Resistir es existir

  “No te rindas, aun estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo”

(Mario Benedetti)

En pleno debate académico se dio lo inesperado. En la Universidad de Salento –Lecce, Italia– mientras varios disertábamos, aconteció algo insólito para un país considerado desarrollado y democrático, incluso miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: se descubrió a un agente de la “policía política” (DIGOS) filmando el acto, en un esfuerzo subrepticio por grabar a todos los participantes [2].

La protesta de alguno de los organizadores interrumpió momentaneamente la “Giornata di Studio con Alberto Acosta - É reato defendere la Natura? L’uso asimmetrico dil diretto nei conflitto ambientali [3]”. El eco en la prensa local y en redes sociales no se hizo esperar. El propio rector de la universidad, Fabio Pollice, se disculpó ante el suscrito, indicando que ese centro de estudios es “un lugar abierto a todos y al libre enfrentamiento de ideas. Cualquiera puede participar, siempre respetando la confrontación libre de las personas”. Al tiempo que expresó que su “compromiso siempre será garantizar a todos esta libertad”.

Esta aparente anécdota [4] devela cómo en todas partes del mundo la defensa de los derechos de la Naturaleza –atados indisolublemente a los derechos humanos– provoca riesgos, muchas veces graves. Sin duda vivimos un mundo perverso. Quienes defienden la vida humana y la Naturaleza afectan los intereses de poderosos grupos y, por eso, son perseguidos, criminalizados, amedrentados y lamentablemente hasta asesinados. Por ello, si bien lo sucedido en ese centro universitario no pasó a mayores, ayuda a recordar todo lo que enfrentan las luchas de resistencia y de construcción colectiva de alternativas.

Conocemos hasta la saciedad en Nuestra América que los extractivismos y las grandes obras de infraestructura que los acompañan conllevan enormes riesgos, pues violencia y corrupción son elementos consustanciales en tanto condiciones necesarias para su cristalización. En Nuestra América la persecución y criminalización a los defensores de la vida es pan de todos los días, aunque muchas veces los medios de comunicación los ignoran o minimizan. Gobiernos progresistas y neoliberales, por igual, violan derechos y debilitan la democracia al ampliar los extractivismos.

Pero no solo Latinoamérica vive tales atropellos, sino que también se dan en otras latitudes. En Italia es constante la criminalización de quienes defienden la Naturaleza y los derechos de sus defensores, de quienes se oponen a grandes obras de infraestructura y al vaciamiento de sus territorios para abrir la puerta de actividades de lucro exacerbado. Existe todo un sistema que “se basa en el acaparamiento y financiarización de recursos y tierras, en una perspectiva utilitaria que perpetúa valores y acciones en la base de la explotación ambiental y la violación de los derechos humanos, ignorando el concepto de justicia climática y sostenibilidad”, como con claridad se lee en un informe detallado sobre esta situación: Defend the Defenders of the Earth: A dossier on the repression of the salentinian movements (2018), elaborado por la abogada Elena Papadia de l’Asociacion Bianca Guidetti Serra y coordinado por el profesor Michele Carducci.

Los casos son múltiples. Basta mencionar lo que sucede en la península de Salento, incluidas las áreas de Lecce, Brindisi y Taranto. Allí se registran una tras otra complejas emergencias ambientales. Por años, la planta petroquímica ENI y la central termoeléctrica en Brindisi, la planta siderúrgica del grupo ILVA en Taranto están en el centro de las discusiones y la oposición de población local, asociaciones, movimientos civiles que defienden la Tierra y, en general , de defensores de derechos humanos, por sus graves violaciones de las leyes ambientales nacionales e internacionales, que causan contaminación, muerte y una crisis de salud sin precedentes. Y hay más casos, como “Colacem SPA”, una planta de cemento en Galatina (cerca de Lecce), una fábrica considerada “poco saludable” por la Agencia Europea del Medio Ambiente; la construcción de una gran vía -la “S.S. 275”- que conectaría rápidamente el sur de Salento con el cabo de Santa Maria di Leuca: infraestructura inútil que dañaría el típico paisaje salentino.

Una experiencia digna de resaltar es la “guerra a los olivos”, como cuenta con claridad Alessandra Cecchi, miembro de la Asociación Bianca Guidetti Serra ^[5] . Se trata del proyecto de erradicar miles de olivos, incluso centenarios y milenarios, bajo el pretexto de la presencia de una bacteria, la Xylella Fastidiosa, que causaría una fitopatología que afecta a los olivares de Salento. Una bacteria asumida, sin evidencia convincente, como la causa del secado rápido de los olivos. Este proyecto de erradicación es funcional a las transformaciones del territorio para mercantilizarlo, sea en el signo del neoliberalismo agrícola -que busca reemplazar el cultivo tradicional del olivo por un olivo de producción superintensiva- o de generación de espacios para actividades inmobiliarias o para instalar infraestructuras energéticas, como gasoductos y grandes extensiones de paneles fotovoltaicos.

La erradicación de los olivos centenarios impuesta con la fuerza pública y con un amplio espectro represivo fue respondida por una potente resistencia del “Popolo degli Ulivi” (”Gente de los olivos”). Con sólidos argumentos se oponen a la tala de olivos pues esa fitopatología puede ser tratada con métodos agroecológicos. Mientras que el plan adoptado por las instituciones para detener la emergencia (llamado “Piano Silletti”) involucró no solo a los árboles “enfermos” sino a todos los árboles presentes en un rango de distancia de 100 metros, con uso masivo de pesticidas con un grave riesgo para la salud de la población local. El poder judicial local detuvo el plan por falta de base científica y por su enfoque peligroso, pero aun así los activistas fueron (y todavía son) juzgados. Además, el acceso a la justicia, impuesto por la Convención de Aarhus, fue denegado a los agricultores locales que rechazaron la destrucción indiscriminada de sus olivos.

En esa región hay otro caso paradigmático de criminalización a quienes defienden la vida. La experiencia de movimiento NO-TAP: no al TransAdriatic Pipeline (gasoducto de unos 5.000 kilómetros, que empieza en Azerbaiyán, cruza Turquía y Grecia para entrar por el sur de Italia) [6]. Este es un gran ejemplo de resistencia civil, activismo y defensa de la Tierra, tanto como de represión y persecución judicial. Después de marzo de 2017, cuando el TransAdriatic Pipeline comenzó a trabajar en la parte italiana del proyecto, activistas, gente común, asociaciones e instituciones locales denunciaron públicamente su oposición por métodos pacíficos y no violentos. Después de una intensa campaña de desprestigio desde los medios locales y nacionales, el gobierno y las autoridades, usando las fuerzas policiales, comenzaron a reprimir todas las manifestaciones y oposiciones; se impuso a más de decenas de activistas (incluidos ancianos, madres, políticos locales) fuertes sanciones pecuniarias por participar en una manifestación; a 15 activistas se prohibió el acceso por 3 años a Melendugno o los territorios de Lecce: se restringe su libertad de movimiento personal (los consideran sujetos peligrosos para la seguridad pública y, en algunos casos, sujetos antisociales); del 13 de noviembre al 13 de diciembre se impuso una zona roja alrededor del sitio de construcción de TAP en San Basilio (cerca de San Foca - Melendugno) con la prohibición absoluta de acceder o transitar en toda el área interesada, bajo control de la fuerza policial.

La represión usa un sinfín de procedimientos penales contra los activistas para castigar legalmente sus actitudes, incluso si están protegidos constitucionalmente. También se denuncian algunos episodios de violencia ejecutados por la policía (por ejemplo, la agresión a un periodista extranjero en octubre de 2017 en una manifestación o las agresiones a activistas heridos por la violencia de la policía en febrero y abril de 2018). No solo se trata de malos tratos sufridos por los activistas en tanto víctimas de la represión, sino que indigna la superficialidad de jueces y magistrados locales, extremadamente atentos para investigar y castigar a los activistas, pero no tan diligentes al enjuiciar las violaciones, comportamientos ilegales, abusos por parte de la empresa que lleva adelante el proyecto TAP, el gobierno y otras autoridades italianas. “El riesgo para nuestro sistema democrático es real y tangible”, resume con justificada razón el mencionado informe.

Este caso en el sur de Italia no es aislado. Hay situaciones similares en otros lugares de Italia. Se destaca, por ejemplo, la lucha de varias comunidades en contra del tren de alta velocidad TAV en la región de Val de Susa [7] . Allí los casos de represión son múltiples, como indica la contundente documentación del reciente libro de Xenia Chiaramonte: “Governare il conflitto – La criminalizzazione del Movimento NO TAV” (2019).

Estas violencias vinculadas a los extractivismos y a sus grandes obras de infraestructura, como sucede a lo largo del planeta, han consolidado procesos de resistencia cada vez más fuertes y potentes. Si la violencia extractivista aflora en el mundo entero, la resistencia también. Y en Italia este 8 de diciembre las defensoras y defensores de la vida saldrán a las calles en una nueva jornada contra las grandes obras que destruyen los territorios en memoria del día en el que hace 14 años miles de personas ocuparon el sitio de construcción del tren de alta velocidad TAV en Val Susa [8] .

Todo esto demuestra que no podemos callar ante ningún atropello – por más pequeño que parezca – tanto por nosotros, por nuestros nietos y nietas, como por todos y todas quienes comparten estas luchas por la vida. No podemos tolerar restricciones ni amenazas, vengan de donde vengan, sobre todo si buscan amedrentar a quienes ejercemos el derecho a expresar libremente nuestras opiniones, a quienes defendemos Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza. La libertad de pensamiento, de expresión y de acción son vitales al construir democráticamente sociedades cada vez más democráticas.

Notas:

[2] Ver la noticia: “Al convegno si parla di Tap e arriva la Digos. La rabbiadeglistudenti: «ilsapere non è reato” https://www.leccenews24.it/attualita/convegno-no-tap-arriva-digos-acosta-intimidacion.htm

[3] Información sobre la jornada académica está disponible en https://www.notap.it/2019/11/25/estrattivismo-diritti-della-natura-diritti-dei-popoli/

[4] Lo sucedido ese día es solo una pequeña muestra de la represión en ese territorio que resiste a la destrucción ambiental y social, como fue destacado en un importante taller internacional llevado a cabo por los movimientos del Salento y el TransnationalInstitute de Amsterdam en 2018.

[5] Consultar en “Guerra a los olivos – Cómo se crea una enfermedad”, Revista Soberanía Alimentaria Número 30, Barcelona, 2017. https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/61-numero-30/487-guerra-a-los-olivos

[6] Información sobre esta resistencia está disponible en https://www.notap.it /

[7] Consultar en https://www.facebook.com/NO-TAV-40019706447/

En este enlace puede ver el video de la manifestación No TAV del 8 de diciembre de 2018 en Turín, a la que asistieron más de 70.000 personas: http://www.notav.info/post/8-dicembre-notav-la-cronaca-in-diretta-dalla-marcia/

Alberto Acosta,  economista ecuatoriano. Exministro de Energía y Minas del Ecuador (2007). Expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008). Excandidato a la Presidencia de la República (2012-2013). Profesor universitario. Compañero de lucha de los movimientos sociales.