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INFORME DE LA MISIÓN A CHILE DEL RELATOR DE DERECHOS INDÍGENAS DE LA ONU
El 17 de noviembre pasado el Relator de Naciones Unidas para los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, emitió su Informe dando a conocer los resultados de la Misión que realizara a Chile en julio de 2003. Aún cuando este Informe está desde entonces en poder del Gobierno de Chile, sus contenidos no han sido dados a conocer a la opinión publica nacional ni han sido difundidos por los medios de comunicación. Ello no es de extrañar, por cuanto el Informe constata la crítica situación en que se encuentran los derechos indígenas en Chile.
En efecto, en dicho Informe se da cuenta de los múltiples y graves problemas que afectan la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Es así como se constata en el “la estrecha correlación entre pobreza e identidad indígena en el país.” De acuerdo al Relator,”la mayoría de los indígenas y especialmente los mapuches de la Araucanía acusan altos índices de pobreza y bajos índices de desarrollo humano, resultado de la larga historia de discriminación y exclusión social que han sufrido.”
Por otro lado en el Informe se identifica como uno de los problemas mas candentes que aquejan a los pueblos originarios el que tiene que ver con la propiedad de la tierra y la territorialidad de los indígenas, particularmente entre los mapuche. Así el Relator constata que “las tierras en propiedad de los mapuche son extremadamente escasas y estan sobreexplotadas”; “se encuentran aisladas dentro de propiedades de particulares, principalmente de extensas plantaciones forestales, cercadas y protegidas por guardias privados (dificultades de tránsito, hostigamiento, ningún acceso a los bosques)”; y que “como un efecto del desarrollo de las plantaciones forestales el suelo en que se encuentran las tierras de los mapuche han perdido sus fuentes de agua (para consumo y para riego), ha disminuido o desaparecido la fauna silvestre (que hizo parte de su dieta) y la vegetación del sotobosque (tradicionalmente utilizada con fines rituales, medicinales y alimenticios).”
El Relator sostiene que la acción del Estado en este ámbito a través del Fondo de Tierras es insuficiente debido al aumento especulativo de los precios de la tierra y a la demora en las tramitaciones, todo lo cual explica los conflictos de tierras existentes en esta parte del país.
Otro de los problemas identificados por el Relator en su Informe es el de la puesta en marcha de grandes proyectos de desarrollo, incluidos el denominado bypass de Temuco, la carretera de la costa y la construcción de represas. El Relator se detiene en el análisis de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bio-Bio, que ha provocado el desplazamiento de docenas de familias pehuenches fuera de su hábitat tradicional.
Llama la atención del Relator la desprotección en que de acuerdo a la legislación chilena se encuentran los derechos de los indígenas sobre las aguas, los recursos del subsuelo, y los recursos del mar y de los lagos. Ello ha significado que muchos de estos recursos sean concesionados a terceros.
El Relator llama la atención además sobre el tratamiento judicial que se ha dado a las acciones de presión de los mapuche en relación con sus problemas de tierras, así como sobre la violencia física y verbal que se ejerce contra la población mapuche dada la presencia permanente de fuerza publica en comunidades mapuche, causando temor en la población.
Analiza en particular la situación que afecta los dirigentes mapuche Mireya Figueroa, a los Longko Pichun y Norín y a Victor Ancalaf, quienes han sido sometidos a procesos por leyes especiales, y han sufrido largos períodos de detención. Manifiesta su preocupación por la “vulnerabilidad del derecho al debido proceso” dada la aplicación en contra de ellos de dicha legislación especial, en especial la ley antiterrorista. Contrasta esta situación con aquella de Alex Lemun, joven mapuche de 17 años de edad, quien resulto muerto por balas disparadas por Carabineros, lamentando que en este caso “no se hayan tomado las medidas necesarias para castigar a los culpables o indemnizar a la familia.”
Sostiene que esta problemática se da “en un marco legislativo ambiguo y poco conducente” –hasta ahora—a la protección de las identidades de los pueblos originarios. La Ley Indígena en su redacción actual no contempla adecuadamente los mecanismos de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Es por ello, y también por otras consideraciones que tienen que ver con la posición de exclusión social, marginación y subordinación que los indígenas ocupan en la sociedad chilena, que estos demandan su reconocimiento constitucional en el Estado y la ratificación por Chile del Convenio 169 de la OIT.”
El Relator afirma que “a pesar del acelerado proceso de crecimiento económico del país, todavía existe una gran brecha entre la sociedad chilena en general y los pueblos originarios. Sostiene que hace falta innovar en la creación de mecanismos de dialogo para la resolución de los conflictos interétnicos, con el propósito de lograr el reconocimiento efectivo de los derechos culturales, políticos y territoriales de los pueblos originarios.”
Concluye que “la situación actual de los pueblos indígenas de Chile requiere la atención urgente, no sólo del Gobierno, sino también de todos los grupos políticos así como de la sociedad en general. A pesar de haberse producido importantes avances en el país en materia indígena durante los últimos diez años, estos continúan viviendo una situación de marginación y negación que los mantiene apartados significativamente del resto del país.”
Es por ello que recomienda al Congreso para la introducción de reformas jurídicas, entre ellas, la reforma constitucional, la ratificación del 169 y la revisión de la legislación sectorial (tierras, aguas, minas etc.) contradictoria con la Ley Indígena, debiendo “primar el principio de la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares. “
En materia de pobreza el Relator recomienda al Gobierno que, en consulta con las comunidades indígenas y con la asistencia técnica necesaria por parte del sistema de las Naciones Unidas, establezca un programa para la reducción de la pobreza de las comunidades indígenas del país, y que contenga además metas específicas con respecto a las mujeres y los niños indígenas.
En materia de tierras recomienda que el Fondo de Tierras que maneja CONADI para la adquisición de tierras para los indígenas amplíe y acelere sus actividades, y cuente con un incremento substancial de recursos, para poder atender las necesidades de las familias y comunidades indígenas. Especialmente en las áreas mapuches deberá intensificarse un programa de recuperación de tierras indígenas.
En materia de desarrollo sustentable recomienda que en los proyectos de desarrollo que se ejecuten en las tierras y territorios indígenas, estos sean consultados previamente de acuerdo al 169 de la OIT, y que sus opiniones sean tomadas en consideración por las autoridades y empresas ejecutoras.
En materia de justicia, señala que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas.” Agrega que “no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas.” Recomienda que sea revisado el caso de los lonkos procesados, Pascual Pichún de Temulemu y Aniceto Norín de Didaico (IX región de Araucanía), con estricto apego a las garantías de debido proceso establecidas en las normas internacionales de derechos humanos. En el mismo plano “propone que el Gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas. “
El Realator propone la adopción de medidas que conlleven al establecimiento de una institución nacional de defensa y protección de los derechos humanos u “ombudsman” en el país. Recomienda a la sociedad civil la realización permanente de campañas de información pública dirigidas a combatir los prejuicios, el racismo, la intolerancia y la estigmatización de la problemática indígena en la opinión pública. Finalmente recomienda a los medios de comunicación “redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas así como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas.”
Cabe señalar que la visión del Relator sobre la situación de los derechos indígenas en Chile es totalmente coincidente con aquella que es constatada por el Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera en su reciente Informe sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile.
En dicho Informe se concluye que, a pesar de las reformas legales y de las políticas públicas recientes, en Chile persiste un cuadro grave de desprotección jurídica y desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, situación que incide en muchos casos en la violación de los derechos individuales de quienes los integran.
Programa de Derechos Indígenas
Instituto de Estudios Indígenas
Universidad de la Frontera
Temuco,2 febrero de 2004
Texto completo del Informe (PDF) en:
