Chile: territorio y poder

Los movimientos antisistémicos y las relaciones sociales no capitalistas, cobran fuerza y se potencian cuando echan raíces en territorios recuperados y bajo control de sujetos colectivos. Una de las claves de esta potenciación de los movimientos consiste en que los territorios nos brindan la posibilidad de construir poderes propios, fuera del control de las instituciones estatales.



Territorio y poder
 
Raúl Zibechi
La Jornada

Los movimientos antisistémicos y las relaciones sociales no capitalistas, cobran fuerza y se potencian cuando echan raíces en territorios recuperados y bajo control de sujetos colectivos. Una de las claves de esta potenciación de los movimientos consiste en que los territorios nos brindan la posibilidad de construir poderes propios, fuera del control de las instituciones estatales.

Si las mujeres zapatistas pueden decir que en el año pasado no hubo feminicidios en sus tierras, es porque se han hecho fuertes (empoderadas, diría la academia), capaces de defenderse, activando las nuevas relaciones sociales que están construyendo. Algo similar puede decirse de otros pueblos en movimiento, en particular en América Latina.

De algún modo, podemos calibrar la fuerza de un movimiento por su grado de territorialización; ya que los otros modos de evaluar las potencias colectivas, como la cantidad de personas que se movilizan, siendo barómetro, no resulta suficiente para construir algo nuevo, diferente y duradero. El territorio puede ser la casa común donde nacen y crecen otros mundos.

Las asambleas territoriales que se han creado en Chile al calor de la rebelión popular que estalló el 18 de octubre, son la creación más importante del pueblo chileno, porque encarnan la autoorganización colectiva para resistir y crear nuevas relaciones, por fuera del mercado y el Estado. En noviembre pasado, en Santiago había 120 asambleas territoriales enlazadas en dos coordinadoras, según la zona de la ciudad, con fuerte arraigo entre los vecinos movilizados (https://bit.ly/2RwOzSu).

El 18 de enero en el encuentro de la Coordinadora de Asambleas Territoriales eran casi 200 (se registraron 164, siendo 24 asambleas de fuera de Santiago). Al encuentro asistieron más de mil delegados, que se organizaron en 20 grupos de trabajo para debatir sobre cuatro temas: la coyuntura constituyente, el pliego de demandas (salud, educación, seguridad social, vivienda, etcétera), derechos humanos y construcción de poder territorial.

El colectivo de educación popular Caracol fue el encargado de promover dinámicas para que circulara la palabra y no quedara monopolizada por los varones militantes. En su análisis, las asambleas territoriales son el aspecto organizativo más relevante de la revuelta en curso, que generó un clima de ingobernabilidad nunca visto en la posdictadura, sólo comparable con las jornadas de protesta contra Pinochet entre 1983 y 1986 (https://bit.ly/37OfIGp).

Define a las asambleas como poder popular local en las ciudades, ya que resuelven sus problemas más urgentes por mano propia y colectiva, sin perder el horizonte nacional. El colectivo Caracol nos recuerda que la asamblea y la educación popular son las formas organizativas legitimadas por el Chile de abajo, formas de democracia directa que están en la base de los movimientos estudiantil, feminista, medioambiental y en las protestas territoriales. Por eso actualizan las viejas consignas de todo el poder a las asambleas y “levantar dos, tres… mil asambleas territoriales”.

En la apertura del encuentro, realizado en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Santiago, se leyó un comunicado de la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) que rechaza la convocatoria desde arriba de la asamblea constituyente, mientras defiende un proceso para una nueva Constitución desde las asambleas, los cabildos y los movimientos populares (https://bit.ly/315VNAb).

Apuesta a fortalecer el sujeto popular con base en el trabajo solidario y colectivo en los barrios, la autoeducación y autoformación popular, y defiende una democracia directa sin jerarquías. Llama a destituir a la clase política, al poder y a las militancias tradicionales, mientras defiende la idea de vivir en comunidad y tejer lazos de confianza en los territorios.

Este es el núcleo de la rebelión y la herencia político-cultural más importante para las próximas generaciones de rebeldes. Así como el levantamiento ecuatoriano parió un Parlamento Indígena y Popular donde se coordinan ya 200 movimientos, el estallido chileno se condensa y adquiere densidad política en la red de asambleas territoriales.

La experiencia nos enseña que la acción multitudinaria intensa, que suele denominarse ciclo de protesta, se desgrana con el paso del tiempo. Para que las prácticas colectivas no se diluyan, para que la dignidad se haga costumbre, como señala la Coordinadora, lo vivido por miles de personas debe cristalizarse en estas organizaciones territoriales, que seguirán horadando el sistema, en silencio, cuando los focos mediáticos se apaguen.

Hay mucho para debatir y para seguir aprendiendo. Como crear nuestra propia agenda y no depender de la agenda de arriba; como rehuir la lógica de llevar a las instituciones o al escenario macro, lo que vamos construyendo abajo y a la izquierda. Estas asambleas son el mundo nuevo posible, que debemos cuidar para que otros y otras lo multipliquen, cuando puedan y quieran.

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Santiago. Entre el poder carabinero y la dignidad de abajo

Raúl Zibechi*

La revuelta chilena que se encamina hacia los 50 días, ha sido atacada por los carabineros y cercada mediática y políticamente por los partidos políticos, de modo que la calle va quedando aislada. Sin embargo, la protesta no pierde su fuerza y aún se amplía con la masiva participación de mujeres jóvenes y, progresivamente, de los pueblos originarios.

“Volvimos a ser pueblo”. Un sencillo cartel pintado sobre papel, colocado por una comunidad de vecinos sobre la avenida Grecia, es un grito de protesta que denuncia el neoliberalismo chileno que convirtió a las gentes, apenas, en consumidoras. Pero también conforma todo un programa político y una ética de vida, en apenas cuatro palabras.

La céntrica Plaza de la Dignidad, nombre con el que la revuelta chilena ha rebautizado la Plaza Italia, parece zona de guerra. Los comercios están cerrados en varias cuadras a la redonda, engalanados con pintadas multicolores que denuncian la represión, incitan la revuelta y enfrentan las más diversas opresiones.

Los y las jóvenes no la quieren abandonar, aunque vayan quedando menos, porque sostienen que el día que la protesta abandone la calle, estará todo perdido. Una lógica implacable, pero difícil de sostener después de 50 días de protesta.

Las mayorías de las cientos de miles de pintadas que se encuentran en cada muro en todo Chile, denuncian la violencia de los Carabineros. “Nos violan y nos matan”. “No más abuso”. “Pacos asesinos”. “Paco culiao”, y así indefinidamente. Sobre una lágrima de sangre que resbala por una invisible, se puede leer: “Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara”. Serían necesarias miles de páginas para registrarlas todas.

Los medios de la derecha destacan que los muros “rayados” que se pueden ver en los más remotos rincones de la ciudad, “ensucian Santiago”. Como suele suceder, la derecha concede mayor importancia a las pérdidas materiales que a los 230 ojos cegados por balines y las casi tres decenas de asesinados, lo que devela una concepción del mundo que no hace lugar a los seres humanos, reconvertidos por el neo-colonialismo en bestias de carga como en los peores tiempos de la Colonia.

Abundan también los muros feministas, donde se ataca frontalmente la violencia machista y el patriarcado. Pintadas en tonos violetas y lilas que se entremezclan con las jaculatorias contra la represión. La palma se la lleva la performance creada por La Tesis, un colectivo interdisciplinario de mujeres de Valparaíso, “Un violador en tu camino”, que ha sido reproducido millones de veces en las redes y replicado en casi todas las ciudades latinoamericanas y europeas (https://bit.ly/34J0cd9).

Incluso los medios del sistema (desde Radiotelevisión española y CNN hasta el porteño Clarín) debieron dar cuenta de la performance, una denuncia a ritmo de rap que pone en el ojo tanto al gobierno como los jueces y la policía. El seguimiento que está teniendo muestra tanto la indignación del mundo con la salvaje represión, como la creciente influencia del feminismo en las protestas, con voces y estilos propios.

Las estatuas son un tema aparte. Se dice que son más de 30 las figuras de militares y conquistadores que fueron grafiteadas, desde Arica en la frontera con Perú hasta el sur mapuche. En la plaza de la Dignidad, la figura ecuestre del general Baquedano ha sido pintada y tapada parcialmente. La historiografía de arriba lo considera “héroe” de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, en la cual la segunda perdió su salida al mar.

En Arica destruyeron una escultura en piedra de Colón, que llevaba más de un siglo en el lugar. En La Serena, rodó la estatua del colonizador y militar Francisco de Aguirre y en su lugar colocaron la escultura de una mujer diaguita. En Temuco removieron el busto de Pedro de Valdivia y la cabeza fue colgada en la mano del guerrero mapuche Caupolicán.

Pedro de Valdivia está en el ojo de los manifestantes. El militar que acompañó a Pizarro en la guerra de conquista y exterminio, fundó algunas de las principales ciudades de Chile, desde Santiago y La Serena hasta Concepción y Valdivia. Es una de las figuras más odiadas por la población.

Su estatua estuvo a punto de ser derribada en la céntrica plaza de Armas. Pero el hecho más simbólico sucedió en Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago. Cientos de jóvenes se concentraron en la plaza de la Independencia, donde derribaron la estatua de Valdivia el mismo día que se conmemoraba el primer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca (https://bit.ly/37IuYEY).

Fue asesinado el 14 de noviembre de 2018 por un comando de Carabineros, especializado en la represión al pueblo mapuche. El crimen suscitó una amplia reacción popular en 30 ciudades del país. En algunos barrios de Santiago hubo cortes de calles y caceroleos durante más de 15 días. La dignidad de un pueblo explica que la bandera más ondeada en el estallido sea la mapuche y que las cabezas de los genocidas rueden por los suelos ante la algarabía popular.

NI DERECHOS NI HUMANOS. Dos informes de reconocidos organismos de derechos humanos (Amnistía Internacional y Human Rights Watch), pusieron negro sobre blanco lo que sufren los manifestantes desde el 18 de octubre. “Uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención”, es el modo como describen las múltiples denuncias de lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.

El informe de HRW, entregado al presidente Sebastián Piñera el 26 de noviembre, destaca que los servicios de urgencias médicas atendieron a 11.564 personas heridas en relación a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, según datos aportados por el Ministerio de Salud. De ellas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves.

Todos los organismos apuntan al cuerpo de Carabineros, que detuvo a más de 15.000 personas y cometió abusos contra algunas de ellas. Se calcula que poco más de mil personas resultaron heridas por impacto de perdigones que, pudo develarse, contienen plomo y materiales duros apenas recubiertos por una capa de tela.

“Carabineros movilizó a 20.000 de los 60.000 miembros de la fuerza para responder a manifestaciones en todo el país. De éstos, apenas 1.400 son miembros de las Fuerzas Especiales, la unidad que está preparada para estas tareas. Sin embargo, ante la magnitud de las manifestaciones, las autoridades movilizaron incluso a agentes que hacen tareas administrativas, tras recibir una capacitación de apenas un día, contaron varios carabineros”, señala el informe de HRW que escuchó a uniformados, manifestantes y autoridades.

Sin embargo, el gobierno sigue negando los abusos y se empeña en fortalecer la institución, a la que dotará de mayores recursos técnicos, pero ya está aumentando sus efectivos. Ironías de la vida, este “desborde” que vive Carabineros, confirmado por el propio presidente Piñera, es vivido como un alivio por muchas comunidades.

Según los vecinos de La Legua, barriada periférica que fue un territorio central en la resistencia a Pinochet desde el mismo día del golpe, y en particular quienes integran el Centro Cultural (nacido en plena dictadura hace 34 años), la retirada de la policía se produjo días después del comienzo del estallido. “La ausencia de los pacos es una fiesta para nosotras”, dice Tania.

Algo muy similar escuché en boca de comuneros mapuche. El Comando Jungla, uno de los cuerpos especiales de Carabineros más activos en el sur en los conflictos por tierras, fue traslado a Santiago y probablemente a otras ciudades que viven situaciones dramáticas, como Valparaíso. Unos y otros temen que cuando se aplaque el estallido los “pacos” retornen a sus territorios con sed de venganza.

TRAWÜN MAPUCHE EN SANTIAGO. El último sábado de noviembre la Coordinación de Naciones Originarias, nacida durante el estallido, convocó un trawün (encuentro en mapudungun), en el centro ceremonial de Lo Prado, en la periferia de la ciudad.

Acudieron mapuche de diversos barrios de Santiago (Puente Alto, Ñuñoa, Pintana, entre otros), donde ya han realizado varios trawün locales. El encuentro se inicia con una ceremonia dirigida por tres longkos, seguida con cánticos y rezos por unas sesenta personas bajo un sol vertical. Luego de que la pachamama les concediera permiso, se inician las discusiones en dos grupos para abordar cómo deben posicionarse frente a los debates sobre una nueva Constitución.

Las mujeres engalanadas con trajes tradicionales, participan tanto o más que los varones, ataviados con vinchas azules. Rápidamente se constatan dos posiciones. Una propone participar en las elecciones para la Constituyente. Como los partidos que firmaron el pacto denegaron la posibilidad de que los pueblos tengan un distrito electoral especial, con el 15% de los elegidos, porcentaje similar al de los nuevos pueblos que viven en Chile, el debate se traslada a debatir los caminos a seguir.

Esta posición viene creciendo durante el estallido, aunque nació hace casi dos décadas, y recibe el nombre de “plurinacionalidad”. Como los mapuche no quieren ser elegidos en los partidos existentes, algunas participantes (varias de ellas mujeres) proponen la formación de un partido mapuche electoral.

He observado que esta corriente de pensamiento tiene mayor arraigo en las ciudades, particularmente en Santiago donde viven cientos de miles de mapuche. Pero tiene su núcleo en las y los universitarios que emigraron de Wall Mapu y hoy están establecidos en la ciudad. Puede emitir un discurso coherente y potente, y argumenta que “hay poco tiempo” para tomar este camino, ya que la convocatoria para elegir constituyentes se concreta en abril.

La otra corriente defiende la autodeterminación y la autonomía, posiciones tradicionales de las comunidades mapuche del sur. Son las más afectadas por la represión del Estado de Chile, por la militarización de sus territorios y por el despojo de las empresas forestales. Pero son también las comunidades que resisten y recuperan tierras y, sobre todo, las que mantienen viva la llama de la nación y la identidad mapuche.

Una mujer de mediana edad recuerda que “ya tenemos nuestro propio gobierno y nuestro parlamento, no necesitamos de los políticos”. Y un joven vehemente se pregunta: “¿Queremos tener un escaño dentro de la política winka (blanca)?”.

Si es cierto que la revuelta de octubre de 2019 cierra el ciclo iniciado el 11 de setiembre de 1973 con el golpe de Estado de Pinochet, también debe ser cierto que se abre un nuevo ciclo, del que aún no sabemos sus características principales. Por lo que se puede ver en las calles de Santiago, este ciclo tendrá dos protagonistas centrales: el Estado Policial, brazo armado de las clases dominantes, y los sectores populares afincados en sus poblaciones y en Wall Mapu. El pulso entre ambos configurará el futuro de Chile.

ASAMBLEAS, BARRIOS Y CLASES. El colectivo Caracol, que trabaja en educación popular en los espacios y territorios de las periferias, sostiene en sus análisis semanales que el “acuerdo de paz”, firmado a las tres de la madrugada del 24 de noviembre por todo el arco político (menos el partido comunista), le otorgó “una sobrevida” al gobierno de Piñera (Caracol, 25 de noviembre de 2019).

El propio nombre delata a los inspiradores. Si se trata de paz, dice Caracol, es porque hubo una guerra, que es lo que viene diciendo Piñera desde el primer día del estallido. La Convención Constituyente acordada, en contra de una Asamblea Constituyente que defienden los movimientos, impone varios filtros: se eligen representantes mediante el mismo método utilizado para elegir diputados, lo que supone hacerlo dentro de las listas de los partidos.

“Esta Convención no estará compuesta por ciudadanos ni representantes de los movimientos sociales y populares, sino por quienes designen los partidos políticos existentes”, estima Caracol. Agravio al que debe sumarse los dos tercios requeridos para que se apruebe cualquier propuesta, lo que supone un veto mayor para las propuestas de la calle.

Más aún, en abril se realiza la primera convocatoria que debe decidir si hay lugar o no a una nueva Constitución, proceso que recién finalizaría en octubre de 2020. “Con esto, han demostrado que los cabildos abiertos que se han desarrollado pro todo Chile no les interesan, porque no les interesa la deliberación popular”, sigue el colectivo Caracol.

Daniel Fauré, fundador de Caracol, analiza que la decisión del gobierno de convocar una constituyente se produjo cuando contemplaron la confluencia entre la protesta callejera y el paro nacional, la unidad de acción entre trabajadores sindicalizados y pobladores y jóvenes rebeldes. “Es el boicot a las asambleas territoriales, cabildos abiertos y trawün”, señala.

Llegados a este punto, debemos recordar que el golpe de Pinochet produjo una profunda reconstrucción urbana, ya que cuando Salvador Allende llegara al gobierno (noviembre de 1970), casi la mitad de la ciudad de Santiago eran “campamentos”, espacios tomados y autoconstruidos por los sectores populares que de ese modo se construyeron como sujeto político, bajo el nombre de “pobladores”.

El Chile pos-pinochetista no puede aceptar el activismo de los pobladores ni las “tomas” de tierras urbanas. Según un mapeo de Caracol, existen en Santiago unas 110 asambleas territoriales, en dos grandes coordinaciones: la Asamblea de Asambleas Populares y Autoconvocadas, en la zona periférica, y la Coordinadora Metropolitana de Asambleas Territoriales en la zona más central.

Estas asambleas contrastan, y a veces compiten, con las más institucionalizadas juntas de vecinos. Aunque había un trabajo territorial previo importante, la mayoría se formaron durante el estallido. Realizan actividades culturales recreativas, organizan debates entre vecinos, ollas comunes, asisten a los heridos y detenidos en las marchas y promueven caceroleos contra la represión. Muchos de sus integrantes participan en las infaltables barricadas nocturnas.

Lo que no puede aceptar la clase dominante chilena es que los “rotos” salgan de sus barrios, que hablen y ocupen espacios. Un relato de Caracol lo dice todo: “Bastó que un grupo de personas de la clase popular se aparecieran en el patio de su templo del consumo en La Dehesa (el sector más exclusivo de Santiago), para que la clase alta saltara despavorida llamándolos a ´volver a sus poblaciones de mierda, rotos conchadesumadre´”.

* Periodista, analista político, militante de larga trayectoria asociado a diversas experiencias latinoamericanas. Colabora con el semanario Brecha, la revista MU, los diarios Gara y La Jornada. Es autor de Los desbordes desde abajo. El 68 en Amétrica Latina (90 Intervenciones en Red Editorial, 2018), Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo (Autonomía-Pie de los Hechos en Red Editorial, 2017), Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías (2015), entre otros.



Declaración Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT)

 

I

La CAT se conforma a partir de asambleas autoconvocadas, dada la necesidad de organizarse y resistir territorialmente a partir de la rebelión del 18 de octubre y ante la urgente necesidad de luchar por una vida digna en comunidad, como respuesta a la crisis social, político, económica y medioambiental del capitalismo mundial profundizado en el país, y puesto de manifiesto dentro de una profunda crisis de representatividad y legitimidad política.

El despertar surge fuerte y claro, nos levantamos y articulamos para construir un nuevo paradigma de vida y organización popular que busca reformular la idea de vivir en comunidad.

Somos el pueblo organizándose para conquistar nuestras demandas sociales, defender los derechos humanos, y construir una Asamblea Constituyente, tejiendo lazos de confianzas en los territorios, destituyendo a la clase política, o el poder Constituido y sus militancias partidistas tradicionales que se han alejado de los ideales más profundos de la democracia, esto es, relevar la voluntad del pueblo soberano y trabajar por el bienestar de los pueblos.

Las asambleas autoconvocadas son una consecuencia lógica en respuesta a la violencia sistemática del Estado chileno que nos ha sometido a la precarización y al peso de la vida a millones de niñes, jóvenes, estudiantes, mujeres, jubilades, enfermos y trabajadores, tanto como a los migrantes a la diversidad y disidencia sexual junto a los pueblos indígenas.

Los abusos e impunidad de la clase empresarial y la corrupción política fue la consumación de la crisis social, por lo que ante la imposibilidad del capitalismo de garantizar la satisfacción de las necesidades populares por sus políticas económicas extractivistas, fue que se acentuó la ruptura de la promesa neoliberal vigente por más de treinta años en el país, develando la incapacidad de este orden social para producir vidas en condiciones dignas, de mayor igualdad y justicia social.

 

II

La injusticia social, el desdén y displicencia hacia las demandas de los diversos movimientos sociales, la decepción por la ineptitud de los partidos neoliberales y el hartazgo del pueblo ante la corrupción e impunidad de las elites, se instala el malestar generalizado que estalla el 18 de octubre.

Rechazamos tajantemente las decisiones políticas tomadas a partir de ese momento. Sacar los militares y las fuerzas del orden y seguridad a las calles para reprimir al pueblo, el declarar estado de excepción y toque de queda, junto con la violación a los derechos humanos aplicando el terrorismo de Estado, habilitó y facultó al pueblo el derecho de rebelión, defensa y movilización.

Por tanto, declaramos que las asambleas autoconvocadas que adhieren a la CAT, son hijas de la rebelión popular y luchamos contra todas las formas de opresión del Estado capitalista neoliberal.

La protesta ha sido y será nuestra mejor herramienta en la conquista de nuestros derechos, no permitiremos que se nos criminalice y tampoco que nuestro legítimo derecho a la protesta sea utilizado para justificar asesinatos, desapariciones, secuestros, persecuciones, mutilaciones, violaciones, torturas, encarcelaciones y todo el terrorismo de Estado que hemos vivenciado.

Las asambleas territoriales autoconvocadas rechazamos y condenamos todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos meses de movilización social. No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que la impunidad sea nuevamente parte de nuestra historia. 

Hoy, somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de luchar contra una nueva impunidad, que se monta sobre la impunidad de la dictadura y la transición.

Por lo tanto, exigimos juicio y castigo, penal y político, para los responsables y ejecutores de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la violencia político sexual ejercida por Carabineros y las FFAA. Reclamamos justicia y reparación por las vidas perdidas y las vidas dañadas, y ordenamos el cese inmediato de la represión en las calles y en nuestros barrios.

Demandamos también la liberación de todas las personas detenidas y encarceladas por manifestarse y protestar. Consideramos que son prisioneras políticas porque su encarcelamiento es un castigo por luchar por nuestra dignidad.

Creemos que la principal responsabilidad política de las violaciones a los DD.HH. recae sobre Sebastián Piñera. No podemos legitimar el liderazgo de quien rompe el marco democrático a través de muerte y represión, por lo que exigimos su salida como piso mínimo para el fin de la impunidad y la construcción de una sociedad más digna.

Culpamos a todos los responsables políticos del poder constituido (Blumel, Guevara, Rubilar, Chadwick, Plá y otros) y repudiamos el negacionismo que se pretende instalar nuevamente en el país junto a los cómplices que manipulan la información, entre ellos, los medios de comunicación hegemónicos (canales de TV, radios y periódicos). Los culpamos por criminalizar, una vez más, la lucha social y por minimizar el sufrimiento del pueblo.

Responsabilizamos también al poder legislativo que ha aprobado leyes represivas en contra del pueblo que se manifiesta, resiste y defiende. Los culpamos por no estar a la altura del momento histórico y político.

Denunciamos que la ansiada vuelta a la “Paz” en condiciones de impunidad y continuidad de la represión, es la pretensión de vuelta a una “normalidad” previa a la rebelión, que es propia del neoliberalismo que fracasó, por lo que decidimos que ya no es posible volver atrás.

 

III

En consecuencia, creemos que el proceso constituyente ha comenzado desde los territorios, por lo tanto, rechazamos el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución”, porque fue un pacto de la elite política que perpetúa la marginación del pueblo, arrebatándole el protagonismo y su potencia para escribir su propia historia, constituyendo una nueva violación al derecho humano de autodeterminación de los pueblos.

Los partidos políticos y los distintos legisladores que fueron parte del acuerdo, nuevamente secuestraron la demanda social y han excluido el trabajo territorial que ha realizado el pueblo organizado antes y durante la revuelta, así como también a todas las organizaciones auto-convocadas y pueblos indígenas.

Rechazamos un pacto sin el pueblo, por ser una muestra más del afán de estos partidos neoliberales y cupulares por perpetuarse en el poder y reproducir un modelo que administra el territorio según los intereses del capital, aplastando las demandas sociales. Lo rechazamos además porque perpetúa los liderazgos patriarcales, arrogándose la “virtud” de protagonista de un proceso y no un servidor mandatado por el pueblo.

Exigimos una Asamblea Constituyente, representada por las propias asambleas y cabildos populares territoriales y por los movimientos sociales que empujaron por ella desde antes de la rebelión, siendo la máxima expresión de soberanía popular. Porque la Asamblea Constituyente no se inicia de forma delegada desde el poder deslegitimado que se pretende destituir, sino que es construida desde el poder constituyente radicado en los pueblos.

Sin embargo, todas las asambleas que participaron en el proceso de discusión y  articulación para dar nacimiento a la CAT, aun cuando hayan acordado unánimemente rechazar el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución”, decidieron que los territorios deberán tener su espacio de reflexión y votación para dirimir sobre la siguiente etapa del proceso propuesto por el gobierno y el parlamento, esto es: el plebiscito de abril para la consulta por los mecanismo a través de “Convención Constituyente” o “Convención Mixta”.

Solo cuando las asambleas hayan discutido su posición frente a ese proceso, decidirán y direccionaran a través de la CAT las estrategias a seguir según lo acordado en los territorios.

Porque aun cuando reconocemos que el proceso constituyente radica en el pueblo, y es este propio organismo quien debe establecer sus propias reglas de funcionamiento, también se reconoce la soberanía de cada territorio y sus asambleas. Y cuando decimos que hemos despertado para construir un nuevo paradigma de democracia y organización popular, se refiere precisamente a que nos hemos unido para enfrentar esta y todas las batalles que sean necesarias enfrentar para cambiar este sistema que nos ha precarizado la existencia. Nos levantamos con unión y solidaridad para construir un nuevo país para todes, desde los acuerdos y las diferencias.

 

IV

En consecuencia, las asambleas autoconvocadas que adhieren a la CAT, se asumen soberanas dentro de su espacio de organización territorial, se disponen a reconstruir el tejido social, que fue coartado y limitado por la dictadura cívico-militar y posteriormente por un modelo de individualismo neoliberal instaurados por los gobiernos concertacionistas y de derecha.

Las asambleas se movilizan por el trabajo solidario y comunitario dentro de los barrios. Reconstruyen lazos de confianzas, porque se asume que construir un nuevo Chile, también es desechar los valores de un sistema basado en las relaciones de poder, por competencia, obediencia, individualismo y pasividad ante la injusticia y la situación política del país.

Asumen la importancia del pensamiento crítico y colectivo, de auto-educación y auto-formación popular. Se promueve la democracia directa sin jerarquías, a través de relaciones horizontales sustentable en el tiempo, para crear una forma de vida diferente a la instaurada.

Para lo anterior, las Asambleas Territoriales Autoconvocadas, se plantean como un espacio permanente de organización y movilización, en función de las necesidades y demandas populares e históricas a nivel nacional y local, como por ejemplo:  el derecho a la salud y  educación gratuita de calidad;  la recuperación de los recursos naturales; aumento del sueldo mínimo; Fin de las AFP, aborto legal y gratuito, entre otras, que tienen por finalidad dignificar la vida, desde lo cotidiano en los barrios, hasta lo político a nivel nacional.

La Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) se construye, por sus asambleas participantes, como un espacio de coordinación política territorial y plurinacional, independiente de partidos políticos. Solo tendrán espacio de votación, dentro de la Coordinadora, asambleas autoconvocadas.

Los voceros o representantes de la CAT ante la opinión pública, no podrán tener conflictos de interés con militancias políticas que atenten con los principios de la Coordinadora o que entren en conflicto con las asambleas territoriales. Y las representaciones internas, expresarán solo la voz y las posiciones de las asambleas coordinadas, y no la de ninguna otra organización o movimiento al que puedan pertenecer.

En cuanto a las relaciones externas de la CAT, se acuerda la posibilidad de articulación con otras organizaciones, solo frente a objetivos comunes, siempre y cuando se compartan los mismos valores y principios de la coordinadora y/o se identifiquen, luchas y causas que nos unan.

Porque de lo que se trata es luchar por una vida digna, por todas las luchas que atraviesan nuestras vidas, por todos los derechos fundamentales que el sistema neoliberal se ha empeñado en arrebatarnos, y nos organizamos contra toda injusticia social.

Las Asambleas territoriales autoconvocadas continuaremos levantando la lucha organizada desde los territorios, ¡hasta que la dignidad se haga costumbre, y hasta que caiga el neoliberalismo!

 

Declaración leída en el acto inaugural del Encuentro Metropolitano de Asambleas Territoriales.
18 de enero 2020