Bolivia. La masacre de Senkata: consideraciones sobre la legitimación estatal de la represión

Guido Alejo    30.Nov.19    Análisis y Noticias

El 19 de noviembre de 2019 se produjo el hecho más trágico en la historia alteña reciente: la “masacre de Senkata” en la cual murieron 9 ciudadanos bolivianos. La masacre se enmarcó en los conflictos postelectorales que derivaron en la asunción de Jeanine Áñez como presidente y las movilizaciones que pidieron su renuncia, muchas de las cuales fueron dirigidas por dirigentes residuales del MAS, pero la población movilizada no necesariamente se adscribió a esos intereses.



 
La masacre de Senkata: consideraciones sobre la legitimación estatal de la represión
 
 
Guido Alejo
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El 19 de noviembre de 2019 se produjo el hecho más trágico en la historia alteña reciente: la “masacre de Senkata” en la cual murieron 9 ciudadanos bolivianos. La masacre se enmarcó en los conflictos postelectorales que derivaron en la asunción de Jeanine Áñez como presidente y las movilizaciones que pidieron su renuncia, muchas de las cuales fueron dirigidas por dirigentes residuales del MAS, pero la población movilizada no necesariamente se adscribió a esos intereses.

Paralelamente se vino realizando una lucha simbólica, la construcción de un discurso y relato que hegemonice el imaginario y se imponga sobre los fragmentos de otro relato subalterno, es en este sentido que toma fuerza el sentido de inferiorización hacia en contendiente, la trivialización de su reacción, la simplificación de su ser, su deshumanización… solo de esta forma el resto de la población aceptará una imposición opresiva incluso a costa de sus propias libertades, así, la muerte del oponente construido será tolerable, incluso deseada. En consecuencia, el gobierno central se ha atribuído la superioridad moral y la propiedad de la verdad absoluta y el uso legítimo de la fuerza.

La planta de GLP de Senkata en la ciudad de El Alto es un elemento estratégico ya que aprovisiona de combustible y garrafas de cocina a la región metropolitana paceña. Durante los conflictos de los últimos años el bloqueo del sector por parte de los vecinos es una medida de presión de peso para conseguir ciertas demandas ante el Estado, en este caso la demanda de renuncia de la presidente y alcaldesa vigentes, la anulación del decreto N°4082 (exime de responsabilidades a los militares en los “operativos para restablecer el orden”). El bloqueo en el sector se inicia el 9 de noviembre, dos días antes de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, inicialmente son dirigentes del MAS que articulan el movimiento, sin embargo, con el pasar de los días la dirigencia masista de la FEJUVE es desconocida y el movimiento se hace más heterogéneo y por ende no se le puede catalogar como netamente partidario.

LA VERSIÓN OFICIAL DE LOS HECHOS

El ambiente mediático fue trabajado desde el Estado con los fantasmas del intervencionismo cubano y venezolano, el narcotráfico y grupos irregulares presentes en el interior del país (algo que no se pude negar, pero ¿será aplicable para el contexto de Senkata?), el perfil del bloqueador se categorizó a “vándalos, alcohólicos y saqueadores” y a raiz de la matanza se acuñó también el perfil de “terroristas”. Todo este discurso se apoya en un relato mediático por parte de algunas cadenas televisivas y radiales, además de una campaña intensa en RRSS en busca de inferiorizar al movilizado.

El 19 de noviembre “los uniformados tuvieron que hacer uso de agentes químicos para dispersar a los bloqueadores que permanecían en el distrito 8 de la urbe alteña, mientras que la hilera de cisternas y de camiones cargados con garrafas avanzaba hacia la avenida 6 de marzo.” (El Deber, 19 de noviembre de2019)

“El martes unas 200 personas regresaron a la planta de Senkata minutos después de que 45 camiones cisterna  cargados salieran del lugar, custodiados por más de 25 vehículos militares y policiales, a La Paz. Rodearon el lugar, lanzaron piedras y después volaron dos muros con explosivos. Antes, causaron un incendio en el interior. También quemaron vehículos.” (Pagina Siete, 21 de noviembre 2019) 

“Ocho personas fallecieron ayer martes, cuando grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se manifestaron en ese lugar y derribaron el muro perimetral de la planta con dinamitas”. (El Deber, 21 de noviembre de 2019)

“El titular de Defensa ( Luis Fernando López) volvió a defender la actuación de las Fuerzas Armadas, indicando que los militares no están empleando armamento letal para disuadir a los movilizados. Sobre el decreto que autoriza el desplazamiento de tropas en las calles remarcó que ‘no es carta blanca para matar’, sino que se enmarca en la Constitución Política del Estado” (Correo del Sur, 19 de noviembre de 2019).

“(…) ocho personas perdieron la vida en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, después del atentado contra la planta de YPFB en el que tuvieron  que actuar las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ninguna fue victimada con armamento militar, según informó el Instituto de Investigación Forense (IDIF)” (Página Siete, 23 de noviembre de 2019).

“Si se consolidaba lo de Senkata, miles de personas hubieran muerto, si no era por nuestra valiosa Policía y Ejército que han mantenido un fuerte control de la planta”, “todo el día había un plan para hacer volar la planta” (Declaraciones del Ministro Arturo Murillo, 20 de noviembre de 2019)

“Tras una inspección a la planta de Senkata, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó que existen serios destrozos en uno de sus muros. También dijo que vehículos de la empresa fueron quemados y que se robaron al menos 500 garrafas de GLP” (ANF, 23 de noviembre de 2019)

Las ideas centrales del relato oficial se expresan en una intervención con agentes químicos que habían dispersado a los bloqueadores, luego de la salida de los camiones cisternas, decenas de manifestantes regresaron, ocasionaron un incendio en el interior y luego dinamitaron el muro perimetral para ingresar y ocasionar una explosión de magnitud. Ante estas acciones los uniformados los habrían disuadido en base a armamento no letal, luego los manifestantes procedieron a incendiar vehículos y robar garrafas, fueron dispersados por los unifrmados quienes reforzaron la vigilancia en toda la planta de Senkata. En este caso los muertos no los habrían ocasionado los militares ya que se esgrime la posición de que manejan armamento de diferente calibre, los muertos serían fruto de los mismos manifestantes con el fin de enardecer la movilización.

CONSIDERACIONES SOBRE LA VERSIÓN OFICIAL DE LOS HECHOS

En el plano esquemático se puede contrastar las afirmaciones gubernamentales. De ser cierta la intención de explotar la planta, los manifestantes que derruyeron el muro tendrían que recorrer 250m y 450m (sector de depósitos principales) para alcanzar los tanques de almacenamiento de combustible. El muro derruido está allende a los edificios administrativos, existen sectores donde la distancia entre la calle y los tanques de almacenamiento es mucho menor, por ejemplo desde la Av. Arica (70m) y la calle Seoane (40m).

Los muros destruidos están cercanos a los bloques de construcción del área administrativa, no cercanos a los tanques de almacenamiento de combustible, esa cercanía demuestra que posiblemente el objetivo se encontraba en los bloques del área administrativa.

 

El uso de dinamita -por parte de los manifestantes- para derruir el muro no es evidente en el registro gráfico, contradice a las versiones oficiales, al igual el ministro de hidrocarburos ( Víctor Hugo Zamora) en fecha 24 de noviembre, no menciona daños en el interior ocasionados por un incendio como afirmó la prensa Pagina Siete dos días antes. El uso de armas de fuego por parte de los uniformados está en entredicho, ya que abundan vídeos en los que los uniformados disparan en contra de los manifestantes, este ultimo aspecto es matizado con la versiones del IDIF y otros peritos que indican que la munición extraída de los cuerpos no pertenece al armamento usado por las fuerzas del orden, es más, se divulga la versión de que los manifestantes que saquearon las EPI (Estaciones Policiales Integrales) tenían armas de fuego y que las usaron asesinando a personas movilizadas para causar mayor caos, sin embargo no ha trascendido algún testimonio o registro visual que muestre a civiles con armas de fuego, al menos hasta la fecha de la presente publicación.

LOS TESTIMONIOS SOBRE LOS HECHOS

Las RRSS se llenaron de material audiovisual respecto a lo ocurrido en Senkata, demostrando la otra cara de la moneda. Los testimonios de los vecinos, si bien tienen sus particularidades no varían en general y se pueden identificar dos episodios importantes en lo referente a los hechos ocurridos el 19 de noviembre.

La salida de un convoy de cisternas marca el primer episodio que inicia la violencia extrema. Los testimonios indican que no hubo petición de diálogo ni algún acuerdo previo, sino la ejecución de una represión intempestiva con el uso de gases lacrimógenos y proyectiles que derivaron en una gran cantidad de heridos entre los cuales estaban niños, mujeres y jóvenes. Hay versiones que indican la existencia de fallecidos (los números fluctúan de 1 a 8 personas) las cuales fueron llevadas por los uniformados al interior de la planta de Senkata. ASOFAMD ( Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional) denunció el 20 de noviembre la posible desaparición de una persona basándose en el testimonio de los vecinos.

Posterior a la primera represión, ante el rumor de la existencia de fallecidos al interior de la Planta de Senkata, un numeroso grupo de manifestantes se arremolina en torno a su ingreso de mientras los uniformados esperan en el interior, este es el segundo episodio de la represión. Los movilizados derruyen parte del muro perimetral cercano a las instalaciones administrativas de la Planta de Senkata con la intención de recuperar los cuerpos de los fallecidos, sin embargo son reprimidos por los uniformados, quienes hacen uso de armamento militar, gases lacrimogenos desde tierra y aire (helicóptero), causando varios heridos y muertos. Los enfrentamientos se trasladan a otros sectores en el exterior de la planta, donde los movilizados -ya conscientes de los muertos y heridos- lanzan bombas molotov a un estacionamiento de movilidades en la Planta -cerca a la calle Juana Basilia Calahumana- incendiando algunos vehículos y llevándose algunas garrafas usadas.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS TESTIMONIOS

El trascendido de la existencia de fallecidos en el interior de la Planta de Senkata es notorio en los testimonios posteriores a la represión de las fuerzas del orden, si bien no se debe descartar su veracidad, no es algo del que se tenga algún registro audiovisual del momento o se mencione en los videos compartidos durante el derrumbe del muro perimetral (hasta la fecha de publicación de este escrito). Sin embargo, el hecho de que el muro destruido esté cercano al área administrativa de la Planta demuestra que el objetivo primario estaba allí y no en los tanques de combustible. También se debe considerar que la caída de un muro en un equipamiento de alta seguridad industrial no debería comprometer al mismo, ya que la humedad (con el consiguiente desplome del muro) o algún accidente automovilístico también ocasionarían situaciones similares y por ende una Planta de GLP tiene -o debería tener- múltiples medidas de contingencia.

El segundo episodio de la represión está ampliamente documentado de forma audiovisual, por lo que no se puede cuestionar su veracidad. Sin embargo, contrasta totalmente con la versión del gobierno, que indica que los uniformados no dispararon proyectil alguno y que fuerzas civiles irregulares causaron las muertes, esto no se puede corroborar en el registro audiovisual presente hasta la fecha. Hasta el 24 de noviembre se han confirmado 9 muertes a raíz de la represión.

¿Que hubiese ocurrido si los movilizados hubiesen tomado la Planta? Esto ya entra en el terreno de la conjetura. El gobierno central ha impulsado la versión de que se iba a consumar un atentado terrorista con una campaña en la prensa y las RRSS logrando la adhesión de buena parte de la opinión pública. Lo cierto es que la Planta de Senkata ha estado en la encrucijada de muchos conflictos, siendo octubre de 2003 el principal antecedente, algunos testimonios indican que en ese entonces a causa de la masacre surgieron voces enardecidas que pidieron explotar la planta, pero al final se impuso la racionalidad mayoritaria… ¿se hubiera repetido ese escenario en los hechos recientes?

 

LA LEGITIMACIÓN DE LA REPRESIÓN ESTATAL

El vandalismo caracterizó el inicio y el final de los movimientos en contra del fraude electoral que culminaron con la renuncia de Evo Morales, también caracterizó el periodo posterior en el que Jeanine Áñez asumió la presidencia, fueron vándalicas las quemas de los TED (Tribunal Electoral Departamental) el 21 de octubre y es vandálica la destrucción del muro perimetral de la Planta de Senkata el 19 de noviembre. En ambos periodos se puede identificar una deslegitimación de las protestas por parte del gobierno de turno al estigmatizarlas con determinada filiación ya sean de “golpistas y racistas” en un caso y “vándalos, pagados, terroristas” en el otro.

El caso de la masacre de Senkata se enmarca en un manejo discursivo estatal concreto trabajado durante mucho tiempo originariamente desde la entonces oposición, el núcleo de este relato se basa en asociar a los movilizados con: el intervencionismo cubano- venezolano, narcotráfico, vandálismo, prebenda, militancia masista y terrorismo (particularmente en Senkata); estos carácteres se extrapolan a toda movilización y pensamiento contestatario. Este discurso fue replicado en cadenas de la prensa y en RRSS y aceptado por gran parte de la población que en anteriores días se había movilizado en contra del fraude electoral, así el Gobierno y las élites políticas lograron posesionar un “falso consenso” en el que el miedo fue un factor fundamental. En Senkata el relato de un posible atentado terrorista fue el puntal sobre el cual se justificó la represión y muerte de 9 personas (hasta la fecha), mientras días antes el discurso de narcovandalismo justificó la muerte de 9 personas en Sacaba (en el ultimo mes ya van 32 muertes en todo el país). El 23 de noviembre un grupo de personas se apostó en el ingreso del Hotel Casa Grande donde el CIDH recepcionó denuncias sobre la vulneración de los DDHH en los últimos hechos violentos, este grupo calificaba a los denunciantes como “narcoterroristas” y “pagados”; esta actitud demuestra que más allá de la “solución” del conflicto este carácter de inferiorización del pensamiento diferente seguirá vigente, así como la preferencia por la represión como forma de imposición de orden, la total ausencia de empatía y deshumanización del diferente, algo totalmente alejado de la bandera de Democracia esgrimida hace unas semanas.

Ahora, ¿si el relato gubernamental es falso, exime de responsabilidad a los movilizados? Muchas movilizaciones sociales populares en Bolivia se basan en coartar los derechos fundamentales de las mayorías, ya sean los paros de actividades y bloqueos de vías, estas medidas han demostrado ser efectivas para llamar la atención del Estado y causar la presión social por una pronta solución de demandas sectoriales, si bien algunas medidas se adscriben al derecho a la protesta, no forman parte del ideal abstracto de convivencia pacifica y democrática. Se ha denunciado la amenaza como elemento de coerción social en las movilizaciones y los saqueos como sanción punitiva. Lastimosamente estas formas de protesta forman parte del carácter corporativista de las organizaciones sociales y también profesionales, no es algo exclusivo y puntual de alguna movilización concreta, desde el Estado los diferentes partidos políticos en función de administración también ejercen presión y amenazas en contra de sus funcionarios; para mal el corporativismo forma parte la “cultura política” boliviana. Otro aspecto que no debe ser negado es la injerencia de grupos irregulares, ya sean financiados por agentes políticos del MAS u otras instancias con intereses políticos desestabilizadores, pero para desarticular estos grupos no son necesarias masacres, sino acciones preventivas quirúrgicas de extirpación.

En Senkata se han aglomerado un sin fin de relatos que han solapado el testimonio de sus actores, para el gobierno y sus seguidores las paredes derruidas forman parte de un atentado terrorista suicida, para algunos vecinos la forma de acceder al predio para recuperar los cuerpos de los primeros fallecidos. En la sociedad boliviana se ha solapado la realidad con prejuicios que demuestran rupturas en cuanto al valor de la vida, el valor de los DDHH, la libertad de expresión y pensamiento. Los discursos políticos y relatos de la intelectualidad afín al sistema disfrazarán estos hechos con las palabras más convenientes, pero como se ha visto, cíclicamente las máscaras caen y salen a relucir lo peor de una sociedad dividida en cuanto existen visiones verticales fruto de las diferencias sociales arrastradas desde la colonia.

En este contexto y al margen de los posicionamientos partidarios, es necesario construir puentes en base al respeto de los derechos humanos -no solo politicos- enfocados en resaltar el valor de la vida y la búsqueda de justicia social. La regresión a condiciones de desigualdad que estaban en proceso de superación debe llamar la atención, así como la banalización de la vida de quienes no forman parte del pensamiento hegemónico. La masacre de Senkata es una muestra de esta regresión, parte de la opinión publica minimizó la represión y abrazó el ideal de orden impuesto desde el Estado, este camino conlleva a seguir abrazando regímenes autoritarios y adoptar verdades absolutas emanadas desde el poder. No puede existir idea de democracia sin justicia y los familiares de las victimas de la masacre de Senkata y otros tantos fallecidos en las ultimas décadas demandan justicia y que se sancione a los culpables.

Si algo puede unirnos ahora, es la búsqueda de justicia social…

Fuentes consultadas: