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El conflicto Conaie-Estado se tensa más
El Comercio
Miércoles 04 de diciembre 2019
La semana pasada, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) envió un documento en el que la Comunidad de Tigua, en Cotopaxi, se afirmaba como un gobierno autónomo de una circunscripción territorial indígena. De ahí que argüían que las autoridades del Gobierno Nacional deben coordinar la entrada a sus territorios. Este Diario ha investigado la implementación de las circunscripciones territoriales indígenas. En el 2008, la Constitución definió al Ecuador como un Estado plurinacional y en el artículo 257 dio las pautas para que los indígenas establecieran estas unidades político-administrativas y mantuvieran sus formas de gobierno ancestrales. Solo cuatro comunidades amazónicas iniciaron el proceso. Crearon sus estatutos, propusieron sus formas de gobierno y recogieron el 10% de firmas del padrón.
Esos estatutos pasaron a la Corte Constitucional (CC) y debían ir al Consejo Nacional Electoral para que hacer una consulta popular; con las tres cuartas partes de votos se pueden crear las circunscripciones indígenas. El anterior Gobierno no facilitó el proceso. Las peticiones no han salido de la CC desde el 2012. Así, Tigua no es circunscripción. El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, se ratificó en que si el Gobierno quiere entregar servicios debe pedir permiso a los dirigentes indígenas y utiliza términos constitucionales válidos solo para la justicia indígena y no para estas circunscripciones. Si estos ordenamientos administrativos no son legales y el movimiento indígena se mueve bajo preceptos de gobierno autónomo en ellos, hay una suerte de circunscripciones de facto.
En una entrevista con Vargas, a un mes del fin de las protestas, le pregunté por qué no implementan las circunscripciones. “El problema es cuando se politiza, no se avanza”, contestó e hizo alusión a la negativa del correísmo para permitirlas. El problema es que tras el correísmo el tema también se politizó, y no solo desde el movimiento indígena, y el conflicto Conaie-Estado se tensa más.
}El conflicto Conaie-Estado se tensa más 358 COMPARTIR valore Indignado 0 Triste 0 Indiferente 0 Sorprendido 0 Contento 0 Miércoles 04 de diciembre 2019 La semana pasada, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) envió un documento en el que la Comunidad de Tigua, en Cotopaxi, se afirmaba como un gobierno autónomo de una circunscripción territorial indígena. De ahí que argüían que las autoridades del Gobierno Nacional deben coordinar la entrada a sus territorios. Este Diario ha investigado la implementación de las circunscripciones territoriales indígenas. En el 2008, la Constitución definió al Ecuador como un Estado plurinacional y en el artículo 257 dio las pautas para que los indígenas establecieran estas unidades político-administrativas y mantuvieran sus formas de gobierno ancestrales. Solo cuatro comunidades amazónicas iniciaron el proceso. Crearon sus estatutos, propusieron sus formas de gobierno y recogieron el 10% de firmas del padrón. Esos estatutos pasaron a la Corte Constitucional (CC) y debían ir al Consejo Nacional Electoral para que hacer una consulta popular; con las tres cuartas partes de votos se pueden crear las circunscripciones indígenas. El anterior Gobierno no facilitó el proceso. Las peticiones no han salido de la CC desde el 2012. Así, Tigua no es circunscripción. El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, se ratificó en que si el Gobierno quiere entregar servicios debe pedir permiso a los dirigentes indígenas y utiliza términos constitucionales válidos solo para la justicia indígena y no para estas circunscripciones. Si estos ordenamientos administrativos no son legales y el movimiento indígena se mueve bajo preceptos de gobierno autónomo en ellos, hay una suerte de circunscripciones de facto. En una entrevista con Vargas, a un mes del fin de las protestas, le pregunté por qué no implementan las circunscripciones. “El problema es cuando se politiza, no se avanza”, contestó e hizo alusión a la negativa del correísmo para permitirlas. El problema es que tras el correísmo el tema también se politizó, y no solo desde el movimiento indígena, y el conflicto Conaie-Estado se tensa más.
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