desdeña a la OEA y promete más represión y capturas de opositores. Son días convulsos en Nicaragua.