Nuevo gobierno progresista argentino entra de lleno en el extractivismo y destrucción de la naturaleza como modelo de acumulación

Un repaso de los hechos en torno al reciente conflicto por la Ley 7722 en Mendoza, Argentina, y la proyección de los posibles escenarios futuros luego de la mayor movilización de la historia en esa provincia.

20 de mayo de 2019: primer acto de campaña de Alberto Fernández en San Juan. “Cómo no vamos a desarrollar la minería; cómo es posible que Chile viva de cobre y nosotros no podamos hacer algo parecido. La vamos a desarrollar y es una prioridad desarrollar una minería responsable como se hace en San Juan”.

27 de mayo: Entrevista a Juan Cabandié en Agencia Paco Urondo. Quien dijo ser el artífice del reencuentro entre Alberto y Cristina, y meses después sería Ministro de Ambiente expresó: “Argentina tiene dos oportunidades económicas, el litio y Vaca Muerta”.

20 de octubre: Durante el debate de precandidatos presidenciales, Alberto Fernández sostuvo: “Vamos a ocuparnos del medio ambiente. Vamos a cuidar nuestros bosques y vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de forma sustentable”.

25 de octubre: Comunidades que luchan contra la megaminería le entregaron a Alberto Fernández el manual “Hablemos de megaminería”, con las experiencias y datos que evidencian el impacto altamente negativo de la actividad en términos sociales y ambientales.

10 de diciembre: En el discurso de asunción presidencial, Alberto Fernández referenció a la encíclica papal Laudato SI, uno de los textos de ecología popular más difundidos en la actualidad. Asimismo habló de contar con una “política ambiental activa, que promueva una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, de consumo responsable y de valoración de los bienes naturales”.

11 de diciembre: Alberto Fernández designa a Alberto Hensel, explícito operador de las empresas megamineras, al frente de la cartera de Minería.

13 de diciembre: Decenas de asambleas envían una carta pública a Alberto Fernández cuestionando la designación de Hensel y, entre otros casos, le enrostran la situación en Jachal, en esas tierras sanjuaninas que Fernández había citado como ejemplo de minería sustentable. “Jáchal sigue pobre, su economía regional ha sido destruida. Hace quince años que la megaminería se clavó en el norte de San Juan y solo generó contaminación y abuso de poder”.

18 de diciembre: Alberto Fernández se reúne con el establishment empresarial en AEA. Y sostiene: “En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”. Al momento de esos dichos, tanto en Mendoza como en Chubut distintas legislaciones prohibían esa actividad.

20 de diciembre: En un trámite express y pese al rechazo en las calles, las dos cámaras legislativas de Mendoza aprobaron la reforma de la ley 7722, que prohibían la utilización de sustancias como el cianuro para la actividad minera. Impulsada por el oficialismo, la norma fue apoyada por buena parte del PJ. Hubo votos en contra del propio oficialismo provincial, de algunos miembros del justicialismo y de la izquierda.

22 de diciembre: Comienza la marcha más grande de la historia en defensa del agua. Desde todos los puntos de la provincia de Mendoza se movilizan para culminar con una presencia de decenas de miles frente a la casa de gobierno.

23 de diciembre: Luego de destrato a los activistas, provocaciones, y tensión, comenzó la represión y las detenciones a les manifestantes. Alberto Fernández se reunió con Anabel Fernández Sagasti, referente mendocina de su espacio y ex candidata a gobernadora. Sagasti había tenido una posición favorable a la modificación de la ley 7722, bajo el argumento de incluir en esta más controles ambientales, que exista licencia social, y sugiriendo a Malargüe como zona de sacrificio. Tras la represión, Sagasti tomó distancia del gobernador Rodolfo Suárez. “Si el Gobernador @rodysuarez elige el camino de la represión, estaré siempre en la vereda opuesta”.

24 de diciembre: Juan Cabandié, ministro de Ambiente, se expresó sobre las multitudinarias marchas en Mendoza en defensa del Agua y contra la megaminería. Su posición insinuó una vez más, que la megaminería es Política de Estado, y puede ser presentada como una actividad ‘sustentable’. “Se dispuso que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales”. La declaración asemeja más a la de una cartera de Minería que a una de Ambiente.

26 de diciembre: Una vez publicada la ley en el Boletín Oficial, y ante las amenazas latentes de evitar que se realice el Festival de la Vendimia, el gobernador Rodolfo Suárez anuncia en conferencia de prensa la “suspensión” de la reglamentación de la normativa. No se trata de una marcha atrás del Gobierno, sino de un tiempo muerto. El mandatario convocó al diálogo para “convencer” a ambientalistas y otros sectores sobre los controles que efectuarán para evitar potenciales contaminaciones.

Reflexiones

La megaminería como política de Estado llega pre-anunciada al gobierno de Alberto Fernández. Las largas experiencias de luchas cordilleranas contra esta actividad y en defensa del agua dieron en Mendoza la primera gran movilización en el país de la era Fernández. Claro que la marcha fue contra la política del gobernador Suárez, pero dio un claro mensaje fronteras hacia afuera de la provincia, y a las oficinas gubernamentales porteñas, que también van por Chubut, donde gobierna uno del mismo signo político que en la Nación.

El rechazo a la megaminería es diverso en sus vertientes, con buena parte de sujetos que han votado a Fernández para la presidencia, pero que tienen claridad a la hora de entender que la mega-minería no debe seguir avanzando. Ya es demasiada la evidencia en contra, y seguramente es dentro de las actividades extractivas, la que es más nítidamente indefendible, como dan cuenta las asambleas y diversos trabajos como los de Marcelo Giraud, Maristella Svampa, Lucrecia Wagner, Darío Aranda u Horacio Machado Aráoz.
Si ya es demasiado el lastre de los proyectos mineros en marcha (Catamarca y San Juan, por caso) sería sensata un política que prohíba nuevos proyectos, y comience a pensar en desactivar los existentes; que haga partícipe a las comunidades en estas decisiones, y que se sostenga en procesos informativos genuinos con la valiosa información que las asambleas, periodistas, universidades públicas y el sistema científico argentino han sabido acumular.

Cuando se trata de la defensa del agua, el slogan de hacerle el juego a la derecha ya no corre. Impulsar desde el gobierno nacional la megaminería y, ante los conflictos, decir que se trata de cuestiones provinciales tampoco. Gran parte del activismo que apoya al gobierno ha expresado en torno a este tema que no le ha dado un cheque en blanco, en un notable cambio por abajo de dinámicas pasadas. Si de volver para ser mejores se trata, como ha sido el slogan del Frente de Todos, buena parte de las comunidades en lucha e infinidad de ciudadanas y ciudadanos de a pie esperan un cambio de rumbo urgente en este sentido antes que insistir por la destructiva vía del supuesto desarrollo. En definitiva esperan decisiones claras. Las comunidades de pie ya decidieron hace tiempo: “El agua vale más que el oro”.

*Leonardo Rossi es periodista y miembro del Colectivo Ecología Política del Sur (CITCA-Conicet).

Publicado originalmente en Zur