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Nicaragua está pariendo una nueva historia y por eso hay dolor, por eso hay angustia, por eso hay sangre…” Así predicaba en su parroquia de Masaya, alumbrada por mil candelas en la misa de Nochebuena, el padre Edwin Román. 40 días antes, había acompañado, arriesgando su salud, a diez mujeres que hicieron una huelga de hambre en el templo para lograr la liberación de sus hijos y familiares, presos políticos del régimen. La represión con que les respondió la dictadura conmovió al país y volvió a colocar en la agenda internacional los dolores del parto que vive Nicaragua desde abril de 2018.
ALIANZA CÍVICA Y UNA BUENA NOTICIA
El 17 de enero de 2019 Nicaragua recibió la esperada buena noticia de que comienzan “los dolores del parto” de la unidad: los desacuerdos entre las dos organizaciones que han liderado durante meses diálogos, negociaciones y movilizaciones, las que cuentan con mayor proyección nacional y con reconocimiento internacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Azul y Blanco (UNAB), anunciaron que finalmente sellaban la unidad para conformar una Coalición Nacional que enfrente a la dictadura.
En un escueto mensaje que no menciona la palabra “dictadura” declaran que “la reconstrucción de Nicaragua es posible”.
Para lograrla indican los tres pasos que dará la Coalición: “El primer paso que estamos dando para esta reconstrucción es unirnos todos sin exclusión para repotenciar esta lucha”. Ese paso es un desafío en su relación con los partidos políticos existentes. Todos, de una manera o de otra, han colaborado antes de abril con Ortega y con el FSLN. Y todos, de una o de otra manera, quieren participar en el fin de su régimen. ¿Qué concreción tendrá ese “sin exclusión”?
“El segundo paso fundamental -expresan- es impulsar las reformas electorales que nos permitan una vida mejor para que, cívica y democráticamente, podamos acceder a la comida, salud, educación y seguridad social”. Sin mencionar el cómo y el cuándo de las elecciones aceptan que ésa será la salida, dando también por seguro que se requieren reformas.
“El tercer paso -dicen- es hacer un llamado a todos los nicaragüenses a sumarse a esta Coalición Nacional”. (Ver texto completo al margen). Al día siguiente de anunciar la unidad inició ese llamado y se dijo que el 25 de febrero, aniversario de la derrota de Ortega en 1990, estaría ya definitivamente conformada la Coalición Nacional.
EL ALTO COSTO DE LA POLÍTICA REPRESIVA
2019 fue un año de creciente exigencia de la sociedad clamando por la unidad de la oposición frente al imparable estancamiento económico y al atolladero político del que Ortega no parece querer salir… ¿todavía? No hubo análisis que no señalara la falta de unidad entre los azul y blanco como una de las ventajas con las que el régimen cuenta.
Después del fracaso de la “mesa de negociación” (febrero-mayo), Ortega mantuvo el estado de excepción no declarado: contingentes policiales armados en las ciudades para evitar cualquier brote opositor y campesinos opositores asesinados en las zonas rurales. Según un informe del Colectivo Nicaragua Nunca + ante la CIDH, fueron 30 las víctimas entre enero y septiembre de 2019; según el Movimiento Campesino suman 100 desde el estallido de abril. El régimen exhibe un déficit de reflejos políticos para responder al rechazo social. Siempre es la misma su respuesta: represión, ¬ intimidación, control…
El costo es una economía estancada y una población emocionalmente dañada, una sociedad en la que reina la indefensión ante todas las instituciones del Estado y la desconfianza en barrios y centros de trabajo. La dictadura ya no le ofrece futuro ni al país ni tampoco a los suyos. Son cada vez más quienes en sus filas sienten ya hastío y desazón por la falta de horizontes. ¿Cuajarán todos estos descontentos en una implosión en el centro del poder…?
Los azul y blanco y los simpatizantes defraudados -son una mayoría social- comparten la convicción de que con él y con ella en el poder “esto no se compone”. Un poder tan extremadamente centralizado en sólo dos personas, la ausencia total de debate en el círculo del poder y los consejos de la gerontocracia cubana, han esclerotizado al régimen.
AUTOCONVOCADOS DE ORIGEN
“Se acabó lo viejo… En Nicaragua es posible una nueva manera de hacer política”, dice el mensaje fundacional de la nueva Coalición Nacional. No es una afirmación poética. Es ésa la “criatura” que se espera del parto: debe nacer “algo nuevo”.
El estallido ciudadano iniciado en abril de 2018 fue probadamente masivo y autoconvocado y, por eso, fue un acontecimiento político y cultural cuya novedad aún no hemos terminado de dimensionar.
Ningún partido político ni movimiento social encabezó ni dirigió una rebelión que crecía y crecía. El 18 de abril estuvieron allí los de siempre: feministas y representantes de los organismos de derechos humanos… y mucha juventud. Muy pronto estuvieron más y en pocos días estaban todos.
No hubo ningún liderazgo público, de los ya conocidos o de los muchos que emergían a diario en Masaya, en León, en Jinotepe, por todos lados, que convocara a las protestas contra Ortega… El 20 de abril fueron muchísimos los convocados por un niño de 15 años, Álvaro Conrado, sólo conocido hasta entonces por sus profesores y sus compañeros de colegio…
En pocos días, “todos agarramos calle sin que nadie nos llamara”. Durante más de cuarenta días y sus noches fueron miles de miles los que llenaban las calles en marchas multitudinarias… creyendo que obligarían a Ortega a rectificar o a renunciar o a adelantar las elecciones o a abandonar el país… La autoconvocación se prolongó demasiado en el tiempo, entre otras causas, por la crisis de representación que ya arrastraban desde hacía años todos los partidos políticos. Todos.
Que el movimiento fuera autoconvocado tuvo sus ventajas: nadie era insustituible y la falta de un entramado territorial organizado no fue impedimento para la masividad, más bien la facilitaba. Pero la prolongación de la horizontalidad autoconvocada profundizó la desorganización debilitando la correlación de fuerzas de los azul y blanco para hacerle frente a la dictadura.
ASÍ NACIÓ LA ALIANZA CÍVICA
Las dos organizaciones que se han unido ahora para “reconstruir” Nicaragua y anuncian que lo harán con “una nueva manera de hacer política” surgieron en las distintas oleadas de las mareas de autoconvocados que produjo la rebelión de abril.
La Alianza Cívica nació en los primeros días de mayo. Fue convocada por los obispos y respaldada enseguida por los empresarios -hasta entonces estrechos aliados del gobierno- a petición del propio Ortega, quien presionado y sorprendido por la masividad de las protestas que lo rechazaban, y que no cesaban, propuso a los obispos resolver la crisis con un “diálogo” que dirigieran los prelados. “Lo que Ortega quería era un diálogo por sectores y sobre agendas sectoriales para eludir el problema central, la tragedia que ya estábamos viviendo”… Ernesto Medina explica cómo obispos, empresarios y todos los sectores rechazaron el diálogo sectorial. Así relató a Envío cómo se forjó la Alianza Cívica https://www.envio.org.ni/articulo/5680
De parte de Ortega nunca hubo buena fe: sin renunciar a reprimir a bala las protestas, el diálogo le permitiría ganar tiempo para organizar mejor el aparato represivo. Los representantes de la dictadura fijaron su visión en aquel diálogo: se negaron a aceptar las razones y las demandas de la rebelión ciudadana que expresaban las calles y afirmaron -hasta el día de hoy lo mantienen-, que se trató de un “golpe de Estado”.
EL GRAN LOGRO DE LA PRIMERA ALIANZA
De parte de los representantes de la Alianza hubo inexperiencia y un exceso de emocionalidad. El pliego de demandas que le presentaron al gobierno era extenso, inalcanzable.
Quisieron conseguirlo todo, cuando la correlación de fuerzas no lo permitía. La postura timorata del sector empresarial -tan sorprendido como Ortega por la masividad de la rebelión- también influyó en cómo se desarrollaron las cosas. Pudo ser más enérgica, como la que vimos de parte de la gran empresa boliviana al inicio de la crisis que culminó con la renuncia de Evo Morales. ¿Una posición más decidida del sector empresarial pudo haber mejorado la correlación de fuerzas de los azul y blanco en aquel primer momento? Es muy posible. Una más clara respuesta la dará el tiempo.
A pesar de la mala fe de una parte y del optimismo de la otra, la firmeza de aquella primera Alianza en exigirle al gobierno la presencia en Nicaragua de organismos de derechos humanos internacionales como condición para iniciar / continuar el diálogo fue trascendental en todo lo que sucedió después.
Hasta el día de hoy Ortega se lamenta de haber permitido entrar al país a los ojos y oídos de la comunidad internacional, que han documentado la gravísima crisis de derechos humanos que el régimen ha provocado y los crímenes de lesa humanidad que Ortega y sus cómplices han cometido, haciéndolos sujetos de tribunales de justicia internacional.
ASÍ NACIÓ LA UNIDAD AZUL Y BLANCO
Fracasado el diálogo que condujeron los obispos y concluida la “operación limpieza” (mayo-agosto 2018), etapa en la que el régimen cometió de norte a sur todo tipo de crímenes para deshacer los casi 200 tranques que hubo por todo el territorio nacional, y así liquidar a sangre y fuego las protestas, Ortega inició una nueva fase: “normalizar” el país con una represión por goteo diario, manteniendo en las cárceles como rehenes a centenares de capturados -condenados como terroristas- y en las calles un estricto y represivo control policial.
Iniciaba así el estado de excepción de facto. El 4 de octubre, 41 movimientos políticos y organizaciones civiles ya existentes, y nuevas organizaciones territoriales nacidas dentro del amplísimo movimiento azul y blanco autoconvocado, crearon la Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que se integró en primer lugar la Alianza Cívica.
La Unidad Azul y Blanco nacía para “potenciar nuestras capacidades de planificación, coordinación, organización y ejecución de acciones de protesta y de denuncia” y anunciaba que la unidad “se materializará en cada territorio de nuestra geografía, en el campo y la ciudad, y está abierta a una diversidad de actores”.
Poco pudo cumplir de todo esto con el endurecimiento de la represión. En octubre las movilizaciones fueron prohibidas por el régimen. La primera que convocó la UNAB concluyó con 164 detenidos en Managua. La represión arreció provocando exilios, capturas, encarcelamientos y más desasosiego social.
LA “SEGUNDA” ALIANZA CÍVICA
En febrero de 2019, cuando parecía inminente la caída de Maduro en Venezuela con el surgimiento del liderazgo político de Juan Guaidó, Ortega se vio forzado a aceptar una mesa de negociación que le propusieron los cuatro empresarios del gran capital nacional, con el respaldo del Nuncio y de la OEA.
La Alianza Cívica que llegó como contraparte a esa mesa era ya muy diferente a la de mayo de 2018: tenía un sello predominantemente empresarial desde su origen. Muy pronto, viendo que Maduro “aguantaba” y no caía, Ortega, que tampoco negociaba de buena fe, liberó a un número de presos políticos, líderes de las protestas, pero incumplió los acuerdos que firmó. El diálogo 2.0 concluyó en mayo, sin resultados.
“Cuando salimos de la cárcel -dice Nahiroby Olivas, uno de los líderes estudiantiles excarcelados entonces- pensamos que la gente seguía en las calles, que podríamos volver a encabezar aquellas grandes marchas… pero ya no había nada y comenzaron a perseguirnos, a asediarnos a todos… Soy honesto, tuve miedo, tuve que irme de mi casa. Allí quedó mi hermanita de trece años. Recibir sus llamadas diciéndome que los policías iban a entrar y no poder hacer nada me hizo sentir culpable…”
Desde entonces el terrorismo de Estado continuó, arrastrando al país al precipicio…
“SEPARACIÓN ESTRATÉGICA” QUE NADIE ENTENDIÓ
Hasta el 17 de enero de este 2019, cuando anunciaron que se unían para formar la Coalición Nacional, siempre hubo acercamientos y desencuentros entre la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco. El régimen acentuaba los conflictos. Los centenares de troles del régimen que dedican sus días a las redes sociales contribuían activamente con todo tipo de noticias falsas y rumores. También las redes azul y blanco perdían la brújula azuzando divisiones con descalificaciones y “análisis” voluntaristas.
Los días previos al anuncio de la unidad hubo mucha tensión. El 5 de enero se realizó la elección del nuevo Consejo Político de la UNAB, que para entonces había pasado de tener las 41 organizaciones que la fundaron a tener 92. “La proliferación de organizaciones no ha sido positiva. La mayoría de ellas está compuesta por gente muy joven que está agarrando experiencia y discuten mucho de temas importantes, pero no prioritarios”, dice el experto electoral José Antonio Pereza.
El 6 de enero, la Alianza y la Unidad anunciaron que se “separaban” para definir mejor sus identidades. “Es una separación estratégica para seguir trabajando en la unidad”, dijeron, provocando gran confusión y una enorme decepción y desánimo.
UN CHOQUE DE AGENDAS
La “separación” entre ambas organizaciones revela, entre otros factores, los dolores de un parto que no puede ser sencillo en un contexto tan adverso y en un país tan arraigado en una cultura política tradicional. Revela el inevitable choque entre la agenda del siglo 21 que viene en corazones y mentes de la juventud millenials y la agenda de las élites económicas y políticas que permanece en el siglo 20 y aún antes y que está presente no sólo en la Alianza, también en la UNAB, en la que políticos tradicionales tienen influencia.
Todos coinciden en sacar a Ortega, en salir de la dictadura, pero falta claridad en la estrategia para lograrlo y los liderazgos necesarios para movilizar a la población.
Hay nuevas agendas en el mundo de hoy. Al ver el profundo estallido social que sigue sacudiendo a su país, un sacerdote chileno reflexiona: “En una marcha de las mujeres llamó la atención que los temas eran muy diversos: no sólo eran los de ellas, también estaba el tema indígena, el ecológico, el de los mayores -su salud y las pensiones-. Han estallado todos los temas que implican sensación de injusticia y sufrimiento”.
La juventud del mundo, también la de Nicaragua, es cada vez más sensible a temas nuevos, que nunca estuvieron en la agenda de las élites económicas y políticas nacionales, las de todos los colores.
NO ES LA ALIANZA UNO DE 1990
Sin duda, el surgimiento de la Alianza Cívica fue un logro excepcional de la rebelión de abril.
Obispos y empresarios, dos poderes fácticos y actores tradicionales de la política nacional, estrechos aliados de Ortega los empresarios, que aceptaron el modelo corporativo que les ofreció la dictadura, se encontraban y hablaban por primera vez con actores siempre excluidos de la política: campesinos, jóvenes estudiantes, feministas, ambientalistas…
Y aunque en el primer diálogo, y aún en el segundo, a la Alianza se incorporaron universitarios y representantes de organizaciones sociales -en el primero, campesinos-, siempre ha predominado en la Alianza una visión institucional y gerencial de la política. Esto es visible en sus formas, que tantas veces revelan el fondo.
En cambio, en la Unidad Azul y Blanco -aunque no faltan ahí políticos con las mañas de la vieja escuela- fueron confluyendo nuevos actores juveniles que antes de abril no habían tenido ninguna participación ni en la política ni siquiera en los movimientos de la sociedad civil. (Como para mucha gente, para mí la política era lo que pasaba en la Asamblea y no sentía que yo fuera un ser político… No sabía nada del feminismo, hasta miedo me daba…).
Abril los despertó. Una mayoría de jóvenes y también de no tan jóvenes llegaban con la página en blanco y con una agenda diferente, en la que convergen otros valores culturales y otras preocupaciones: el medioambiente y las relaciones de género tienen prioridad. Entre líneas, y aún en desorden, se “lee” que su proyecto no tiene precedentes en la historia política nacional. No están bien graduados los lentes que comparan la Coalición Nacional de hoy con lo que fue la alianza política UNO en 1990.
LAS NUEVAS AGENDAS DE ESTA JUVENTUD
“La reconstrucción de Nicaragua comenzó en abril de 2018”: así inicia la proclama de la Coalición Nacional.
Comenzó con la juventud, nadie puede negarlo. La rebeldía de abril fue precedida por las protestas juveniles cuando anuncio que controlaría las redes sociales, ecosistema en donde desde hacía años habitaba la juventud (Yo empecé con esto el 17 de abril, fuimos ante la Asamblea a protestar contra la ley que iba a censurar las redes).
La insurrección de abril tuvo su última chispa en las reformas al seguro social, pero tuvo un claro antecedente en las protestas juveniles por el incendio sin control que devoraba la reserva Indio-Maíz ante la indolencia del régimen (Yo ya había estado en las protestas por Indio-Maíz. Para mí esa protesta significó hacer algo, después seguí en esto). A partir de abril, en las protestas siempre estuvieron presentes jóvenes feministas y la juventud que representa la diversidad sexual nicaragüense.
UN “EXPEDIENTE”
Un caso emblemático, que sintetiza la trayectoria de muchos otros jóvenes, es el del chontaleño Ulises Josué Rivas, activista del movimiento nacional contra la minería industrial en su departamento. Indignado por la apaleada que recibieron en abril los ancianos al reclamar por la reforma al seguro social, participó en todas las marchas de protesta y apoyó el tranque de Santo Domingo (Chontales).
Amenazado de muerte por los paramilitares tuvo que huir al exilio en Costa Rica, y allí, para defender sus derechos y los de muchas y muchos como él, a quienes se les rechazaba en los albergues para refugiados, fundó una asociación en defensa de la comunidad de nicas gays y lesbianas. Cuando regresó a Nicaragua para ver a su padre antes de morir fue detenido en la frontera, capturado, torturado y apresado. Hoy se le acusa de delitos comunes para mantenerlo en prisión. Son bastantes los que tienen un “expediente” similar.
“SE METIERON CON LA GENERACIÓN EQUIVOCADA”
Esta generación de jóvenes entre los 15 y los 30, considerada durante años por la gente adulta como apática, apolítica y “yoquepierdista” frente a la destrucción institucional que venía realizando Ortega, fue la que despertó a toda Nicaragua.
Lo hizo movida por la “indignación empática” al ver atropellados a ancianos en Managua y en León y al ver asesinados a otros jóvenes, compañeros de universidad, de escuela o de barrio. “Se metieron con la generación equivocada”: así retaba al régimen lo que escribió en un cartón una joven que participaba en una de las muchas marchas de abril.
Nadie esperaba tanta determinación en la juventud y una respuesta tan represiva 24 horas antes de aquella tarde del 18 de abril. Ese día inició la gestación de “algo nuevo”… que aún no termina de nacer. Y ese día, con la autoconvocación de una creciente mayoría, comenzó a fraguarse una unidad también autoconvocada y desorganizada que, con todos los altibajos que provoca la represión y el cansancio, permanece hasta hoy en resistencia y es mayoría social.
Ivania Álvarez, joven electa en ene¬ro por la UNAB para su Consejo Político, por el sector territorial -es de Tipitapa-, expresa así algo de lo que son y quieren los jóvenes que lideran la Unidad Azul y Blanco: “Esto no es de derecha ni de izquierda. Aquí no preguntamos por ideología. No sólo queremos salir de este régimen, queremos otra forma de hacer política, salir del autoritarismo, salir de eso que ha sido siempre, que uno o dos deciden. Queremos que la política no sea mandar y obedecer. Necesitamos de rostros jóvenes y también de la experiencia de los no jóvenes”.
“NUESTRA LUCHA ES CÍVICA Y PACÍFICA”
Desde el primer momento de la rebelión de abril ha sido una constante la opción por la lucha cívica, la decisión de hacer resistencia sin armas. “Cívica y pacífica” son dos adjetivos con los que sella cualquier persona azul y blanco sus declaraciones al hablar de la lucha. Para la permanente violencia política que caracteriza la historia de Nicaragua esto ha sido otra inmensa novedad.
Pero, ¿cómo salir cívica y pacíficamente de una dictadura que niega la realidad, no cesa de reprimir con armas y quisiera un enfrentamiento armado para desnaturalizar la insurrección de abril y así sofocar definitivamente la rebelión?
Muy pronto la comunidad internacional señaló, y la población en rebeldía tuvo que aceptar, que “la salida” no sería ni la renuncia de Ortega ni su huida del país, entre otras cosas porque no existe una correlación de fuerzas que lo obligue a hacerlo.
“La ruta” tendría que ser electoral. Y mientras los azul y blanco y también la comunidad internacional -durante unos meses- pidieron adelanto de elecciones, Ortega nunca dejó de insistir en que concluiría su período constitu-cional de cinco años y los comicios se celebrarían en noviembre de 2021. Ya a finales de 2018 aparecieron camisetas y gorras con el lema “Daniel 2021” y ya se cantaba “El comandante se queda”.
Más de veinte meses después de abril, el adelanto de las elecciones parece ya descartado en la realidad, tanto dentro como fuera de Nicaragua.
SE “ALBOROTÓ EL AVISPERO”
El inevitable horizonte electoral como salida de la crisis fue también un factor que contribuyó a tensar las relaciones entre la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, y a “alborotar el avispero” en la amplia oposición azul y blanco. Porque un proceso electoral significa escoger candidatos, seleccionar unos liderazgos descartando otros, ponerse de acuerdo, renunciar a aspiraciones -y a ambiciones-, significa humildad (“polo a tierra”) … y Nicaragua es un país “con más caciques que indios”, con una arraigada cultura de seguir a caudillos mesiánicos, con una propensión al cortoplacismo y a soluciones mágicas y con escasa experiencia, desde la familia y la escuela, en el debate de opiniones y en la búsqueda de los consensos que exige la democracia o el camino que conduce a ella…
LA MAQUINARIA DEL FRAUDE
Si las subjetividades de votantes -que demandan liderazgos fuertes- y de votados -que se ofrecen como tales- complican el horizonte electoral, las condiciones objetivas para llegar a unas elecciones mínimamente decentes, sean en la fecha que sean, con las más básicas condiciones de transparencia y justicia, están aún por construirse.
Ni las máximas autoridades del sistema electoral, ni sus funcionarios medios, ni la legislación electoral, ni las normativas vigentes para aplicar esa legislación, garantizan elecciones capaces de resolver el terrible conflicto económico y social en que Ortega ha sumido al país. Ni lo que hay en el papel ni en la práctica las garantiza.
Desde 2006, cuando Ortega se alzó con la Presidencia en primera vuelta, logrando que nunca se publicara el 8% de los votos y así evitar una segunda vuelta -jugada a la que se prestó el político liberal Eduardo Montealegre, reconociendo la misma noche de los comicios la victoria de Ortega para así evitar la victoria de su rival liberal José Rizo- todo el aparato electoral quedó bajo control absoluto de FSLN, convertido en una maquinaria de producir fraudes, uno tras otro.
Hoy, en la Constitución, que reformó a su medida Ortega en 2014, existe la reelección indefinida, no existe ningún porcentaje mínimo para ganar la Presidencia y quedó suprimida la segunda vuelta.
EL COMPLEJO HORIZONTE DE LA SALIDA ELECTORAL
En la medida en que la violenta represión de las protestas en 2018 fue indicando que aunque “la ruta” era la salida de Ortega del poder, eso no lo conseguirían las calles sino las urnas, muchos esfuerzos unitarios se concentraron en cuáles deben ser las reformas electorales para que la población recupere confianza en ir a votar.
En las últimas elecciones presidenciales, la desconfianza total en el sis¬tema provocó una abstención que superó el 70%, según los recuentos artesanales que lograron hacer voluntarios de Ética y Transparencia y otros organismos civiles asociados a este organismo nacional de observación electoral. Tan alta abstención fue una clara señal del colapso en que se encontraba ya el sistema electoral. Fue con tan mínima participación que Ortega inició su cuarto período presidencial.
El 12 de diciembre de 2019, la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco y el Grupo Promotor de las Reformas Electorales -un movimiento de la sociedad civil que empezó a trabajar desde 2002, cuando el sistema electoral ya tenía síntomas antidemocráticos por efecto del pacto Ortega-Alemán- anunciaron públicamente un importante consenso sobre las reformas que el sistema requiere para garantizar elecciones que den confianza al electorado.
Semanas antes, en noviembre, José Antonio Peraza, experto electoral y miembro del Grupo Promotor, habló en Envío sobre cuáles son las reformas esenciales e indispensables para unas elecciones creíbles y legítimas: al menos dos nuevos magistrados en el Poder Electoral, cambio en la composición de quienes dirigen las juntas receptoras de votos, observación electoral nacional e internacional a todo nivel, fiscalización de los partidos políticos a todo nivel, publicación de los resultados en tiempo real… Señaló también la importancia estratégica de conseguir la aprobación de un nuevo partido político en el que puedan agruparse todos los azul y blanco. https://www.envio.org.ni/articulo/5707
¿ÉSTA ES “LA RUTA”…?
A pesar de este consenso, persisten diferencias acerca de si se debe aceptar que Ortega sea candidato a su cuarta reelección, incluso si debe haber elecciones con él en el gobierno…
Hay quienes piensan que a medida en que se acerque el proceso electoral, la unidad azul y blanco será granítica y todos participarán en la Coalición Nacional, sea cual sea la casilla en la que se agrupe. Hay quienes opinan que habrá que ir a elecciones con mínimas reformas y contando con el estado de excepción de facto que hoy existe y paraliza a tanta gente. ¿Y no es legitimar a Ortega participar en unas elecciones con él en el poder y decidiendo él cómo serán los comicios?
Sobre las reformas electorales que haría Ortega, el 10 de enero lo único que dijo el sancionado presidente del Legislativo, Gustavo Porras, es que esas reformas están en la agenda parlamentaria y que se discutirán “con los partidos políticos”.
No mencionó la participación de la OEA, como quedó escrito en el memorándum que firmó con el gobierno en 2017. Después, en la resolución de junio de 2019 la Asamblea General de la OEA reconoció a la Alianza Cívica como contraparte de las negociaciones con el gobierno para hallarle una salida a la crisis nicaragüense. Al terminar el año, y antes de que se anunciara la conformación de la Coalición Nacional, se oyeron voces di¬so¬¬nantes en el sector empresarial de la Alianza Cívica. Agobiados por el declive económico, quieren una pronta salida, sean como sean las elecciones. Con reformas o sin reformas -dije¬ron-hay que ir ya a las elecciones y ya hay cinco casillas de cinco partidos existentes en las que los azul y blanco pueden participar, restando así importancia estratégica a la formación de un nuevo partido o alianza con nombre, bandera, colores y casilla propia.
Un sector de la clase empresarial estaría satisfecho con unas elecciones que dejaran satisfecho a Washington. Pero Washington ha expresado en varios momentos durante este conflicto que no reconocerá ningún proceso electoral si no es transparente, competitivo y con observación internacional. Y para que así sea son necesarias reformas al sistema electoral.
Washington sabe que para garantizar estabilidad en Nicaragua el sistema electoral requiere de profundas reformas previas.
LA ECONOMÍA EN EL FONDO DEL BARRIL
¿Puede el país llegar a elecciones en 2021 con la economía tocando el fondo del barril? Terminadas las fiestas navideñas y de fin de año, y revitalizada mínimamente la economía con remesas y aguinaldos, la economía continúa estancada.
El régimen atraviesa una cada vez más severa sequía de recursos para sostener el gasto público y tuvo que hacer importantes recortes al presupuesto. Mantiene, sí, un incrementado presupuesto para la Policía, protagonista omnipresente de la represión, y exprime el bolsillo de la gente con alzas en los combustibles, incrementos en la tarifa de electricidad, multas de tránsito injustificadas…
La crisis llegó también a las arcas de las alcaldías, castigadas desde 2018 con serios recortes a los reducidos presupuestos con que emprenden obras municipales.
El 10 de enero, al iniciarse las sesiones del Legislativo, en control de Ortega, se anunciaron reformas a 33 leyes, la mayoría de contenido económico, con el único objetivo de garantizar la supervivencia del régimen.
EL DERRUMBE ECONÓMICO EN CIFRAS
“En materia de crecimiento económico, en 2018 y en 2019, nos despeñamos y ahora seguimos en una línea horizontal. El derrumbe económico que ya hubo equivale a una caída de 9 años. Después de resolver el problema político, para recuperarnos pueden pasar fácilmente 13 o15 años”, afirma con seguridad el economista independiente Néstor Avendaño.
Así sintetiza la crisis: “No hay confianza entre los agentes económicos del país. Los consumidores ahorran y no gastan. Los empresarios ahorran y no invierten. Y el gobierno ahorra y congela el gasto”.
LA SANCIÓN AL NEGOCIO PETROLERO
También anda mal la economía de la familia en el poder, que tuvo al finalizar 2019 el golpe más certero de los recibidos hasta ahora. El 12 de diciembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el estratégico negocio petrolero de la familia: la importación-exportación-venta de combustibles.
Por la Orden Ejecutiva 13851, dictada para “bloquear la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, el Departamento del Tesoro sancionó a Rafael Ortega Murillo.
De él dice el Departamento del Tesoro: “Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. Y ha brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para bienes o servicios, en apoyo de la Vicepresidenta de Nicaragua, quien fue sancionada el 27 de noviembre de 2018”.
En 2009 la familia en el poder se apropió de la estatal DNP (Distribuidora Nacional de Petróleo), privatizándola y haciéndola vértice del conglomerado de negocios familiares. Según expertos, la DNP les dejó en ganancias 42 millones 600 mil dólares anuales durante una década.
Con Rafael Ortega, el Departamento del Tesoro, sancionó además de a la DNP, a la empresa de seguridad y vigilancia El Goliat, y a Inversiones Zanzíbar, ambos negocios dedicados a “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”.
Zanzíbar es una empresa “fachada” que creó Rafael Ortega para salvar de eventuales sanciones las ganancias del negocio petrolero cuando la estatal petrolera venezolana PDVSA, y de rebote Albanisa y todo el entrama¬do de sus negocios en Nicaragua, fueran sancionados en enero de 2019 por el Departamento del Tesoro.
El mensaje al sancionar a Zanzíbar, una hasta ahora desconocida empresa de exótico nombre africano, fue claro: para nosotros no hay nada oculto…
Dos días después de anunciadas las sanciones, los inventarios de la DNP, incluidas las 69 gasolineras que administraba en todo el país, fueron nacionalizados, declarándolos “de seguridad soberana y de interés nacional” y “devueltos” al Estado en una operación de urgencia realizada bajo total secretismo, cuyas consecuencias para el Estado y la sociedad aún no se conocen.
EL EJÉRCITO “HA JUGADO A LAVARSE LA CARA”
Vienen más sanciones. ¿Al Ejército? ¿A militares del alto mando? ¿A sus finanzas? Un día después de la sanción al negocio petrolero, el 13 de diciembre, Mauricio Claver-Carone, asesor especial para América Latina del Presidente de Estados Unidos, presentó el programa “América Crece”, una iniciativa para el crecimiento económico de los países del continente, del que Washington excluirá a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Claver-Carone se refirió al papel del Ejército de Nicaragua con las palabras más duras escuchadas hasta ahora de boca de un funcionario estadounidense sobre la institución militar: “Van a venir más sanciones, más intensas y más impactantes aún… Daniel Ortega y Rosario Murillo seguirán sintiendo esa presión. El círculo se les seguirá achicando. Las Fuerzas Armadas han querido jugar un juego para lavarse un poco la cara, decir que ellos son independientes de los grupos de represión que ha habido. Nosotros vemos incrementarse más la complicidad de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Y obviamente, buscamos que ellos tomen un papel civilizado, basado en su Constitución, que el papel de las Fuerzas Armadas de Nicaragua sea el de proteger a la población de Nicaragua, no el de ser un brazo represor de Daniel Ortega, que es lo que incrementalmente estamos viendo que está ocurriendo”.
ORTEGA DESCONFÍA DEL EJÉRCITO
El 14 de noviembre, y en su discurso ante el Consejo Político del ALBA, y lamentando la caída de Evo Morales, Ortega había señalado que “el Ejército y la Policía son determinantes en situaciones como éstas”, refiriéndose a la de Evo… y a la suya.
El experto en seguridad Roberto Orozco comentó a Envío que el Ejército “sabe muy bien del derrumbe institucional de la Policía y por pragmatismo no ha seguido esos caminos y es la única institución que ha preservado institucionalidad”.
Orozco piensa que, tarde o temprano, al Ejército le tocará desarmar a los paramilitares y si no lo hace, un nuevo gobierno tendrá que llamar a una fuerza armada internacional. Y considera que a la hora de negociar su futuro “el as que tiene bajo la manga el Ejército es que cumplía con la Ley de Seguridad Soberana, que le obligaba a pasarle información de inteligencia al Presidente, la que usó la Policía para la estrategia operativa de la represión”.
Orozco opina que Daniel Ortega desconfía del Ejército y afirma que lo ha demostrado en sus discursos, recalcando que el de Nicaragua “tiene orígenes revolucionarios” y que no se prestaría a ninguna “aventura gol¬pis¬ta”.
Observa que Ortega demuestra más confianza en la Policía, a la que ha convertido en su guardia pretoriana y señala que hoy el Ejército tiene 14 mil oficiales en planilla y la Policía 16 mil, a los que se han sumado un número no precisado de paramilitares.
Del Ejército -dice- consiguió fidelidad institucional Ortega manteniéndole negocios que ya tenía desde antes de asumir el FSLN el gobierno. Y añade que “una importante razón para desconfiar del Ejército es que nunca ha roto sus relaciones con el Comando Sur de Estados Unidos”.
MÁS Y MÁS PREGUNTAS CON RESPUESTAS INCIERTAS
2020 será un año nuevamente incierto, nuevamente desgastante para una sociedad en resistencia durante una crisis tan prolongada.
El parto no será sencillo. Va a costar mucho lograr que tantos intereses como los que hoy están en juego en la oposición confluyan en la Coalición Nacional. Y va a costar aún más conseguir cambiar la correlación de fuerzas porque la dictadura está dispuesta a matar, a aniquilar todo lo nuevo que quiere nacer.
Nuevos interrogantes se abren al iniciarse el nuevo año. ¿Se unirán los partidos políticos a la Coalición Nacional? ¿Lo hará el partido Ciudadanos por la Libertad, que funciona a la sombra de Eduardo Montealegre? ¿Y el PLC de Arnoldo Alemán, enemistado desde hace años con Montealegre? ¿Qué hará el Movimiento Campesino, que representa a buena parte de la población rural, de tradición liberal y de corazón antisandinista desde la guerra de los años 80, que se libró es sus tierras? Y si se llega a un acuerdo con estos dos partidos políticos liberales -rivales entre sí-, ¿cuál será la gobernabilidad de la Coalición?
La Coalición insiste en que no es una organización sólo electoral. Pero, ¿bastará un proceso unitario, por amplio que sea, para reactivar las calles? ¿Por qué lo permitiría Ortega? ¿Bastarán las sanciones coordinadas de Estados Unidos y de la Unión Europea para forzarlo a ceder?
Y sin reactivar las calles, sin libertad de expresión y de movilización, ¿puede haber una campaña electoral y elecciones que generen confianza para que la gente salga a votar masivamente? ¿Qué llevaría a Ortega a garantizar las libertades necesarias para elecciones auténticas sabiendo que si son libres las perderá y que le espera un tribunal de justicia?
Y si la clase empresarial sigue apostando a elecciones de cualquier tipo y a cualquier precio, bajo estado de excepción, ¿no se dividirá la Coalición? Y si no se divide, ¿se decidirá por participar o por abstenerse en pleno, como una medida de máxima presión sobre Ortega?
LA LUCECITA EN EL TÚNEL
“La oscuridad no puede prevalecer. Muchos dicen que no ven luz en este túnel, pero en medio de esta oscuridad yo ya veo una lucecita”, dice el padre Edwin Román desde Masaya, tal vez la zona más castigada del país.
Esa lucecita se alimenta con la persistencia de la memoria de todo lo que significó abril de dolor y de despertar de la conciencia, de valor y de ansias de libertad. Esa lucecita acompaña este parto, inevitablemente doloroso.
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