Pareciera ser que, tras 30 años de procesos electorales mayoritariamente secuestrados por la gobernanza neoliberal transitológica, el voto en Chile ha vuelto a aparecer como una coyuntura importante para las fuerzas transformadoras. No sólo parlamentarios se han visto forzados a responder ante un pueblo que ya no es indiferente por las opciones que han tomado desde el 18 de octubre, sino que también la ciudadanía tendrá esta vez la oportunidad de hacer valer su voto, para una de las elecciones más significativas desde el fin de la dictadura: aquella donde se definirá la redacción y el modo de elaboración de una nueva constitución. En este contexto, resulta interesante pensar la ambigüedad que rodea una de las discusiones a la orden del día de las últimas semanas, aquella sobre la reinstauración del voto obligatorio.  

Y es que, sin duda, el rechazo en bloque de la derecha a la iniciativa que buscaba restablecer la obligatoriedad de la participación electoral parece obsceno cuando se viste en defensa de supuestas garantías democráticas (las mismas que brillan por su ausencia cuando se trata de restablecer el orden social propicio al régimen de acumulación del capitalismo chileno: en Chile, a nivel político, no existe tal como el liberalismo). Nadie duda que lo que hoy está en juego para la derecha es la puesta en marcha de una estrategia que le permita evitar el triunfo de la opción constituyente y, en un segundo momento, bloquear la inscripción constitucional de los derechos políticos y sociales anhelados por las fuerzas progresivas. Sólo le basta para ello alcanzar un tercio de los constituyentes o de los votantes (tercio que, según lo establecido tras el “acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, le otorgará el derecho a veto al interior del mecanismo constituyente y luego la posibilidad de rechazar la propuesta constitucional elaborada por éste).

Aun así, no deja de ser problemático el posicionamiento de una buena parte de la izquierda en favor del restablecimiento del voto obligatorio. Si tácticamente esta posición se entiende en vistas de las elecciones constitucionales a realizarse este año (la tendencia general parece en efecto ser claramente a favor de una nueva constitución por vía de una “convención” constituyente, y una mayor participación votante puede asegurarla con más holgura), su realidad fáctica, esencialmente coercitiva, representa un peligro para el futuro de las luchas sociales. Bien sabemos que más de 20 años de voto obligatorio durante la transición, además de inflar artificialmente la autolegitimización del sistema político imperante, nunca favorecieron la politización de la población ni dieron lugar para una política popular transformadora. A largo plazo, más bien, mucho más cierto pareciera que la restricción de la abstención secuestra la multiplicidad de las subjetividades políticas bajo el espectáculo estadístico de una población votante, comprendida por la política eleccionaria. Bien se puede decir que en tal escenario todavía existe el derecho de anular: no quita que la potencia de la negación operada por el que se sustrae queda de tal modo apagada (porque penalizada), y cautiva de las opciones políticas institucionalizadas que contempla la papeleta.

A pesar de la oportunidad concreta que representan las elecciones constitucionalistas venideras, hoy ante todo resulta evidente que en Chile existe una política popular cuya potencia excede con creces el sistema jurídico-político del Estado. No podemos olvidar que la rebelión del 18 de octubre comenzó por un llamado a la evasión masiva surgido desde organizaciones de estudiantes secundarios que, al día de hoy, siguen privados del derecho a voto, así como que su fuerza ha continuado amplificándose con el impulso de los mismos, que durante las últimas semanas pusieron en jaque otro enclave del sistema al llamar a boicotear un proceso de selección universitaria discriminatorio y clasista. De igual modo, no podemos olvidar que una acción significativa de estos mismos secundarios en el ciclo político previo al 18 de octubre, fue la de comenzar a disputar políticamente el lugar del no-votante (dentro del que ellos mismos se encontraban por una segregación absurda del sistema electoral), promoviendo desde el año 2012, principalmente a través de la ACES, la abstención del voto y el boicot activo a los procesos eleccionarios regulares. De tal modo se polemizaba por primera vez la figura espectral del no-votante, sustrayéndola audazmente de la apatía desinteresada a la que lo relegaba la sociología de matinal.

Evidentemente habrá que movilizarse y votar en las elecciones constitucionalistas venideras. Pero ya conocemos las trampas del partido del orden y podemos ver las estrategias que se perfilan del lado de la reacción: por eso sabemos que nada está ganado y que una nueva constitución no debe agotar el proceso político que comenzó con la rebelión del 18 de octubre. Si hoy existe la opción de ganar posiciones a través de elecciones, de conquistar a través de ellas una constitución que sea capaz de blindar la acción y los desafíos del movimiento popular ascendente, la posibilidad de una conquista de esta magnitud por vía del voto sigue siendo solo una contingencia, y tenemos que estar preparados para cuando el peso de la noche vuelva a infiltrarse por las rendijas de esa futura nueva constitución, por muy progresista que ella resulte.

Hoy que en Chile se amplía el campo de las subjetividades políticas y que la fuerza de éstas ha logrado poner en jaque la estabilidad política de la clase dominante, hoy que se afirma la lucha callejera, que se multiplican las asambleas territoriales y que se organiza la potencia popular con autonomía de los aparatos institucionales del Estado, nadie puede dudar de la efectividad de una posición estratégica promovida y efectuada desde los márgenes de la política eleccionaria. Sería mezquino medir esta efectividad por su habilidad para reclutar una masa mayor o menor de no votantes: su potencia está en la capacidad para remover el cerco, evadir la frontera higiénica de la acción votante. 

Porque si una cosa ha quedado clara a partir del 18 de octubre, es que nunca nadie más podrá decir que la gran política es la se juega entre las opciones de una papeleta.