Guerrilla del Eln colombiano y gupos paramilitares disputan territorios en Venezuela y se enfrentan con graves consecuencias para comunidades indígenas

Ruptura    01.Dic.19    Análisis y Noticias

Práctica frecuente en los espacios con territorios con mineras, donde grupos delictivos denominados “sindicatos” se apoderan a través del uso de la violencia para luego implantar un sistema de explotación en la zona con connivencia estatal que luego con la excusa de control toma las zonas para “explotación controlada”.
La aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco está ocasionando consecuencias en territorios indígenas, no sólo por la destrucción de sus territorios, sino por la apropiación sin consulta de sus tierras, el sometimiento a estructuras paralelas de dominación que actúan con apoyo del Estado, la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus costumbres y culturas.



Informe preliminar sobre los hechos acaecidos en la comunidad indígena Pemón de Ikabarú/ Provea

ruptura.org
 
Hoy 23 de noviembre de 2019, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), con la aprobación de representantes pemones, desea denunciar ante la opinión pública nacional e internacional que el 22.11.2019 aproximadamente entre las 7 y  7.30pm en la Comunidad territorio indígena Pemón Ikabarú, comunidad minera mixta indígena y no indígena en el Sector Pemón N°7, Municipio Gran Sabana con una población aproximada de 2500 personas, fue víctima -según varios testimonios- de un grupo armado supuestamente pertenecientes al sindicato del Ciego que controla la Paragua, (quien llegaría para tomar el control de la zona y en busca de un hombre denominado “Cristóbal” jefe de una mina que se llama “La Caraota”) quienes habrían disparado contra  el pueblo de Ikabarú.
En el hecho, según testimonios, habría sido asesinado el Sargento de la GNB Antonio Perera, y al momento en que esta nota se escribe se presume la muerte de 3 personas más aún por confirmar. Testimonios que, por seguridad reservaremos los nombres, confirman lo ocurrido, así como el terror y el miedo al que hoy están sometidos habitantes de Ikabarú:
“Yo estaba en la iglesia que está al frente. Eso fue donde Tomedes, ahí estaba el grupo de gente, empezamos a escuchar los tiros, y el desespero… y la gente corriendo. Y entonces hubo un muchacho que entró con un tiro en la cabeza y está allá y todo. A un señor del aeropuerto, yo le pregunté, me nombró a su hijo, me dijo que estaba herido, que estaba en una esquina pero que estaba herido. Y ellos pasaron, esa gente pasó por aquí al frente de la casa, y ellos pasaron hablando “mira llegó fulanito, los sindicatos que no sé qué más” y después de eso ellos anduvieron por todas esas casas. Se metieron para todos los lugares buscando pero no se sabe si es eso… pero sí mataron”.
“el negocio de Dani está abierto, y ahí están los muertos que están tirados en la calle, y ese negocio está con muertos de par en par. No se sabe si hay muertos adentro, porque dijeron que se habían metido para adentro”.
“yo estaba en la iglesia y fue un señor que estaba ahí con un muchacho que fue herido con un tiro en la cabeza y la gente buscando refugio en la iglesia, No sé si esa gente permite ver esos muertos, no sé ¿qué vamos a hacer?”
“pasó una desgracia aquí tremenda. Aquí hay una cantidad de muertos aquí. Te voy a confirmar de una vez, a Perera lo mataron. Fue verdad, todo fue verdad. Fue verdad”.
“Eso fue a tiro de las siete de la noche. Irrumpieron, llegaron ahí de repente en todo el frente del negocio de Dani Tomedes, y empezaron a disparar. Bueno, Perera trató de defenderse, sacó el revólver y le dispararon”
“llegó ese muchacho venía casi muerto, de lo asustado que venía. Dijo, “ay Dios mio, dejé las cholas me vine descalzo porque llegó el gobierno un poco de gente negrita, vestidos de negro, disparando, echando plomo”. Y el muchacho llegó muy asustado, y ahí se escucharon las ráfagas esas. Pero de ahí no he sabido más nada”.
Es importante resaltar como existe tolerancia de estas acciones por parte de organismos del Estado ya que según testimonios una semana antes de los hechos la comunidad había sido advertida de una posible incursión de grupos armados, siendo de amplio conocimiento de la Guardía Nacional Bolivariana, la cual no hizo presencia en la comunidad para labores de vigilancia y protección. Lo que ha ocurrido el día de ayer en Ikabarú ha sido una práctica frecuente en los espacios con territorios con mineras, donde grupos delictivos denominados “sindicatos” se apoderan a través del uso de la violencia para luego implantar un sistema de explotación en la zona con connivencia estatal que luego con la excusa de control toma las zonas para “explotación controlada”.
La aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco está ocasionando consecuencias en territorios indígenas, no sólo por la destrucción de sus territorios, sino por la apropiación sin consulta de sus tierras, el sometimiento a estructuras paralelas de dominación que actúan con apoyo del Estado, la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus costumbres y culturas. Desde su aprobación, Provea advirtió las consecuencias fatales para indígenas, medio ambiente, y el desplazamiento de la violencia y la destrucción a territorios incluso que estaban fuera de los linderos del proyecto por tratarse de fronteras vivas.
Desde el año 2017, desde provea hemos acompañado las denuncias del Pueblo Pemón en lo que ha sido la incursión de grupos armados y de la militarización de sus territorios ocasionando la pérdida de sus formas organizativas y de convivencia pacífica ancestral, y cuyo ejercicio antropocultural de la minería indígena artesanal nunca había causado estragos a sus tierras ni muertes.
Recordamos que el 26.09.2018, en el municipio Gran Sábana, fue asesinado el comandante de la GTP, indígena Pemón José Vásquez, quien había logrado mantener la seguridad en territorios indígenas -a su cargo- de la delincuencia. El 08.12.2018, la DGCIM, realizó una incursión armada en el Municipio Canaima, asesinando al Pemón Charlie Peñaloza Rivas de 21 años y dejando otros 2 heridos: Carlos Peñaloza Rivas y César Sandoval.  Pemones lograron apresar a tres funcionarios y los retuvieron para días posteriormente los entregaron a las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público.
El 22 y 23 de febrero de 2019, en la troncal 10, en KumaraKapai (San Francisco de Yuruany) a 68 Kms de Santa Elena de Uairén, llegaron convoyes de la FANB que se dirigían a la frontera con Brasil. Cuando la comunidad salió para impedir el paso dispararon indiscriminadamente para luego huir del lugar. La masacre de Santa Elena de Uairén, dejó un lamentable saldo de 7 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Reportándose unos 1200 desplazados forzosos, cifras semejantes a las reportadas por ACNUR [1]
A esto se suma la criminalización de líderes indígenas que hacen vida en sus territorios y que hacen críticas a la política de explotación minero extractiva por parte del Estado venezolano. La política de permitir la incursión de grupos armados para la apropiación y explotación minera de territorios indígenas con la anuencia estatal y la posterior militarización de sus territorios representa es una práctica nefasta que afecta estructuralmente la vida, cultura y el acervo de nuevos pueblos indígenas además de violentar derechos de pueblos y comunidades indígenas garantizados en convenios internacionales y en nuestra carta Magna.
Pedimos la investigación de los hechos, sanciones para los responsables y medidas para evitar su repetición.
Exigimos la acción inmediata para proteger de la acción de violencia y dominación de grupos armados irregulares en comunidades pemones y la posterior devolución del sistema de relaciones y de organización a sus autoridades legítimas sin cooptación ni intervención estatal, respetando y garantizando el ejercicio pleno de sus derechos a autodeterminación, consulta previa y el consentimiento.
Alertamos esta forma de colonización y exterminio de culturas ancestrales, de los territorios y sus formas tradicionales de relacionamiento, los asesinatos por acción e inacción estatal y el incumplimiento por parte del Estado venezolano en sus obligaciones en materia de garantía, promoción y protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas en Venezuela.