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Bolivia: crisis política y emergencia de nuevos actores
Sería bueno preguntarse si este sismo que se cargó a Evo y su “Proceso de Cambio” supone la apertura de un nuevo ciclo político institucional que traerá cambios o la restauración del modelo económico y social vigente antes de la llegada de Morales al poder. Es evidente que un gobierno de transición no puede hacer cambios drásticos sobre las conquistas sociales y económicas que son patrimonio de todos. El MAS y su principal líder caído están en Argentina recomponiendo su imagen y manejando gran parte del Estado que todavía controlan, que seguramente les servirá para negociar condiciones de tratamiento judicial suave a cambio de la colaboración en la pacificación del país.
30 de diciembre, 2019.- La resolución de la crisis política boliviana, que tuvo al país casi un mes parado después de celebradas las elecciones nacionales el 20 de octubre, se saldó con 33 muertos, más de mil quinientos heridos y otro tanto de detenidos, dejando fuera del gobierno al presidente más popular y que más tiempo se mantuvo en el poder, incluso más allá de lo que le permitía la Constitución que él mismo había impulsado y echo refrendar.
Evo Morales no se va del Gobierno –y de Bolivia– por una conspiración de la derecha boliviana aliada al imperio norteamericano, sino por el agotamiento y extravío políticoideológico de su movimiento, el debilitamiento de las organizaciones que lo sostenían y más coyunturalmente, por el surgimiento de nuevos actores sociales que recogieron y dieron un nuevo giro a su propia agenda desechada, a esto hay que sumarle como detonante principal, el escandaloso fraude montado en las elecciones a las que no tenía derecho ya a participar.
El Gobierno de Jeanine Añez no expresa los movimientos que la llevaron a la primera magistratura y muchas de sus decisiones son duramente cuestionadas, de ahí a que Bolivia esté viviendo bajo una dictadura cívico-policialmilitar, se contradice con el control que mantiene el MAS de ambas cámaras legislativas, así como de las asambleas de 7 de los 9 departamentos del país, que le está permitiendo pilotear las condiciones de un tratamiento algo suavizado para sus líderes perseguidos por la justicia y tener la sartén por el mango en los aspectos centrales de la normativa que rigen el nuevo proceso eleccionario.
Aspectos estructurales que hicieron eclosión en la coyuntura
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Incendios de la Chiquitanía/Chaco (Un modelo de desarrollo en crisis)
Uno de los hechos coyunturales que podríamos señalar como la antesala del conflicto de las elecciones de 20 de octubre, es la catástrofe ambiental que supuso los incendios que tuvieron como epicentro la región de la Chiquitanía y el manejo que el Gobierno de Evo Morales hizo de esa crisis. Se trató de un hecho coyuntural (los incendios) que está conectado directamente con un elemento estructural que ha sido el blanco constante de críticas hacia Evo de parte de la izquierda ambientalista, que es la profundización del modelo extractivista de desarrollo en su vertiente agroextractiva (1) , que implica la ampliación de la frontera agrícola y por tanto la sustitución de selvas por cultivos agroindustriales (2). Según datos de varias fuentes se habrían quemado en Bolivia en los meses de agosto y octubre entre 4.5 y 5.1 millones de hectáreas de áreas boscosas (3), es decir la mitad de los bosques perdidos en Bolivia desde que se tienen registros, que se estimaba en 8 millones. De las áreas afectadas, el 35% pertenecen 22 a territorios indígenas (4).
El crecimiento del ambientalismo como actor social es clave para entender la naturalidad con que se dio la movilización de finales de octubre y principios de noviembre post elecciones.
En este sector se articularon a los ambientalistas un sinnúmero de plataformas reivindicativas que van desde las feministas (5), las plataformas de luchEl crecimiento del ambientalismo como actor social es clave para entender la naturalidad con que se dio la movilización de finales de octubre y principios de noviembre post elecciones.a contra los transgénicos, los grupos transgénero, animalistas, bicicleteros, motoqueros, y demás tribus urbanas ya concientizadas con la problemática del medio ambiente, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, que van por fuera de los sectores reivindicativos tradicionales; estos lograron, motu proprio, poner en agenda un tema estructural que por muchos años fue ninguneado, o mejor dicho, expresamente marginado (6).
Por suerte o por desgracia, depende el ángulo de análisis, el Cabildo del 4 de octubre convocado por el Comité Cívico en el Cristo Redentor (7) tuvo como central el tema ambiental, aunque claramente estaba orientado a dar las pautas de cómo votar el 20 de ese mismo mes.
La ausencia de los principales referentes del movimiento ambientalista en la testera marcó la posición distante de éstos y sus reivindicaciones respecto de lo que el Comité representa en Santa Cruz: era impensado para los primeros acudir al escenario montado por la representación cívica de los responsables de los incendios, –es decir el empresariado del agronegocio que marcó una visible presencia en el escenario– esta dicotomía marcaría, y marca en la actualidad, la división de un importante sector movilizado por reivindicaciones y demandas estructurales frente a otra parte de sectores sociales más cercanos a las iglesias, los colectivos juveniles pro-21F y agrupaciones que no tienen una posición política clara respecto a estos temas.
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Elecciones del 20 de octubre: la movilización social y la OEA
Los comicios del 20 de octubre de 2019 en realidad comienzan el 21 de febrero de 2016, que es la fecha cuando se celebra el Referéndum Constitucional, que pierde Evo con el 51,3%, y le impidió modificar la Constitución (8) en tanto era vinculante a este proceso electoral (9). Pero Evo desconoció tal derrota, así como sus sectores más duros, que lo convencieron de que se podía encontrar un camino jurídico que lo ponga nuevamente en carrera electoral. Se optó finalmente por hacer decir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que la re-reelección -rebautizada como repostulación- era un “derecho humano” o, mejor dicho, impedirla era una violación a éste, de acuerdo a lo que supuestamente establecía el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) (10).
Respecto a este punto, la OEA o mejor dicho Luis Almagro, jugó un papel ambiguo y hasta contradictorio. El Secretario General pasó de liderar una de las cruzadas internacionales más visibles contra el prorroguismo de Evo (11), a llegar a visitar el Chapare en plena campaña electoral y declarar que el impedirle al mandatario sea presidente por cuarta vez violaba los Derechos Humanos (12), a volver sobre las posiciones anteriores, declarando en la sesión de 11 de noviembre, después de la renuncia de Morales, que ésta se habría producido por violentar el dictamen del soberano expresado en el referéndum del 21F como parte del fraude descubierto por la auditoría integral realizada por el organismo (13).
Las instituciones que jugarían un papel determinante en las elecciones de 2019 fueron elegidas en procesos poco claros donde el Gobierno fue colocando referentes clave para los comicios que se avecinaban (14). El Tribunal Supremo Electoral (TSE) parecía escapar a este destino, en tanto se logró una composición plural y de personas con trayectoria y prestigio, como Katia Uriona (15), José Luis Exeni (16), Dunia Sandoval (17), Antonio Costas (18), e incluso la misma María Eugenia Choque (19), quien quedó a cargo de todo el proceso electoral en la última fase. Cuando el Tribunal Constitucional aprobó la sentencia 0084/2017 [20], el TSE se vio en la disyuntiva de cómo gestionar la aplicación de este fallo, en tanto resistirse a aplicar la sentencia, podía exponerlos a un juicio por incumplimiento de deberes. Las presiones de parte del Gobierno fueron insostenibles en la Sala Plena del TSE, lo que provocó la renuncia de cuatro (4) de los siete (7) vocales del organismo.
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Determinantes de la renuncia de Evo Morales
Un informe y una movilización (o viceversa)
¿Cuál fue el detonante de la salida de Evo Morales del poder? No es una respuesta sencilla, porque se juntan demasiados factores, pero si debiéramos elegir uno, ese es sin dudas el Informe de Auditoría de la OEA hecho conocer por el propio Evo la mañana del domingo 9 de noviembre, el cual sugiere la realización de nuevas elecciones frente a las graves irregularidades cometidas antes, durante y después de los comicios de 20 de octubre (21).
Es el documento al que el gobierno anterior puso todas sus fichas, convencido que el organismo tomaría las irregularidades como cuestiones secundarias, tal vez pensando correr la misma suerte que Honduras u otros casos donde la ciudadanía no tuvo oportunidad de estar tan cerca del proceso de revisión, totalmente distinto al boliviano, donde todo el país estaba movilizado.
El día 9 de noviembre se presentó el Informe a la Secretaría General de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) y el Departamento para Cooperación y Observación Electoral (DECO) denominado “Análisis de Integralidad Electoral, Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, Hallazgos Preliminares” (22) en el que identificaron graves irregularidades respecto a los cuatro aspectos que se revisaron, entre éstos: tecnología, cadena de custodia, integridad de actas y proyecciones estadísticas.
Los observados fueron los sistemas de Transmisión de Datos Electorales Preliminares (TREP) (23), y de Cómputo Definitivo, los cuales habrían sido viciados; se falsificaron firmas y alteraron actas; la cadena de custodia fue deficiente; la tendencia en el último 5% era improbable y se manipuló de manera grave el sistema informático para favorecer a que Evo Morales obtenga la victoria en primera vuelta. Uno de los elementos que no se leyeron bien desde los estrategas y conflictólogos del anterior gobierno es que la sociedad boliviana urbana esperaba desde hace mucho tiempo este conflicto, se venía preparando y probablemente una de las fichas más importantes que movió, tal vez inconscientemente, fue concurrir masivamente a las urnas. En efecto, con un porcentaje que rondó el 88% la asistencia fue muy alta en un comicio donde la oposición no había unanimidad sobre si se debía asistir o no a votar.
En el primer caso probablemente los reclamos sobre irregularidades o fraude y las movilizaciones subsecuentes habrían perdido fuerza, pero en este caso la población terminó legitimando las futuras demandas en defensa de su voto, en tanto había entregado la confianza, poniendo en sus manos la alta responsabilidad de llevar a cabo un proceso limpio y a la altura de lo que semejante asistencia reclamaba. Esta legitimidad potenció las movilizaciones e insistimos, legitimó doblemente además la presión hacia las autoridades (24).
El anterior gobierno perdió conciencia de lo que el desgaste de gestionar el poder tantos años le había provocado.
El anterior gobierno perdió conciencia de lo que el desgaste de gestionar el poder tantos años le había provocado. Pero la pérdida de legitimidad, que se tradujo después en pérdida de autoridad y vacío de poder, se debió también a cómo gestionó ese poder, de manera claramente autoritaria y sin tapujos, al límite de los cánones democráticos. Y Santa Cruz de la Sierra, el enclave conservador más importante del país, le cobró varias de esas facturas en su prolongado y sostenido paro. De poco le sirvió la alianza con los empresarios, la flexibilización de las normas ambientales para favorecer al agronegocio y los ganaderos para colocar carne en China, o la monumental cantidad de recursos invertidos en obra pública en este departamento, publicitados diariamente con un gasto de recursos en propaganda jamás visto. Por el contrario, esto endureció aún mas las posiciones de una ciudadanía que denunciaba en las redes sociales cada uno de estos elementos, convirtiéndolos en justificativos para la acción y la presión.
La movilización urbana en el Oriente
Como se dijo en otros trabajos (25), la movilización tuvo características diferentes, aunque se articularon entre sí. No se trató de movimientos sincronizados ni tenían una organización unitaria, puede decirse que cada uno respondía a sus propias lógicas de organización y gestión territorial e incluso particularidades de su ciudad o barrio. En la misma ciudad de Santa Cruz, no era lo mismo el segundo anillo, donde en sus rotondas gobernaban los ensombrerados del Comité, quienes coexistían con las sectas religiosas, que las avenidas hacia los barrios populares, donde destacaba la flexibilidad o rigidez de las medidas en función a varios factores. Uno clave fue la ascendencia étnico social y los sentidos de pertenencia, que se expresa en el tipo de actividad económica dominante en el barrio. Estos elementos hacían que la dinámica en cada lugar fuese distinta.
A diferencia de lo que fueron los conflictos de 2008 en el Oriente, donde el racismo y la discriminación estaban a flor de piel, en éste se cuidaron bien de no hacer traslucir estos aspectos, los cuales tampoco eran dominantes, considerando la pluralidad de los sectores movilizados. El estigma de “separatistas”, “racistas” y “oligarcas”, los tres calificativos sobre los cuales se estructuró el discurso del Gobierno de Evo en aquellos años, agitados ahora a casi una década de aquellos tiempos, cayó en saco roto e hizo poca mella en una movilización que tenía claramente otra composición y otras características.
Movimiento social afín al MAS en reflujo
Por otro lado, en 2008, la Autonomía construida como una consigna vaciada de contenido y vuelta elemento de movilización en contra de los mecanismos democráticos como la Asamblea Constituyente, la autonomía indígena y los derechos humanos dejó paso a unas más consistentes y palpables a todos, que fue la defensa del voto, de la democracia y de la recuperación de una institucionalidad sometida a los designios de una persona y un partido. Esto se notó particularmente en las organizaciones indígenas de las Tierras Altas y Bajas (26), otrora depositarias de una legitimidad social y política a nivel nacional a partir de sus largas marchas hacia La Paz desde 1990.
Probablemente la inacción respondió al debilitamiento extremo en el que se encuentran desde hace años, corroídas por la división, la cooptación, la pérdida de agenda y horizonte político e ideológico, así como la falta total de autonomía económica y de decisión. Del mismo modo, las campesinas, neutralizadas y supeditadas a liderazgos que desde hace años gestionan el poder a partir de proyectos que tiene a sus dirigencias completamente fuera de los principales ejes de discusión social y política. Este reflujo se debió a la acción directa del gobierno de Evo, que tenía el objetivo de eliminar toda sombra de disenso en el movimiento social.
Por su lado, los mineros, divididos desde hace ya más de 30 años entre cooperativistas –empresarios pequeños y medianos– y asalariados contratados todos por la estatal COMIBOL (27), que Evo logró unificar al inicio de su gestión contratando masivamente a asalariados para la estatal y aprobando una normativa excesivamente flexible en términos impositivos, laborales y ambientales para los mineros cooperativistas independientes (28), se quebró definitivamente en agosto de 2016 (29).
Los mineros cooperativistas protagonizaron los primeros disturbios en Oruro, Potosí, El Alto y, sobre todo La Paz, que en sus ruidosas y no menos peligrosas marchas -debido al uso ilegal de dinamita- se hicieron sentir apoyando o rechazando al gobierno de entonces. Se tiene información de que entre 2000 y 4000 asalariados estuvieron movilizados junto a funcionarios públicos de varios ministerios [30], incluso fueron alojados el Palacio Quemado, que por entonces fungía de museo y hoy fue recuperado como casa de Gobierno (31).
La movilización en Occidente
En las ciudades andinas (32), la movilización tuvo características distintas por la dinámica propia que tienen las organizaciones, sobre todo sindicales, sea rurales o urbanas, así como de la clase media. En Sucre y Potosí, emblemáticas ciudades coloniales donde se sigue reproduciendo la dicotomía campo-ciudad, los paros se hicieron fuertes en las cabeceras de las ciudades perdiendo fuerza en las comunidades del área rural. En el caso de Potosí, de donde proviene el líder del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Marco Antonio Pumari (33), las movilizaciones se iniciaron antes de las elecciones a partir del conflicto suscitado por la explotación del litio. A propósito de esto, precisamente Pumari cualifica hoy como un líder mucho más legítimo que otros que destacaron durante el conflicto, por el hecho de que haya emergido como consecuencia de la defensa del litio frente al intento de entrega a la transnacional alemana ACI Symstems (Acisa) la producción y comercialización del recurso.
En efecto, a partir del D.S. 3738/18 del 10 de diciembre, que violaba la Constitución y la Ley Nº 298 de creación de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), se modificaron las condiciones del contrato para la explotación del litio en Potosí, como que la producción de las baterías se realizaría en Alemania y no en Bolivia, postergando la posibilidad de contratación de mano de obra local (34). Recién el 3 de noviembre se abrogó el D.S. 3738/18, cuando ya la protesta tenía casi un mes, no teniendo el efecto esperado de desinflar el nivel de movilización en ese departamento, puesto que la reivindicación por la recuperación del litio se enmarcaba ya en una impugnación general contra todo el gobierno de Evo Morales.
Algo diferente sucedió en Cochabamba, enclave principal de Morales, aunque con un sector urbano muy activo, más allá de las clases acomodadas históricamente reactivas al campesinado rural. El conflicto siempre latente en la Llajta es con los colonos cocaleros del Trópico, quienes con sus amenazas de movilizaciones violentas hostigan el área urbana de la capital. Ante ésta, dentro de la organización espontánea de la ciudadanía de diferentes barrios destacó la llamada “Resistencia Cochala”, compuesta por jóvenes motoqueros, quienes fueron defendidos y criticados por su virulencia en las protestas y sus modos poco ortodoxos de combatir con los sectores duros del MAS. Es verdad también que dentro de esta agrupación hay jóvenes quechuas residentes en barrios populares de la capital valluna que se plegaron a las protestas sin más que con sus sogas y palos en las esquinas, es decir no fue un movimiento homogéneo.
En La Paz, sobre todo en la Zona Sur, donde residen las clases más acomodadas, históricamente sensibles a las protestas contra Morales y lugar de vivienda de personalidades y representaciones diplomáticas, mantuvo un nivel constante de movilización, pese al hostigamiento que impusieron diferentes sectores urbanos del MAS. La ciudad de La Paz, sede del Gobierno, tiene desde hace varios años, con la llegada de Juan del Granado y su Movimiento Sin Miedo (MSM), aliado clave del MAS durante la Asamblea Constituyente una gestión socialdemócrata muy eficiente con gran reconocimiento en votos.
Hoy el alcalde es Luis Revilla, sucesor de Del Granado, pero con otra sigla política, Soberanía y Libertad (SOL.BO), hoy aliado a Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa Gisbert, por tanto opositora a Evo. Estas fueron las zonas que más firmemente acataron el paro, aunque después de la renuncia de Morales, también las más duramente hostigadas, en tanto hechas responsables por el propio ex presidente de su renuncia o “golpe”. En medio de las protestas fueron atacados los domicilios de varios referentes de la oposición, entre otros, la casa de Waldo Albarracín Sánchez, histórico luchador de Derechos Humanos, presidente varias veces de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y Defensor del Pueblo en el período 2003-2008, apoyado por la bancada parlamentaria del MAS (35).
El papel de las fuerzas de seguridad en el conflicto
La Policía Boliviana y Fuerzas Armadas fueron puestas en el exterior como las responsables del “golpe”, sobre todo a partir del motín policial y la ya famosa “sugerencia” del entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán. Jugaron, que duda cabe, un papel importante en la resolución del conflicto, sin embargo, habría que ubicarlos en su justa medida para no caer en determinismos baratos.
En primer lugar, hay que decir que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas de Bolivia no guardan mucha relación con las de otros países, sea por su composición étnicosocial, por sus lógicas de organización interna, equipamiento o rol en la política nacional. Más del 90% de los policías bolivianos son de origen aymara o quechua y prácticamente toda la tropa de las fuerzas armadas son jóvenes que vienen de comunidades indígenas o hijos de comunarios campesinos, esto hace que la relación con la sociedad urbana tenga características especiales en función a la clase social o la región donde prestan su servicio (36). Sin ir a analizar caso por caso, lo evidente es que la particular composición y la formación de las fuerzas de seguridad en este país hace que la participación en el conflicto haya tenido un rol distinto al que se le ha atribuido internacionalmente. Por otro lado, y considerando la tradición de conflicto y movilización bolivianos (37), es difícil imaginar que otras condiciones que no sean las sociales, que imponen generalmente los sectores en las calles -y ahora en las redesdeterminen los hechos políticos de trascendencia en este país.
Poco después de la conferencia de prensa de Evo, el candidato Carlos Mesa salió a pedirle la renuncia, si es que, como afirmó, “algo de dignidad le queda” (38). También siguieron otros, como los miembros del CONADE, entre ellos el ex Defensor del Pueblo y actual Rector de la Universidad de San Andrés de La Paz, Waldo Albarracín. Por tanto, la sugerencia del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de “dar un paso al costado”, en un discurso plagado de términos formales y con el respeto reverencial que estas nuevas FF.AA. tenían respecto a Evo Morales (39) enmarcado en la Ley Orgánica de las FF.AA. (40), a pocos les pareció más que eso, una recomendación o un consejo de amigo, más que a un quiebre de la cadena de mando o un acto de deliberación de los militares como forzadamente se quiso instalar desde fuera del país. Hasta ese momento las FF.AA. no habían tenido participación, al menos que se haya conocido a nivel público, en la crisis, pese a los constantes llamados opositores a que se plieguen a su lucha, por el contrario, tuvo mucho más peso el llamado de la Central Obrera Boliviana (COB) a renunciar, cuyo Secretario Ejecutivo había acompañado horas antes al presidente en su conferencia de prensa. Un dato a tomar en cuenta es que, en su carta de renuncia, Evo utiliza la frase “golpe de Estado político cívico policial” (41), en ningún momento hace referencia a los militares. Pero las cartas ya estaban echadas, con o sin peticiones o sugerencias, la percepción ciudadana era que la renuncia era la salida más lógica y necesaria para una crisis que podía trocar en guerra civil.
Era imposible, incluso con las FF.AA. y la Policía a su favor, que después de conocido el informe, Evo resistiese más en el Poder, ni siquiera en el Chapare.
Respecto de esto cabe preguntarse: ¿qué hubiese pasado si Kalimán no le pedía a Evo que se apartara del Gobierno? ¿Se habría mantenido hasta hoy? ¿Las FF.AA. habrían salido a reprimir al pueblo movilizado? ¿Había capacidad para ello? O peor aún, ¿con cuál legitimidad se reprimiría a una movilización que se mantuvo dentro de todo pacífica pese al sistemático hostigamiento desde los sectores afines al MAS para que se reaccione con violencia o termine diluyéndose? Está claro que, por la dinámica del conflicto, la contundencia de las movilizaciones y el efecto devastador que tuvo la auditoría de la OEA en el Gobierno, esto era bien difícil de producirse, por ello determinaron la renuncia del otrora presidente con mayor legitimidad de América Latina. El pedido de Kalimán, en ese contexto, decoró un resultado ya puesto. Era imposible, incluso con las FF.AA. y la Policía a su favor, que después de conocido el informe, Evo resistiese más en el Poder, ni siquiera en el Chapare. Y esta conclusión además es leal a lo que en general sucede en los conflictos en Bolivia, donde el origen, desarrollo y conclusión de los mismos responden a elementos socio-culturales y sociopolíticos que tienen como escenario las calles –y en este caso también las redes sociales– las fuerzas de seguridad juegan en estos casos un papel importante, pero instrumental, nunca principal.
La violencia como mecanismo de pacificación
Conocido el alejamiento de Evo Morales y la catarata de renuncias que comenzaron a sucederse, en muchos casos forzadas debido al hostigamiento desatado contra las ex autoridades más emblemáticas, como los miembros del gabinete y presidentes de las cámaras (42), era lógico que la presidencia recaiga en un representante parlamentario del arco opositor. Que el proceso mantuviese el grado de legalidad y apego a la Constitución que el contexto podía ofrecer, fue dado por algunos actores como los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, quienes gestionaron e interpusieron sus buenos oficios para hacer que el Tribunal Constitucional se expida sobre la sucesión, utilizando precisamente un antecedente de la época de cuando Quiroga fungió como presidente (43).
Jeanine Añez asume como presidenta en un escenario convulsionado al borde de la guerra civil. La renuncia del ex presidente Morales no calmó las aguas y como se preveía, más bien generó la reacción a partir de sus sectores más duros que se lanzaron a una serie de acciones temerarias, así como al hostigamiento de las ciudades capitales e intermedias, cobrándoles la factura por la renuncia de su líder. Las fuerzas de seguridad convocadas por el Gobierno ahora sí pasaron a cumplir un rol más activo, no sólo de colaboración en recuperar la calma en las zonas objeto de constantes actos de saqueo, pillaje, incendios y demás atentados a la seguridad púbica, sino para la nueva gestión como mecanismo de intimidación hacia los sectores del depuesto presidente.
En efecto, una de las primeras misiones de la Policía fue recuperar el orden público, hecho que se lo combinó con las Fuerzas Armadas, ya sin el cuestionado comandante W. Kalimán, claramente parte del esquema político del ex presidente Morales (44). Estos fueron tomando el control sobre todo de los barrios de la zona sur de La Paz, ante la radicalización de las protestas violentas que bajaban de El Alto y en Cochabamba, con la anunciada venida de la para nada pacífica movilización cocalera, que tomó a Sacaba –población intermedia ubicada a pocos kilómetros de la capital valluna, donde se encuentra el principal mercado de venta de coca–, como su base de reunión desde donde partían las marchas hacia el centro cochabambino.
Precisamente sería en el camino de Sacaba a Cochabamba donde se daría el 15 de noviembre una de las refriegas más violentas entre cocaleros y fuerzas de seguridad, calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “masacre” (45). En estos hechos murieron 9 personas, fueron heridos 115 y detuvieron mas de 140 (46). La orden de replegarse y la misma represión actuaron como un mecanismo de intimidación para nuevas movilizaciones cocaleras, habiendo declarado recientemente a través de una de sus lideresas más emblemáticas, como Leonilda Zurita, que no habrá elecciones en esa zona hasta que no llegue la Policía y de rodillas pidan disculpas al Chapare (47).
La brutalidad de la represión se correspondía con la virulencia extrema de los discursos y declaraciones que las nuevas autoridades daban, sea a la prensa nacional o internacional (48). Esta actitud no hacía más que cohesionar los sectores sociales del MAS que además utilizaron la gran imagen internacional de Evo Morales para generar la solidaridad de intelectuales, políticos, artistas y referentes sociales de la izquierda internacional (49).
Sin embargo, el nudo más difícil de resolver era el de El Alto, la ciudad que rodea a La Paz, población de mayoría migrante aymara, que vota a Evo Morales para presidente, pero que confía su gestión municipal a una alcaldesa “neoliberal”, Soledad Chapetón, de Unidad Nacional (50). Ya con Evo fuera del poder, sus partidarios reeditaron el famoso “cerco” a La Paz (51). Adicionalmente y como sucediera en 2003 cuando salió del poder Sánchez de Lozada (52), cercaron la planta de Senkata, la única que provee de combustible líquido y recargado de garrafas de gas imprescindibles para cocinar los alimentos de toda la población paceña. A este punto las cartas estaban echadas y la situación en La Paz era humanitariamente insostenible, con varios días de bloqueo y escasez casi total de alimentos en los mercados, a tal punto que el gobierno tuvo que establecer un puente aéreo desde Santa Cruz de la Sierra para aprovisionar la capital de carne y otros víveres, el gobierno decidió una operación combinada entre las fuerzas de seguridad.
¿Los movilizados al poder? Si y no
Queda preguntarse qué quedó del amplio y plural movimiento, como se lo explicaba líneas arriba, dentro del nuevo esquema de Gobierno. El partido político Unidad Demócrata de la presidenta Jeanine Añez ocupó todos los cargos públicos, así como los cívicos de Santa Cruz y Beni también posicionaron algunos cuadros de confianza en lugares clave. Del movimiento social juvenil, es decir las agrupaciones que defendían el 21F, Ríos de Pie, y otras que terminaron bajo el paraguas del Comité Cívico son las que se sienten “en el poder” y se identifican casi sin críticas con el actual gobierno, así como lo que se está preparando respecto de lo que viene, es decir las elecciones generales próximas y las sub-nacionales que elegirán gobernadores y autoridades municipales. Tal vez el hecho que cristaliza la victoria y la identificación de estas agrupaciones es el discurso ofrecido en el marco de la visita del ahora expresidente del Comité Cívico Luis Fernando Camacho, dado por Jhanisse Vaca en la OEA (53), el cual además describe muy bien su posicionamiento y ubicación en el nuevo escenario político y social nacional (54).
Todos estos sectores carecen hoy de un liderazgo político-electoral claro, son el referente social de presión más legítimo hacia el Gobierno actual, en tanto conservan la legitimidad que les ha dado las últimas movilizaciones.
Del otro lado, han quedado las agrupaciones más radicales, compuestas mayoritariamente por ambientalistas, plataformas anti-transgénicas, feministas, agrupaciones estudiantiles de izquierda, y defensores de derechos humanos, que han cuestionado al Gobierno por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la salida del conflicto, particularmente en los hechos de Sacaba y Senkata, así como la discusión de los temas más estructurales abandonados por la gestión de Morales, que radica en la profundización del modelo de desarrollo extractivista. Todos estos sectores carecen hoy de un liderazgo político-electoral claro, son el referente social de presión más legítimo hacia el Gobierno actual, en tanto conservan la legitimidad que les ha dado las últimas movilizaciones. Lejos de todos ellos se encuentra el movimiento social cercano al gobierno depuesto, vilipendiado en el escenario público que ya no controla, pero con un nivel de apoyo que todavía le permite ser una opción electoral absolutamente viable y temible, aunque depende del Gran Hermano Evo, quien dirige a sus compañeros desde el exterior, ahora mucho más cerca en Argentina.
Finalmente, también sería bueno preguntarse si este sismo que se cargó a Evo y su “Proceso de Cambio” supone la apertura de un nuevo ciclo político institucional que traerá cambios o la restauración del modelo económico y social vigente antes de la llegada de Morales al poder.
Es evidente que un gobierno de transición no puede hacer cambios drásticos sobre las conquistas sociales y económicas que son patrimonio de todos, como el control estatal sobre los recursos naturales y la redistribución de la renta en los niveles locales y departamentales, la estabilidad macroeconómica y monetaria, y la solvencia del sistema financiero. Sobre todo, porque los sectores en el poder creen, correctamente, que haciendo desbarajustes en la economía o tocando cuestiones sensibles para los sectores populares puede tener un costo político tan alto como el regreso del MAS al poder en las próximas elecciones. Sin embargo, tienen que dar alguna señal, así como también algunas concesiones a sus propios sectores. Entre esas se puede mencionar la apertura hacia la introducción de los transgénicos, posicionada por los empresarios del agronegocio como prohibida por Evo, medidas para praderizar los bosques incendiados, bajo un ambientalismo disfrazado, endilgando la responsabilidad de los incendios a la distribución politizada de la tierra y los bosques que hizo el anterior gobierno. La política de desarrollo enmarcada en el respeto al Medio Ambiente y los derechos de los pueblos indígenas será uno de los temas más álgidos con los que tendrá que lidiar este gobierno, considerando la fortaleza de los sectores movilizados que lo reivindican.
El MAS y su principal líder caído están en Argentina recomponiendo su imagen y manejando gran parte del Estado que todavía controlan, que seguramente les servirá para negociar condiciones de tratamiento judicial suave a cambio de la colaboración en la pacificación del país.
Notas:
(1) Modelo extractivista o extractivismo podría definirse como “Un tipo particular de apropiación de recursos naturales, en grandes volúmenes o alta intensidad, que la mitad o más son exportados, como materias primas.” (Gudynas 2019).
(2) Sobre todo oleaginosos y en el último tiempo y al influjo de la reparación de los incendios, el gobierno anterior planteaba la “reforestación” de plantaciones agroforestales de palma africana, eucalipto, etc. asociadas a la industria de las celulosas.
(3) FCBC (2019) Diagnóstico por teledirección áreas quemadas en la Chiquitanía. https://www.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2019/12/DiagnosticoIncendios.pdf
(4) CEJIS-CPTA (2019) Cicatrices de quemas en Territorios Indígenas.
(5) En particular, la representación local de “Mujeres Creando”, donde la activista y especialista en temas de género María Galindo destaca como el referente nacional más importante.
(6) El presupuesto de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) tiene una capacidad presupuestaria de controlar menos del 7% de las operaciones forestales que autoriza. (ABT, 2013).
(7) Ubicado en la avenida principal de ingreso desde el Oeste a Santa Cruz y delante del Altar Pontificio, construido especialmente para la venida del Papa Francisco en 2015, que sería donde se brindarían los discursos de los líderes cívicos durante el conflicto de octubre-noviembre.
(8) No fue una decisión unánime en el Gobierno de Morales la de convocar al referéndum, ni en tiempos - apenas unos meses después de la gran victoria de 2014- ni en sentido estricto, en tanto referentes y sectores del MAS sostenían que ya el mandato hasta 2019 violentaba la Disposición Final II de la CPE.
(9) El referéndum fue ordenado por la Ley Nº 757/15 que consultó al pueblo lo siguiente: “¿Está Usted de acuerdo con la reforma del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua? Por Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección el período 2015 – 2020 y a segunda reelección 2020 – 2025. SI-NO”.
(10) Artículo 23.- Derechos Políticos 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. Convención Americana (Pacto de San José).
(11) Almagro solicitó y obtuvo el famoso informe jurídico de la Comisión de Venecia, el cual contradecía la sentencia 0084/2017 del TCP de Bolivia, en tanto establecía que en ningún caso el artículo 23 de la Convención consagra el derecho a ser elegido como un derecho absoluto, y por tanto las restricciones que los ordenamientos jurídicos nacionales que establezcan no contravienen dicha norma. http://https://www.youtube.com/watch?v=C_47isJsZp8
(12) https://www.eldeber.com.bo/140102_almagro-decir-que-evo-no-puede-participar-eso-seriadiscriminatorio
(14) En octubre de 2018 se realizaron las elecciones a jueces, aplicando los dictados constitucionales, aunque como en las de 2011, fueron duramente cuestionadas por ya importantes sectores no solamente políticos, que dieron como resultado la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental por un porcentaje de un 35%, teniendo el rechazo generalizado de la población.
(15) Conocida activista feminista, investigadora, docente universitaria.
(16) Referente académico de Boaventura de Souza Santos en Bolivia, doctorando de la Universidad de Coimbra-Portugal.
(17) Investigadora de Santa Cruz, hija del referente de la izquierda obrera boliviana Isaac Sandoval Rodríguez y docente de varios posgrados.
(18) Ex miembro de la antigua Corte Nacional Electoral y destacado técnico en procesos electorales.
(19) Fue miembro del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de la ONU.
(20) Que derogó la Ley del Régimen Electoral y declaró la inaplicabilidad del artículo 168 de la Constitución -que impedían reelegirse por más de dos períodos- por ser violatorios al artículo 23 de la Convención Americana de DD.HH. (Pacto de San José de Costa Rica).
(21) http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/noticia/3716
(22) http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Auditoria-Bolivia-2019.pdf
(23) Que fue interrumpido por varias horas, desatando las protestas a partir del 22-23 de octubre, en tanto cuando éste se reanudó su conteo la tendencia electoral se invirtió, favoreciendo al candidato Evo Morales, por sobre Carlos Mesa, cuando era evidente que por las actas faltantes y el porcentaje acumulado por ambos sugería la realización de una segunda vuelta, dado que Evo no lograba aventajar por más del 10% de los votos a su contrincante.
(24) Tal vez en este caso el pueblo boliviano se diferenció del venezolano, que absteniéndose de participar en las últimas elecciones, se quedó sin un arma legítima de protesta contra el gobierno de Maduro, que ganó ampliamente las elecciones de 2018.
(25) Monasterio (2019) La necesidad de decir lo incómodo, en Debates Indígenas Nro. 1 http://www.debatesindigenas.org/14-la-necesidad-de-decir-lo-incomodo.html
(26) Representadas por la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) -en las Tierras Bajas, que agrupa los 34 pueblos indígenas de esta zona- y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), donde se adscriben 16 nacionalidades originarias de la zona andina.
(27) Corporación Minera de Bolivia, recuperada después del largo vaciamiento al que fue sometido en aplicación del programa neoliberal que provocó la privatización de los yacimientos desde 1985, renació con Morales dada la recuperación constitucional a manos del pueblo boliviano de todos los recursos naturales.
(28) Ley de Minería y Metalurgia Nro. 535/14 de 28 de mayo.
(29) Se trata del violento conflicto en el que fue asesinado el viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, después de haber sido secuestrado por los movilizados en pleno proceso de diálogo, en represalia por los mineros muertos a manos de la Policía en Panduro, carretera La Paz-Oruro.
(30) Circularon videos y fotografías en las redes en las que se daba cuenta de ello. https://eju.tv/2019/10/con-dinamitazos-mineros-y-funcionarios-del-gobierno-atacan-a-vecinos-en-lapaz/
(31) La casa de gobierno fue trasladada a la llamada “Casa del Pueblo”, una gigantesca construcción de 30 pisos ubicada en la manzana anterior a la Plaza Murillo, que por sus dimensiones liquida estética y arquitectónicamente la Plaza y sus tres edificios históricos, como el Congreso, la Catedral y el citado Palacio Quemado.
(32) Sobre todo, Cochabamba, Potosí, Sucre y La Paz.
(33) COMCIPO, fundado a imagen y semejanza de Comité Cívico de Santa Cruz, tiene desde hace años una agenda reivindicativa asentada en la defensa de sus recursos naturales, sobre todo minerales, como el litio y acuíferos, como las aguas del Silala, en litigio con Chile en La Haya.
(34) Cuando se conoce la renuncia de Evo Morales, también lo hacen el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, el Ministro de Minería, Jaime Navarro y el Gobernador del departamento Juan Carlos Cejas, debido a las amenazas contra sus bienes y sus familias. Esto no impide el asalto y saqueo de los domicilios particulares de estas ex autoridades y de sus familiares a manos de una turba completamente fuera de control.
(35) Waldo Albarracín, cuando era presidente de la APDHB, junto a la entonces Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero y Jesús Juárez, presidente de la Conferencia Episcopal, fueron clave en la defensa de los derechos humanos de los sectores movilizados el conflicto que tuvo como resultado la salida del poder de Gonzalo Sánchez de Lozada.
(36) No es la misma relación la que tenían las fuerzas armadas con los gobiernos antes de Morales que con Evo, así como no es la misma relación que tiene la Policía con sectores populares que con clases acomodadas de La Paz, Cochabamba o Tarija que, con la ciudadanía de Santa Cruz, las situaciones de discriminación y racismo en cada caso son variables. Tampoco es lo mismo la actitud represiva hacia una movilización urbana de clase acomodada cruceña que contra una minera en Oruro o Potosí, así como contra una cocalera en el Trópico, la saña en estos dos últimos casos es evidente, pese a las solidaridades que podría pensarse, debiera existir por su proximidad de clase entre ambos sectores (policía y movilizados).
(37) Zavaleta Mercado, René (1986) Lo nacional- popular en Bolivia Plural Editores (2008).
(38) Mesa tuvo la hidalguía de pedirle a Evo, repetidas veces, que convoque nuevas elecciones en las que, además se presente él, contradiciendo las posiciones más radicales, que lo querían si o sí fuera del poder, por tanto, su pedido de renuncia sonó más legítimo que el de otros actores políticos.
(39) Evo Morales, por vertiente propia (fue trompetista de la banda militar de su destacamento en los años que cumplió con su servicio militar) y probablemente por recomendación de Hugo Chávez, dio amplio apoyo a las FF.AA., dotándola de equipamiento, otorgándole un tratamiento jubilatorio de privilegio y promoviendo cambios en la formación de cuadros, tratando de alejarlas de la otorgada por los organismos que históricamente apoyaron a Bolivia, como la DEA y la Escuela de las Américas. En ese contexto fundó en 2013 la “Escuela Antiimperialista”, donde se formaron nuevos cuadros más compenetrados con el Proceso de Cambio y su rol de apoyo, más que deliberación o participación activa en la política, como por ejemplo le otorgó Chávez en Venezuela.
(40) “ARTÍCULO 20º.‐ Las atribuciones y responsabilidades fundamentales del Alto Mando Militar son: b. Analizar las situaciones conflictivas internas y externas, para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas.” Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación ‘Comandantes de la Independencia’ Nro. 1405/92 de 30 de diciembre.
(41) https://twitter.com/Canal_BoliviaTV/status/1193932163739267092/photo/1
(42) Entre los miembros del gabinete el más emblemático es el todavía exiliado en la embajada de México Juan Ramón Quintana, dos veces ministro de la presidencia y embajador en Cuba, sindicado por la oposición como el responsable de varias de las acciones militares y de persecución política contra varios de sus referentes. La senadora Adriana Salvatierra fue forzada a renunciar, así como el presidente de la Cámara Baja, Víctor Borda, incluso después de intentos de secuestro y amenaza a sus familiares de parte de grupos civiles completamente fuera de control.
(43) https://eju.tv/2019/11/explicacion-juridica-sobre-la-sucesion-constitucional-en-bolivia/
(44) Precisamente una de las primeras acciones de la presidenta fue relevar la cúpula militar, empezando por el Kaliman. https://www.energypress.com.bo/2019/11/13/anez-renueva-el-alto-mando-militarorellana-reemplaza-a-kaliman/
(45) “En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial.” Comunicado de prensa: CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019. http://http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/320.asp
(46) De éstos, según la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, 4 mujeres y varios menores de edad. También resultaron detenidos, aunque después liberados periodistas de medios alternativos.
(50) Partido del empresario del cemento Samuel Doria Medina, socialdemócrata de centro.
(51) Es decir el que protagonizaran los hermanos Túpac y Tomás Katari y Bartolina Sisa en 1781, cuando por seis meses cerraron todo suministro de alimentos a la capital, en tanto la producción agrícola altiplánica baja pasando por El Alto, único ingreso desde esa zona.
(52) Se trata de la renuncia forzada por una protesta nacional contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada entre septiembre y octubre de 2003, que obligó al presidente de entonces a exilarse en Estados Unidos, país donde permanece hasta hoy. Su salida supuso la muerte de 54 personas a manos de las fuerzas de seguridad, que entre otras acciones, intentaron bajar con víveres y combustible a la ciudad de La Paz, aislada por los cortes de ruta en El Alto.
(53) Activista principal de la agrupación “Ríos de Pie”. https://correodelsur.com/politica/20191212_unachuquisaquena-a-los-paises-de-la-oea-donde-estaban-todos-estos-anos.html
(54) Se trata de movimientos auto-identificados como a-partidarios, no-violentos, desideologizados y que promueven los valores “republicanos” contra todo totalitarismo e ideologías, sobre todo de izquierda o que suponga la imposición de valores contrarios a la tradición judeo-cristiana.
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*Leonardo Tamburini es Director Ejecutivo de ORÉ.