“la emergencia de los movimientos sociales es inédita en la historia reciente de Colombia, por la magnitud de las movilizaciones de carácter nacional, su capacidad de mantenerse en el tiempo y de articular  diversos  actores,  entre  otros  factores”. Edwin Cruz Rodriguez.

 

Algunos han mostrado cierta sorpresa por las dimensiones de la movilización social expresada el pasado 21 de noviembre, por su prolongación durante las últimas semanas del año anterior y los anuncios de nuevas convocatorias a la protesta desde el próximo 13 de enero, día para el cual se han invitado los comités de paro en todos sus niveles, especialmente locales y regionales para consolidar los PLIEGOS territoriales con énfasis en el derecho a la vida, al agua y al territorio.

La oleada de asesinatos de líderes sociales ocurrida en los primeros días de enero (ya van 16 líderes masacrados),  y los escándalos relacionados con el espionaje orquestado por el Centro Democrático y los altos mandos del Ejército, para acorralar y exterminar líderes democráticos, magistrados independientes y dirigentes sociales, está propiciando la indignación y repulsa de millones de ciudadanos que demandan una salida democrática a la crisis sociopolítica del régimen, expresada en el desbarajuste de la gobernabilidad del actual gobierno, misma que intenta solventarse con acuerdos entre las viejas roscas politiqueras del partidismo oligárquico que representan el señor Vargas Lleras (Cambio radical) y Aurelio Iragorri (la U santista y colaboracionista), prestos a ingresar al gabinete ministerial y a ejercer una jefatura política sobre el desgastado dueño de la Casa de Nariño con miras a preparar la sucesión presidencial cuyo debate se anticipa con mucha celeridad.

La crisis de gobernabilidad, la perdida de legitimidad, el quiebre de la hegemonía política oligárquica, la potencia contrahegemónica del movimiento popular y la presencia de una “guerra de movimientos”, que desafía el poder de las elites tradicionales colombianas es el contexto político o la oportunidad del movimiento social que debe considerarse en el análisis y en la organización del alzamiento popular y democrático que debe encontrar una pronta y extraordinaria salida de la Presidencia, que bien podría ser la eventual renuncia o caída del señor Duque y de su círculo más cercano, afín al fascismo uribista.

En esta nota quiero mirar con mayor amplitud el contexto histórico de la presente movilización popular.

Los acumulados históricos.

Acuña[1] nos recuerda que en 1682 escribió el investigador inglés John Ray su obra ‘Methodus Plantarum Nova’ en la que, siguiendo las enseñanzas de Aristóteles, quiso recordar que, en la naturaleza, nada ocurre de manera súbita o imprevista. ‘Natura non facit saltus’, afirmó recurriendo al latín, lengua que empleaban los hombres de ciencia de esos años, acuñando una frase que, más tarde, repetirían Charles Darwin y Alfredo Marshall en la nación británica.

Porque, agrega Acuña, los sucesos imprevistos o súbitos no existen. Nos parece que lo son, pero no es así. En la naturaleza, nada adviene de improviso ni sucede súbitamente, aunque pueda parecernos que así ocurre. Pero no: hay un lento acumular de circunstancias que posibilitan ese cambio y no pocos observadores acuciosos pueden advertir, en su momento, lo que puede suceder. Especialmente, si se trata de movimientos sociales o fenómenos de ese tipo que tienen como protagonistas a los seres humanos.

Franceso Alberoni[2], dice, que estudiara semejante fenómeno y recurriera al empleo del concepto de Max Weber ‘estado naciente’ (‘stato nascente’) para describir el estado de ánimo de los manifestantes, nos advierte lo mismo al indicar:

“El hecho que se manifieste de improviso hace pensar que se trata de un fenómeno de umbral. Son los factores que cambian lentamente, que acumulan sus acciones de modo silencioso y subterráneo cuidando no romper el equilibrio. Ahora el cambio se manifiesta de improviso, de modo catastrófico. Mas, antes, un observador atento hubiere podido prever el avecinarse de la explosión”, citado por Acuña.

En efecto, agrega Acuña, se trata solamente de casos en que la acumulación de circunstancias da paso a una nueva visión de la realidad que sorprende a quienes han ignorado los fenómenos que la han precedido; pero no a un investigador acucioso o, en palabras de Alberini, un ‘osservatore attento’. Pero a éste (o éstos), pocos son quienes lo escuchan.

Cruz Rodríguez y Aureliano Carbonel son dos atentos seguidores de las protestas populares colombianas que nos ofrecen este hilo histórico de la acción colectiva popular nacional.

La visión de Cruz[3].

Cruz en su trabajo “El ciclo de la protesta 2010-2016 en Colombia” da una interesante explicación de la movilización de esos años, en el gobierno de JM. Santos y durante el proceso de paz.

En primer lugar examina la dinámica de la política institucional en las últimas tres décadas. La siguiente parte analiza las consecuencias del conflicto armado y la represión sobre los movimientos y organizaciones sociales. Y finalmente, describe la recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales. El contexto político se caracteriza por el cierre de la política institucional y la persistencia de la represión sobre los movimientos sociales. Sin embargo, las grandes movilizaciones  han  sido  posibles,  primero,  porque  cuentan  con  infraestructuras  organizativas y discursos capaces de articular actores diversos y, segundo, porque las negociaciones de paz motivan una ampliación de la agenda pública hacia problemas sociales sistemáticamente bloqueados, de manera que los beneficios potenciales del posicionamiento de las reivindicaciones de los movimientos es mayor que los costos que acarrea la acción colectiva en términos de represión, sostiene en su argumentación.

Cruz nos indica que entre 2010 y 2016 se produjo un auge inusitado de la protesta social en Colombia, que puede apreciarse tanto en términos cuantitativos como cualitativos.  De  acuerdo  con  la  base  de  datos  de  luchas  sociales  del  Centro de Investigación y Educación Popular, en 2013 se presentaron 1027 protestas, la cifra más alta desde que empezaron sus registros en 1975. Desde una perspectiva cualitativa, existe un ciclo ascendente de protestas de grandes magnitudes, que comprende el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero  y  marzo  de  2013,  el  paro  campesino  del  Catatumbo, en junio y julio de ese año, otro paro campesino en mayo de 2014, y una “Minga” en mayo y junio de 2016. Este ciclo de protesta ha tendido a explicarse, desde posiciones políticas  opuestas,  con  dos  hipótesis.

Las dos hipótesis explicativas.

La primera.

Para  ciertos  sectores  de  la  derecha, que tradicionalmente han visto a los movimientos sociales como prolongaciones de la insurgencia armada, esas grandes protestas no serían  más  que  una  táctica  de  la  guerrilla  para  posicionarse  políticamente.  Esta  explicación, afirma Cruz,  es  inadmisible  desde  un  punto  de  vista  ético,  puesto  que  como  es  sabido  termina  por  criminalizar  manifestaciones legítimas y pone en alto riesgo a los actores sociales que en muchas ocasiones tienen como único recurso de expresión la protesta social. Además, se sustenta en un sesgo paternalista, al asumir que las  personas  son  incapaces  de  actuar  por  sí  mismas  y  que  irremediablemente  van  a  ser  “utilizadas”  por  otro  tipo  de  actores,  en  este  caso la insurgencia armada. En fin, dice, la proposición simplemente no se sostiene, porque si bien es obvio que en un contexto de conflicto armado  en  muchas  ocasiones  las  movilizaciones  sociales  tienen  alguna relación con la guerrilla, como la han tenido con otros actores armados, afirmar que la diversidad de actores que se movilizan están instrumentalizados  es  desconocer  las  dinámicas  más  básicas  de  la  acción  colectiva.  Si  la  insurgencia  armada  tuviese  bases  sociales  y  capacidad para movilizar a la sociedad colombiana como ha ocurrido en la última década, probablemente su proyecto revolucionario habría triunfado hace tiempo. Por consiguiente, esa hipótesis no pasa de ser un prejuicio, tal vez políticamente útil pero incapaz de posibilitar la comprensión del fenómeno en cuestión.

Segunda hipótesis.

La otra explicación concibe las grandes protestas de los últimos años como un producto de las condiciones adversas de la crisis económica que experimentan  distintos  sectores,  especialmente  el  agrario,  las  regresivas  políticas  sociales,  la  creciente  e  insostenible  desigualdad  social,  la  persistencia  de  la  injusticia  y,  sobre  todo,  las  adversas  consecuencias que ha traído el llamado extractivismo para las poblaciones y los ecosistemas a lo largo y ancho del país. De hecho, los actores sociales tienden a explicar sus acciones colectivas en virtud de la gravedad de las situaciones a las que se ven enfrentados. Ciertamente, el difícil contexto socioeconómico es un factor necesario para comprender  las  razones  de  la  protesta.  La  mayoría  de  las  manifestaciones  en  los  últimos  años  han  estado  comprendidas  en  lo  que  se  ha  venido a llamar conflictos socioambientales, en los cuales comunidades urbanas y rurales se involucran para tratar de proteger su salud, sus recursos naturales y su medio ambiente, vetando la extracción de recursos naturales que, bajo el apoyo del Gobierno y su “locomotora minera” o de la promoción de las “alianzas productivas” en donde los campesinos acarrean con los costos y los riesgos en favor de los grandes inversionistas, no repara en los daños que causa. Sin embargo, sostiene Cruz, una explicación fundada únicamente sobre esta base puede caer en una concepción “espasmódica” de la acción colectiva, percibida como una reacción casi natural frente a las adversidades socioeconómicas. Además, no respondería por qué en condiciones similares por las que ha transcurrido antes el país no se presentó un auge de la protesta comparable al de los últimos tiempos. En su diagnóstico de principios de los años noventa,  Archila[4],  puso  de  presente  una  paradoja  muy  propia  de  Colombia:  el  mantenimiento  de  altas  cifras  de  protesta  en  un  contexto en donde los movimientos sociales y sus organizaciones eran débiles. El escalamiento del conflicto armado, además, llevó a las organizaciones  sociales  a  implementar  repertorios  y  demandas  defensivas  y/o reactivas frente a políticas particulares o en defensa de la vida. Solo a partir del gobierno de Uribe (2002-2010), la protesta tendió a aumentar y se empezaron a agenciar notables procesos organizativos.

Así, sugiere Cruz, la emergencia de los movimientos sociales es inédita en la historia reciente de Colombia, por la magnitud de las movilizaciones de carácter nacional, su capacidad de mantenerse en el tiempo y de articular diversos  actores,  entre  otros  factores. Por  consiguiente,  una  forma de proceder a su interpretación es adoptando una perspectiva de mediano plazo para identificar las transformaciones sociopolíticas que han  podido  alentar  la  protesta  social.  Para  que  las  movilizaciones  se  produzcan  no  sólo  se  requieren  situaciones  que  afecten  la  satisfacción  de las necesidades de las personas, sino también es necesario que exista  un  contexto  político  propicio,  unas  formas  organizativas  mínimas  y  unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

La conjetura de Cruz sobre la protesta social colombiana.

Para Cruz el contexto político en el que tiene lugar el ciclo de protesta se caracteriza por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentiva formas de tramitar demandas sociales alternativas  a  la  política  representativa,  como  la  protesta  social.  Al  mismo  tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre  las  organizaciones  y  la  protesta  social  se  mantienen  como  una  constante  que  impone  altos  costos  a  la  acción  colectiva.  No  obstante,  las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe  (2002-2010)  y,  por  otra,  las  negociaciones  de  paz  con  las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 han incentivado la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar  reivindicaciones  sistemáticamente  bloqueadas  en  la  agenda  pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

Cruz profundiza en las tres dimensiones focalizadas abordando tanto la dinámica de la política institucional en las últimas tres décadas como las consecuencias del conflicto armado (paz imperfecta, hoy,) y la represión sobre los movimientos y organizaciones sociales, así como la recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales como parte de un marco de análisis y de caracterización de las mediaciones sociopolíticas.

En trabajos venideros miraremos estas tres dimensiones con más detalle.

La visión de Carbonel[5].

Para Carbonel, en la actual coyuntura tiende a mantenerse el ciclo de ascenso de las luchas sociales que se ha configurado desde el 2008-2010. Además, tiende a hacerse más fuerte la protesta social y a tener esta mayor incidencia y proyección política, en estos aspectos se va marcando una diferencia positiva con lo que viene de los años anteriores. Según su análisis el 2019 tiende a ser un año de “inflexión positiva”.

Está, dice, madurando, en la actualidad y como posibilidad real, un salto en la acumulación de la movilización social y de la oposición política desde las fuerzas alternativas y de centro.

Hoy, podemos decir que el ciclo actual se perfila en el 2008, a mediados del segundo mandato de Uribe, con las movilizaciones indígenas del Norte del Cauca, lideradas en ese momento, por Aida Quilcue y conocidas como la “Minga Social y Comunitaria”.

Después, en el 2011, dando cuenta de la tendencia al ascenso e indicando que estábamos ante un nuevo ciclo de la movilización social, asistimos al despertar del movimiento estudiantil, con un paro y con movilizaciones de alcance nacional en las principales ciudades del país, lo que obligó al Gobierno de Santos a retirar la reforma a la Ley 30 sobre la Educación Superior.

En el 2013, 2014 y 2016, se mantiene el ciclo, se reafirma y se acentúa la tendencia hacia el ascenso de la lucha social; en esos años se desarrollan varios paros agrarios de alcance nacional, importantes movilizaciones campesinas y la presencia de estas en las principales vías del país.

Desde el inicio del ciclo en el 2008, hasta el 2017, los sectores agrarios, fueron los principales actores de la movilización y en cierto sentido de las dinámicas de Paz. Eso fue lo dominante. La excepción a esa tendencia, se presentó en el 2011, cuando los actores principales fueron los estudiantes y la movilización se dio prioritariamente en las ciudades, afirma Carbonel.

También habría que registrar como otra excepción de importancia a la primacía de lo rural y de lo campesino e indígena, las varias y masivas movilizaciones por la paz que se desarrollaron en octubre del 2016 en las principales ciudades del país, principalmente en Bogotá; después de triunfo del NO en el plebiscito, como apoyo a las salidas de paz y como reacción a la crisis que ello generaba en el proceso de La Habana.

Ese sentir que aflora y se expresa en esa coyuntura, incidirá posteriormente en el ascenso de la votación lograda por las corrientes favorables a la paz y a los cambios, agrupadas en la candidatura de Gustavo Petro, en el 2018.

En el 2017, si bien se siguen expresando los sectores agrarios, hay una mayor presencia del componente urbano, con el paro cívico de la ciudad de Buenaventura, el paro de los maestros y los de varios sindicatos estatales.

En el 2018, lo más fuerte de la movilización, se registró en las ciudades y sus principales sujetos fueron sectores urbanos; en ello hay un cambio en relación a los años anteriores de este ciclo.

En el 2018, se presentó otro factor relevante, no ajeno al ascenso de la movilización en este ciclo, ni a otros factores que se han presentado recientemente en el país; en las elecciones presidenciales, especialmente en la segunda vuelta, el 17 de Junio, una opción electoral distinta a las del establecimiento logró un sorpresivo 43 por ciento del total de la votación; la mayor en varias décadas a favor de una corriente distinta a la de los partidos tradicionales.

Lo especifico del actual ciclo de las protestas sociales.

El ciclo en el que nos encontramos, además de distinguirse por el ascenso de las luchas sociales y políticas de las masas, se diferencia del inmediatamente anterior, o sea del de las décadas del 90 y la primera del 2.000, por la mayor proyección política de la movilización social, por la fuerza e importancia que ha tenido en los últimos años la lucha por la paz y por la tendencia hacia la confluencia y hacia las movilización conjunta de sectores del movimiento social y de diversas tendencias políticas.

Producto de esto último surgieron la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) en el 2011 y la Coordinadora de Movimientos sociales de Colombia (COMOSOCOL) en el 2012, así estos dos procesos no hubiesen logrado consolidarse. Esta igualmente, la Cumbre Agraria, Étnica Campesina y Popular en el 2014, la que sí consiguió consolidarse como proceso conjunto y encabezo los paros agrarios del 2014 y 2016, le arrancó al Gobierno la Mesa Única Nacional y ha desarrollado otras acciones de importancia en los años recientes.

Miremos, propone Carbonel, más en detalle el transcurrir del ciclo de movilización que se abre paso a partir del 2008-2010 y que se mantiene aún en este 2019.

2008: Los indígenas y la Minga.

La Minga Social y Comunitaria de ese año, es el primer campanazo que anuncia nuevos momentos, después de tiempos grises y difíciles de las luchas sociales y de masas entre fines de los años 80 y fines de la primera década de los 2.000. Fue esta la primera jornada de trascendencia y de alcance nacional en la primera década del 2.000.

Vista desde hoy, podría decirse que esta movilización, cuyo actor principal fue el movimiento indígena del Norte del Cauca, abre y preanuncia la tendencia y el ciclo de ascenso de luchas sociales que se mantiene hasta hoy, afirma.

La Minga social y comunitaria, se desarrolló en los meses de octubre y noviembre mediante marchas y protestas que comprometieron aproximadamente 50.000 indígenas, apoyados por sectores campesinos de la región. La marcha tubo como epicentro la carretera Panamericana y se realizó entre Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, hasta la ciudad de Cali, en el Valle. Duro varías semanas y fue duramente agredida por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), sin embargo no pudo ser ahogada por la represión, convirtiéndose una importante demostración de fuerza a finales del segundo Gobierno de Uribe.

La Minga tuvo resonancia e incidencia nacional por la fuerza que demostraron, por los bloqueos a la panamericana, por los choques con la fuerza pública y por la fuerza del movimiento, encabezado en ese momento por Aida Quilcue y otros dirigentes como Feliciano Valencia.

Después de los 20-25 años que cubre el ciclo anterior, en el cual lo predominante fue el reflujo, la dispersión, el carácter local y la falta de dimensión nacional, esta lucha resalta como el primer hecho de masas de gran significación y resonancia nacional, que retó al Gobierno de Álvaro Uribe y que no pudo ser aplastado por el Gobierno de la llamada “Seguridad Democrática”.

2010: Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos

En ese año, acompañadas de masivas concentraciones, surgen dos expresiones nuevas de articulación social y política de carácter nacional: la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos; la primera en el mes de julio y la segunda en octubre.

Estos dos procesos, junto con los indígenas, organizaciones de afros y otros del sector agrario, jugarían un papel decisivo, cuatro años después, a principios del 2014, en la conformación de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular y en los paros agrarios del 2013, 2014 y 2016.

Esta articulación les dio mayor capacidad, les permitió trascender los marcos meramente locales y fragmentados de años atrás, a la vez les facilitó mayor proyección política a los procesos sociales que se articulaban en cada uno de ellos, lo que incidiría posteriormente en los alcances nacionales de la movilización y en los progresos hacia las confluencias del movimiento social.

2011: Regresan los estudiantes.

Tres años después de la Minga, en segundo año de Gobierno de Santos, 2011, reaparece con fuerza y simpatía social el movimiento estudiantil en el escenario nacional, del que había estado casi que ausente como movimiento, en las dos décadas anteriores.

En las décadas del 90 y la primera del 2.000, podría decirse que no hubo movimiento estudiantil como tal, como expresión del grueso del estudiantado. El movimiento estudiantil en esos años quedo reducido básicamente a grupos de activistas de las organizaciones de Izquierda.

En un proceso de articulación a través de encuentros nacionales, con la participación de la mayor parte de las Universidades Públicas, se convocó a un Paro Nacional contra el Proyecto de Reforma de la Ley 30 de Educación Superior y se conformó la MANE como mecanismo organizativo nacional de los estudiantes de las Universidades públicas, cuestión que no se había dado en los últimos 20 años.

El paro tuvo respaldo en la mayoría de las Universidades Públicas, se tomaron las calles, se lograron importantes y voluminosas movilizaciones en los meses de octubre y noviembre en varias ciudades del país. A destacar por su magnitud, la llamada toma de Bogotá del 10 de noviembre de ese año.

El movimiento además del su alcance nacional, logró simpatía social y de sectores de opinión, obligando al Gobierno a retirar un proyecto de reforma que golpeaba aún más la educación pública universitaria.

En este año, igualmente se dio un paro de los transportadores de carga, en contra del aumento en las tarifas de los fletes. Los camioneros volverían a parar y salir a las calles en los años posteriores y serían uno de los actores importantes en la protesta social de esos años.

2011-2012: Inicio de nueva coyuntura por la paz.

En esos años empieza a perfilarse en el país una nueva coyuntura por la paz, la que se mantiene y se ha fortalecido hasta hoy copando parte importante de la confrontación política de las distintas expresiones de clase en Colombia.

Por esas fechas se realizaron dos encuentros masivos que aglutinaron diversas fuerzas y tendencias del movimiento social y político de importante repercusión desde el campo popular frente al tema de la paz. El primero en Barranca, en octubre del 2011, jalonado por la Marcha Patriótica; el segundo en Bogotá, en Mayo del 2012, dinamizado por el Congreso de los Pueblos, este último se clausuro con una movilización de unas 18.000 personas.

2013: Reaparece el campesinado.

En el 2013, el actor principal de la movilización volvió a ser el campesinado, después de muchos años de ausencia, como expresión nacional de fuerza, de importancia y de presión. Fue tanto el campesinado pobre, como el campesinado medio, quienes junto con otros sectores como los camioneros y los indígenas, generaron una relevante coyuntura de movilización y de agitación social en ese momento.

En el 2013, después de casi tres décadas de ausencia en el espacio nacional, en buena medida a causa de su destrucción por parte del paramilitarismo y la persecución oficial, el campesinado reaparece como sujeto y actor de alcance y dimensión nacional.

2013 es clave en el auge popular.

Según el registro de luchas sociales que hasta ese año llevaba el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en el 2013, se realizaron 1.025 protestas, el mayor número registrado durante todo el periodo de observación que venía desde 1975, lo que representó el pico más alto de la protesta social durante esos años.

Lo anterior indica que en el 2013 se perfilaba con más claridad y firmeza, la tendencia al ascenso en el ciclo que estamos reseñando y que se anunció con la Minga Social y Comunitaria de los indígenas en el 2008, continuándose después con las movilización nacional de los estudiantes en el 2011.

A principios de ese año, entre el 25 de febrero y el 8 de marzo, se presentó el llamado paro cafetero, jalonado por Dignidad Cafetera, con la realización de diferentes movilizaciones en varias regiones del país, bloqueo de vías y fuertes enfrentamientos entre campesinos y el ESMAD.

El paro hizo presencia en varios departamentos, principalmente en Huila, Tolima, Nariño, Cauca, Valle, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia y Santander; logró congregar en las distintas zonas de presencia unas 40.000 personas.

En la región del Catatumbo, Norte de Santander, en Junio se lanzó un paro campesino y cívico que paralizó las vías de la región y se extendió hasta el mes de julio; se prolongó por 53 días, en los cuales se presentaron duros enfrentamientos con el ESMAD y el resto de la fuerza pública.

En agosto se lanzaron al paro sectores campesinos en varios Departamentos, agrupados en las Dignidades Agropecuarias: Arroceros, paperos, paneleros, cafeteros, cacaoteros y otros sectores.

En el mismo mes, pero en distintas fechas, salen también al paro los sectores articulados nacionalmente en la Mesa de Interlocución Agropecuaria (MIA), de influencia de Marcha patriótica y las fuerzas campesinas de varios departamentos, agrupadas nacionalmente en el Coordinador Nacional Agrario (CNA), de incidencia del Congreso de los pueblos. Fue cuando Santos soltó la desafortunada expresión que radicalizo y extendió el movimiento, al decir: “el tal paro agrario no existe”, logrando movilizaciones urbanas de solidaridad que ampliaron la dimensión del movimiento campesino que se desarrolló en esos meses.

En esas semanas, bajo la influencia de distintas organizaciones y tendencias políticas, se presentaron importantes movilizaciones campesinas, concentraciones, bloqueos de carreteras y la presencia de concentraciones de los labriegos al lado de las mismas, en la mayoría de los departamentos del país. Asistimos por esos meses, a un panorama no visto desde las épocas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en los años 70 y 80 del siglo pasado.

El movimiento tuvo gran fuerza y resonancia nacional, a pesar de que cada sector actuó por separado, de manera fragmentada, al no darse una coordinación nacional conjunta, ni una sola mesa nacional de negociación, cada cual negocio por aparte y en tiempos distintos.

El gobierno, apoyado en la descoordinación y falta de unidad de las organizaciones campesinas más importantes, se negó a negociar nacionalmente. Accedió sólo a negociaciones regionales con las expresiones locales de uno u otro de los tres grandes sectores atrás mencionados; Las Dignidades agropecuarias, la MIA y el CNA. A pesar de ello, este movimiento dejo importantes acumulados y el ánimo para salir de nuevo a las calles.

2014: Cumbre Agraria, nuevo paro y Mesa Nacional.

A principios del 2014 se conformó la Cumbre agraria, étnica, campesina y popular integrada por : la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia); el Congreso de los Pueblos; el Movimiento político y social Marcha Patriótica; el Coordinador Nacional Agrario (CNA); la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA): la coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC); el Proceso de Comunidades Negras (PCN): la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO): la Mesa de Unidad Agraria (MUA); la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC); el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP); y la Asociación Campesina Popular (ASOCAMPO)

La Cumbre acordó un pliego nacional de 8 puntos. Lo presentó formalmente al gobierno, como antesala del nuevo paro agrario del 2014. Un pliego de carácter reivindicativo y político. En varios de sus puntos cuestionaba y en alguna medida enfrentaba el modelo extractivista y agroexportador.

La Cumbre, como espacio organizativo, surge en el contexto de la movilización, se fortaleció en la misma y representó un salto de articulación y unidad, especialmente del sector agrario. Facilito la expresión, la voz del campesinado pobre. Igualmente represento un avance en la confluencia de sectores del movimiento social y popular y de distintas corrientes políticas.

Su conformación, marcó un nuevo momento en la tendencia hacia la articulación, así esta fuese aún, ambigua, débil y limitada. Contrasta, para dimensionarla mejor, con el estado de dispersión, de fracturas, de localismo que primó en el movimiento campesino y el campo popular, en el periodo que cubre de fines de los años 80 a la primera década del 2.000

En el mes de Mayo del 2014, la Cumbre, sin la participación de las Dignidades agropecuarias, lanzó un paro agrario nacional, que congregó masivas concentraciones campesinas en varias troncales y regiones del país, Lizama y Pinchote en Santander, Aguachica en el Cesar, Varios sitios de la Panamericana en Cauca, Valle y Nariño. También el Huila, Antioquía, Casanare, Boyaca, Arauca y concentraciones y bloqueos más pequeños y esporádicos en otras regiones del país.

El paro que duro casi tres semanas, obligó al gobierno a negociar y a establecer, mediante decreto presidencial, la Mesa Única Nacional para la negociación de los 8 puntos. Con ello, después de muchos años, el campesinado pobre y medio volvía a tener una mesa nacional de negociación, de carácter permanente con el gobierno, un espacio formal con la institucionalidad, la que ya habían logrado los indígenas desde años atrás y de manera parcial, las comunidades afros, más no el campesinado en las últimas tres décadas.

Igualmente, se le arranca al gobierno, el compromiso de discutir y negociar el pliego de los 8 puntos, partidas económicas para proyectos productivos en varias comunidades, partidas para proyectos de infraestructura, una mesa de derechos humanos y distintas promesas.

Con el paro agrario del 2014, la Cumbre, se erige en nuevo e importante actor en la movilización agraria y en las luchas sociales del país. A la vez, en un espacio de confluencia y articulación de la mayoría de las organizaciones del campesinado pobre, junto con los indígenas y sectores Afros. El campesinado medio, esta articulado más que todo en las Dignidades agropecuarias.

 

Los indígenas también se movilizaron en Minga en el mes de Octubre de ese año en varias regiones del país.

2016. Otro paro agrario

En este año, se realiza una nueva jornada nacional, de características similares a las del 2013 y el 2014. En este caso, la reivindicación o la exigencia principal, fue el cumplimiento de los acuerdos realizados con la Cumbre en el paro del 2014 y con los indígenas en movilizaciones anteriores.

En el 2016, mes de Mayo, salen simultáneamente los campesinos agrupados en la Cumbre, los indígenas y los afros. Las negociaciones se dan en Santander de Quilichao. Se obtienen nuevas promesas de cumplimiento a los acuerdos del 2104 de parte del gobierno nacional.

La panamericana, a la altura del Norte del Cauca, estuvo bloqueada por varias semanas. Se presentaron además concentraciones y bloqueos en la carretera Calí-Buenvantura. Allí, fue asesinado a manos del ESMAD, un indígena del cabildo de la Delfina. También hubo concentraciones a lado y lado de las carreteras y bloqueos en varios sitios de Santander, Antioquía, Huila, Nariño, Cauca, Boyacá, Casanare y de forma menos permanente en otros departamentos. También parálisis y movilización en varios municipios de Arauca y bloqueos y concentraciones en otras regiones del país.

Ese año, a mediados, los camioneros salieron a un nuevo paro, con presencia en las carreteras y gran impacto en el transporte de carga. El paro duro 45 días y se sintió en varios Departamentos y troncales del país.

En el mismo año, en el mes de Octubre, desde el día 5, como reacción al triunfo del NO en el plebiscito y a la crisis que ello generaba en el proceso de paz, se desarrollaron en las principales ciudades, especialmente en Bogotá, masivas concentraciones, con importante presencia juvenil, de respaldo a la búsqueda de la solución política y la paz. Fueron movilizaciones de carácter político, a través de las cuales se expresaron sectores del país que están por salidas de paz y de cambios.

2017. Actúa el Choco. Asoma con timidez lo urbano.

En el 2017, se mantiene la dinámica de movilización. El soporte, en este año descansó en movilizaciones de carácter regional, el magisterio y varios sindicatos del sector estatal, cada uno presionando por sus propias reivindicaciones.

Desde el 15 de Mayo, se realizó el Paro cívico del Choco. Duró 21 días. Paralizó casi toda la región y la ciudad de Quibdó. Se levantó después de lograr una negociación con el gobierno nacional.

En esos meses también se dio el paro cívico de Buenventura. Se prolongó por varias semanas, logrando negociar con el gobierno nacional. Hay que destacar el carácter urbano de esta movilización. Es el paro de una ciudad, el primer paro cívico de un centro urbano importante en los últimos 25 años.

Lo fuerte de la acción colectiva.

Lo fuerte de la movilización, desde que arranca este ciclo, excepto el 2011 con los estudiantes, había descansado principalmente en los sectores agrarios, las organizaciones campesinas y los indígenas. Estos y no los actores urbanos, había sido los principales motores. Esta tendencia empieza a alterarse en el 2017 a favor de lo urbano, tal como se verá en el 2018.

A mediados de año se da un paro de los maestros, que se siente en todo el país, con concentraciones en las principales ciudades. Se prolonga por 33 días, hasta lograr una negociación con el gobierno.

Por las mismas fechas, cada cual por sus propias reivindicaciones y sin ninguna articulación, se presentan varios paros netamente reivindicativos en varios sectores de los estatales: sindicato del Ministerio del trabajo, el de Bienestar familiar, ASONAL judicial y sindicatos del INPEC.

2018. Nuevos desarrollos y expectativas

El 2018 marca otro pico del ciclo de movilización que estamos examinando, manteniéndose y profundizándose la tendencia al ascenso de la protesta social. Lo que acontezca en este 2019, dirá si el año anterior (2018), prefiguro un nuevo salto en la movilización, articulación y confluencia de los distintos procesos y sectores del movimiento social, incluyendo la oposición parlamentaria.

La presencia en las calles que se presentó semana a semana, entre principios de Octubre y mediados de Diciembre, proporciono una victoria a las fuerzas populares, al obligar al gobierno a desistir del IVA para los productos de la canasta familiar, a establecer una mesa nacional de negociación con los estudiantes y a entregar unas partidas presupuéstales adicionales, que si bien están por debajo de las necesidades y las aspiraciones, no se hubiesen dado sin la movilización.

En estos meses, estrenándose el gobierno de Duque, se realizaron 13 jornadas nacionales, con los estudiantes como actores principales. Pero también con la participación del magisterio, sectores sindicales y núcleos de masas movilizados por la oposición, especialmente en la segunda quincena de Noviembre. Igualmente, se desarrollaron marchas estudiantiles, que desde distintas regiones del país, partieron hacia Bogotá. Así mismo se dieron diversas actividades de masas de los estudiantes en distintas ciudades.

En el mes de Noviembre del 2018, se conformó un espacio de articulación, en el que participan la CUT, la Cumbre agraria, las Dignidades agropecuarias, la ONIC, organizaciones afros, procesos estudiantiles, otros procesos organizativos y sectores de la bancada de oposición. Ese espacio fue el convocante de las marchas realizadas en la segunda quincena de Noviembre, las más grandes de esos meses, en las que además de los estudiantes, participaron fuerzas sindicales, el magisterio y otros procesos urbanos.

Los estudiantes, después de varios encuentros nacionales, conformaron en el 2018, un espacio nacional de articulación, la UNEES, que junto con FENARES y ACREES, jalonó y se fortaleció en la movilización de esas semanas.

Epicentro urbano de las luchas del 2018.

A diferencia de las de años anteriores, tuvieron como epicentro las ciudades y como actores principales a sujetos urbanos.

En el 2018, también es preciso resaltar las concentraciones realizadas en las principales ciudades el 7 de Agosto y el 6 de Julio, convocadas por la oposición de centro-izquierda, ligadas a la lucha por la paz y contra el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La votación de Petro.

También en el 2018, se presentó un hecho político de gran significación, que junto con el ascenso de la movilización social, entre otras, da cuenta de nuevas realidades en el país. Nos referimos a la votación que en cabeza de la candidatura presidencial de Gustavo Petro, obtienen fuerzas de izquierda y de centro, en la segunda vuelta de las presidenciales, un 43 por ciento del total, que como ya lo dijimos, es la más alta lograda en el país por tendencias de centro y de izquierda, después de los años de Jorge Eliecer Gaitán. La anterior había sido en el 2006, con Carlos Gaviria y el Polo Democrático, donde se obtuvo el 23%,

Por último, el 26 de agosto del 2018, también se presentó un hecho político significativo; la Consulta Popular anti Corrupción , jalonada por fuerzas de centro y de la oposición, la que logró una importante votación, cercana a los 12 millones, la que en los hechos ha sido desconocida y burlada por el gobierno de Duque y las mayorías parlamentarias.

La caracterización de Higuita.

Para finalizar coincido con Higuita[6] en su apreciación sobre el movimiento social en curso sobre el que afirma lo siguiente:

1. es un movimiento social nuevo en muchos aspectos así conserve rasgos de los anteriores tipos de movimientos y organizaciones políticas, partidistas y sindicales. Es (2) multitudinario y policlasista, diverso y plural, ya que no es la clase obrera o el proletariado el que lo encabeza o dirige hegemónicamente. Es (3) amorfo de dirección y en el mejor de los casos sigue una dirección colectiva, en tanto son muchos los actores, convocantes y sus agendas. Es, en conclusión, un movimiento en ebullición y formación, no sigue a uno sino a muchos líderes sobre todo de base, aunque también sigue liderazgos nacionales, no únicos. Tiene (4) una amplia agenda de demandas, como se expuso arriba, que combina nuevos derechos con reclamos históricos, como el desmonte del ESMAD. No (5) ha alcanzado a desplegar su potencial de cambio porque aún es bajo su nivel político, aunque goza de buena capacidad de convocatoria y aguante. Las redes sociales (6), uno de los elementos nuevos de este movimiento, son un campo de disputa que ha servido para contrarrestar el peso y la manipulación que han ejercido los medios de comunicación corporativos al servicio de la oligarquía. Ya éstos medios tradicionales no están solos en el escenario de la información, noticias, comunicación en vivo y directo, convocatorias, lecturas de los procesos y denuncias.El movimiento de nuevas ciudadanías que estalló y a los pocos días parecía un gigante aperezado, hizo de la calle y plaza pública los escenarios predilectos de su lucha, algo de suma importancia, porque no puede haber mejor escuela para la formación de la conciencia política que la protesta y la movilización callejera.

   El paro nacional del pasado 21 de noviembre solo fue el campanazo de alerta de una ola de luchas de impredecibles consecuencias que, de continuar su capacidad de movilización y voluntad de lucha, irán creciendo en la medida en que el régimen de las oligarquías de los 200 años siga aferrado al poder y a sus mismas políticas. Hoy existe al menos la conciencia en millones, de que hay que cambiar el régimen, de que hay que sacarlos del poder.

   Cali, 11 de enero del 2019.