La promesa de campaña de reactivación y crecimiento vendrá después. La Ley de emergencia busca el equilibrio fiscal. Fue la señal fuerte a los acreedores externos y el riesgo país bajó de los 2.000 puntos.

El FMI está de acuerdo, expresó Alberto Fernández en la reunión con los empresarios más fuertes de la Argentina. Cuanto más cerca esté de encarrilar el tema de la deuda, más recursos le quedarán para equilibrar las cuentas. Cuanto más satisfaga la deuda social dejada por la administración macrista, más lejos del equilibrio fiscal y la “consistencia” como le gusta decir.

“Un muy fuerte condicionante para crecer es la deuda, que se ha tomado en término de tres años en un enorme volumen y hay que pagarla en muy corto plazo. Eso ocurrió con la anuencia del FMI, que es corresponsable de lo que pasa. Estamos en el fondo del pozo”, fueron algunas de las definiciones que pronunció el 18 de diciembre en el tradicional almuerzo que organiza la AEA.

Doscientos terratenientes frenaron la reforma impositiva en Buenos Aires

Los contribuyentes con campos de más de 2.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires son 200, representan el 6%. Algunos nombres: Bullrich, Bunge y Born, Pueyrredón, Fortabat, Anchorena, Larreta, Pereyra Iraola, Gómez Alzaga y Werthein.

El 94% de los contribuyentes no pagarían más de 7.590 pesos al año (incluso con el beneficio de hacerlo en 5 cuotas). Cabe mencionar que el 50% de este grupo solo pagaría un máximo de 1.000 pesos anuales. Asimismo, 1.574 personas pagarían de 0 a 500 pesos al año. En realidad, el mentado impuesto del 75% se compone de un 20% propuesto por el nuevo gobierno de la PBA y de un 55% de inflación anual que dejó el macrismo. Y descuento del 20% para los que paguen en una cuota (de acuerdo al 55% de inflación anual). El mentado “impuestazo” del 75% sería obligatorio si decidieran abonarlo en 5 cuotas.

Tras una larga jornada de negociaciones, que incluyó la presencia del Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, el Ministro de Hacienda, Pablo López, y el titular de ARBA, Cristian Girard, el oficialismo no llegó a un acuerdo con la oposición y se postergó el tratamiento de la Ley Impositiva 2020.

En materia de inmobiliario urbano, el proyecto propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de menor valor el aumento será del 15%, mientras que para las de mayor valor fiscal la variación anual será de hasta el 75%. Según los datos que maneja el gobierno bonaerense, el 86% de las propiedades (3.843.187) recibirá un incremento menor a $ 3.500 durante todo el año, pagaderos en cinco cuotas.

Cabe recordar que el bloque de Juntos por el Cambio tiene mayoría en el Senado con sus 26 integrantes frente a los 20 del Frente de Todos. La presión de los medios nacionales, que hablaron de un “impuestazo”, estuvo en consonancia con la negativa de la oposición a debatir el proyecto.

«Muchos dirigentes del campo popular consideramos su propuesta de reforma impositiva moderada e insuficiente, pero apoyamos su carácter progresivo y su intencionalidad reparatoria», señalaron los movimientos populares nucleados en la UTEP en carta abierta al Gobernador, Axel Kicillof.

El Secretario General de la CTA Autónoma y ATE Bonaerense Oscar De Isasi también se refirió a las medidas tributarias: «estamos de acuerdo en general con las iniciativas impositivas que llevó adelante el gobernador, en primer lugar porque esos impuestos no son trasladables a los consumidores, y porque son impuestos progresivos que tienden a cobrarle más a los que más tienen. También tenemos propuestas para profundizar ese camino y conseguir más recursos de los grupos concentrados y a los grupos privilegiados, para poder distribuir entre los bonaerenses y abordar temas como el hambre, la educación, la salud, los salarios y la producción, como así también medidas que sirvan para alentar a pequeños y medianos productores y comerciantes».

Salarios

El Presidente avisó que habrá anuncios respecto del aumento generalizado de salarios y le pidió a la CGT que después no haga «pedidos desmedidos» (sic) en el marco de las paritarias. El incremento podría ser de entre $ 6.000 y $ 9.000 remunerativos a pagar en tres cuotas entre enero y marzo y a cuenta de futuros aumentos.

En un contexto en el que la mayoría de las actividades mantiene sus negociaciones salariales en un impasse a la espera del Decreto que firmará Alberto Fernández y que definirá un aumento salarial para el sector privado, la Federación de Aceiteros anunció el acuerdo por un bono que revolucionó el mundo sindical.

Los conducidos por Daniel Yofra pactaron con las Cámaras empresarias de la actividad -CIARA, CIAVEC y CARBIO- el pago de una suma no remunerativa de 51.983,70 pesos. Los casi 52 mil pesos serán cobrados por los aceiteros en dos pagos, en cuotas iguales a abonarse la primera antes del 10 de enero y la segunda antes del 10 de febrero.

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, señaló que «el gremio que lidera el amigo Armando Cavalieri nos acercó un pedido de revisión del 22%, pero depende de la suma fija que dé el Gobierno».

El gobernador Axel Kicillof se reunió por primera vez con los representantes del Frente de Unidad Docente para comenzar a desandar la negociación paritaria 2020. Aunque no hablaron de porcentaje de aumento, los gremios pidieron que se mantenga la cláusula gatillo este año. El encuentro generó expectativas en los gremios que destacaron, en primer lugar, el hecho de «volver a ser recibidos» en la Gobernación «luego de cuatro años» y la apertura del diálogo con el nuevo gobierno.

En la mesa, los dirigentes de SUTEBA, FEB, AMET, UDOCBA y SADOP plantearon cinco ejes centrales: paritaria salarial, infraestructura escolar, comedores escolares, anulación de sumarios administrativos y formación docente.

Kicillof, quien estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, escuchó los reclamos y les prometió que convocarán a la mesa técnica salarial en enero, con fecha a definir. También se comprometió a reactivar las otras dos mesas de cogestión: la de salud y la de condiciones laborales.

El anterior acuerdo con María Eugenia Vidal fue un aumento igual a la inflación, que se actualizó los primeros tres meses de manera mensual y luego cada tres meses. La última cuota de ese acuerdo se cumplirá en enero y se abonará en los primeros días de febrero, cuando se conozca la inflación acumulada anual.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta , anunció que en las próximas semanas convocará a la paritaria nacional docente, donde se discutirán los próximos aumentos salariales y se analizarán los lineamientos educativos que se deberán priorizar, según cada región del país.

En un almuerzo de fin de año, el Secretario General de Camioneros, Hugo Moyano, y su adjunto Pablo Moyano, solicitaron al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que «las paritarias sean libres y que los empresarios dejen de especular con los salarios».

Camioneros hizo ayer la primera protesta sindical de 2020. Fue en el marco de la reactivación de la paritaria sectorial y busca presionar a los empresarios del transporte de cargas que deben acordar la recomposición salarial para el primer semestre del año. «El 2 de enero marchamos al Ministerio de Trabajo por la audiencia que hay en nuestra paritaria. No va a ser contra el Gobierno sino contra los empresarios», dijo Pablo Moyano. La movilización tendrá por objeto darle visibilidad a una discusión en la que el gremio pidió una suba de salarios del 35% sólo para el período de enero a julio próximo, luego de haber obtenido un 23% de incremento durante el semestre anterior.

El primer día hábil del 2020 inició con una gran concentración de trabajadoras y trabajadores públicos provinciales en Rosario. Docentes, estatales y profesionales de la salud expresaron su rechazo a la extensión del cronograma de pagos. Exigieron que se cumpla la Ley de Contrato de Trabajo y marcharon a la cartera laboral de la provincia para entregar un reclamo formal.

La difusión de un cronograma de pago extendido hasta el día 15 de enero, en orden creciente por montos salariales, fue un baldazo de agua fría para la administración pública provincial que, a su vez, fue mandada unilateralmente de vacaciones durante todo enero.

El perottismo en la provincia llegó con los tapones de punta. Además de las vacaciones compulsivas, la amenaza de terminar con la cláusula gatillo, reflotar la adhesión a la Ley nacional de Riesgos de Trabajo y poner el ojo regresivamente en la caja de jubilaciones, aún hay ministerios, como Educación, donde no están todos los cargos. No han llegado tampoco partidas para el pago a proveedores de comedores escolares. Y en Salud Laboral, se dejó de atender por falta de renovación de contratos.

“La semana que viene habría novedades” es lo que declaró en los medios Oscar Antonena, ministro de Economía de Chubut, quien no dio certeza alguna sobre el pago del aguinaldo a las y los estatales. Lo mismo había manifestado días atrás en reunión con los sindicatos. Recordemos que son $ 2.000 millones de pesos los que necesita el Gobierno chubutense para cumplir el pago, pero Mariano Arcioni pone en primer lugar en su agenda a las grandes exportadoras que ganan millones, a la casta política que le vota las leyes en su favor, al aparato de las fuerzas represivas y al meticuloso pago de la deuda externa provincial. Mientras, trabajadores y las grandes mayorías se desploman en el desempleo, la crisis habitacional como en salud y educación, una altísima inflación y los tarifazos en los servicios.

El no pago de aguinaldo se viene a sumar al escalonamiento de los salarios (pago por rangos que aún se mantiene), paritarias y otros acuerdos incumplidos desde 2018 y otros ataques que golpean a las familias trabajadoras. Desde las conducciones de los sindicatos estatales se analizan medidas de fuerza para el próximo lunes en caso de no haber confirmación de la fecha de depósito del medio aguinaldo.

Los trabajadores petroleros de Neuquén firmaron la paz social con las empresas a cambio de recibir un mes adelantado una cuota del 9% del incremento salarial pactado previamente y que no haya despidos hasta fin de febrero.

Junto con la actualización y recategorización para el régimen de monotributo, se publicaron los nuevos montos que tienen que pagar mensualmente, con un aumento del 51 %. Un nuevo golpe al bolsillo a los monotributistas, dentro de los cuales hay miles de contratados.

Frente a esta noticia, los “Monotributistas organizadxs” convocan el próximo jueves 9 de enero a rechazar este aumento frente a la sede central de AFIP en la Ciudad de Buenos Aires. Reclaman “suspensión inmediata por seis meses del aumento de la cuota del monotributo, extensión de la tarifa social de servicios públicos para las categorías más bajas, aquellas que no alcanzan a cubrir una canasta básica de pobreza, bonificación del pago del componente impositivo del monotributo durante los meses de enero y febrero, para aliviar la carga tributaria de quienes no contamos con vacaciones pagas, aguinaldo ni bono de fin de año, y pase a planta bajo Convenio colectivo para todos los trabajadores en relación de dependencia encubierta, sean estatales o privados”.

La Cámara del Trabajo (Sala V), confirmando la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado nº 72, ha resuelto que la decisión de las autoridades salientes de la TVP (Hernán Lombardi, Emilio Lafferriere y Néstor Sclauzero), por la que dejaron de abonar el Adicional Art. 71 CCT 124/75 y horas extras fijas diarias al 100%, a los trabajadores de prensa del Canal representados por SiPreBA fue arbitraria y por lo tanto nula.

Con la confirmación de la Cámara, ha quedado firme la sentencia por lo que corresponde abonar las diferencias salariales a los actores, en concepto de dichos adicionales, con más su incidencia en el SAC y vacaciones, y los intereses legales, los que deberán ser calculados, de modo mensual, de la misma forma en la que se venían calculando hasta el mes de enero de 2018, cuando se dejaron de abonar, sobre todos los rubros remuneratorios.

La decisión de la Justicia pone en evidencia el ilegal proceder de quienes estuvieron a cargo de la Dirección de RTA S.E., y en particular las autoridades de Canal 7, y da la razón a la Comisión Interna de SiPreBA que ha venido reclamando en todas las instancias y por todos los medios, incluidos estos reclamos judiciales.

En el marco de una asamblea convocada por la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF), el personal del Diario UNO dispuso el estado de alerta debido a la falta de pago en tiempo y forma del medio aguinaldo de diciembre.

«La medida surge tras las constantes dilaciones en el pago de los salarios y aportes, que ahora se ven agravadas por la falta de pago del aguinaldo, sin que se tengan por el momento precisiones por parte de la empresa de una fecha cierta de percepción del mismo», explicó el gremio de prensa.

Empleo

Se acumulan 21 meses consecutivos de caída en los puestos de trabajo registrado. Tierra del Fuego destruyó en ese período el 24,2% de su dotación privada. Solo durante el mes de octubre, que coincidió con el proceso electoral, se perdieron 16.900 empleos registrados según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que difundió el Ministerio de Trabajo a cargo de Claudio Moroni.

El fenómeno se verifica como una tendencia persistente durante los cuatro años del gobierno anterior toda vez que, los privados registrados retrocedieron desde octubre de 2015 un 3,7% equivalentes a 229.111 puestos de trabajo compensados parcialmente por los trabajadores de casas particulares que en cuatro años crecieron un 12,1%; los monotributistas que crecieron un 11,6%, los empleados públicos que lo hicieron en un 3,9%. Los trabajadores que revisten bajo la categoría de “autónomos” retrocedieron un 3,2%.

El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas dio a conocer el Informe sobre el Mercado Laboral al 3° trimestre de 2019, elaborado por Claudio Lozano. En un año (tercer trimestre 2019 contra tercero del 2018) hay 187.722 desocupados más lo que implica que la tasa de desocupación sube un 8,3% del 9,0 al 9,7%.

Hay además 237.689 subocupados más lo que lleva la subocupación del 11,8 al 12,8%. Pero en el mismo período los “ocupados que siguen demandando empleo” crecen en 443.559 personas evidenciando que en esta categoría se expresa la desocupación encubierta. La tasa de ocupados demandantes, los que changuean y engrosan el cuentapropismo crecen del 16,7 al 18,6% transformándose en el ítem de mayor crecimiento del mercado de trabajo.

La desocupación encubierta asociada al crecimiento del cuentapropismo y los asalariados no registrados es el aspecto más importante de la precarización y degradación laboral. Así las cosas, la presión efectiva y cotidiana buscando trabajo en el mercado laboral argentino involucra al 28,3% de la población activa: 5.564.114 personas buscan trabajo todos los días.

Al precisar la evolución de las distintas categorías laborales en el año se observa que mientras hay 265.134 ocupados más, el cuentapropismo se expande en 312.799 personas y los asalariados se reducen en 64.179 empleos. Al mirar dentro de los asalariados la situación es dramática. Mientras los asalariados formales y registrados caen en 123.428 personas, los asalariados clandestinos suben en 59.248 personas.

Analizando el período completo 2015-2019, se generaron 1.284.264 puestos de trabajo de los cuales 873.895 son cuentapropistas y 334.121 son asalariados no registrado, es decir, un 86% de precarización y degradación laboral.

Los 900 trabajadores suspendidos tras la paralización de la construcción de dos parques eólicos en Chubut comenzaron a ser retomados por las empresas contratistas al normalizarse el financiamiento internacional recibido por las empresas Genneia y Pan American Energy.

Trabajadores de la salud que prestan servicios en el Hospital Córdoba optaron por una acción singular para visibilizar los reclamos que se vienen planteando desde hace varias semanas en todos los establecimientos públicos que dependen de la Provincia, tanto en Capital como en el Interior.

«Durante la primera reunión con la directora general de Cultura y Educación provincial, María Agustina Vila, se nos confirmó el proceso de continuidad laboral de cientos de compañeros que tienen contratos autónomos o que son temporarios mensualizados y que vencían el 31 de diciembre, y también se nos manifestó que hay decisión política de reiniciar los procesos de pase a planta permanente», aseguró el secretario general de ATE bonaerense, Oscar De Isasi, durante una conferencia de prensa en La Plata. Desde el área de Trabajo se informó que «en líneas generales» serán renovados los contratos de los trabajadores de la administración pública provincial que vencían el 31 de diciembre.

Vestidos con guardapolvos blancos y gorros rojos como los que usa Papá Noel, delegados del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) sirvieron un desayuno completo a los pacientes que concurrieron para recibir atención en los consultorios externos. Acciones similares se llevaron a cabo en otros establecimientos provinciales.

Andrés Vernacki, delegado de los trabajadores, recordó que el inicio de la protesta se remonta a varias semanas atrás para exigir la incorporación de médicos, sanitaristas, enfermeros, administrativos y técnicos que permita dar respuestas de manera satisfactoria al sensible aumento de la demanda que se registra en los hospitales públicos. También, reclaman más insumos y que se garantice la provisión de medicamentos a todos los establecimientos de la provincia.

Despidos

La Federación Gráfica Bonaerense acusó a los empresarios de la actividad de dinamitar el acuerdo social que pidió Alberto Fernández y al que accedieron gremios y empleadores al lanzar una ola de despidos en varias empresas del sector.

“Las empresas IPESA S.A., Interpack, Flint Inc., Laminación Gráfica S.A., EmbaPack y Envaplast se apresuran a enviar al desamparo a decenas de trabajadores aprovechando el tramo final de un Gobierno despreciable”, expresaron desde el gremio gráfico que encabeza Héctor “Gringo” Amichetti.

El caso más grave dentro del cuadro de despidos es el de la empresa IPESA S.A. que cesanteó a 50 trabajadores, la mitad del personal. En el caso de Interpack, una de las empresas más grandes del rubro, despidió cinco trabajadores en una práctica que se repite por goteo en muchas de las Pymes.

El saldo para los trabajadores gráficos es muy negativo en estos casi cuatro años de macrismo. Se perdieron 3.500 puestos de trabajo cerrando 350 Pymes del rubro. Durante los primeros tres años fueron en un promedio de ocho por mes, en el último año de once por mes. El sector más afectado fue el de edición e impresión, con una baja estrepitosa en la producción de libros, entre otros motivos, por falta de promoción de políticas públicas.

Ante la situación, desde la Federación Gráfica advierten que “ante la irresponsable actitud empresaria y ante la pasividad gubernamental estamos dispuestos a poner en práctica todas las acciones solidarias con las familias trabajadoras afectadas”.

Este viernes 3 de enero, se hará una movilización para pedir la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos masivamente en la Municipalidad de La Plata. La marcha partirá desde el Pasaje Dardo Rocha 50, entre 6 y 7, para dirigirse hasta la sede del municipio.

“Por medio de llamados telefónicos o aviso verbal y sin ningún tipo de razón los/as más de 260 trabajadxs contratados de la Municipalidad de La Plata fueron echados. Hasta el momento se relevaron despidos de diferentes sectores tales como: Dirección de Políticas de Género, Call Center 147, Secretaría de políticas públicas en seguridad y justicia, Secretaría de desarrollo social, Dirección de Niñez y Adolescencia, Secretaría de convivencia y control ciudadano, Cooperativas de Los Hornos de mantenimiento y limpieza de la ciudad. Les trabajadores municipales sostenemos nuestra labor día a día con sueldos de hambre de 12.000 pesos mensuales, sin insumos, ni viáticos y en condiciones edilicias deplorables”, afirmaron desde la Junta Interna ATE Municipales en Lucha La Plata al efectuar la convocatoria para este viernes.

Seis trabajadoras que hace más de un mes vienen siendo presionadas para que acepten retiros voluntarios, fueron despedidas de Newsan Atma, la empresa que se dedica a la fabricación de electrodomésticos en la ciudad de Campana.

Actividad económica

Un informe de la consultora económica Ecolatina analizó que pese a la batería de medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, promovidas por la nueva gestión, el salario promedio no logrará ganarle a la inflación sino hasta fines de 2020. Asimismo, con los actuales controles cambiarios estiman una política monetaria un poco más expansiva, pero «no lo suficiente para impulsar la economía en el corto plazo».

De esta forma, consideran en la consultora que el PBI promediará en 2020 su tercer año consecutivo de caída, «aunque si se aleja el fantasma del default, podría empezar a recuperarse en el segundo semestre y concluir el año con valores positivos».

Respecto al sector de la Construcción, en Ecolatina señalaron que durante 2020 continuarán vigentes los efectos contrapuestos sobre la actividad que dejó la depreciación del peso y la escasez de crédito: «escaso poder de compra de los trabajadores (demanda) versus elevada rentabilidad para los desarrolladores (oferta)».

Si bien no se esperan grandes cambios en el rubro, desde la consultora señalan que es importante esperar definiciones de la nueva administración respecto del financiamiento al sector (Pro.Cre.Ar, UVA). No obstante, se sumará un factor adicional que puede tener impactos positivos sobre la actividad: las restricciones cuantitativas al acceso al mercado de divisas. «En un contexto de cepo cambiario, la construcción se configura como una opción para dolarizar ahorros», argumentaron. En este contexto la construcción podría experimentar una mejora hacia la segunda parte del año y concluir el 2020 bajo un proceso de reactivación.

«Más allá de ello, el sector de servicios más golpeado en 2020 será el inmobiliario. El cepo cambiario lo configura como uno de los grandes perdedores del año, dado que sus transacciones se hacen en moneda extranjera» , señaló el informe.

Asimismo, aquellos sectores que presten servicios al exterior tendrán mejores resultados. Tal es el caso del turismo receptivo, que ante la depreciación del peso, los destinos nacionales se abarataron en términos relativos frente a los internacionales, incentivando la llegada de turistas extranjeros y promoviendo, en el caso de residentes, la sustitución de destinos en el exterior por locales.

Respecto a la Industria, para Ecolatina luego de dos años consecutivos de contracción, el sector podría concluir el 2020 con una reactivación. Por un lado, al igual que ocurrió en 2019, las ramas industriales vinculadas al sector agrícola lograrían mantenerse en expansión gracias a la buena performance que tendría el campo. Entre ellas: agroquímicos, molienda y panificados.

Por su parte, se espera que la producción de carne continúe creciendo de la mano de mayores exportaciones. El mayor consumo de carne en los países asiáticos, sumado a la crisis sanitaria que atraviesa dicha región, augura una mayor demanda desde el exterior.

Por último, se espera que la protección sobre sectores mercado internistas e intensivos en mano de obra se acreciente. Restricciones cuantitativas a las importaciones (licencias no automáticas) y créditos blandos a ramas fabriles como electrodomésticos, textil, cueros y juguetes se verían beneficiados.

Los ingresos de las energéticas le ganaron 6 a 1 a la inflación

Las empresas energéticas aumentaron sus ingresos por encima del 1.000% en tres años (2016 a 2018, inclusive), superando ampliamente a la inflación, que en el mismo período alcanzó el 157%. Así se desprende de los balances públicos de las compañías, analizados por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav).

Las tarifas se incrementaron hasta 3.000 % desde 2015, lo que se tradujo en caída del poder adquisitivo de las familias, aumentos en los costos del entramado productivo e impulso al fenómeno inflacionario. En contraste, el informe señaló que “la generación de energía eléctrica cayó un 5,3% en 2018 con relación a 2015, la producción de gas un 2,8%, el gas licuado de petróleo un 11,4% y el Gas Oil un 5,4%”.

A lo largo de su gestión, desde el gobierno de Mauricio Macri justificaron de diversas maneras los aumentos en los servicios públicos: fueron un “sinceramiento”, una “normalización”, una “readecuación” que servirían para “tener calidad en el servicio”, para “transformar los recursos en reservas y posteriormente en producción”, e inclusive para “lograr que haya menos gente en la pobreza”, entre otros argumentos surgidos de la boca del ex ministro de Energía -antes ex presidente de la petrolera Shell- Juan José Aranguren. Sin embargo, el pasado 16 de junio Argentina vivió el mayor apagón de su historia.

“El crecimiento de las ventas sin el correspondiente aumento de la producción permitió a las energéticas obtener resultados integrales que superan en todos los casos los 2.000 millones de pesos constantes del 2018”, puntualizó el estudio.

Las de mayor ganancia fueron Pan American Energy con un resultado positivo acumulado de US$ 1.338 millones entre 2016 y 2018; seguida por TGN (US$ 1.096 millones), de Techint y el amigo presidencial Nicolás Caputo que ahora dejará su participación en la compañía; y Pampa Energía (US$ 761 millones), de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios más cercanos a Mauricio Macri.

Las empresas de energía están en el pelotón de la máxima beneficiarias de la era Macri. El caso que despunta es el de Central Puerto, donde tiene acciones Nicolás Caputo. CEPU, sigla bajo la que cotizan sus acciones, pasó de una ganancia de 1.768 millones en 2016 a 6.262 en 2017 y finalmente 17.185 en 2018. O sea, multiplicó sus ganancias por 10 en los primeros 3 años de Macri.

Otros casos: Transener, la empresa que casi monopoliza el transporte de energía eléctrica, pasó de ganar 125 millones en 2016 a 4.923 en 2017 y 5.401 en 2018 y en el primer semestre de 2019 ya acumuló 3.210 millones. Es decir que en 2018 ganó 43 veces más que en 2016, y en el primer semestre de 2019 ya obtuvo 25 veces más que en todo 2016. TGS, la transportadora de gas, también multiplicó sus ganancias: pasó de 2.966 millones en 2017 a 11.416 en 2019 y 9.017 en lo que va de 2019.

Edesur, por su parte, pasó de 4.579 millones de ganancias en 2016 a 15.162 en 2017 y una drástica reducción en 2018, donde informó apenas 3.087 millones. En lo que va de 2019 parece que se recuperó, con ganancias por 8.586 millones.

Los tarifazos acumularon alrededor de 2.200% en el caso del gas y superaron el 3.000% en el de la luz. Al mismo tiempo se liberalizó el precio de los combustibles. “Desde 2016, el énfasis en materia de energía estaba puesto en recomponer las tasas de rentabilidad de las empresas del sector y así impulsar los niveles de inversión y producción para lo cual se recurrió a la dolarización de las tarifas de la energía”, se detalla en el informe de la Undav.

En cambio, esto golpeó el poder adquisitivo de los hogares e implicó un aumento de los costos para las empresas industriales, agropecuarias y de servicios, lo que significó “un combo letal” para la actividad productiva. De esta manera las energéticas se constituyeron como “unas de las grandes ganadoras de la era Cambiemos, un período signado por una recesión que hundió el PBI per cápita 8,8% en un sólo período presidencial”. El “sinceramiento” de tarifas de Aranguren y Macri no mejoró la calidad del servicio, sólo los ingresos de los empresarios del sector.

El pasado 16 de junio, el país sufrió el mayor apagón de su historia, que afectó a 50 millones de personas, por el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también a áreas de países vecinos.

El titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, Carlos Minucci, denunció que en el contexto del proceso electoral «los gobiernos nacional, bonaerense y porteño decidieron traspasar el servicio de distribución eléctrica de la órbita nacional a esos dos distritos (PBA y CABA) para beneficiar solamente a los grupos concentrados».

Minucci, referente de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que lidera el dirigente bancario Sergio Palazzo, aseguró en un documento de prensa que, «no hubo tratamiento constitucional del tema y, luego de un silencioso lobby, se logró el traspaso solo para beneficiar a los grupos concentrados que lo administran», afirmó. También sostuvo que la decisión sobrevino luego de una denuncia penal y tras un acuerdo de condonación de deudas millonarias a las firmas por multas por incumplimientos. «Se realizó a poco del cambio del gobierno. Se trata de una maniobra de entrega de la soberanía energética», dijo.

La banca siempre gana

En los 3 años y medio de macrismo el sistema financiero tuvo más del doble de ganancias que durante los 12 años de kirchnerismo. Los datos surgen del Informe sobre Bancos que elabora el Banco Central. De enero de 2016 a junio de 2019, el sistema financiero acumula ganancias por 424.534 millones de pesos; de 2003 a 2015 ese número da 197.489 millones de pesos, menos de la mitad.

Más de la mitad de las ganancias del sistema financiero provienen de 7 bancos privados. Entre 2016 y junio de 2019, cuando cerró el último balance, el Banco Macro ganó 46.709 millones de pesos; el Banco Galicia 44.709 millones; el Santander Río 33.626 millones; el BBVA Banco Francés 30.348; el Patagonia 18.707 millones; el ICBC 16.599 millones; y el HSBC 13.729.

Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (UNDAV) los bancos privados reciben 3 mil millones de pesos por día como resultado de los intereses que reciben de los bonos llamados Leliqs, esto equivale a pagar el ingreso de 12 millones de cooperativistas bajo el programa Hacemos Futuro.

Las Leliqs son bonos que creó el Banco Central para que ingrese dinero, pero a cambio de endeudarse con entidades financieras privadas que son las únicas habilitadas para adquirir estos préstamos y después de una semana recibir sus intereses. Es así que en los últimos 12 meses, los especuladores financieros han tenido un aumento del 81,3%, es decir 45% por encima de la inflación.

Cabe destacar, que el informe de la UNDAV contempla que las y los cooperativistas perciben un salario promedio de 15.000 pesos y que por lo tanto lo que ganan los bancos alcanzaría para 6 millones de trabajadores/as de ese sector. Pero los ingresos que perciben las trabajadoras y trabajadores enmarcados en Hacemos futuro son apenas $ 7.500 mensuales, por lo que alcanzaría, en realidad, para 12 millones.

A su vez, el análisis de la UNDAV estipula que las ganancias de los bancos en un mes equivalen a 20 millones de Asignaciones Universales por Hijo y 4.5 millones de Jubilaciones Mínimas. Como así también alcanzaría para construir 33.000 viviendas y brindar 70 millones de ayudas alimentarias.

El gran diario argentino

Otro de los que no sufrió la crisis fue el Grupo Clarín. Hoy el holding comandado por Héctor Magnetto tiene dos portaaviones: el Grupo Clarín, que agrupa la parte editorial, y Cablevisión Holding, que controla la fusionada Cablevisión-Telecom junto al servicio de internet y de telefonía celular.

En 2016, reportaron ganancias por 8.286 millones de pesos, cifra similar a la que obtuvieron en 2017. En 2018 tuvieron ganancias por 5.536 millones, año en que se materializó la fusión Cablevisión-Telecom. En 2019 ya remontaron, y en el primer semestre tuvieron ganancias por 6.333 millones de pesos.

Pacto social

El viernes 29 el presidente Alberto Fernández recibió a las centrales sindicales, empresarias y organizaciones sociales para la firma de un pacto social multisectorial que lleva por título Compromiso Argentino para el Desarrollo y la Solidaridad, presentado como la antesala del Consejo Económico y Social que busca inaugurar en las próximas semanas. En el acuerdo los sectores participantes asumieron «el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia». Uno de los objetivos del encuentro, además, fue blindar la estrategia del gobierno de cara a la renegociación con el FMI y los acreedores.

El Ejecutivo estuvo encabezado por el Jefe de Estado, acompañado por su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, del Interior, Wado de Pedro, de Agricultura, Luis Basterra, de Trabajo, Claudio Moroni, y de Producción, Matías Kulfas.

Entre los dirigentes y sectores representados se destacan el titular de la UIA, Miguel Acevedo, las distintas corrientes de la CGT, la CTA Autónoma, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la CTEP, el MTE, el Frente Popular Darío Santillán, entre muchos otros. No estuvo la Mesa de Enlace.

Continúa la lucha contra la megaminería

No hay tregua en la provincia patagónica de Chubut por la defensa del agua y la tierra, en contra del extractivismo. Posteriormente a las marchas multitudinarias del 26 de diciembre, previas a la sesión extraordinaria de la Legislatura en Rawson, el mismo viernes 27 los pobladores de Comodoro Rivadavia, nucleados en el no a la mina, presentaron un documento al Concejo Deliberante en contra de la megaminería, para que dicho organismo se pronuncie.

El domingo 29, un grupo de kayakistas unió, en un nuevo abrazo al río Chubut, las ciudades de Trelew y Rawson. Ese mismo día, pero en Lagunita Salada y Paso del Sapo (ambas en la meseta) se realizaron asambleas, para compartir información sobre la megaminería y planificar futuras acciones. El lunes 30 se realizó una asamblea en la Plaza del cielo, en Esquel. También trabajadores de diferentes actividades de la provincia, como la pesca, el turismo y la salud, dieron su apoyo a la lucha contra la megaminería.

Mientras tanto, el martes 30 en Mendoza, tras la derogación de la Ley 9209 que permitía el uso de cianuro y otros elementos contaminantes en la explotación megaminera, se sentía en las calles la satisfacción que dieron estos días de lucha en defensa del agua. El gran triunfo popular dejó claro que la vida vale más que el oro y que no hay lugar para envenenar al pueblo.

Internas sindicales

En medio del paro de unas 60 líneas de colectivos de la empresa DOTA, se desató una dura interna gremial dentro de la Unión Tranviaria Automotor, sindicato conducido por Roberto Fernández. Al frente de la protesta estuvo el líder opositor a Fernández en la UTA, Miguel Bustinduy, quien denunció el despido de dos delegados y se concentraron en la sede del sindicato para reclamar la salida del histórico Secretario General.

Bustinduy, agrupado en el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSiMoNa) liderado por Hugo Moyano, aseguró que el conflicto se explica por un pedido de incremento salarial para los choferes que perciben $ 33.000 de sueldo y por el despido anti sindical de dos delegados agrupados en su sector. Lo hizo poco antes de que se registraran serios incidentes en la sede del sindicato cuando un grupo de afiliados intentó ingresar en el edificio por la fuerza.

La Agrupación Juan Manuel Palacios (histórico líder de la UTA) había tomado protagonismo cuando logró paralizar 104 líneas para el paro del 30 de abril convocado por el FreSiMoNa a espaldas del Consejo Directivo de la CGT.

Desde el oficialismo de la Unión Tranviaria Automotor, Roberto Fernández señaló que la medida gremial la “hemos descalificado en este mismo día” porque “están siendo orquestadas por un grupo de dirigentes que perdió las elecciones de nuestro gremio y que no tiene, por lo tanto, ninguna autoridad orgánica”. Además, aseguran, “este grupo recibe el apoyo evidente de la Empresa Grupo Dota SA”.

El conflicto está atravesado por las designaciones de funcionarios en la cartera de Transporte. Hugo Moyano pugnaba por el nombramiento de un ministro afín a su espacio, el abogado Guillermo López del Punta, y manifestó su disconformidad con la elección de Mario Meoni.

El cuadro se complicó aún más cuando el flamante ministro eligió como jefe de Gabinete a Abel De Manuele. Bustinduy señaló que “no nos molesta la designación de Meoni, no quiero emitir opinión al respecto pero el jefe de gabinete es el abogado de la UTA que estuvo en complicidad con Roberto Fernández para proscribir a la oposición y conformó el ‘Consejo de los brillantes’ para elaborar la reforma laboral de Dante Sica”.

Aunque han demostrado a través de los años una posición crítica contra la actual conducción de la UTA, el Cuerpo de delegados de los trabajadores de MONSA, Línea 60, manifestó no sentirse identificados con los hechos que terminaron con la toma del edificio sindical. A la vez que entienden lo sucedido como el intento de un grupo empresario (DOTA) por apropiarse de la herramienta gremial y expandir su poderío.

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado mostrando un fuerte repudio a los episodios violentos transcurridos en la sede central de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y manifestó su reconocimiento y respaldo a la conducción de Roberto Fernández.

Mientras tanto, Roberto Fernández rechazó el pedido de renuncia de la facción opositora que lidera y aseguró que no los denunciará. Y advirtió: «Tenemos tres años, en 2023 va a haber convocatoria a elecciones». También, el líder sindical de camioneros, Hugo Moyano, salió a desmentir su vinculación con los incidentes. «Es un disparate total que quieran involucrarme en algo donde no tengo nada que ver», aseguró.

«Repudiamos todos la violencia de ayer. Si fuera Roberto Fernández, yo ya hubiera presentado la renuncia. Cómo se puede creer que los miles de trabajadores no tienen razón y yo sí. Los trabajadores no actúan por casualidad, sino por bronca», dijo Moyano.

Desde la agrupación minera 27 de julio repudiaron las declaraciones de Javier Castro, Secretario General de AOMA Seccional Santa Cruz, donde en vez de defender a los afiliados despedidos realizó un ataque hacia ellos tratándolos de “ignorantes” y de querer iniciar acciones judiciales contra uno de los despedidos. También se refirió en forma despectiva y de “pseudo organización de izquierda” a esta agrupación que está compuesta por compañeros de distintas mineras y que son afiliados de AOMA, con diferentes posturas políticas (peronistas, radicales, kirchneristas, trotskistas e independientes) y con miradas críticas sobre la realidad de los trabajadores mineros en la provincia, y que además fue la única que salió a apoyar a los mineros ante esta persecución hasta el momento. Ante estos hechos y declaraciones desde la agrupación se declaran en la defensa de un AOMA democrático, por la más amplia libertad sindical, que debería realizar asambleas y no discriminar a nadie por su ideología.

Un brutal ataque a agentes de tránsito porteño se dio el lunes 9/12 en la base José Pablo Flores, de Parque Chacabuco. Delegados del gremio de estatales porteños, Sutecba, junto con funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta golpearon a los empleados que reclamaban ser incorporados a las negociaciones por sus propias medidas de seguridad.

Luego de que Eugenio Veppo atropelló a Cinthia Choque provocándole la muerte y a Santiago Siciliano, hecho que descubrió la trama de precarización en la que cumplen funciones los agentes de tránsito , el Gobierno armó una mesa de diálogo. En ese espacio el Sutecba de Amadeo Genta firmó un acuerdo sin consenso entre los empleados. Por ello reclamaron sentarse a la mesa de discusión.

Entre quienes golpearon a los trabajadores estuvieron funcionarios de jerarquía del Cuerpo de Agentes de Tránsito, que dependen de Juan José Méndez y Leandro Ricciardi, quien asumió recientemente el cargo de Director del Cuerpo de Tránsito y pertenece al Sutecba.

La Haine