Cada vez más gobiernos, corporaciones trasnacionales y crimen organizado colaboran, intencionalmente o de facto, para despojar territorios, invadir tierras indígenas y campesinas, desplazar pueblos y comunidades, criminalizar, penalizar y/o asesinar a los defensores de la tierra, en su mayoría de comunidades. En esa trágica lista México está, desde hace años, en los primeros lugares y nada ha cambiado.