Las economías ilegales, el crimen organizado y el poder político no son movimientos aislados. Unos deben su existencia a los otros y, a pesar de que se trazan estrategias públicas para enfrentarlos, sus caminos parecen entrelazarse y así se fortalecen todos. A esta conclusión arriban diversos expertos internacionales que encaran la seguridad desde múltiples enfoques y tareas.

 

Para comprender las economías ilegales hay que definirlas. Cuando hablamos de economías ilegales hablamos de una economía que está prohibida o limitada por el Estado, que idealmente tiende a no permitir que funcione. “En teoría suena bien, pero la diferencia entre prohibir algo y evitar que efectivamente pase es enorme”, señala el colombiano Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto de la fundación Ideas para la Paz.

 

También hay que definir con certeza lo que es legal y lo que es ilegal. Hay economías que son parcialmente legales o plantean límites difusos. “Aunque queramos prohibir transacciones de actividades, en la práctica es más complejo y las transacciones ocurren”, afirma Garzón. Además, hay que saber que “cuando hablamos de economía hablamos de poder, y de poder político”, agrega.

 

Según Garzón, “le hemos dedicado muchas páginas al narcotráfico, pero las economías ilegales son múltiples”. Dice que incluso en algunas zonas el narcotráfico no es la más importante, y que la trata de mujeres en América Latina “es uno de los mercados más grandes y más mancomunados con el poder político”.

 

“El crimen organizado debe su existencia al poder político, sin esta conexión no podría existir”, dice Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, y agrega que “el crimen organizado vive de sus relaciones con el Estado”. En Colombia, por ejemplo, “los paramilitares siempre tuvieron vínculo con la política, y construyeron así la parapolítica”.

 

La falta de capacidades para abordar estos delitos desde la Justicia y enjuiciarlos es determinante. En este sentido, “la impunidad es un factor para el crimen organizado”. Otro problema aparece cuando los habitantes de los territorios colaboran con el crimen organizado y observan impunidad.

 

El programa que dirige Isacson monitorea las tendencias de seguridad y la cooperación militar de Estados Unidos. En este sentido, sugiere que un claro ejemplo de fracaso en las políticas de seguridad asociadas al crimen organizado es ese país. “No se han logrado resultados porque se ha privilegiado propiciar una guerra contra las drogas”. Es una estrategia que ha fracaso históricamente, no hay valoración empírica que demuestre lo contrario. Isacson agrega que en Estados Unidos “se encontraron vínculos entre las unidades antinarcóticos y el crimen organizado”, reafirmando así la hipótesis de vinculación entre las redes delictivas y el Estado.

 

A la hora de sugerir otros caminos, comenta que una estrategia poco transitada ha sido el apoyo al sistema de justicia para romper vínculos entre el crimen organizado y el poder político. “Tampoco ha habido distancia de los poderes políticos que tienen relación con el crimen organizado en la región” ni apoyo para la sociedad civil que trabaja en estos temas. Lo otro que no ha sido considerado, y es prioritario para el abordaje del crimen organizado, es el lavado de dinero.

 

 

El narcotráfico es la mayor economía del crimen organizado, pero también existen otras economías ilegales. El salvadoreño Alex Segovia, que preside el Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social, afirma que “hay un consenso formal que dice que hay una debilidad estatal en toda América Latina”. Esto se traduce en una baja presencia del Estado en territorios complejos, lo que significa una oportunidad para la instalación de redes de crimen organizado. “Hay lugares en los que simplemente no hay Estado, realidad presente en casi todos los países. Ante el vacío aparece el crimen organizado”. La ausencia del Estado es un campo fértil para que se desarrollen economías ilegales.

 

“Si además no hay infraestructura y hay caudillismo local, se genera un vínculo entre la falta de controles que genera la ausencia del Estado y la presencia de élites regionales que generan un aumento de la economía ilegal”, afirma Segovia. Explica que se está haciendo muy poco en la región en este sentido y que hay factores novedosos, como los fenómenos migratorios, que han generado una economía ilegal que “incluye personas y cosas”.

 

La debilidad institucional en términos de controles y regulaciones también complejiza el problema, además de las escasas habilidades de quienes tienen que abordar las políticas de seguridad. Hay una carencia de conocimiento sobre los niveles de complejidad que implican las redes delictivas. Para ejemplificar esto, Segovia señala las dificultades que existen para comprender a las maras, pandillas criminales con origen en El Salvador. “Las maras son un actor económico de acumulación, ya no se trata del delito común y cotidiano para sobrevivir. Cuando el actor delictivo da el salto y acumula estamos hablando de otra cosa”, afirma.

 

Hoy las maras reciben dinero de actividades delictivas muy diversas, enfocadas fuertemente en los servicios, como el procesamiento de café y el control del transporte, entre otros. Sin embargo, desde la política se tiende a un razonamiento básico a la hora de pensar en las redes delictivas. Esto se traduce en estrategias basadas en la mano dura, que no sólo no funcionan sino que aumentan el nivel de conflictividad y la letalidad, dice Segovia.

 

Los niveles de violencia que manejan las economías ilegales y los grupos asociados al crimen organizado son diversos. “A cierto crimen organizado no le interesa ser visible. A otro sí, y basan su poder en el control del territorio y la población, con mecanismos de coerción mediante el miedo y el asedio”. El rol de la sociedad civil es fundamental. “La población ha formado sistemas de protección y contención que han permitido que se reduzca la violencia”.

 

Para Garzón, hoy en día “estamos mejor que antes para pararnos frente al crimen organizado”. Afirma que “hay mayores capacidades de investigación, más políticos destituidos”, y “eso plantea un cambio”. Considera que la región está en problemas, pero que también se ha avanzado. “Esto crea nuevos desafíos. Hay que pensar cuáles son los efectos de tener mayores capacidades de desestabilizar el sistema político, que históricamente ha tenido capacidad de interactuar con lo ilegal”, señala.

 

“El problema de que esto se haga visible es que la percepción no es de que haya mejores mecanismos, sino mayor corrupción”. Para el experto, esto tiene que ver con que ahora la información “sale a la luz, cosa que antes no pasaba”. Por eso, señala, “la gente hoy piensa que el sistema es más corrupto, y esto quizás tenga que ver con que hay más investigaciones”. Dice que la conclusión que se puede extraer de esto no es que no se investigue para que la gente tenga mejor percepción, pero es un dato a tener en cuenta.

 

Revelar una investigación y contar lo que está pasando es una parte, pero hay que ver qué se hace luego. “Las investigaciones generan movimientos sísmicos y lo que viene después no siempre es mejor”, dice Garzón. Agrega que “hay que tomar en cuenta que las élites aprenden y empiezan a cuestionar el sistema para salvarse a sí mismas”. En su opinión, “el problema no es que estén investigados por corrupción, sino que interpelan qué tan legítimo es el sistema”.

 

El experto colombiano sugiere que para tener mejor concepción de la seguridad “tenemos que cuestionarnos de dónde sale el poder político en los territorios”. Sostiene que ese poder “está dado por las economías ilegales en esos lugares, la incapacidad estatal de controlar y el desinterés de llegar a determinadas regiones. Hay élites políticas que no tienen interés en llegar a ciertos territorios”.

 

Afirma que además hay una tensión entre la legalidad y la legitimidad. “Legalidad es imponer orden y ley. La deuda pendiente es la legitimidad. La ley está escrita, pero no es aceptada por la gente, que opera con otra cotidianidad”, explica. En seguridad, “la gran pregunta es cómo hacemos para reunir a estas poblaciones en procesos de legitimidad y no de imposición”. Según Garzón, “si la gente no conecta con esa idea de Estado, es una forma de que las organizaciones ilegales permanezcan en el tiempo”.

 

 

Para Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, hay que analizar la salud de la democracia representativa. “Vemos un gran desencanto con la democracia en todo el continente, con caídas clarísimas de la confianza”, afirma. “En muchos lugares, la gente prefiere un gobierno autoritario y no democrático, si soluciona el problema la seguridad”. La seguridad ha sido en todos los países motor de campañas políticas que han logrado generar transiciones de gobierno.

 

Medina identifica dos problemas: la desafección de la democracia y el crecimiento de respuestas populistas frente al descontento. Esto responde a una “pérdida de control de los políticos frente a la economía y a las políticas en general, en particular en materia de seguridad”, y “eso mina a la democracia, porque la gente siente que elige personas que no tienen la capacidad de tomar decisiones”, agrega. El crecimiento de economías ilegales, tanto en importancia como en nivel de transacciones, desplaza al Estado y cubre por vía ilegal a la economía.

 

La crisis de la representación en los partidos es otro problema en varios países. “En todos los partidos políticos vemos cómo los partidos ya no son lo que fueron, y así se va transformando la naturaleza de la representación política. Ahora no sabemos si seguirán siendo partidos o no, porque no están cumpliendo con su rol de representación”. Sugiere que el avance de la tecnología ha vaciado algunas de las cosas que hacían los partidos, como ser espacios para generar información y debate. “Las tareas fundamentales de formar cuadros para la política y agregar intereses para representar a la gente siguen siendo fundamentales, pero los partidos no están dando la talla”. La crisis de los partidos es una oportunidad para el avance del crimen organizado. “Si no hay organización política y densidad, es más fácil que entre la criminalidad a tomar el poder político y el Estado. Si no hay partidos fuertes, es más fácil que el crimen influya, no sólo a partir de financiar campañas sino para incidir en la agenda pública”.

 

Otro de los ejes fundamentales para encarar esta realidad es el financiamiento de la política. “La relación entre dinero y política es uno de los grandes elefantes en la habitacón si no se regula cómo entra el dinero a ese ámbito. El dinero termina siendo tóxico para la política. En vez de que la política regule el dinero, el dinero regula a la política”. En un escenario en el que las campañas son crecientemente más caras y los políticos requieren más fondos para ser competitivos, “terminan estando a la merced de los capitales y de las redes delictivas, que pagan por tener poder e impunidad”. Medina dice que “hay que poner el ojo en cómo se están organizando las campañas, de dónde están sacando la plata los políticos, y en saber si el dinero que entra es limpio y no del crimen organizado”.

 

La chilena Lucía Dammert, que dirige la organización Espacio Público y se dedica a la investigación de temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina, dice que “la democracia trae el fortalecimiento de las redes de crimen organizado”. No duda en afirmar que “en democracia las organizaciones criminales tienen un rol político en términos de definición”. Asegura que en América Latina esta realidad se ve todos los días. “El problema no es la calidad de los mercados ilegales, sino la calidad de la política”.

 

Al igual que Medina, destaca la importancia de conocer la naturaleza del financiamiento de la política. “Se aporta mucho dinero y no se sabe de dónde viene. Hay quienes creen que no es malo recibir esa plata porque consideran que el bien superior es otro: poder financiar la política”.

 

Aunque se las niegue, las economías ilegales forman parte activa de la economía. Estamos en un continente en el que la cultura de la ilegalidad se ha ido fortaleciendo. “No hay una lucha entre Estado y mercados ilegales, hay una zona gris donde conviven. No podemos seguir pensando que hay una guerra entre unos y otros”. No hay claridad diametral entre quién es el bueno y el malo. “La política gana mucho diciendo que al mercado ilegal se le responde con políticas de seguridad, pero en los hechos es falso”, afirma Dammert.

 

En la región hay determinados fenómenos que aparecen como novedad en la política y podrían tener vínculo con el crimen organizado. “Aparecen por sorpresa nuevos actores políticos, asociados a movimientos fuertemente personalistas, con poca vinculación con los partidos políticos existentes”. No se sabe de dónde salen los financiamientos para estas campañas, que suelen ser muy ostentosas.

 

“Todos estos personajes dicen ser nuevos en la política. Son outsiders, con poca o casi ninguna vinculación. Todos son empresarios que dicen partir de no tener nada y al otro día tener todo. Otra característica es que en general tienen familiares con causas penales”, dice Dammert. Suelen ser movimientos familiares o con financiación familiar, lo que refuerza las teorías criminológicas que relacionan la economía ilegal con mafias familiares.

 

La situación actual de la política, la crisis de los partidos y la sed punitiva de la sociedad configuran un escenario proclive para la puesta en juego de estos actores. “Se dan cuenta de que pueden penetrar la política, que se pueden hacer dueños de la política, y que la ciudadanía no los va a castigar si cometen delitos, porque la sociedad está pidiendo castigo para otros”.

 

Denisse Legrand es licenciada en Gestión Cultural y tiene estudios en pedagogía en contexto de encierro y en penalidad juvenil. Es coordinadora del programa cárceles del colectivo Nada Crece a la Sombra. (Redacción Correspondencia de Prensa)

 

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Regular los mercados es una estrategia más que válida para encarar la realidad de las economías ilegales. La economía más fuerte, y con resultados más negativos en términos de seguridad, es la que se asocia al tráfico de drogas. Las políticas prohibicionistas demuestran su fracaso día a día. Quienes se dedican profesionalmente a la seguridad se plantea la necesidad de trazar estrategias más eficientes.

 

En este sentido, Mario Layera, director nacional de Policía (Uruguay), sugiere que “la solución global al narcotráfico debe ir de la mano de la legalización y regulación de las drogas”, superando así la tradicional faceta prohibicionista, que sólo ha traído más violencia.

 

Para el jerarca, que dedicó más de la mitad de su carrera a la dirección y el “combate a las drogas”, la regulación de los mercados de drogas tiene que estar bajo la órbita del Estado y se deben desarrollar políticas específicas que consideren la peligrosidad de cada mercado.