La maraña jurídica-empresarial que envuelve a la familia más rica de Chile en territorio recuperado y en resistencia mapuche en medio del estallido social

A fines de octubre de 2019, cerca de 150 familias ingresaron sin permiso al fundo La Fusta, en la comuna de Lonquimay. La toma, en la que participaron desde niños hasta ancianos, fue organizada por las comunidades mapuche-pewenche Camargo Millaleo, Casiana Ñanco y Pelan Mawida, las que juntas componen el lof Mallin del Treile.

La razón que los llevó a adoptar esta medida fue la dilación en los trámites por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para recuperar un territorio que reclaman como ancestral, parte del cual corresponde a este predio.

Dos días después de este hecho, la sociedad propietaria de estas tierras, La Fusta Uno SpA, presentó una querella criminal ante el Juzgado de Letras y Garantía de Curacautín en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de “autores, cómplices o encubridores […] del delito de usurpación violenta”; y el 26 de noviembre, ampliaron la acción judicial contra quienes resulten responsables por el delito de hurto.

La toma tardó poco más de un mes en ser reprimida por Carabineros. La mañana del 9 de diciembre de 2019, un convoy de Fuerzas Especiales llegó hasta el sector y los funcionarios intentaron desalojar a las comunidades que ya habían levantado unas casas de madera en una parte del terreno. Testigos de ese hecho relataron, mediante dos recursos de amparo presentados a la Corte de Apelaciones de Temuco –uno por la abogada Manuela Arroyo y otro por el Instituto Nacional de Derechos Humanos– que la fuerza empleada por la policía había sido desmedida, con cuatro carros lanza gases, un carro lanza aguas y un resultado de varios heridos, incluyendo niños.

A pesar de la represión, Carabineros no logró completar el desalojo ese día, pero regresaron el 15 de enero de este año, en un operativo que llevó a cabo el personal de Fuerzas Especiales de Pailahueque, la misma sección que estuvo tras el asesinato de Camilo Catrillanca. En esa última oportunidad, según testigos, no mostraron una orden judicial y dispersaron a la gente que se encontraba en el lugar. Horas después, las casas pequeñas levantadas por los mapuche ardieron en fuego. Sin embargo, las comunidades tampoco se retiraron durante esa jornada, y ahora se encuentran reconstruyendo las viviendas.

Actualmente, una parte del fundo La Fusta continúa tomada por el lof Mallin del Treile, en un conflicto que ha sido cubierto superficialmente por algunos diarios electrónicos, y que esconde un nombre que nadie ha publicado hasta el momento.

Se trata de Marie Gabrielle Luksic Fontbona, más conocida en el ámbito de los negocios como Gabriela Luksic, del clan Luksic, el grupo económico con más dinero en Chile según la revista Forbes. Ella, historiadora del arte, media hermana de Andrónico Luksic Craig y una de las más silenciosas en el trato con los medios de comunicación de la familia, es quien aparece en escrituras públicas –luego de una cascada de sociedades– como la representante de la empresa que controla el fundo La Fusta, en una ruta que lleva al paraíso fiscal de Jersey, una isla perteneciente a la corona británica, cercana a la costa francesa en el Canal de la Mancha.

Jersey tiene poco más de 100 mil habitantes y, a pesar de ser tan pequeña, está dentro del top 3 de los paraísos fiscales después de las Islas Vírgenes Británicas y Taiwán, conforme al ranking de la Universidad de Amsterdam de 2019, el que observa la proporción del dinero que entra a cada territorio fiscal y el que debería ingresar, conforme al tamaño de su economía.

Del Wallmapu a un paraíso fiscal

La propietaria del territorio que intentan recuperar comunidades mapuche de Lonquimay es La Fusta Uno SpA, dedicada a temas agrícolas y forestales y cuya controladora es Benares Limited, precisamente la sociedad domiciliada en Jersey, que tiene como representante a la hermana menor del clan Luksic.

INTERFERENCIA indagó en el Archivo Judicial el origen de esta última compañía, obteniendo la protocolización que realizó en Chile el 20 de octubre de 2004, un papel de vital importancia para operar en territorio nacional. En ese documento ( https://interferencia.cl/sites/default/files/benares_limited_protocolizacion.pdf ), Marie Gabrielle Luksic Fontbona y Alexander Richard Newman –su ex marido– representantes de Benares Limited, otorgan “poder especial a los señores Ramón Jara Araya y Sven Herlin Kaiser” para que puedan actuar por la sociedad extranjera en Chile. Tanto Jara Araya como Herlin Kaiser figuran hoy en día como socios del bufete de abogados Jara del Favero & Ried Fabres. Jara Araya, por último, pertenece al directorio de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic.

Este documento continúa vigente, según los papeles que presentó La Fusta Uno ante el Juzgado de Letras y Garantía de Curacautín para perseguir a quienes ingresaron en su predio. INTERFERENCIA contactó a Gabriela Luksic a través de sus cercanos durante el miércoles 5 de febrero y el jueves 6 de febrero, para conocer si hubo algún movimiento de propiedad en el ámbito privado, pero no hubo respuesta.

La Fusta Uno, aparte de tener este fundo de 4.400 hectáreas –según afirmó la sociedad en la querella criminal a raíz de la toma de terrenos–, absorbió el 20 de diciembre de 2016 a la firma Agrícola y Forestal La Fusta SpA, sociedad que aparece con seis concesiones mineras constituidas en el Diario Oficial, y con derechos por más de 900 litros de agua por segundo de aprovechamiento no consuntivo –usados para fines hidroeléctricos– en tres decretos diferentes de la Dirección General de Aguas.

Todo esto en el territorio que intenta recuperar el lof Mallin del Treile.

El proceso de recuperación

El lof Mallin del Treile formalizó su demanda territorial en 2017, solicitando la aplicación del artículo de compra de tierras de la Ley Indígena ante la Conadi. El proceso está empantanado en su primera etapa, debido a que el organismo público no ha realizado todas las visitas en terreno comprometidas como para lograr la aplicabilidad, una resolución de la entidad que reconoce el derecho territorial y da el vamos a la compra de tierras por parte del Estado para dárselas a los indígenas.

INTERFERENCIA se contactó con la Conadi para consultar sobre la situación que viven estas comunidades. Desde su equipo de comunicaciones señalaron que éstas “no están en prioridad de compra, eso lo define el consejo de Conadi según la oferta de propietarios, por ahora priorizamos las comunidades que ya tienen la aplicabilidad”.

“Mientras haya un predio que esté tomado, tenemos prohibición legal de negociar, debido a que pasa a ser un tema de orden y seguridad pública más que de Conadi. La ocupación entorpece el proceso”, añadieron.

Esta declaración contrasta con la que entregó a nuestro medio José Millalen, consejero indígena electo de Conadi y autónomo del gobierno central, quien explicó: “lo que gatilló la toma del terreno es que la Conadi tenía agendada la visita de profesionales para hacer los estudios topográficos para octubre de 2019 y una semana antes de eso, los llamaron y les dijeron que no podían ir y ni siquiera les dieron una nueva fecha. Además, la fecha agendada se las habían dado con seis meses de anticipación, por eso también los hermanos realizaron esta acción”.

Estas visitas de la Conadi son fundamentales para acreditar la ancestralidad del territorio, para que posteriormente el organismo les dé el rango de aplicabilidad, es decir, una resolución que determine una futura compra de tierras.

Las tres comunidades que hoy se encuentran en esta recuperación tienen personalidad jurídica propia, pero todas están en el mismo título de merced, llamado Bernardo Ñanco de 1901. Este tipo de instrumento, entregado por el Estado de Chile entre los siglos XIX y XX, hoy sirve para establecer las relaciones históricas entre las comunidades y los territorios, pero –asimismo– acredita el despojo sufrido por éstas, debido a que documentan procesos de “reducción“.

Así lo indicó el investigador Miguel Melin Pehuen, quien fue parte del estudio de la cartografía cultural y territorial de Curacautín: “El Estado confiscó y despojó al pueblo mapuche del Wallmapu. A los sobrevivientes de esta guerra de ocupación y exterminio, les entregó estos títulos, como un regalo, desplazándolos a distintos territorios en las tierras menos aptas para la ganadería y cultivo. Entregaron aproximadamente 3.000 títulos de merced”.

Por esta razón el título Bernardo Ñanco acredita sólo una cantidad de hectáreas que no coinciden con todo el territorio en recuperación. Pablo Mansilla Quiñones, investigador del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y experto en territorialidad y cartografía indígena, señaló que si bien el documento del lof Mallin del Treile es distante al fundo La Fusta, esto no implica que no haya derechos ancestrales sobre este, pues los títulos de merced, como instrumentos colonizadores “no reconocen el territorio ancestral ni la territorialidad móvil de comunidades transhumantes que se movilizan en el territorio con prácticas de invernada y veraneada, como lo es la recolección del piñón”.

Sin embargo, según Mansilla, conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en Chile, “los pueblos originarios deben ser respetados en términos de su tierra, territorio y territorialidad, por lo que el fundo La Fusta forma parte de los últimos dos; un territorio ancestral sobre el cual no tienen título de propiedad, precisamente producto del despojo”.

Silencio en Sanhattan

Acorde a lo señalado desde las comunidades a INTERFERENCIA, la única persona que dialogó en una oportunidad con ellos fue el administrador del lugar, Cristian Warner Mayr-Melnhof. Nuestro medio se contactó con Warner durante este jueves 6 de febrero, quien pidió que lo llamáramos en diez minutos para buscar un lugar con buena señal. Sin embargo, no volvió a contestar su celular.

INTERFERENCIA se comunicó a su vez con Sven Herlin Kaiser, abogado que tiene el poder para representar a Benares Limited en Chile; un cercano a Gabriela Luksic Fontbona según las escrituras públicas revisadas por nuestro medio y según una publicación de La Segunda de mayo de 2019. A pesar de que se le enviaron correos desde el miércoles, y a pesar de que se le dejaron dos recados entre miércoles y jueves con su secretaria, no fue posible conversar con él.

Por último, INTERFERENCIA intentó ubicar durante este jueves a José Antonio Weiffenbach, gerente general de Petra SpA, la sociedad que maneja las distintas inversiones de Gabriela Luksic Fontbona y que también tiene como controlador a Benares Limited. A pesar de los recados dejados con una de las asistentes, y de los correos enviados directamente a Weiffenbach, nuevamente no fue posible establecer un contacto.

Cabe señalar que durante este periodo agudo de crisis social, este no fue el único conflicto que implicó a algún miembro del clan Luksic. Al mismo tiempo, la familia más rica de Chile debió enfrentar el malestar de las comunidades de Salamanca y Camarones en la Región de Coquimbo, las cuales se rebelaron por el agua contra Pelambres, la principal minera de Antofagasta Minerals, empresa que regenta Jean Paul Luksic Fontbona, hermano de Gabriela, tal como reportó INTERFERENCIA.