A propósito de la caída de la izquierda en Uruguay y el auge de las rebeliones populares: Movimientos sociales,matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina

Movimientos Sociales, matrices socio-políticos y nuevos escenarios en América Latina

Maristella Svampa

Investigadora independiente del Conicet (Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), con sede de trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, pcia de Buenos Aires, Argentina. Este texto forma parte del proyecto „Subjetividades Políticas, matrices político-ideológicas y procesos de movilización en América Latina“, realizado en el marco de una beca otorgada por la Fundación Guggenheim, y ha sido preparado especialmente para las I Jornadas de Análisis Crítico, Universidad del País Vasco, noviembre de 2008.

Índice

A.Abreviaturas ………………………………………………………………………… 21Introducción ………………………………………………………………………… 32El cambio de época ………………………………………………………………… 43Matrices políticos-ideológicas: una aproximación a las tipologías y modelos de militancia …………………………………………………………….. 84El avance de las luchas indígenas y los proyectos en curso ………………. 115Las nuevas formas de militancia y la demanda de autonomía……………. 156La actualización de la tradición nacional-popular …………………………… 187La ilusión desarrollista…………………………………………………………… 208Bibliografía ………………………………………………………………………… 24

Working Paper 01/2010 2 l A.Abreviaturas ALCA Área de Libre Comercio de las Américas APG Asamblea del Pueblo Guaraní CIDOBConfederación de Pueblos Indígenas de Bolivia COCOPAComisión de Concordia y Pacificación CONACAMICoordinadora Nacional de las Comunidades Afectadas por la Minería CONAMAQConsejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CPESCCoordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPEMBConfederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni CSCBConfederación Sindical de Colonizadores de Bolivia CSUTCBConfederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional FNMCB-BS Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, “Bartolina Sisa” H.I.J.O.SHijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio IIRSAIniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana MAS Movimiento al Socialismo MST Movimiento Sin Tierra de Bolivia PAN Partido Acción Nacional PEMEX Petróleos Méxicanos PRI Partido Revolucionario Institucional UACUnión de Asambleas Ciudadanas

1Introducción

En el presente artículo nos proponemos indagar algunas de las tendencias que marcan el actual paisaje socio-político latinoamericano, sobre todo en lo que compete a la relación entre movimientos sociales, matrices político-ideológicas y gobiernos. Para ello, en primer lugar, presentaremos un examen del cambio de época que caracteriza a la región, en un análisis que apunta a subrayar el carác-ter ambivalente de la actual transición latinoamericana. En segundo lugar, propo-nemos una aproximación analítica a las diferentes tradiciones o matrices político-ideológicas que atraviesan el espacio militante contestatario. Por último, haremos un recorrido por algunos de los datos más relevantes que presenta la región, a través del análisis de cuatro tendencias: en primer lugar, el avance de las luchas indígenas, en segundo lugar, la consolidación de nuevas figuras de la militancia; en tercer lugar, la reactivación de la tradición nacional-popular; por último, el retorno de una fuerte narrativa desarrollista, asociada tanto a gobiernos progresistas como aquellos de carácter más conservador y neoliberal.

2El cambio de época

Desde hace algunos años, América Latina viene experimentando un cambio de época. Diversos procesos sociales y políticos han ido configurando nuevos es-cenarios: la crisis del consenso neoliberal, la relegitimación de los discursos críti-cos, la potenciación de diferentes movimientos sociales, en fin, la emergencia de gobiernos autodenominados “progresistas” y de centroizquierda, que valorizan la construcción de un espacio latinoamericano, son algunas de las notas distintivas de una etapa de transición que parece contraponerse a todas luces con el período anterior, la década de los noventa, marcados por la sumisión de la política al Con-senso de Washington, en nombre de una globalización unívoca e irresistible. En principio, este cambio de época habilita el retorno de ciertos términos que habían sido expulsados del lenguaje político y de las academias, tales como “anti-imperialismo”, “descolonización”, o “emancipación”, vocablo éste último que en gran medida aparece como el sucesor de la idea de “revolución”. Asimismo, este cambio de época permite pensar desde otro lugar la relación entre modelos académicos y compromiso político, algo que también parecía definitivamente clausurado en pro de la profesionalización del saber académico, del repliegue del intelectual-intérprete o de la apología del modelo del experto. Nuevos desafíos aguardan, en especial, a las jóvenes generaciones de investigadores, que hoy comienzan a cuestionar los modelos académicos dominantes, y advierten como posible una articulación diferente entre saber académico y compromiso con las nuevas realidades. Por último, este cambio de época estimula la posibilidad de pensar creativamente las articulaciones entre Estado y sociedad, entre democra-cia representativa y democracia directa y participativa, entre lo institucional y lo no-institucional, entre el espacio público estatal y el espacio público no-estatal, entre otros. No constituye un dato menor recordar que la apertura del ciclo de luchas contra la globalización neoliberal y asimétrica no provino de las fuerzas de la polí-tica institucional. Este se abrió en 1994 con la irrupción del zapatismo, en Chia-pas. El zapatismo, como es reconocido, fue no sólo el primer movimiento de estas características en América Latina, sino también el primer movimiento contra la globalización neoliberal, que influyó fuertemente en los grupos y colectivos alter-globalización que se estaban gestando tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero en rigor, en América Latina, el nuevo ciclo de acción colectiva, que señala una progresiva acumulación de las luchas contra las reformas neoliberales, arran-ca en el año 2000, con la Guerra del Agua, en Cochabamba, y tuvo sus momen-tos de inflexión tanto en Argentina, en diciembre de 2001, Ecuador, en 2005, nuevamente Bolivia en 2003 y 2006, entre otros. Fueron entonces las organiza-ciones y movimientos sociales los grandes protagonistas de este nuevo ciclo, los que a través de sus luchas y reivindicaciones, aún de la práctica insurreccional, lograron abrir la agenda pública y colocar en ella nuevos problemas: el reclamo frente a la conculcación de los derechos más elementales, la cuestión de los re-cursos naturales y de las autonomías indígenas, la crisis de representación de los sistemas vigentes, contribuyendo con ello a legitimar otras formas de pensar la política y las relaciones sociales. Así, en las últimas décadas, los movimientos sociales en América Latina se han multiplicado y han extendido su capacidad de representación, esto es, han ampliado enormemente su plataforma discursiva y representativa en relación a la sociedad: movimientos indígenas y campesinos, movimientos urbanos territoria-les, movimientos socio-ambientales, movimientos y colectivos glttb, en fin, colectivos culturales, dan cuenta de la presencia de un conjunto de reivindicaciones di-ferentes, con sus respectivos clivajes identitarios, configurando un campo multi-organizacional extremadamente complejo en sus posibilidades de articulación. Heterogéneos en sus demandas, al igual que en otras latitudes, los movimientos sociales nos trasmiten una tendencia a la reafirmación de la diferencia y el llama-do al reconocimiento. Sin embargo, si la tendencia a reafirmar la primacía de la diferencia aparece como un rasgo global de los movimientos sociales, no es me-nos cierto que en América Latina, en los últimos tiempos, uno de los problemas centrales y potencialmente unificadores es aquel de la tierra y del territorio. Asimismo, es importante destacar la configuración de un “nuevo interna-cionalismo”,1que ha venido asomándose en la arena mundial, de la mano de los movimientos sociales. Ciertamente, a partir de 1999, se han multiplicado los espacios de coordinación y foros sociales, que apuntan a la potenciación y con-vergencia de diferentes luchas contra la globalización neoliberal. Más allá de las diferencias ideológicas y sociales que caracterizan al heteróclito “movimientos de movimientos”, desde Seattle hasta Génova, Porto Alegre y Nairobi hasta las jor-nadas globales contra la guerra en Irak, ha venido conformándose un discurso crítico –y, en algunos casos, antisistémico-, respecto de la globalización neolibe-ral, que reconoce por lo menos tres elementos comunes: un cuestionamiento a las nuevas estructuras de dominación surgidas de la transnacionalización de los capitales, que se expresa en la superación de las fronteras políticas, económicas y jurídicas; el rechazo de la mercantilización creciente de las relaciones sociales, producto de la globalización neoliberal; y, la revalorización y defensa de los dere-chos culturales y territoriales. En América Latina, estos nuevos espacios de coordinación han estado signados particularmente por la evolución de los llamados acuerdos sobre liberali-zación comercial y especialmente frente a la iniciativa norteamericana de subsu-mir a los países de la región bajo un Área de Libre Comercio de las Américas (AL-CA). De manera más reciente, las resistencias locales y regionales contra el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana)2, co-ntra los avances del modelo extractivo exportador y la extensión del modelo de agro-negocios, han desembocado en la constitución de espacios de coordinación a nivel regional, centrada en la defensa de la tierra y el territorio. Recordemos que el impulso del capitalismo neoliberal posdictaduras ha te-nido diferentes fases en América Latina: un primer momento, desde finales de los ochenta, estuvo marcado por la desregulación económica, el ajuste fiscal, la polí-tica de privatizaciones (de los servicios públicos y de los hidrocarburos), así como por la introducción del modelo de agronegocios. Esta primera fase, en la cual se sentaron las bases del Estado meta-regulador (Sousa Santos: 2007), conllevó la generación de nuevas normas jurídicas que garantizaron la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones así como la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales. Al mismo tiempo, dichas orientaciones contribuyeron a consolidar un modelo económico basado en la reprimarización de la economía, altamente dependiente de los mercados externos, al tiempo que 1 La expresión proviene del titulo del libro de Daniel Bensaïd (2003): “Le nouvel internationalisme” -y fue retomada por J. Seoane, E. Taddei y C. Algranati (2006): “Movimientos sociales y neoliberalismo en Améri-ca Latina”.2 Cartera de proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones consensuada por varios gobiernos latinoamericanos en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Para el tema, veáse Ceceña/ Aguilar/ Motto (2007: 62).

Working Paper 01/2010 6 l profundizaron las bases del Estado patrimonialista, de cara a la fuerte imbricación entre los gobiernos, en sus diferentes niveles, con los grupos económicos priva-dos. En continuidad con el momento anterior, pero en un escenario político dife-rente al de los años noventa, en la actualidad asistimos a una segunda fase, ca-racterizada por la generalización del modelo extractivo-exportador, basado en la extracción de recursos naturales no renovables, y la expansión de los agro-negocios, necesarios para alimentar el nivel de consumo sostenido y el modelo de acumulación vigente. En otros términos, la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de consumo, lo cual aparece reflejado en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “im-productivos”: la frontera agrícola, petrolera, minera, energética, forestal. Dicha expansión genera transformaciones mayores, en la medida en que reorienta completamente la economía de pueblos enteros y sus estilos de vida, y amenaza en el mediano plazo la sustentabilidad ecológica. La minería a cielo abierto, la construcción de grandes mega-represas, los proyectos previstos por el IIRSA y prontamente los llamados agrocombustibles (etanol), ilustran a cabalidad esta nueva división territorial y global del trabajo en el contexto del capitalismo actual. Esta desigual división del trabajo, que repercute en la distribución de los conflictos territoriales, perjudica sobre todo a aquellos sectores sociales, que pre-sentan una mayor vulnerabilidad. Un ejemplo de ello es la situación de los pueblos indígenas y campesinos, que pujan por la defensa de sus derechos cultu-rales y territoriales, reconocidos formalmente por gran parte de las constituciones latinoamericanas, ante el avance de la frontera forestal, las grandes represas, la privatización de las tierras o el boom de la soja transgénica. En términos de David Harvey (2004), la actual etapa de expansión del capital puede ser caracterizada como de “acumulación por desposesión”,3 proceso que ha producido nuevos giros y desplazamientos, colocando en el centro de disputa la cuestión del territorio y el medio-ambiente. Asimismo, la nueva etapa también aparece asociada a nuevos mecanismos de desposesión, como la biopiratería o la apropiación de formas cul-turales y cultivos tradicionales pertenecientes a los pueblos indígenas y campesi-nos. No es casualidad, entonces, que en este escenario de reprimarización de la economía, caracterizado por la presencia desmesurada de grandes empresas transnacionales, se hayan potenciado las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, al tiempo que han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los recursos naturales (definidos como “bienes comunes”), la biodiversidad y el medio ambiente; todo lo cual va diseñando una nueva cartografía de las resisten-cias, al tiempo que coloca en el centro de la agenda política la disputa por lo que se entiende como “desarrollo sustentable”. Tengamos en cuenta que desde fines de los ochenta, el territorio se fue erigiendo en el lugar privilegiado de disputa, a partir de la implementación de las nuevas políticas sociales, de carácter focalizado, diseñadas desde el poder con vistas al control y la contención de la pobreza. Esta dimensión material y simbóli-ca, muchas veces comprendida como autoorganización comunitaria, aparece co-3Para Harvey (2004), el actual modelo de acumulación implica cada vez más la mercantilización y la depredación, entre otras cosas, de los bienes ambientales. La acumulación por desposesión o despojo (lo que Marx denominaba la “acumulación originaria”) ha desplazado en centralidad la dinámica ligada a la “reproducción ampliada del capital”.

Maristella Svampa Working Paper 01/2010 l 7 mo uno de los rasgos constitutivos de los movimientos sociales en América Lati-na, tanto de los movimientos campesinos, muchos de ellos de corte étnico, como de los movimientos urbanos, que asocian su lucha a la defensa de la tierra y/o a la satisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo, de manera más reciente, a partir de las nuevas modalidades que ha adoptado la lógica de acumulación del capital, asistimos a una nueva in-flexión a partir de la cual el territorio, en un sentido más amplio, esto es, conce-bido doblemente como habitat y comunidad de vida, aparece en el centro de los reclamos de las movilizaciones y movimientos campesinos, indígenas y socioam-bientales. Las acciones de dichos movimientos, orientadas tanto contra el Estado como contra sectores privados (grandes empresas transnacionales), generalmen-te, se inician con reclamos puntuales, aunque en la misma dinámica de lucha tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva, incorpo-rando otros temas, tales como el cuestionamiento a un modelo de desarrollo mo-nocultural y destructivo, y la exigencia de desmercantilización de los llamados “bienes comunes”. En dicho proceso, la construcción de la territorialidad se va cargando de nuevas (re)significaciones y diferentes valoraciones, en contraste con las concepciones generalmente excluyentes, de corte desarrollista o ecoefi-cientistas, que motorizan tanto los gobiernos como las empresas transnaciona-les.4 En suma, lejos de la pura linealidad, este cambio de época que señala la desnaturalización de la asociación entre globalización y neoliberalismo establecida durante los noventa, instala a los países latinoamericanos en un espacio de geo-metría variable donde se entrecruzan diferentes tendencias: por un lado, aquellas que muestran una ruptura con el modelo excluyente instalado en los noventa (con todas sus complejidades y matices nacionales), y, por otro lado; aquellas que señalan la tentativa de reconstrucción de una gobernabilidad neoliberal, a través de la continuidad y profundización de esquemas de disciplinamiento eco-nómico, social y político. En este marco transicional, con todas sus complejidades y matices nacio-nales, los movimientos sociales latinoamericanos han venido desarrollando una dinámica abierta de lucha que se instala entre lo destituyente y lo instituyente, una dialéctica que es necesario explorar en todas sus posibilidades y limitaciones, y nos obliga a reflexionar, como afirma Modonesi (2007), en la manera en cómo se articulan y son repensados conceptos tales como el de autonomía, antagonis-mo y subalternidad

3Matrices políticos-ideológicas: una aproximación a las tipologías y modelos de militancia

Si partimos del hecho de que los movimientos sociales son heterogéneos en sus demandas y, al mismo tiempo, poseen una potencialidad antagónica, una de las preguntas y debates centrales se vincula con la posibilidad de articulación de las luchas, lo cual no depende solamente de la potencialidad unificadora de ciertos temas y marcos de acción, sino también de los vínculos que se entretejan entre las diversas tradiciones político-ideológicas presentes en el campo militante contestatario. Es por ello que, en el presente apartado, proponemos llevar a cabo una presentación que pone el acento en las diferentes matrices socio-políticas que recorren los movimientos socio-territoriales en América Latina, y que facilitarán la reflexión acerca de los rasgos tendenciales centrales que advertimos en el actual escenario. Desde nuestra perspectiva, el campo contestatario se despliega en cuatro matrices político-ideológicas diferentes: la indígena comunitaria, la nacional-popular, la izquierda clásica o tradicional y, de manera más reciente, la “nueva” narrativa autonomista. Por matrices político-ideológicas entendemos aquellas lí-neas directrices que organizan el modo de pensar la política y el poder, así como la concepción del cambio social. Si bien cada matriz político-ideológica posee una configuración determinada, los diferentes contextos nacionales así como las ten-siones internas las van dotando, para cada caso, de un dinamismo y una histori-cidad particular. En otras palabras, las matrices político-ideológicas no se encuen-tran en estado puro, pues las diferentes dinámicas políticas han dado paso a diversos entrecruzamientos y conjunciones (entre indianismo y marxismo, entre indianismo y matriz nacional-popular, entre indianismo y narrativa autonómica, entre marxismo y autonomismo, por dar algunos ejemplos), como también a un proceso de conflicto y colisión, que puede llevar a acentuar las diferencias en términos de concepciones, modos de pensar y hacer la política. Esta propuesta, de orden analítico, tiene por objeto dar cuenta de aquellos elementos más diná-micos y organizadores presentes en las diferentes configuraciones político-ideológicas que hoy recorren los movimientos sociales latinoamericanos. De modo esquemático y provisorio, procederemos a definir los elementos centrales que configuran cada matriz. Así, podemos afirmar que la matriz indíge-na se inserta en el marco de la “memoria larga” de los pueblos indígenas, coloca en el centro la idea de resistencia, derechos colectivos y poder comunal; y su di-námica política se inscribe permanentemente en la tensión entre un proyecto de recreación de las autonomías indígenas y el proyecto identitario de refundación o vuelta a las comunidades pre-hispánicas. Por su parte, la matriz nacional-popular se inserta en la “memoria mediana” (las experiencias populistas de los años trein-ta, cuarenta y cincuenta), y tiende a sostenerse sobre el triple eje de la afirma-ción de la nación, estado redistributivo y conciliador, liderazgo carismático y ma-sas organizadas –el pueblo-. Su dinámica se instala en la tensión entre un proyecto nacionalista revolucionario, conducido por el pueblo junto a su líder, y el proyecto de la participación controlada, bajo la dirección del líder y el tutelaje es-tatal. De igual modo, la matriz propia de la izquierda tradicional partidaria, se instala en el marco de la memoria mediana, y se nutre de las diferentes variantes del marxismo partidario, entre las cuales se destaca la superioridad de la forma partido, y una determinada concepción del poder (y, por ende del cambio social)

Maristella Svampa Working Paper 01/2010 l 9 ligada a la idea antagonismo de clases y la construcción del socialismo. Su diná-mica suele instalarse en la tensión/articulación entre la vía revolucionaria (la lógi-ca de la toma del poder) y la vía reformista institucional (la lógica electoral). Respecto de la nueva narrativa autonomista, más bien instalada en el mar-co de la “memoria corta”, los elementos centrales que configuran su matriz son la afirmación de la autonomía, la horizontalidad y la democracia por consenso. En este caso particular, hablamos de una “narrativa” autonomista porque ésta se construye como un relato identitario,5 de producción del sujeto, en el cual cuenta la experiencia personal de los actores (antes que una inscripción en la comuni-dad, el pueblo o la clase social). Por otro lado, históricamente es una narrativa que se nutre del fracaso general de las izquierdas tradicionales (por ello cobra re-levancia la definición por oposición respecto de otras tradiciones de izquierda, principalmente la izquierda partidaria), así como de los procesos de desinstitucio-nalización de las sociedades contemporáneas. Esta nueva narrativa ha ido configurando un ethos común que afirma como imperativo la desburocratización y democratización de las organizaciones y se alimenta, por ende, de una gran desconfianza respecto de las estructuras partida-rias y sindicales, así como de toda instancia articulatoria superior. En términos generales, la autonomía aparece no sólo como un eje organizativo, sino también como un planteo estratégico, que remite a la “autodeterminación” (en el sentido de Castoriadis, “dotarse de su propia ley”). Por ello, su dinámica tiende a desple-garse en la tensión inscrita entre la afirmación de un ethos colectivo libertario (la autonomía como horizonte utópico) y el repliegue diferencialista-identitario (la autonomía como valor refugio). Este ethos común ha dado lugar a nuevos modelos de militancia, entre los cuales se destacan, en primer lugar, la figura “local” del militante territorial, ver-dadera columna vertebral de los grandes movimientos sociales de América Latina; en segundo lugar, la figura “global” del activista cultural, que se halla difundida en distintas latitudes, tanto en los países del centro como de la periferia. En efec-to, como hemos señalado anteriormente, la implementación de un nuevo modelo de gestión, asociado al discurso neoliberal y al mandato de los organismos multi-laterales, produjo en toda la región la acentuación del proceso de empobrecimien-to y territorialización de los sectores populares. Este proceso fue colocando en el centro de la nueva política local la figura del mediador, a través del “militante so-cial” o “territorial”, heredero de los movimientos sociales urbanos de otras épo-cas. En cuanto al activista cultural, su modalidad de construcción organizativa son los grupos de afinidad, a través de colectivos, que suelen adoptar una dimen-sión a la vez política y cultural. En este sentido, en tanto “movimientos de expe-riencia” (Mc Donald: 2003), donde la acción directa y lo público aparecen como un lugar de construcción de la identidad, no resulta extraño que gran parte de estos grupos se agoten en la dimensión cultural-expresiva y no alcancen una di-mensión política. Sin embargo, en otros casos, sobre todo allí donde la acción de los movimientos sociales es relevante en términos políticos, los colectivos cultura-les deliberadamente buscan una mayor articulación con aquellos, constituyéndose en creadores de nuevos sentidos políticos y culturales, o bien, asumiendo el rol de 5La categoría de narrativa ha sido definida por Koselleck (1993), como la dimensión específicamente temporal mediante la cual los actores asignan sentidos a la vida, individual y colectiva, eslabonando el tiempo como hilo articulador de la narración.

Working Paper 01/2010 10 l reproductores de los acontecimientos en un contexto de intensificación de las lu-chas sociales. Esta forma de militancia expresa así una vocación nómade por el cruce social y la multipertenencia, en el marco del desarrollo de relaciones de afi-nidad y redes de solidaridad con otras organizaciones. Su expansión, tanto en el ámbito de la comunicación alternativa, la intervención artística y la educación po-pular, constituye una de las características más emblemáticas de las nuevas mo-vilizaciones sociales. En este sentido y contrariamente a lo que se piensa, el acti-vista cultural está lejos de ser un actor de reparto, erigiéndose más bien en uno de los protagonistas centrales de las luchas antineoliberales actuales. En fin, en un campo donde la volatilidad y la tendencia al repliegue son la regla, el nuevo activismo cultural, ya cuenta en América Latina con una rica historia. En lo que sigue, procederemos a preguntarnos cuáles son los datos más novedosos que marcan el actual paisaje latinoamericano y en qué medida estas tendencias ponen de manifiesto el modo en cómo dichas matrices convergen, se entrelazan o articulan, cooperan o colisionan en el marco de diferentes dinámicas políticas nacionales. Nuestro análisis se detendrá principalmente en Argentina, Bolivia y México, aunque en ciertos casos haremos referencia a otros países.

Maristella Svampa Working Paper 01/2010 l 11 4El avance de las luchas indígenas y los proyectos en curso Así, en primer lugar, uno de los datos mayores es el avance de las luchas y conquistas de las autonomías indígenas, lo cual incluye escenarios políticamente tan contrastantes como Bolivia, México y Perú. En este sentido, el nuevo desper-tar político de los pueblos indígenas se instala tanto en el terreno de la memoria larga, como en el de la memoria corta de las luchas: en efecto, la relegitimación de la matriz comunitaria ha tenido como telón de fondo el avance de la globaliza-ción neoliberal, expresado en la actualidad a través de la expansión de las fronte-ras del capital hacia los territorios antes considerados como improductivos. Estas nuevas modalidades de dominación colisionan de lleno con los modos de vida de las poblaciones originarias y campesinas, y amenazan en su conjunto la preserva-ción de los recursos básicos para la vida (tierra y territorio). Dichos antagonismos han ido configurando respuestas diferentes que, por encima de las tensiones exi-stentes colocan en el centro la autonomía de los pueblos indígenas, la refundaci-ón de la nación a través de la creación de Estados plurinacionales y el reconoci-miento de una “legalidad originaria”6, por la vía de Asambleas Constituyentes y reformas constitucionales. En Bolivia, la expresión más acabada del proyecto político indigenista ha sido sin dudas ElPacto de Unidad, que integraron diversas organizaciones indíge-nas y campesinas vinculadas al MAS, un documento preparado especialmente pa-ra la Asamblea Constituyente que propone la creación de un Estado comunitario y plurinacional. Elaborado y publicado en septiembre de 2006, es una prueba elo-cuente de la apuesta realizada por importantes organizaciones sociales, de carác-ter indígena y rural, respecto de los objetivos refundacionales que originariamen-te planteaba la Asamblea Constituyente.7 Sin embargo, en Bolivia el desafío por crear un Estado plurinacional se en-trecruzó con la necesidad, por parte del nuevo gobierno, de reconstruir el Estado nacional, a través del desarrollo de mecanismos reguladores que apuntan a des-articular el Estado metarregulador y patrimonialista heredado, asegurando con ello el control nacional de la economía y los recursos naturales. Por otro lado, la demanda de autonomía indígena se insertó en una dinámica de polarización social y regional, y encontró su contracara en las demandas autonómicas del Oriente, ese “otro país”, el de la media luna boliviana, que incluye Santa Cruz, además de Tarija, Beni y Pando. Esta reapropiación que hicieron las élites regionales de la demanda de autonomía, desembocaron en un proceso de tensión y de negocia-ción que atravesó la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución Política, sancionada en un marco de conflictos en Oruro, en diciembre de 2007, había recogido gran parte de lo expresado en el Pacto de Unidad, aunque varias definiciones quedaron en la nebulosa, como la elección de una Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendría a su cargo la dis-cusión sobre las autonomías, y la cuestión de cómo se saldarían los conflictos en-6 Retomamos la expresión de Fuentes Morúa (2006). 7 Las organizaciones eran las siguientes: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Boli-via – CSUTCB, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB, Confederación Sindical de Coloni-zadores de Bolivia – CSCB, Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, “Bartolina Sisa” - FNMCB-BS, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ, Coordinadora de Pueblos Étni-cos de Santa Cruz – CPESC, Movimiento Sin Tierra de Bolivia – MST; Asamblea del Pueblo Guaraní – APG; Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni – CPEMB

Working Paper 01/2010 12 l tre la justicia comunitaria y la justicia ordinaria.8 Sin embargo, las “correcciones” aportadas en octubre de 2008, en el marco de una negociación parlamentaria con la oposición, introdujeron varias modificaciones (un centenar) que afectaron el al-cance de la reforma agraria, de la justicia comunitaria y el llamado control social, entre otros. Sin duda, esta salida “pactada”, que redujo el alcance de las demandas de autonomía del proyecto indígena expresado a través de la Asamblea Constituyen-te, debe ser entendida en el escenario de polarización que recorre al país en los últimos años, agudizado desde el ascenso de Evo Morales. Pese a las concesiones, según Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo “la nueva Carta Magna tiene todo lo que Evo Morales necesita para construir su proyecto de poder: reelección, mayores espacios para la intervención del Estado en la economía y ciertos insumos para una descolonización entendida como igualdad” (Le Monde Diplomatique, 21.11.2008). En realidad, aún reconociendo tanto la fuerza como las debilidades del pro-yecto autonómico de las organizaciones indigenistas y rurales, necesario es decir que éste está lejos de presentarse en estado puro. Antes bien, aunque diferencia-da, la matriz comunitarista aparece articulada y combinada con la matriz nacional popular, de la cual Evo Morales aparece como su encarnación más clara. Además, existe la tensión -corrientemente subestimada e incluso invisibilizada- con las identidades campesinistas construidas bajo el nacionalismo revolucionario de los años cuarenta y cincuenta (Gordillo 2000). El hecho de que en la nueva Constitu-ción se hable de la “cosmovisión” indígena-campesina, busca resolver esta ten-sión entre una identidad clasista y otra que se postula –al menos en su forma in-digenista- como visión del mundo alternativa al “modelo de civilización occidental” heredero de la conquista española. Los sindicatos cocaleros, de donde surge a la política Evo Morales, son en gran medida herederos de estas tradicio-nes, junto con ciertas inercias y reinvenciones de lógicas protocomunitarias que perviven bajo la forma sindicato. Por su parte, en México, la autonomía fue desde el comienzo un núcleo central del proyecto zapatista, que sería ilustrado primero por los municipios au-tónomos y luego por las Juntas del Buen Gobierno, creadas en 2003, en una di-námica que suele ser leída como el proceso de fundación de instituciones propias. Estas nuevas instituciones, que se encuentran por fuera de la estatalidad, son una expresión de la consolidación del avance de las comunidades autónomas y autogestionadas en lo político y económico, encargadas de proveer educación, sa-lud, vivienda y alimentación, entre otros. Cuán desarrolladas están estas comu-nidades, cuán autónomas son (en lo económico, educativo y social, por ejemplo), cuántos avances han realizado en términos de pasaje de una “comunidad de re-sistencia” a una “comunidad proyecto”, es algo difícil de dirimir. Especialistas co-mo G. López y Rivas (2004) en la cuestión de las autonomías indígenas sostienen que los zapatistas han profundizado “las formas de una democracia basada en organizaciones abiertas, horizontales e incluyentes: gobernar como servicio, mandar obedeciendo, revocación del mandato, autogestión y autorganización del poder social, representar y no suplantar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, construir y no destruir”. Otros ensayos que exploran el tema reconocen la dificultad que hoy atraviesa el EZLN, debido al endurecimiento del escenario re-presivo en México, y la instalación, desde la llegada de Calderón de un cerco mili-tar que ha golpeado a las bases zapatistas (Modonesi: 2008). Asimismo, aún los 8 Para un análisis, véase Ochoa Urioste (2008).

Maristella Svampa Working Paper 01/2010 l 13 más críticos destacan que la mayor participación de los jóvenes y de las mujeres en la educación de los niños y el cuidado de los ancianos implica avances tanto en el campo de las relaciones de género como en las relaciones intergeneracionales, pero niegan que “las regiones zapatistas sean realmente autónomas” y que exista un proyecto político de construcción de la autonomía. Esta sería más bien de ca-rácter “empírico” (Almeyra: 2008). Por último, no son pocos los que subrayan el fracaso de La Otra Campaña, lanzada por el zapatismo en 2005, con la idea de unir la lucha indígena con otros sectores, y que instaló al zapatismo en un campo multiorganizacional complejo, de abierta confrontación con la “democracia dirigis-ta” (ilustrada por un liderazgo nacional-popular como el de López Obrador), y con la izquierda clasista más tradicional. Sin embargo, la construcción de una autonomía de hecho no es un tema menor, muy especialmente si hacemos referencia a otras experiencias mexicanas, por fuera del zapatismo. Recordemos que la autonomía remite tanto a la autode-terminación, como al reconocimiento de los derechos colectivos, a la vez cultura-les y territoriales. El zapatismo, principalmente a través de los acuerdos de San Andrés (1995-1996), abrió una gran oportunidad política para la discusión de las autonomías y el reconocimiento de los derechos culturales, en la cual participaron numerosas organizaciones indígenas. La disputa por el sentido de la autonomía indígena, entendida como “el núcleo socio-político del proyecto indígena” (López y Rivas: 2004), se insertó pues en un campo pluriorganizacional, en el cual confluí-an organizaciones y pueblos indígenas. Los acuerdos de San Andrés reconocían el derecho de los pueblos a su autonomía en el marco del Estado mexicano, sin em-bargo, los mismos fueron traicionados, al distorsionarse la iniciativa de reforma constitucional impulsada por la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), votada posteriormente por el Parlamento, con la complicidad de los partidos ma-yoritarios. En 2001, se abrió la oportunidad de retomar los acuerdos de San Andrés -ya no bajo el gobierno del PRI sino del PAN-, a través de la propuesta de reforma de la constitución, pero nuevamente esta posibilidad se vería frustrada. Pero lo notorio es, como afirma López Barcenas (2006), que “los pueblos indígenas fue-ron más allá”: primero, interpusieron 330 controversias constitucionales, deman-dando la nulidad del proceso legislativo, lo cual fue rechazado por la Corte Su-prema de Justicia. En segundo lugar, dado el fracaso de la vía institucional, éstos llamaron “a construir las autonomías de hecho”. Así, en la medida en que el Esta-do cerró la puerta al reconocimiento de las autonomías indígenas, la respuesta, lejos de ser la resignación o la violencia, fue la de buscar concretar aquello que el gobierno les negaba. “En esa situación, mas que ponerse a discutir sobre el pro-blema, las comunidades indígenas avanzaron y en el camino resolvieron alguno de los problemas que aparentemente no tenían solución, con lo cual nos aporta-ron una experiencia cuyos impactos todavía no es posible evaluar en su totalidad” (Ibidem, pp. 106-107). Así en varios Estados (entre ellos en Guerrero y Oaxaca) se inició un proceso de autonomización de los municipios. En un marco en el cual “los sujetos titulares de los derechos indígenas son los pueblos indígenas y no los movimientos o las comunidades”, éstos han emprendido la defensa de los dere-chos comunitarios y el establecimiento de relaciones con otras comunidades y pueblos, apoyándose en el Congreso Nacional Indígena, como ámbito de discu-sión. A diferencia de Bolivia, donde los sentidos de la autonomía entraron en un campo de disputa, a partir de la reapropiación que realizó la derecha de la llama-da medialuna; en México ésta aparece como una prerrogativa absoluta de los pueblos indígenas, en su resistencia a las políticas de expropiación neoliberal lle-vadas a cabo por el gobierno. Asimismo, contrariamente a lo sucedido en Bolivia, donde la fragilidad del Estado nacional es una cuestión de origen y trayectoria histórica, en México, el proceso de construcción del Estado nacional, conducido por el PRI a lo largo del siglo XX, ha sido considerado como “exitoso”. Sin embar-go, la apertura a la globalización asimétrica y los acuerdos comerciales celebrados con Estados Unidos, implicaron un trastocamiento de las relaciones sociales y una reorientación de la estructura estatal priista (ver Gilly: 2000). Así, no es casual que uno de los aspectos más notorios que sobresale en el discurso de los diferen-tes actores es, como ya lo subrayaba el zapatismo, la crítica a la clase política, “incapaz de reconstruir el Estado nacional”. En ese marco, como afirma R. Gutié-rrez (2006), los reclamos de los pueblos indígenas se harán bajo la consigna de la dignidad y la autonomía. En suma, en México, el avance de las autonomías locales va revelando progresivamente un modelo de construcción del poder, en contraposición a la es-tatalización representada por el PRI y el PAN. Así Bárcenas destaca que “con la decisión de construir autonomía los pueblos indígenas buscan dispersar el poder, para posibilitar el ejercicio directo de las comunidades indígenas”; una descentra-lización diferente a la propuesta por los expertos del Banco Mundial. Elección y rotación de autoridades según los usos y costumbres, gestión comunitaria de la educación, en algunos casos, como en Guerrero, policía comunitaria, son aspec-tos que cubre el proceso de construcción cotidiana de la autonomía. Luchas loca-les que progresivamente enfrentan problemas nacionales en el marco de la globa-lización: la lucha por la tierra y el territorio (soberanía alimentaria, lucha contra la privatización de la energía eléctrica, el petróleo y los recursos naturales). Así, la autonomía es un proceso en construcción, cuyo alcance todavía no puede ser evaluado en su impacto y magnitud, pero como sostienen varios autores, señala un proceso de lucha que parece no tener retorno. Otro de los ejemplos de reemergencia de la matriz comunitaria, en el mar-co de un gobierno neoliberal y fuertemente represivo, es el caso de Perú, país en el cual en 1999 surgió la Coordinadora Nacional de las Comunidades del Perú que, afectadas por la Minería (Conacami), comunidades y organizaciones de nueve re-giones del país se articulan. Resulta emblemático que, en los últimos años, en un contexto de creciente judicialización del conflicto, la Conacami ha ido realizando el pasaje de un lenguaje “ambientalista”, crítico del modelo productivista de desa-rrollo, a la reafirmación de una identidad indígena y la defensa de los derechos culturales y territoriales (Hoetmer et al: 2008). Por último, bueno es recordar que el avance de los pueblos indígenas en su lucha por la autonomía incluye otros movimientos y organizaciones que se desarrollan actualmente en Colombia, Ecu-ador y Chile, entre otros países.

Maristella Svampa Working Paper 01/2010 l 15 5Las nuevas formas de militancia y la demanda de autonomía En segundo lugar, aunque en otro registro, la demanda de autonomía re-corre también otras formas de resistencia. Ya hemos adelantado que la demanda de autonomía da cuenta de una transformación importante en el proceso global de construcción de las subjetividades políticas, como resultado de los cambios que ha habido en la sociedad contemporánea. Cierto es que no hay que caer en la tentación metonímica y confundir la parte con el todo, pero resulta claro que la demanda de autonomía es uno de los rasgos más salientes del campo contestata-rio. Más aún, para el caso latinoamericano, la conjunción entre anclaje territorial, acción directa, difusión de modelos asamblearios y demanda de autonomía, han ido configurando un nuevo ethos militante, esto es, un conjunto de orientaciones políticas e ideológicas que configuran la acción colectiva y se expresan a través de modelos de militancia, tales como el militante territorial y el activista cultural (Svampa: 2005). El nuevo ethos militante genera en la praxis cruces y yuxtaposiciones, pero también nuevas fronteras entre los modelos de acción y sus expresiones organi-zativas. En realidad, diferentes pero también complementarios, el militante social territorial y el activista cultural no siempre se encuentran en el largo camino de las luchas. Así, a diferencia de otras décadas, el activista cultural es particular-mente celoso de su autonomía, y aún no está claro si la mayor distancia o la arti-culación con los movimientos sociales es sólo un problema de dinamismo socio-político, de potencialidad intrínseca o de particulares diferencias en términos de horizonte de expectativas. Un caso de articulación ha sido sin duda ilustrado por el zapatismo. En efecto, en un contexto de globalización asimétrica, que colocó a los pueblos indí-genas en la vanguardia de la lucha por la tierra y el territorio, el zapatismo inau-guró una “modernidad no excluyente” (Ceceña: 2004). Ciertamente, su irrupción fue no sólo importante en el marco del ascenso de los movimientos indígenas la-tinoamericanos, sino también en el proceso de renovación de las izquierdas. Más allá de las valoraciones que hagamos, el zapatismo conllevó una reformulación del horizonte de las izquierdas latinoamericanas, en un movimiento que lo colocó claramente, a través del discurso de Marcos, a contracorriente de las visiones vanguardistas del poder; en un movimiento que al tiempo que lo separaba de las izquierdas vernáculas, lo conectaban directamente con el nuevo ethos epocal, ilustrado emblemáticamente por la narrativa autonomista. Esto fue lo que dotó al zapatismo de una gran capacidad de atracción e irradiación: por un lado, su po-derosa interpelación específica (hacia los pueblos indígenas), que, sin embargo; estaba lejos de declinarse en términos de un neofundamentalismo étnico o de un repliegue identitario. Por otro lado, su interpelación global a una forma de conce-bir la política desde abajo, que reclama la autonomía, la horizontalidad de los la-zos y la democracia por consenso como valores estructurantes, valores comparti-dos con los nuevos movimientos sociales surgidos en los años sesenta. La noción de autodeterminación fue la llave que unió estas dos dimensiones de la autono-mía, provenientes de experiencias tan diversas. El zapatismo tuvo así dimensio-nes que lo han hecho único, tanto por su capacidad para tender puentes intercla-sistas, intergeneracionales e internacionales, como por su persistencia y dinamismo a lo largo de un proceso conflictivo en el cual se han ido alternando de manera singular, el silencio y la palabra. Asimismo en México, el rol de los colectivos culturales (por ejemplo, como potenciales articuladores de la fallida La Otra Campaña) ha sido también destacable. En Argentina, hay que reconocer que en los últimos años ha habido un amplio desarrollo de diferentes corrientes que dan cuenta de la presencia de la narrativa autonomista que incluyen desde las organizaciones de desocupados in-dependientes, asambleas barriales, organizaciones de derechos humanos (como H.I.J.O.S), fábricas recuperadas, asambleas socio-ambientales, numerosos colec-tivos culturales e incluso experiencias centradas en la denuncia de la precariza-ción laboral (Coordinadora de Trabajadores Precarizados) y nuevos activistas sin-dicales. Pese a su escasa proyección política en la escena pública, la defensa de la autonomía recorre una parte no menor de las experiencias sociales y políticas contemporáneas. Por otro lado, recordemos que, en Argentina, la presencia de la matriz comunitaria, a través de las organizaciones indígenas, es marginal. Por ende, la autonomía es un reclamo disociado de esta poderosa corriente (y su ex-presión en términos de proyecto político) que aparece en otras regiones de Amé-rica Latina. En este sentido, pese a que en el campo de los movimientos sociales, la narrativa autonomista se nutre de un discurso práctico,9 antes que teórico, ca-be señalar la fuerte resonancia que en el campo cultural han tenido Deleuze, la filosofía política italiana (Toni Negri y Paolo Virno), así como algunos textos de Holloway. A nivel continental, el modelo de referencia es sin duda la experiencia y el discurso zapatista, más allá de las entusiastas adhesiones que ha producido la experiencia Boliviana en los últimos años. En breve, mientras que en el caso de México este nuevo talante epocal presenta diversas modalidades de conjunción con la matriz indigenista, en Argentina ésta se nutre del rechazo a la izquierda tradicional, instalando una tensión entre la afirmación de la autonomía como hori-zonte político emancipatorio, y, la autonomía como valor refugio. Tanto las asambleas barriales que proliferaron durante 2002, como en la actualidad la Uni-ón de Asambleas Ciudadanas (UAC), que nuclea unas setenta organizaciones de base que luchan contra la megaminería a cielo abierto y los agronegocios, ilustran el segundo caso (la autonomía como valor refugio), y visibilizan las dificultades que en términos de construcción política enfrenta esta nueva cultura militante .Asimismo, tanto el militante social como el activista cultural, enfrentan hoy obstáculos diferentes. En cuanto al militante social, una de las mayores dificulta-des es la de politizar lo social en el marco de un “cierre” del peronismo desde abajo y ante las limitaciones que presupone una tarea asociada a la urgencia, esto es, a la gestión de las necesidades básicas. La actual crisis de las organiza-ciones de desocupados no es ajena al estallido de esta tensión, por encima del posterior mejoramiento de la situación económica, a partir de 2004 (Svampa: 2008). En cuanto a los militantes o activistas culturales, éstos han contribuido de manera decisiva a recrear los sentidos de las movilizaciones, sobre todo a partir del año 2002, aun si en el presente no tienen la visibilidad de los años anterio-res. En efecto, en la actualidad el lazo con los movimientos sociales aparece debi-litado o, por el contrario, cuando éste existe, el activista cultural tiende a en-capsularse en el espacio militante.109 Como afirma Martín Bergel (2008), “un rasgo que configura una de las especificidades de los autó-nomos argentinos: el reconocimiento de la superioridad epistemológica y política del momento prác-tico, y el celo por la irreductible singularidad de cada experiencia”. 10 Una situación opuesta es la de Brasil, donde el Movimiento de los Trabajadores sin Techo trabaja-ba hasta hace poco tiempo codo a codo con activistas culturales (la llamada guerrilla cultural), du-rante las ocupaciones de tierras urbanas.

Maristella Svampa Working Paper 01/2010 l 17 Época entonces de convergencias difíciles: en Bolivia, por ejemplo, la po-tenciación entre militantes sociales y activistas culturales creció enormemente entre el año 2000 y 2003, año de la caída de Sanchez de Lozada, pero no parece ser el caso en la actualidad, bajo el gobierno de Evo Morales. Amén de ello, resul-ta curioso que un gobierno que define la revolución en curso en un doble plano, a la vez político y cultural, y viene desarrollando una retórica fuerte en torno a la descolonización, otorgue una escasa importancia al rol creativo de la cultura y más específicamente, a la tarea de recreación que de la historia Boliviana diver-sos colectivos culturales vienen realizando, sobre todo en El Alto, por fuera del gobierno, y, en algunos casos, con apoyo de ciertas ONGs.

6La actualización de la tradición nacional-popular

En tercer lugar, la desnaturalización de la relación entre globalización y ne-oliberalismo, nos inserta en un escenario transicional en el cual una de las notas mayores es la reactivación de la matriz nacional-popular, ligada a la reivindicaci-ón del Estado (como constructor de la nación) y a un ejercicio de la política que instala una permanente tensión y/o conjunción entre, por un lado, las demandas de democracia directa y participativa y, por otro lado, la democracia representati-va y decisionista. En este registro se instala Bolivia, que señala a la vez la tensión y conjun-ción de la doble exigencia de creación de un Estado plurinacional y de un Estado nacional, en el marco de un proceso de polarización social y regional. En efecto, en Bolivia, la actual polarización social y regional va reconfigurando el horizonte de las tradiciones políticas y sus respectivos proyectos; polarización que debe ser entendida en dos niveles diferentes: por un lado, como hemos dicho, la posibili-dad de constitucionalizar un Estado Plurinacional, conformado por diversas auto-nomías (administrativas y territoriales), debe armonizar con el avance y consoli-dación de un Estado regulador, no solo de las relaciones económicas, sino también de las relaciones entre gobierno y movimientos sociales, lo cual puede conllevar una transferencia progresiva a los grupos/pueblos y organizaciones, en la medida –y con el ritmo- que éstas vayan forjando poder instituyente. En se-gundo lugar, la dinámica de polarización nos confronta a otros escenarios políti-cos, en donde las relaciones de fuerza profundizan la división entre dos bloques: de un lado, entre movimientos/organizaciones abroquelados en torno de la figura del líder (en su versión nacional-popular), y, de otro lado, las oligarquías regiona-les –hoy políticamente debilitadas- atrincheradas en la medialuna, con sus prefec-tos y estamentos institucionales. Pero, lo que resulta claro es que, en octubre de 2008, y en un proceso todavía abierto, la crisis boliviana se resolvió en favor del fortalecimiento del Estado nacional, antes que del Estado plurinacional. Asimismo, a partir del ascenso de Néstor Kirchner (2003-2007), sucedido por su esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2007), la Argentina da cuenta del retorno en fuerza de la matriz nacional popular, bajo el modelo de la participación controlada, en un marco de fragmentación organizacional tanto de las agrupacio-nes de la izquierda tradicional como de la izquierda autónoma. En este sentido, hay que señalar que la tradición populista argentina retoma elementos diferentes respecto de aquellas otras experiencias que recorren el continente, como es el caso de Bolivia, donde lo nacional-popular reaparece ligado a las demandas de nacionalización de los hidrocarburos, que proclaman el conjunto de los actores movilizados, actualizada ahora por el liderazgo de Evo Morales. Asimismo, pese a todas las afinidades –más deseadas que efectivamente existentes–, el modelo kirchnerista poco tiene que ver con el proyecto propugnado por Chávez en Vene-zuela, cuyo carácter controvertido y ambivalente nos advierte ya acerca del ca-rácter multidimensional de esa experiencia populista.11 A diferencias de las expe-riencias citadas, en Argentina, la tradición populista tiende a desembocar en el 11 En países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, (éste último, con todas sus controversias), la actual polarización está ligada a políticas de gobierno que apuntan a un cambio en el equilibrio de las fuer-zas sociales. No es el caso de la Argentina, país donde las continuidades –en términos de políticas redistributivas, elección de socios económicos, modo de pensar la política institucional y sus “apara-tos”, entre otros temas, parecen tener mayor peso que las rupturas efectivamente logradas.

Maristella Svampa Working Paper 01/2010 l 19 reconocimiento de la primacía del sistema institucional, a través del protagonismo del Partido Peronista, por sobre aquel de los movimientos sociales. Esta inflexión no es solo el resultado de una relación histórica o de un vín-culo perdurable entre partido peronista y organizaciones sociales, sino que res-ponde a una cierta concepción del cambio social: aquella que deposita la perspec-tiva de una transformación en el cambio en la orientación política del gobierno, antes que en la posibilidad de un reequilibrio de fuerzas a través de las luchas so-ciales. Esta primacía del sistema político-partidario tiende a expresarse en una fuerte voluntad de subordinación de las masas organizadas a la autoridad del lí-der (como lo ilustran de manera evidente tanto los sindicatos de la otrora podero-sa Confederación General del Trabajo, y actualmente las organizaciones de des-ocupados oficialistas a través del modelo de “participación social controlada”. Al mismo tiempo, esto se expresa a través de la desconfianza hacia las nuevas for-mas de autoorganización de lo social y sus demandas de empoderamiento y au-tonomía. En realidad, tanto para la izquierda partidaria como para la tradición po-pulista argentina y sus herederos actuales, la cuestión de la autonomía de los actores constituye un punto ciego, impensado, cuando no una suerte de paradig-ma incomprensible y hasta “artificial” en función de la actual geografía de la po-breza Por último, en México, el surgimiento de un movimiento cívico contra el fraude, como la Convención Nacional Democrática, nucleado alrededor de la figu-ra de López Obrador, hoy movilizado junto con otros sectores en contra de la pri-vatización de PEMEX (Petróleos Mexicanos), deja planteado varios interrogantes acerca de la persistencia de lo nacional-popular: elementos como el verticalismo, la falta de autonomía de las bases y la centralidad de la lucha electoralista,12 lo colocan en diálogo con otras experiencias latinoamericanas (como es el caso ar-gentino) . En suma, si la dinámica de la movilización social en México se inscribe en un doble fondo (luchas contra las políticas neoliberales y demandas de apertura y democratización del poder político), hay que decir que éstas presentan una alta fragmentación político-organizacional, en el marco de un agravamiento del con-texto represivo, así como, de una mayor profundización de las políticas neolibera-les, como lo muestra emblemáticamente la propuesta de privatización de PEMEX.

7La ilusión desarrollista13

La expansión vertiginosa del modelo extractivo-exportador y los grandes proyectos de infraestructura de la cartera del IIRSA, han traído consigo una cierta “ilusión desarrollista”, habida cuenta que, a diferencia de los años noventa (al menos, hasta antes de la actual crisis financiera mundial), las economías latinoa-mericanas se vieron enormemente favorecidas por los altos precios internaciona-les de los productos primarios (commodities), tal como se refleja en las balanzas comerciales y el superávit fiscal. El hecho no puede ser desestimado, muy especi-almente luego del largo período de estancamiento y regresión económica de las últimas décadas. En esta coyuntura favorable, no son pocos los gobiernos latino-americanos que han relegado en un segundo plano o sencillamente escamoteado las discusiones acerca de los modelos de desarrollo posible, habilitando así el re-torno en fuerza de una visión productivista del mismo. Convengamos que se ha escrito mucho acerca de las dificultades que una gran parte de los movimientos sociales actuales tienen para comprender e invo-lucrarse en la compleja dinámica de reconstrucción del Estado, en el marco de procesos nacionales caracterizados como “gobiernos en disputa”. Incluso se ha criticado la visión simplificada y, por momentos dogmáticamente autonómica, de movimientos y organizaciones sociales, proclives a ignorar las ambivalencias y di-lemas que afrontan aquellos gobiernos que hoy se proponen como objetivo un cambio en las relaciones de fuerza. Sin embargo, muy poco se ha hablado acerca de la ilusión desarrollista que hoy parece caracterizar a varios gobiernos de la re-gión, y de las consecuencias que ello podría aparejar en términos de reconfigura-ción social. Por otro lado, recordemos que hasta bien entrados el siglo XX, no existía lugar político e ideológico desde el cual oponerse al irresistible credo del progreso, ya que se desconocían –o bien, se desestimaban- las consecuencias destructivas que podía generar una modernización sin freno. En rigor, había un único para-digma de la modernización, al cual adherían incluso las diferentes corrientes del marxismo, cuya visión productivista y homogeneizante del progreso fue puesta a prueba en varias oportunidades y contextos históricos. En este sentido, América Latina no fue una excepción, pues la modernización y el credo productivista su-pieron ser la bandera que enarbolaron tanto los Estados desarrollistas como las diferentes experiencias nacional-popular. Antes bien, quizá mucho más que en otras latitudes, las izquierdas –tanto en su matriz anticapitalista como nacional-popular- se mostraron sumamente refractarias a las corrientes críticas (ambienta-listas y ecologistas) que se iban pergeñando a la luz de las diferentes críticas del paradigma productivista. Cierto es que, en las últimas décadas el escenario cambió ostensiblemente. Por un lado, la crisis de la idea de modernización (y por ende, del desarrollo), en su versión hegemónica y monocultural, abrió un nuevo espacio en el cual se fue cristalizando el rechazo y la revisión del paradigma del progreso. A esto se sumó, en América Latina, la crítica de los pueblos originarios y movimientos campesinos a las tentativas asimilacionistas o etnicidas que reflejaban los diferentes modelos de desarrollo instalados por los Estados nacionales en sus diferentes fases (Esta-do conservador, Estado nacional-desarrollista, Estado neoliberal). Estos dos 13 Retomamos aquí ciertos desarrollos ya propuestos en “La disputa por el desarrollo”, en: Svampa, Maris-tella (2008): Cambio de época: movimientos sociales y poder político. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Edito-res Argentina: CLACSO.

Maristella Svampa Working Paper 01/2010 l 21 hechos abrieron el espacio a la revalorización acelerada de las cosmovisiones y culturas indígenas, lo cual se vio potenciado por el ascenso de los movimientos y organizaciones indígenas en diferentes países, como en Ecuador, México y Bolivia, entre otros. Uno de los pocos países en los cuales se ha intentado llevar a cabo una discusión sobre el modelo extractivista exportador (respecto del petróleo y de la minería a gran escala) es Ecuador, lo cual se vio reflejado inicialmente a través de la composición del gabinete, dividido entre “extractivistas” y “ecologistas” (Ramírez/ Minteguiaga 2007). Sin embargo, el resultado no ha sido muy alenta-dor. Ciertamente, luego de su asunción, el Gobierno de Correa elaboró y difundió un Plan Nacional de Desarrollo, que involucraba una concepción integral del mis-mo, esto es, no sólo en términos de lógica productiva y social, sino también el desarrollo entendido como “la consecución del buen vivir en armonía con la natu-raleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas” (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010: 55). La elaboración del Plan incluyó mesas de discusión en las que participaron diferentes sectores de la sociedad Ecuatoriana, así como un proceso arduo de sistematización y consensos sobre sus componentes. Dentro del Gobierno de Correa, las posiciones ecologistas eran reflejadas por el influyente Alberto Acosta, quien fuera primero ministro de Energía y luego presidente del la Asamblea Constituyente.14 La propia Asamblea planteó, en un momento determinado, declarar el Ecuador “libre de minería contaminante”. Los resultados, sin embargo, fueron otros: efectivamente la Asamblea Constituyente declaró en abril de 2008 la caducidad de miles de concesiones mineras presunta-mente ilegales y puso en vilo millonarios proyectos extractivos, mientras se apro-baba un nuevo marco legal para ampliar el control estatal en la industria. En este sentido, como plantea Mario Unda (2008) “la reversión de las concesiones mine-ras debe entenderse como un mecanismo para obligar a las empresas mineras a renegociar bajo nuevas condiciones, dejando más recursos en el país, acogiendo reglamentaciones más claras y posiblemente una asociación con el Estado (para lo cual se plantea la creación de la Empresa Nacional de Minería)”. Finalmente, la nueva ley minera, aprobada en enero de 2009, perpetúa el modelo extractivista, desconociendo el derecho a la oposición y consulta de las poblaciones afectadas por la extracción de recursos naturales. Así, contrariando la expectativa de nume-rosas organizaciones sociales, el gobierno de Correa optó por un modelo neode-sarrollista, minimizando el debate acerca de los gravosos efectos sociales y am-bientales de las actividades extractivas. Para el caso de Bolivia, la cuestión involucra explícitamente otros registros políticos y sociales. A su arribo, en 2006, el MAS presentó un Proyecto Nacional de Desarrollo (aunque nunca fuera publicado), que incluye una crítica del concep-to clásico o tradicional. Así, se afirma la visión monocultural del Estado, en sus di-ferentes momentos (sea que hablemos de la etapa oligárquica, desarrollista, co-mo neoliberal), al tiempo que se apunta a incorporar una visión multidimensional del desarrollo, que involucra directamente la temática de los recursos naturales, la biodiversidad y el medioambiente. Sin embargo, las tensiones y ambivalencias son claramente visibles, pues si bien resulta claro que la política de Evo Morales apunta al quiebre de una visión monocultural del Estado, por el otro, no es menos cierto que se ha reactivado un imaginario desarrollista, en clave nacionalista, alentado por la apertura de nuevas oportunidades económicas (en un país donde la contracara es precisamente un imaginario del despojo reiterado –de tierras y 14 Acosta presentó su renuncia a mediados de 2008, en razón de sus desacuerdos con el presidente Correa.

Working Paper 01/2010 22 l riquezas–). Como afirma Stefanoni (2007), el Gobierno “promueve la utilización de las reservas de hidrocarburos y minerales para “industrializar el país” y eman-ciparlo de la condena histórica del capitalismo mundial a ser un mero exportador de materias primas, y, al mismo tiempo, deja entrever cierta nostalgia hacia un Estado de bienestar que para el caso Boliviano fue extremadamente limitado.15Finalmente, para el caso argentino, las propuestas del matrimonio presi-dencial, los Kirchner, han sido de corte claramente continuista. En realidad, el go-bierno argentino ha reactivado la retórica nacional-popular tardíamente (sobre todo luego del conflicto con los productores agrarios), al tiempo que promueve la continuidad del paradigma de los agronegocios y el modelo extractivista, en todas sus modalidades. Recordemos que, en un contexto de rentabilidad extraordinaria para el sec-tor agrario y con un objetivo recaudatorio y fiscalista, la nueva presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007) aumentó las retenciones de las exportaciones de las mineras, hidrocarburos y productos agrícolas. En marzo de 2008, anunció un nuevo aumento de las retenciones al agro, elevándolo al 44%. Estas medidas ge-neraron un enfrentamiento entre el Gobierno y los diferentes sectores organiza-dos del campo, que agrupó de manera inédita tanto a las grandes organizaciones rurales como a aquellas representantes de los pequeños productores. Dicho conflicto –que reactualizó peligrosamente los viejos antagonismos binarios de or-den clasista y racistas, implicó el bloqueo de numerosas rutas del país que lo pa-ralizaron durante casi cuatro meses, dejando a las grandes ciudades al borde del desabastecimiento. Esta disputa abrió por primera vez la posibilidad de una dis-cusión parcial acerca de las consecuencias de la expansión del modelo de agrone-gocios, cuestión hasta ese momento reservada a unos pocos especialistas, ecolo-gistas marginales y movimientos campesinos.16En este sentido, tal vez la mentada puja entre el “campo” y el “Gobierno” contribuya a generar un verdadero debate social sobre las implicaciones de un paradigma productivo y sus puntos ciegos (tendencia al monocultivo, a la con-centración económica, desplazamiento de poblaciones campesinas, contaminación por el uso de agrotóxicos, riesgo de pérdida de soberanía alimentaria, entre otros), problemas que engloban mucho más que a los productores agrícolas, su-peran la discusión acerca del tamaño de la unidad productiva o el porcentaje de retenciones que debe cobrar el Estado, y, ponen en tela de juicio la actual visión productivista del desarrollo, que predomina tanto en el Gobierno como en el con-junto de los actores involucrados en el modelo de agronegocios. En fin, en este escenario, y por encima de las diferencias nacionales, mo-vimientos campesinos e indígenas, movimientos socio-ambientales urbanos, son arrojados a un campo de doble clivaje y asimetría. Por un lado, deben enfrentar directamente la acción global de las grandes empresas transnacionales, quienes en esta nueva etapa de acumulación del capital se han constituido en los actores claramente hegemónicos del modelo extractivo-exportador, por otro lado, en el plano local, deben confrontar con las políticas y orientaciones generales de los 15VéaseSvampa/ Stefanoni (2007). 16Para comprender el carácter de este largo y desgastante conflicto, es necesario tener en cuenta que la introducción del nuevo paradigma agrario, a mediados de los 90, no sólo benefició a los grandes propietari-os y fue generando una poderosa cadena de actores intermediarios, sino también a los pequeños y media-nos productores, quienes en medio de la aguda crisis del agro, se aferraron a éste como a una tabla de sal-vación en medio del naufragio. Así, los pequeños productores, muchos de ellos mini-rentistas, están lejos de cuestionar el paradigma productivo; antes bien, sus demandas se vinculan con una mejor inclusión de-ntro del mismo.

Maristella Svampa Working Paper 01/2010 l 23 gobiernos, quienes consideran que en la actual coyuntura internacional las activi-dades extractivas y los agronegocios constituyen la vía más rápida –sino la única en esas regiones- hacia un progreso y desarrollo, siempre trunco y tantas veces postergado en estas latitudes. Asimismo, la disputa da cuenta no sólo de un con-tinuado acoplamiento entre neodesarrollismo y neoliberalismo, sino también, una vez más, de la asociación entre neodesarrollismo y tradición nacional-popular. * * * El llamado a la diversidad o el reconocimiento de la diferencia como eje de las luchas sociales encuentra dos declinaciones fundamentales en América Latina: por un lado, el proyecto de autonomía de los pueblos indígenas, expresado en un colosal desafío, el de crear un Estado Plurinacional. Por otro lado, en diversos paí-ses ha habido un desarrollo importante de la narrativa autonómica vinculada al nuevo ethos militante, que bien vale la pena explorar en el proceso de consolida-ción – sus potencialidades y sus límites- de una subjetividad política disrruptiva. Claro está que el avance de las luchas indígenas da cuenta de una reivindicación específica ligada a la historia latinoamericana, mientras la narrativa autónoma forma más bien parte del nuevo talante epocal, está presente en gran parte de las sociedades contemporáneas, en tanto heredero de los llamados nuevos movi-mientos sociales, y directamente vinculado con la crisis de representación política. Por último, el cambio de época registrado en los últimos años en la región, a partir de la desnaturalización de la relación entre globalización y neoliberalismo, ha configurado un escenario transicional en el cual otras de las notas mayores pa-recer ser la (re)articulación que presenta la tradición nacional-popular con el mo-delo neodesarrollista, asentado en la reprimarización de la economía. Curiosa pa-radoja, entonces, la que atraviesa gran parte de la región latinoamericana: la crisis del consenso neoliberal, la relegitimación de los discursos críticos, la emer-gencia y potenciación de diferentes movimientos sociales, en fin, la reactivación de la tradición nacional-popular, se insertan en una nueva fase de acumulación del capital, en la cual uno de sus núcleos centrales es la expropiación de los re-cursos naturales, cada vez más escasos, en el marco de una lógica de depredaci-ón ambiental. Sin embargo, en este contexto, se opera la reasociación entre la tradición nacional-popular y una visión productivista del desarrollo. En suma, si bien es cierto que en la actualidad asistimos al retorno de dos “conceptos límites” del pensamiento social latinoamericano, Emancipación y De-sarrollo, tal como están planteadas, o su debate en cierto modo escamoteado, lo que resulta claro en el proceso de las luchas políticas y sociales, es que las vías del desarrollo y las vías de la emancipación amenazan con ser claramente anta-gónicas.

8Bibliografía

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