Cuando ya nada importa, sólo el poder

Raúl Prada Alcoreza

 

Cuando ya nada importa, sólo el poder

 

Asistimos, en esta era de la simulación del sistema-mundo cultural de la hiper-modernidad, no solo a la decadencia; es decir, a esas mezclas barrocas de banalidad, desmesura de la economía política del chantaje, exacerbada especulación financiera e inflación de los discursos, compulsión degradante de las “ideologías”, como amarrados por los hilos del cinismo descarnado y sin límites, sino al asombroso desahogo de los comportamientos inescrupulosos. Los gobernantes llegan al colmo de un gesto nihilista despavorido, cuando ya nada importa, salvo el poder mismo, la conservación del poder, el goce sadomasoquista del poder.

 

La firma de contratos con empresas trasnacionales aparece como la puerta de entrada a algo parecido al infierno de Dante Alighieri, solo que dado en la Tierra, donde no importa que los contratos se cumplan; lo que importan es que se los firme, en las condiciones de sobreprecios, que benefician tanto a la empresa tramposa como al gobierno corrupto.   Lo que importa es la apropiación del excedente; no importa el procedimiento; por más espurio que sea, no hace al caso;   el objetivo es apropiarse del botín, que se da en los ámbitos de las formas virtuales del capitalismo financiero especulativo, combinado, complementariamente, con el capitalismo extractivista.

 

A propósito de este cuadro un tanto dantesco, solo que como goce perverso, en vez de castigo, Amalia Pando escribe:

 

El 28 de mayo de 2009, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Carlos Villegas suscribió el contrato comercial N. 2009 AM420-016-YD201 de con la empresa china CAMC para la provisión de equipos, medidores y artefactos destinados a la instalación de redes de gas domiciliario por un valor de 60 millones de dólares. El negocio nació manchado con un sinfín de irregularidades y serios vicios de nulidad[1].

 

Continúa:

 

El presidente de YPFB firmó el contrato con CAMC sin contar con financiamiento específico, sin que la compra figure en el POA de Yacimientos y sin la aprobación del directorio de YPFB. El ejecutivo de la petrolera estatal, sin prever imponderables o eventuales incumplimientos, tampoco exigió a la contratista una boleta de garantía y se conformó con el compromiso de CAMC de poner en funcionamiento equipos de buena calidad en un plazo de 12 meses a partir de su arribo al puerto de destino.

 

La CAMC no tenía asiento legal en Bolivia, carecía de personería jurídica y no estaba inscrita en FUNDAEMPRESA. Además, las personas que firmaron el contrato, aparentemente, no tenían ningún poder para hacerlo, ya que sus credenciales no fueron legalizadas en China.

 

En el “contrato de apertura” de la que iba a ser una escabrosa relación más que comercial, el gobierno de Evo Morales contrató a CAMC por invitación directa, sin siquiera revisar cotizaciones de otros ofertantes y comparar precios, y aceptó pagarle por adelantado el 25% de los 60 millones de dólares pactados[2].

 

 

De entrada estamos ante uno de esos eventos arteros, en sentido cruel, correspondientes a la decadencia, al nihilismo más exacerbado, donde nada importa, salvo el poder. Hemos identificados estas conductas con la escalada de la corrupción, en la etapa del capitalismo tardío, que desata desmesuradamente el síndrome de hybris en los gobernantes. Síndrome manifiesto en egos narcisistas exhalados, hasta el endiosamiento simbólico de caudillos y entornos palaciegos. Síndrome acompañado por las más desbordantes prácticas corrosivas, corruptas, inverosímiles, que llegan al colmo de fraudes más descarados.

 

Los contratos del gobierno populista con la CAMC, de entrada, violan las normas de contratación de bienes y servicios, pues no se puede adjudicar concesiones a una sola empresa, cuyos montos son grandes, además de tratarse de tópicos estratégicos para la economía y para el Estado. Los artículos de la Ley de normas y servicios establece la perentoria posibilidad de la contratación directa, en casos de emergencia; además, garantizando los bienes del Estado y los recursos de los bolivianos. Esto implica, que la adjudicación directa se lo puede hacer, considerando las condiciones descritas, con empresas que cumplan con óptimas condiciones para hacerlo; en otras palabras, que tengan el perfil técnico, la experiencia comprobada y el dominio de la especialización. Ninguno de estos requisitos cumple la CAMC; sin embargo, al gobierno le importó un queso, esta exigencia normativa. Este grave error, si se quiere, para ser bondadoso, se ha repetido varias veces y con la misma empresa. ¿Cómo se puede calificar a este comportamiento?

 

No solo estamos ante una conducta descarada, deshonesta, a todas luces, inescrupulosa, es decir, sin ningún miramiento moral, además, claro está, de corrupta, en el sentido más crápula del término, sino ante los síntomas y señales de niveles altamente destructivos de la decadencia. Estos gobernantes creen que esta descomunal conducta descarnada de la economía política del chantaje, puede encubrirse con discursos, con publicidades y propaganda. Por cierto, discursos, cada vez más inverosímilmente incongruentes, hasta llegar a una especie de surrealismo de lo grotesco. Lo que hacen, al recurrir a la “ideología”, que ya no convence, es develar el hundimiento más profundo ético-moral, político y civilizatorio.

 

Amalia Pando hace una cronología de la secuencia dramática y perversa de este comportamiento gubernamental:

 

El 28 de mayo de 2009, YPFB y CAMC firman un contrato para la provisión de equipos y materiales nuevos y salidos de fábrica para la instalación de redes de gas por un valor de 60 millones de dólares, teniendo como antecedente un contrato firmado el 17 de agosto de 2004, en el gobierno de Carlos Mesa. Ambas partes se declaran satisfechas con el cumplimiento de dicho contrato y deciden dar continuidad al “mismo sistema de cooperación”.

 

El 2 de diciembre de 2009, el gobierno boliviano firma el contrato de financiamiento de un crédito de 60 millones de dólares con Exim Bank para la adquisición de los equipos a CAMC, y el 30 de diciembre de 2009 promulga la Ley 4149 de aprobación del crédito. Nueve meses después, YPFB y CAMC modifican sustancialmente el objeto del contrato.

 

El 10 de septiembre de 2010, YPFB y CAMC firman la primera enmienda del contrato N. 2009 AM420-016-YD201 modificando el objeto del mismo: la provisión de tres equipos de perforación nuevos y salidos de fábrica en lugar de equipos para la instalación de redes de gas. Como justificativo, Yacimientos alegó que, tras revisar otras ofertas, desestimó la propuesta de CAMC porque era muy alta, y entonces optó por comprar tres perforadoras. Y otra vez YPFB, sin revisar precios ni comparar ofertas de otros proveedores, adjudicó el contrato a la china CAMC, que era buenísima para fabricar equipos y tuberías y ahora para fabricar perforadoras, y entonces la empresa china acomoda precios para que las perforadoras cuesten los 60 millones del primer contrato.

 

La primera enmienda fue suscrita nueve meses después de la firma del contrato original, sin que haya llegado al país ni el primer tornillo de los equipos para la conexión de redes de gas. En vez de sancionar a la CAMC por incumplimiento de contrato, el gobierno la premió adjudicándole el nuevo contrato para la provisión de tres perforadoras.

 

El negocio entre YPFB y CAMC se paralizó por casi un año mientras el gobierno boliviano intentaba convencer al financiador Exim Bank de cambiar el objeto del contrato. El presidente Evo Morales resolvió el asunto personalmente viajando a China en agosto de 2011 para negociar con el Exim Bank.

 

El jueves 11 de agosto de 2011, el Primer Mandatario sostuvo un encuentro con ejecutivos del Banco de Desarrollo de China en Beijing y el mismo día el Congreso boliviano aprobó el nuevo contrato con Exim Bank mediante Ley 740, al tiempo que abroga la Ley 4149 del 31 de diciembre de 2009. Este nuevo contrato con el Exim Bank solo hace referencia al contrato suscrito por YPFB y CAMCE y a su primera adenda, de tal modo que todo queda oleado y sacramentado por orden de las más altas esferas del gobierno de Evo Morales.

 

 

 

Todo ocurre, por así decirlo, en cadena; un fraude lleva a otro, un descaro a otro, un acto doloso a otro acto doloso, alimentando de una manera multiplicada el despliegue inaudito de la economía política del chantaje. La trampa al Estado, con la firma de estos contratos, con una empresa que no cumple con el perfil requerido, además de no cumplir con los contratos, deriva en el engaño material al pueblo. Resulta que se instalan las redes de gas domiciliario; empero, no se cuenta con gas para llenar y hacerlo circular en estas redes, beneficiando al consumo doméstico popular. El engaño al Estado, es también otro engaño al pueblo, a las familias. Sin embargo, estas evidencias de la demagogia, combinada con la violencia tramposa de los actos, son abordadas por los gobernantes de la manera más cínica inimaginable. Para ellos solo se trata de tiempo, para que puedan materializarse los proyectos prometidos. Lo sorprende es que el pueblo tolere pacientemente el desplazamiento de estas extorsiones. Esta actitud conformista, que es también una actitud cómplice, al callarse, al aceptar las explicaciones gubernamentales, por más incoherentes que sean, es pues la clave a la que apuestan estos impostores, estos simuladores, jugadores de bolsa, de especulaciones financieras y manipuladores de las esperanzas populares.

 

 

Este cuadro es grave, sobre todo por la pusilanimidad popular. Un pueblo que no defiende sus derechos, que no defiende su Constitución, es un pueblo que se ha entregado de lleno al descarado dominio del poder más especulador de la historia de la modernidad; el poder basado en relaciones clientelares, que se expanden para corromper al mismo pueblo. Como esto no puede ocurrir con todos, se lo hace con los dirigentes de las organizaciones sociales, que ya no defienden los intereses corporativos, sociales, sindicales, sino los intereses políticos de la demanda chantajista emocional de un gobierno perdido en el delirio de su propia cretina impunidad.

 

 

La autora mencionada sigue con la descripción de este dramático derrumbe ético-político del gobierno populista:

 

 

 

 

El 27 de diciembre de 2011, el presidente de YPFB Carlos Villegas dijo que los tres equipos de perforación estarán en el país a fines de 2012 o a principios del 2013, pero un año después aún no habían llegado.

 

El 17 de septiembre de 2012, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Eduardo Alarcón anunció que los tres equipos de perforación adquiridos por YPFB empezarán a “prestar servicio de perforación, terminación e intervención de pozos de petróleo y gas a empresas de la Corporación así como a empresas petroleras privadas que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el primer trimestre de 2013. 

 

Habían pasado casi dos años desde la firma del contrato y la CAMC todavía no cumplía el contrato. Es así que el 20 de mayo de 2013, YPFB y CAMC firmaron la segunda adenda al contrato comercial N. 2009 AM420-016-YD201, incorporando nuevas definiciones, una cláusula anticorrupción y la exigencia, por primera vez, de la presentación de una boleta de garantía del 3% del valor total del contrato.

 

Recién entre junio de 2013 y abril de 2014 fueron embarcadas en China las tres perforadoras, que finalmente llegaron al país con más de dos años de retraso, con defectos de fábrica, severos daños materiales y las tres incompletas. El informe técnico de recepción confirmó que el empaque y el embalaje de la maquinaria fueron deficientes.

 

La perforadora de 2.000 caballos de fuerza fue embarcada en China el 19 de junio de 2013 y llegó al país el 17 de septiembre de ese año. Tras ser sometido a una revisión técnica el 25 de noviembre, el equipo fue observado por los técnicos de YPFB, quienes identificaron al menos 20 componentes del equipo en mal estado, entre ellos la tapa del filtro de aceite y los pernos.

 

La perforadora de 1.500 caballos de fuerza fue embarcada en China el 2 de septiembre de 2013 y arribó al país el 22 de febrero de 2014. De igual manera, los técnicos que revisaron el equipo el 15 de julio de 2014 evidenciaron que éste llegó deteriorado. El informe técnico confirma daños permanentes debido a las malas condiciones de embalaje y recomienda que se realicen reposiciones y reparaciones. Las fotografías del informe de recepción muestran un equipo usado, como si lo hubieran sacado de algún campo petrolero ya en operaciones y lo embalaron a última hora.

 

La perforadora de 1.000 caballos de fuerza fue la última en ser embargada el 16 de abril de 2014 y en llegar al país el 26 de agosto de 2014. La revisión técnica efectuada el 21 de octubre de 2014 determinó que el equipo llegó incompleto y en peores condiciones que las otras dos perforadoras.

 

Lo peor de todo es que no llegó el personal especializado que debía montar el equipo y porque todas las instrucciones estaban en chino se demoraron dos años en traer los equipos y otros dos años en montarlos. YPFB no tuvo otra opción que hacer un gasto adicional y contratar a la empresa Sinopec para que arme las perforadoras.

 

El 31 de diciembre de 2013, YPFB suscribió con la empresa Sinopec International Petroleum Service Ecuador Sucursal Bolivia SA un contrato de provisión del servicio de Operación y Mantenimiento de tres equipos de perforación, y recién el 14 de agosto de 2014 se ordenó el traslado del primer equipo 1.500 al pozo BBL-16D.

 

En septiembre de 2014, Sinopec reporta a YPFB dificultades en el montaje de la perforadora 1.500 por la falta o deterioro de partes, y solicita los equipos faltantes y el reemplazo de los artefactos dañados. YPFB propone que Shinopec se encargue, la empresa acepta pero con un cargo de 50% por cada artefacto. Yacimientos prefiere asumir la responsabilidad de comprar las partes faltantes.

 

Es evidente que la CAMC incumplió su contrato, causando una considerable demora en el montaje del equipo de perforación de 1.500. Además, Sinopec informó a YPFB el 10 de noviembre de 2014 que había gastado 8,4 millones de bolivianos adicionales en el montaje de la máquina. El 4 de diciembre de 2014, la Dirección de Servicios de Perforación de YPFB expresó en su informe técnico N. DSP 211/2014 su “insatisfacción con la calidad del servicio de CAMC… que ha enviado los equipos de perforación de forma deficiente, sin ninguna muestra de profesionalidad en el envío de equipos que dio como resultado innumerables atrasos. Inicialmente CAMC no quiso aceptar los reclamos y pasaron más de seis meses hasta que finalmente decidió atender ALGUNO de ellos”.

 

Además, “CAMC ha omitido el envío de un ítem muy importante para el montaje e izaje del mástil de equipo 1.500 HP, lo cual ha causado importantes costos no programados. Asimismo, YPFB se halla perjudicada también por no recibir ingresos por la producción de hidrocarburos de los pozos que ya pudieron ser perforados”, señala el informe técnico de YPFB fechado el 4 de diciembre de 2014.

 

El 19 de enero de 2015, YPFB y CAMC suscribieron la tercera adenda en la que acuerdan elevar el monto de la boleta de garantía hasta el 7% del valor de cada equipo, con vigencia de 12 meses después de la recepción definitiva de los mismos. Se introducen también penalidades por atraso en la entrega de los equipos de 0,15% por día durante 30 días, al cabo de los cuales la multa será de 0,35% diarios por otros 30 días. Pasado ese plazo, YPFB podrá ejecutar las boletas de garantía.

 

El 16 de marzo de 205, YPFB y CAMC firmaron la cuarta adenda del contrato comercial N. 2009 AM420-016-YD201 con el objeto de detallar las penalidades introducidas en la tercera adenda y establecer procedimientos de reembolso con cargo a las penalidades por día de retraso en la entrega de los equipos. En resumen, la cuarta adenda es una especie de reglamento de multas.

 

Los dos representantes chinas de CAMC que firman las adendas no tenían autorización o poderes legales para hacerlo[3].

 

 

Llama la atención que después de conocerse estos delitos, pues no se les puede llamar de otra manera, pues, como dijimos, vulnera las normas de contratación y compras de bienes y servicios, acompañados por escándalos de índole doméstico, escándalos que encantan a la prensa y los medios de comunicación amarillistas, la Comisión de investigación del “tráfico de influencias”, concluye en una evaluación somera, insostenible, para tomarla en serio, que, respecto a las perforadoras, no hubo delito, ni corrupción, pues están funcionando. Esta conclusión insólita de la Comisión, habla de por sí, de la calidad de los miembros de la Comisión, hablamos de los miembros de mayoría de la Comisión, que además fungen de coordinadores de la misma. No se les pasa por la cabeza, ya no solamente la vulneración de las normas de bienes y servicios, sino algo tan elemental como el haber aceptado perforadoras usadas, de segunda mano, es también otro delito, dentro de la sumatoria de delitos gubernamentales acumulados. El componente mayoritario de esta Comisión, no solamente expresa un comportamiento crápula, sino que evidencian su complicidad, en cuanto al encubrimiento; por eso, también cometen delito.

 

 

No deja de sorprender la aparente tranquilidad con que lo hacen, encubrir delitos flagrantes contra el Estado, la Constitución y los bienes del pueblo, propietario declarado de los recursos del país. Muestran no solamente un cinismo desenvuelto, sino, que tampoco les importa nada, salvo el poder; solo que en ellos, el poder significa servir sumisamente al jefe y sus entornos palaciegos, a la estructura de poder de un régimen de la simulación, del montaje y la impostura. La psicología de estos personajes no solamente está asociada al síndrome de hybris, en escala menor, que la de los gobernantes, sino que devela subjetividades banales, levitando en soterradas complicidades, concomitancias y servilismos indignos para con los jefes. Por eso, podríamos describir esta coyuntura de la decadencia no solo como cuando ya nada importa, sino como cuando la dignidad ha desaparecido completamente en la estructura endeble de sus personas.

 

Amalia Pando concluye su análisis con un final infeliz: Gana CAMC y pierde el Estado boliviano:

 

 

El Estado boliviano ha sido el principal perjudicado en el primer negocio suscrito por el gobierno de Evo Morales con CAMC.

 

El gobierno de Evo Morales contrató a la empresa china sin siquiera exigirle una boleta de garantía y aceptó un cronograma de pagos ultra complaciente: 25% siete días después de firmado el contrato entre Eximbanc y el Ministerio de Desarrollo económico, 55% siete días después de recibir el documento de embarque de los bienes, 15% cuando los equipos lleguen a Bolivia y 5% después del arribo de todos los embarques, sin importar si llegaban bien o en pésimo estado.

 

YPFB no revisó otras ofertas ni comparó precios y aprobó directamente la propuesta de CAMC. YPFB contrato a CAMC para que “fabrique” tres perforadoras en vez de comprar equipos ya listos en el mercado, y sabiendo que la empresa no tiene experiencia como fabricante. Prueba de ello, CAMC subcontrata a la proveedora de equipos RJ PetroMachinery para que fabrique los equipos demandados. Pero a YPFB parece no importarle este detalle y jamás sanciona a CAMC por terciarizar servicios.

 

Aparentemente, el gobierno de Evo Morales adquirió los equipos de perforación con un enorme sobreprecio. En 2011, empresarios vinculados al sector obtuvieron una cotización independiente de la empresa American Fabrication and Machine Inc, dedicada a la fabricación de equipos de perforación:

 

EQUIPO CHINO EQUIPO EE.UU.

1000HP = 18.349.240 $US 1000HP = 8.664.232

1500HP = 18.829.320 $US 1500HP = 16.571.300

2000HP = 22.821.440 $US 2000HP = 18.949.985

 

TOTAL: 60.000.000 $US sin intereses

TOTAL + INTERESES: 75.746.604 $us TOTAL: 44.185.517$US

 

Con esos antecedentes, se deduce que el gobierno de Evo Morales contrató a CAMC por invitación directa y la favoreció con un sinfín de beneficios con el único objetivo de sacar partido del enorme sobreprecio, estimado en casi 16 millones de dólares. YPFB perdió dos años en su cronograma de exploración esperando las máquinas, seguramente tuvo que alquilar equipos y tendrá que pagar intereses del crédito chino. Un artículo del contrato con el EximBank señala que si Bolivia no mueve el dinero igual tienen que pagar intereses, es decir que dos años de inactividad le costarán dinero al Estado boliviano.

 

Pese a los reiterados incumplimientos de CAMC, las autoridades de YPFB nunca ejecutaron boletas de garantía, pero para evitar un escándalo el presidente de Yacimientos concertó con la contratista el pago de una multa de 4,5 millones de dólares, que no compensan ni el sobreprecio, los daños ni los gastos adicionales en los que incurrió YPFB para montar los equipos. Curiosamente, los representantes de CAMC que suscribieron el acta de conciliación carecían de poderes debidamente legalizados en Bolivia.

 

Este contrato leonino fue suscrito antes de que la ex-pareja del Presidente, Gabriela Zapata, asuma el cargo de gerente comercial de la empresa china, el 17 de marzo de 2015. Por tanto, si hubo tráfico de influencias con el único objetivo de medrar del millonario sobreprecio, el principal sospechoso es el Primer Mandatario, quien propició la compra de la maquinaria a CAMC y negoció en persona el contrato de financiamiento[4].

 

 

Llama la atención que ante semejante escenario deslumbrante de la decadencia más desbordada, los medios de comunicación se aboquen al escándalo doméstico, desviando la atención; que los voceros oficialistas se encarguen de levantar una cortina de humo, que solo ellos creen que los oculta, desviando definitivamente las miradas del asunto en cuestión. Llama la atención que la discusión se concentre en Gabriela Zapata, el hijo de ella y el Presidente, cuando, a todas luces, la muchacha, que era menor de edad cuando tuvo relaciones amorosas, o lo que se quiera llamar a estas relaciones, con el presidente, que parece que acostumbra hacerlo, con la convivencia y participación de ministros e inverosímilmente ministras, que le entregan muchachas.  Sería absurdo creer que esta muchacha dirigía semejante sistemático fraude al Estado y a la sociedad. Es obvio que fueron los jerarcas del poder los que conducen esta economía política del chantaje, al estilo del neopopulismo boliviano.

 

No se puede pedirles a los gobernantes que sean sinceros y honestos. Esto es imposibles a las alturas de la decadencia del poder. Es imposible pedirle al Fiscal General “objetividad”, como el mismo, menciona, pues el órgano judicial es un brazo normativo al servicio del poder; no se les puede pedir a los medios de comunicación que transmitan verazmente los hechos, que informen, pues estos medios son propiedad, directa o indirecta, de palos blancos de jerarcas de gobierno, o están controlados por el gobierno por medio del chantaje de las publicidades y la amenaza de la conculcación de sus concesiones. Sin embargo, se le podría pedir al pueblo, que ejerza su soberanía, defendiendo sus derechos constitucionales, haciendo respetar al Estado y salvaguardando los recursos naturales y las empresas públicas. Sin embargo, el pueblo, hasta el momento no reacciona, parece estar aletargado en un adormecimiento pesado que duerme a su voluntad propia.

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