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A diferencia de las drogas, el oro es fácil de blanquear, lo que lo hace especialmente valioso para los grupos del crimen organizado transnacional, incluyendo mafias narcotraficantes. Con la cotización mundial del oro alta y en ascenso, la minería ilegal y el tráfico de oro ilícito seguirán expandiéndose, y fomentando los intereses del crimen organizado transnacional por el futuro predecible.
Las dinámicas criminal, económica y política detrás de la fiebre del oro ilegal en Venezuela y Ecuador fueron muy diferentes, pero ambos países ilustran la misma tendencia: que la minería ilegal se ha convertido en la economía criminal de más rápido crecimiento donde quiera que haya depósitos para explotar.
Durante la última década, la minería ilegal ha llegado a competir con las utilidades del narcotráfico en rincones de Suramérica ricos en el mineral. La bonanza de la minería ilegal despegó en Perú y Colombia, y la dinámica criminal que emergió allí ha sido una fórmula para su expansión en Ecuador, Venezuela y Brasil.
En Ecuador, el descubrimiento accidental de un depósito de oro ha fomentado una economía ilegal masiva, que atrajo a numerosos obreros, incluidos migrantes venezolanos desesperados, a minas rudimentarias que también se han convertido en focos de explotación sexual, drogas y violencia.
En Venezuela, las rentas del oro ilegal han reforzado los grupos armados irregulares presentes en el país, desde paramilitares y guerrilleros colombianos hasta sindicatos o mafias locales. Las ganancias del oro también han promovido el ascenso de otros actores ilegales, como las megabandas venezolanas —grandes pandillas que se asentaron en las periferias de Caracas y ahora se trasladaron para tomar control de las minas en lugares remotos del país—.
La industria ilegal de oro en Venezuela ha generado una enorme riqueza ilícita para funcionarios estatales corruptos y ha ayudado a apuntalar el gobierno, pues otras economías legales están bloqueadas y la economía se mantiene en caída libre.
El paso de Venezuela y Ecuador al oro ilegal —siguiendo tendencias similares en Perú y Colombia— ofrece lecciones para otros países de la región, que ilustran cómo esta economía ilegal se propaga como el cáncer y fortalece a los grupos criminales.
En Ecuador, la minería ilegal reemplazó a las FARC
Ecuador vive una nueva fiebre del oro ilegal a lo largo de su frontera norte con Colombia. Aunque mucha parte de la bonanza fue el resultado de un hallazgo accidental, el surgimiento de la minería como nueva economía criminal en crecimiento en esta región no es casualidad: hubo un vacío económico por llenar y la minería ilegal se convirtió en la industria ideal.
A finales de 2017, miles de buscadores de tesoros llegaron al distrito de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, después de que una cuadrilla de obreros de la construcción desenterrara oro en un proyecto de un camino rural.
Para comienzos de 2019, la zona había sido tomada hasta por 10.000 mineros, quienes abrieron cerca de 1.000 minas rudimentarias y establecieron alrededor de 200 plantas de procesamiento. Los recién llegados tuvieron respaldo de señores de la mafia minera del sur del país, quienes ofrecieron capital inicial que se pagaría con sacos de mineral, los cuales luego fueron enviados al sur para ser procesados en plantas propias.
Pronto, las riquezas atrajeron a bandas criminales que comenzaron a extorsionar a los mineros y negocios que surgieron alrededor de los campos de extracción, entre ellos bares, restaurantes y burdeles. La oleada inicial de grupos criminales provino de la provincia de Esmeraldas, en la frontera oeste de Ecuador con Colombia. Sin embargo, estos criminales locales fueron expulsados por grupos armados colombianos, que tomaron el control de la región con armas de alto poder y una tendencia a usar la violencia extrema.
En julio de 2019, miles de policías y militares se desplegaron a la región para despejar las minas. Aunque el futuro de la zona no se ha decidido, poca duda puede haber de que el boom de Buenos Aires representa apenas la cara más visible de un problema mucho más profundo.
Los mineros ilegales de Buenos Aires ya hicieron incursiones a otras zonas cercanas en busca de nuevos depósitos auríferos para explotar. Además, la minería está en auge en toda la frontera entre Ecuador y Colombia, dado que zonas que anteriormente habían tenido bajos índices de minería en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos han experimentado un incremento continuo del tamaño de las operaciones mineras existentes y una expansión a nuevas zonas.
El motor de esta nueva fiebre del oro es un colapso de otra economía ilegal que anteriormente sostuvo la región fronteriza: suministros para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La guerra de guerrillas contra el Estado colombiano ofreció oportunidades laborales en todos los aspectos, desde el suministro de alimentos, ropa y equipos a sus combatientes, hasta el contrabando de químicos precursores para sus laboratorios de cocaína. Con la desmovilización de las FARC en 2017, los ingresos y las oportunidades de empleo que se preveían para estas zonas azotadas por la pobreza se esfumaron.
Sin señales de una economía legal que llenará el vacío, los habitantes recurrieron a la minería ilegal. La fiebre del oro atrajo a recién llegados de todos los lugares: cuando las fuerzas ecuatorianas avanzaron a Buenos Aires, descubrieron a más de 1.000 venezolanos y casi el mismo número de colombianos.
Como se ve en Buenos Aires, las oportunidades también se extienden a grupos armados, pandillas y mafias, que financian y extorsionan las explotaciones mineras, siguiendo un patrón firmemente establecido en la vecina Colombia. Como resultado de eso, la región fronteriza de Ecuador ha entrado a una nueva era, basada en una nueva economía ilegal y con nuevos señores del hampa.
Los resultados de esta bonanza del oro pueden ser devastadores tanto para el medio ambiente como para las comunidades en zonas ricas en oro que lidian con los problemas sociales causados por las incursiones de la minería ilegal. A menos que las autoridades entiendan que la explosión minera es la respuesta de una población que cuenta con pocas alternativas legales, el oro ilegal podría apuntalar la economía local del mismo modo como ha echado raíces en Colombia, Perú y otros lugares de la región.
Grupos criminales y gobierno venezolano se lucran del oro ilegal
El oro ha llegado a ser un apoyo vital para el gobierno del presidente Maduro tras el colapso económico de Venezuela. Dado que la producción petrolera se encuentra estancada y las exportaciones han sido diezmadas por las sanciones internacionales, el Estado tiene una necesidad apremiante de ingresos y cuenta con pocos recursos legales que explotar.
Pese a que las sanciones estadounidenses golpearon el oro venezolano en noviembre de 2018, Venezuela ha seguido cultivando relaciones alternativas con compradores internacionales, como Turquía y Dubái. El apremio de la administración de Maduro por reabastecer sus menguadas reservas de oro ha creado una dinámica de dependencia entre el gobierno y las agrupaciones criminales. Por lo menos el 80 por ciento del oro de Venezuela se extrae ilegalmente. La empresa minera estatal Minerven hace poca extracción a nombre propio, y en su lugar canaliza el oro al Banco Central de Venezuela (BCV), un oro que procede de la plétora de grupos armados que controlan la minería en todo el sur del país.
En marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones dirigidas exclusivamente a la empresa y su presidente, acusándolos de “apoyar el régimen ilegítimo de Maduro”.
El arreglo de Maduro con los intereses de la minería ilegal es conveniente para los actores criminales involucrados. El régimen se mantiene a flote, mientras que las agrupaciones criminales obtienen ingentes ganancias sin interferencia del Estado, y la crisis económica del país proporciona un flujo incesante de mano de obra explotable. El ejército local recibe su parte cobrando protección a los operadores de las minas ilegales.
Más arriba en la jerarquía del Estado, los leales al gobierno también sacan provecho. Entre los funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el tráfico de oro ilegal se encuentran el ministro de industrias y producción nacional del país, Tareck el Aissami, y hasta el hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra. En junio, el Tesoro estadounidense sancionó a Maduro Guerra luego de que el exdirector de inteligencia venezolano Christopher Figuera lo acusara de crear una empresa de explotación de recursos que vendía oro extraído ilegalmente al BCV a precios inflados.
En el terreno, las relaciones entre los grupos criminales son tensas. Los estados mineros de Amazonas y Bolívar han presentado brotes de violencia por las disputas entre grupos rivales por el control de los depósitos de minerales preciosos. Muchos de esos enfrentamientos están asociados a la rápida expansión de la guerrilla colombiana Ejército Nacional de Liberación (ELN) en Venezuela. En el estado de Bolívar, el ELN ha expandido su imperio criminal apoderándose de minas de las mafias locales conocidas como “sindicatos”, cometiendo masacres, y sometiendo a los mineros locales a condiciones peligrosas.
En un informe de International Crisis Group publicado en febrero de 2019, un excomandante del ELN decía que el grupo obtenía el 60 por ciento de sus ingresos de la minería en Venezuela y Colombia. Aparte del oro, se dice que el grupo controla las minas de coltán en Parguaza y varias minas de diamantes en San Vicente de Paúl. Estas economías han contribuido a la rápida evolución del ELN, que ha pasado de ser un grupo insurgente colombiano a convertirse en un ejército colombo-venezolano, con presencia en al menos 13 estados de Venezuela.
Las megabandas venezolanas, como el Tren de Aragua, también han usado la minería ilegal para expandir su poder. Desde su territorio en Aragua, la pandilla ha extendido sus tentáculos al sur de Bolívar, donde ahora controla varios depósitos del mineral y exporta oro y coltán a Brasil. Esta diversificación le ha proporcionado a la pandilla nuevas fuentes de ingresos en un momento en que el empobrecimiento del país hace menos rentable el crimen callejero. Hoy en día, el Tren de Aragua es posiblemente la mayor amenaza criminal interna en Venezuela, y una amenaza regional en ciernes, con su expansión a Colombia, Perú y Brasil.
Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han reagrupado en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela, y recurrido a la minería ilegal para financiar su expansión. El Frente Acacio Medina está activo en las minas de Yapacana, una región que ha sido considerada como un “gigante lavadero de dinero” por el grupo defensor de los derechos civiles SOS Orinoco, que hace un seguimiento a la minería ilegal en las regiones del Amazonas y el Orinoco, en Venezuela. Allí, los grupos guerrilleros invierten las ganancias de la droga en la extracción de oro, blanquean dichas ganancias fácilmente, y así obtienen mayores rendimientos. En el último año, estas rentas les han permitido a las ex-FARC Mafia expandir sus operaciones a por lo menos ocho estados venezolanos.
En las minas de Yapacana, los residentes locales informan que los guerrilleros de las ex-FARC trabajan con el ELN en una alianza guerrillera implícita, según informó SOS Orinoco. Esos pactos constituyen un modelo preocupante respecto a una cooperación criminal más estrecha de esos grupos en el futuro, en particular a la luz de encuentros reportados entre jefes de las ex-FARC y el ELN en la frontera Colombia-Venezuela.
En Amazonas se han denunciado choques violentos entre el ELN y la Guardia Nacional Bolivariana, lo que refleja tensiones en desarrollo por la exigencia de pagos extorsivos al ejército. En contraste, en el vecino estado de Bolívar, el diputado venezolano Américo de Grazia y el exgobernador de Bolívar, Andrés Velásquez, han denunciado que la rápida expansión del ELN es resultado de un pacto con las fuerzas de seguridad para desplazar a las mafias locales anárquicas e imponer orden en la región minera.
En octubre, el presidente Maduro anunció que entregaría una mina de oro para que la administrara cada gobernador de su partido, con el propósito de financiar sus gobiernos locales. En noviembre, una ola de atrocidades atravesó la región minera de El Callao, poco después de que el gobernador de Vargas visitara la provincia para tomar control de su prometida mina de oro. Un capo de una mafia local difundió un comunicado en el que amenazaba a las autoridades locales por romper su pacto con los sindicatos y permitir que el ELN entrara a la región. Los residentes locales aseguraron que esta reconfiguración de poderes obedece al plan de Maduro.
Otra tendencia emergente ha sido la comisión de atrocidades en regiones mineras. En el municipio de Gran Sabana, en el extremo sur de Bolívar, los depósitos del mineral han sido controlados históricamente por el grupo indígena Pemón. El último año hubo tres ataques letales contra las comunidades Pemón, presuntamente por órdenes de las autoridades regionales, en Canaima, Santa Elena de Uairén e Ikabarú. Los líderes indígenas creen que las masacres son el resultado de una estrategia deliberada del Estado por tomar el control de las operaciones mineras indígenas.
La compleja red de dobles acuerdos criminales y violencia tiene un costo muy alto para el país.
Perspectivas de la minería ilegal
La fiebre del oro ilegal va más allá de Venezuela y Ecuador. En Brasil, la minería se ha acelerado en el Amazonas, por lo cual han sido devastadas enormes porciones de selva tropical. En el frenesí por hallar los depósitos, los mineros brasileños, conocidos localmente como garimpeiros, invadieron reservas indígenas en 2019, incendiando franjas de tierra e incluso asesinando a un líder local.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien durante su campaña prometió abrir el Amazonas a la explotación comercial, ha reprimido los esfuerzos por combatir la minería ilegal, lo que se estima que aportará más de mil millones de dólares anuales, según un reportaje de New Yorker.
Los vecinos Guyana y Surinam también tienen riquezas de oro… y biodiversidad. La minería ilegal ya ha devastado grandes extensiones de la selva amazónica en Surinam. A lo largo de la frontera con Guyana se han asentado grupos criminales de Venezuela, extorsionando operaciones mineras locales. El oro se contrabandea libremente entre los dos países.
Más pequeños y menos ricos que sus vecinos, Guyana y Surinam están poco preparados para enfrentar las incursiones de actores armados en búsqueda de nuevas operaciones mineras.
El contrabando de oro ilegal ha proliferado en toda la región. Bolivia ha visto cómo las exportaciones de oro alcanzaron niveles récord en los últimos años, posiblemente por el contrabando de otros países. Y las islas del Caribe holandés se han convertido en punto de tránsito predilecto para las exportaciones clandestinas de oro de Venezuela.
En agosto, el dueño de un complejo turístico en el sur de Bolívar, Venezuela, fue identificado como el coordinador de una red de tráfico que lavaba oro en las islas de Trinidad, Aruba, Curazao y República Dominicana, en el Caribe, sacándolo por pistas de aterrizaje clandestinas.
Brasil también es un importante exportador de oro ilegal. Se desmanteló una red que exportaba 1,2 toneladas de oro ilícito —por un valor superior a los US$55 millones—. Parte de ese oro fue extraído en el sur de Venezuela y trasladado por la frontera con Brasil. El oro también provenía de operaciones mineras ilegales en la reserva indígena Yanomami, en Roraima, que se extiende sobre la frontera con Venezuela.
El oro venezolano también se ha contrabandeado directamente a Estados Unidos. En septiembre, las autoridades detuvieron en Miami un avión privado que transportaba oro por valor de US$5 millones en su proa.
A diferencia de las drogas, el oro es fácil de blanquear, lo que lo hace especialmente valioso para los grupos del crimen organizado transnacional, incluyendo mafias narcotraficantes. Con la cotización mundial del oro alta y en ascenso, la minería ilegal y el tráfico de oro ilícito seguirán expandiéndose, y fomentando los intereses del crimen organizado transnacional por el futuro predecible.