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Jorge Tello Peón, quien sería designado director del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN) en 1994, se dio a la tarea de indagar lo ocurrido y descubrió que los análisis sobre el desarrollo de un movimiento guerrillero habían sido realizados y entregados, pero con una debilidad en el lenguaje: donde debería decir milicianos
, se decidió redactar activistas
( CISEN, 20 años de historia).
El general Antonio Riviello Bazán, secretario de la Defensa Nacional, estuvo insistiendo a lo largo del año que lo que estaba ocurriendo en la zona de Las Cañadas tenía que ser atendido y, sobre todo, después de una emboscada, ocurrida en mayo, en contra de una patrulla de tropas del 83 Batallón de Infantería en el municipio de Ocosingo, donde se detuvo a 10 personas y se aseguraron 26 armas.
Esto es relevante, porque explica la sorpresa de los que sabían y de los que no sabían, el primero de enero de 1994, cuando emergió el EZLN, con su Declaración de la Selva Lacandona, y se vivieron los momentos más inciertos y delicados de la historia reciente del país, porque la disyuntiva para el gobierno se reducía a dos opciones: exterminar a los rebeldes o negociar con ellos.
Días y horas terribles en las que por fortuna muchas de las reacciones se fueron moderando, al grado de que la propia sociedad activó el reclamo de buscar la paz y no ceder a los vientos de guerra. Esto ocurrió así porque se pudo apreciar el componente indígena de la revuelta, a pesar de las cargas ideológicas y del pasado de sus dirigentes.
De algún modo se vivió al filo de un desastre de proporciones mayores, pero que transitó a mejor puerto por la disposición negociadora de unos y otros.
Quizá, la lección más evidente es que se dejó de escuchar, y no sólo a los órganos de seguridad e inteligencia, sino sobre todo a los pueblos indígenas que se metieron a una aventura más que incierta para dar cuenta de múltiples exigencias y para dejar impresa una agenda de posposiciones e injusticias que pueden sumar siglos.
Como suele ocurrir, aquello no terminó del modo más adecuado y la falta de disposición para cumplir con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (1996), que firmaron zapatistas y representantes del gobierno federal, es una afrenta vigente. Pero los zapatistas, a su modo, han continuado en una senda por demás interesante, como la postulación de María de Jesús Patricio Martínez Marichuy para ser candidata independiente a la Presidencia de la República para el proceso de 2018.
Las firmas ciudadanas que requería para entrar en la boleta no fueron suficientes, pero la abanderada de los zapatistas mostró que se puede actuar con limpieza y dignidad. Eligieron la vía democrática, a sabiendas de las enormes dificultades que impone la ley a los que no pertenecen a un partido político.
El EZLN en los últimos meses ha insistido en que la construcción del Tren Maya requiere de más explicaciones. No ven bien el proyecto y tienen influencia y trabajo en la región. Hace unos días señalaron que la consulta a los pueblos indígenas resultó una simulación. Hay que atender sus denuncias, desde la lógica del interés político, no sólo porque puedan ser justos, sino porque son un actor indispensable desde aquella madrugada del invierno de 1993, cuando arrancó un tiempo por demás complejo.