Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Construyamos una Asamblea Nacional para el cambio

Maduro y Guaidó promueven la abstención

De acuerdo a todas las principales encuestas de opinión, la mayor parte de la población venezolana cree en la necesidad de una salida negociada a la crisis y afirma estar dispuesta a participar en las elecciones parlamentarias que deben realizarse este año. Podría resultar un tanto paradójico que desde los dos extremos que hoy, con apoyo de intereses económicos nacionales e internacionales, se disputa el poder político, desde los liderazgos, tanto del gobierno como de la oposición guaidoísta, se esté buscando estimular la reducción al máximo de la participación electoral, promoviendo, cada uno a su manera, la abstención.

El dilema del gobierno

Son varias las razones por las cuales el gobierno requiere que se realicen elecciones parlamentarias. Dado el extraordinario aislamiento internacional en el cual se encuentra, le interesa convocar unas elecciones medianamente creíbles con las cuales reivindicar su apariencia democrática. Igualmente, requiere una nueva Asamblea Nacional que pueda darle legitimidad a las diversas decisiones que ha venido y sigue tomando mediante las cuales, en violación de la Constitución, de las leyes de hidrocarburos, ambiente, pueblos indígenas, y de las atribuciones de la Asamblea Nacional, se han entregado concesiones, realizado privatizaciones de facto y se han firmado múltiples contratos con empresas transnacionales con el fin de atraer nuevas inversiones al país. Más allá del contenido de estos diversos acuerdos, es muy poco probable que estas nuevas inversiones lleguen en ausencia de una seguridad jurídica que en la actualidad no existe. Las contrapartes, empresas y gobiernos exigen que estas inversiones estén protegidas en caso de que ocurra un cambio de gobierno. Para ello es necesario que estos contratos sean aprobados por la Asamblea Nacional.

Para cumplir con estos objetivos, se requiere no sólo que se lleven a cabo las elecciones parlamentarias previstas constitucionalmente para este año, sino igualmente que esas elecciones tengan un mínimo de credibilidad, lo cual requeriría que una parte significativa de los factores políticos y partidos opositores participen. Para lograr ese propósito es probable que el gobierno esté dispuesto a hacer algunas concesiones, siendo las más importantes el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral negociado con sectores de oposición, la actualización del registro electoral, la recuperación de la representación proporcional establecida en la Constitución y la autorización de la presencia de organizaciones nacionales e internacionales que acompañen estas elecciones.

Pero, igualmente, el gobierno está consciente que no puede abrirse a unas elecciones plenamente libres y confiables, porque en esas condiciones se estimularía una alta participación electoral. En ese escenario es probable que algunos sectores de la oposición que están dudosos sobre si participar o no, opten no sólo por participar sino que se movilicen para lograr la mayor participación posible. De ser así, es previsible, y el gobierno lo sabe, que a pesar del ventajismo con el cual cuenta y de las múltiples maniobras que pueda realizar, podría perder estas elecciones con una votación en contra aún mayor que en las parlamentarias del 2015. El rechazo al gobierno de Maduro registrado por todas las encuestas de opinión no deja dudas al respecto. El gobierno, a pesar de su minoritario, pero sólido bloque de apoyo, sus recursos y su aceitada maquinaria electoral, sólo tiene posibilidades de controlar la nueva asamblea si hay un elevado nivel de abstención. Esto define difíciles dilemas al gobierno y le exige un cuidadoso cálculo político. Ante su necesidad de realizar estas elecciones, ¿cuánto ceder en las condiciones que se le exigen para la realización de unas elecciones mínimamente confiables, ante partidos de la oposición y ante sectores internacionales, para que éstas sean reconocidas como unas elecciones válidas? Pero, a la vez, su dilema es cómo limitar estas concesiones de manera tal que no se genere demasiada confianza en que éstas podrán ser elecciones libres, de manera tal que los partidos de oposición se dividan entre quienes deciden participar y quienes llamen a la abstención, y con ello se refuerce la desconfianza en relación al proceso electoral y, tal como ocurrió en las elecciones presidenciales del 2018, sea muy elevada la abstención de quienes se oponen al gobierno garantizando así la victoria de éste.

El dilema de las oposiciones

Desde el punto de vista de la oposición representada en la Asamblea Nacional en sus dos versiones, más plural y heterogénea que el gobierno, los dilemas son igualmente complejos. Después del estrepitoso fracaso de las engañosas soluciones mágicas del mantra ofrecidas por Guaidó, después del fiasco de los intentos golpistas del 23 de febrero y del 30 de abril de 2019, y ante la probabilidad incierta de una intervención militar externa, que es rechazada por una amplia mayoría de la población, esta oposición se encuentra muy dividida. En términos generales hay un sector que reconoce –como lo hace hoy la mayor parte del electorado- que la salida a la crisis que vive el país tiene que ser necesariamente pacífica, negociada, electoral y constitucional. Este sector defiende la necesidad de participar en las elecciones parlamentarias que sean posibles, aunque no se logren todas las garantías deseables. Otro sector, encabezado por Guaidó y alentado (¿dirigido?) por el gobierno de Trump, rechaza tanto una salida negociada como la participación en las elecciones parlamentarias, porque insiste en la salida previa del poder de Nicolás Maduro, lo cual sólo sería posible a través de un golpe de estado o una intervención de EEUU y sus aliados. Aquí es donde se produce, por la vía de los hechos, la gran coincidencia de este sector extremista con el objetivo del gobierno, porque dicha postura deriva en una política abstencionista, al generar el máximo posible de desconfianza en el proceso electoral venidero. Desde esta política inmediatista y maximalista, la única vía para superar la crisis sería la salida de Maduro. Cualquier otra opción es caracterizada como “colaboracionista”, como tendiente a un proceso de “normalización” que implicaría la “consolidación” del gobierno de Maduro, cuando históricamente se ha demostrado que es todo lo contrario. Con ésta política, reforzada por el reciente apoyo de republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos y por parte de Trump en la Casa Blanca, se pretende de manera irresponsable y antinacional, dejar el futuro de Venezuela en manos externas. La salida a la crisis se buscaría por la vía de la acentuación de las sanciones económicas profundizando el drama social de los venezolanos, una renovada amenaza de intervención militar, o acuerdos entre Trump y Putin sobre los cuales venezolanas y venezolanos no tendríamos nada que decir.

Si se descarta la opción electoral, aun en condiciones muy poco favorables para su realización, la única opción que queda es la violencia, sea esta por la vía de un golpe militar, una invasión extranjera, o una guerra civil, ninguna de las cuales son salidas reales y más bien agudizarían la crisis hasta llevarla a niveles inimaginables comprometiendo la integridad territorial y la soberanía de la Nación.

La opción democrática

Tal como opina hoy la mayor parte de la población, las elecciones parlamentarias, a pesar de los obstáculos y limitaciones que confrontarán, constituyen el mejor instrumento a corto plazo con el cual cuenta hoy la sociedad venezolana para incidir sobre el rumbo del país.

Dada la solidez tecnológica del sistema electoral automatizado de Venezuela, un fraude electoral en gran escala es difícil a menos que se deje todo el proceso electoral en manos del gobierno, con pocos electores y sin testigos en los diferentes niveles desde las mesas electorales, hasta las totalizaciones regionales y la nacional. Es por eso que se dice: “¡Gentío mata fraude!“

Si hay una masiva participación electoral, y a pesar de ello, el gobierno se decide por un fraude generalizado y opte por desconocer los resultados, una masiva reacción de respuesta de la población sería inevitable…

Las elecciones parlamentarias pueden ser transformadas políticamente en un referéndum en contra el gobierno de Maduro, quién difícilmente pudiese reivindicar apoyo popular ante una aplastante derrota electoral. Pero igualmente, en un referéndum en contra de los liderazgos de los partidos políticos de la oposición que no sólo han contribuido a bloquear la posibilidad de salidas negociadas a la crisis, sino que se han convertido en peones de la política del gobierno de Trump hacia Venezuela, promoviendo y apoyando las sanciones económicas que están afectando tan severamente a la población, e incluso llamando abiertamente a una intervención militar estadounidense, o multilateral por vía del TIAR, a pesar de las devastadoras consecuencias que ello tendría para Venezuela, tal como nos lo demuestran las recientes experiencias de Iraq, Afganistán, Libia y Siria.

Tenemos el reto de impulsar la conformación de una nueva Asamblea Nacional que exprese genuinamente a la pluralidad de la sociedad venezolana que hoy no se siente representada por los partidos políticos, ni del gobierno ni de la oposición. Donde estén presentes los liderazgos y movimientos sociales y políticos democráticos, estudiantiles, gremiales, sindicales, feministas, indígenas, afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos, ambientales, culturales y otras múltiples voces de la sociedad. Donde se exprese la sociedad que hoy está silenciada e invisibilizada por la polarización política que dejó hace tiempo de expresar a la mayoría del país. Una asamblea donde se debatan desde la heterogeneidad/pluralidad de esta sociedad, los principales problemas del país, no los que hoy ocupan a la élite política dominante en su disputa por el poder. Un lugar de encuentro, como ámbito político por excelencia, espacio donde recuperar la política que ha sido aplastada por la lógica de la guerra y la polarización en estos años. Un terreno de confrontación democrática de ideas y propuestas, de procesamiento de diferencias, para buscar acuerdos, de reconocimiento de los otros y las otras. Un ámbito para la recuperación de la democracia, de la soberanía, de la Constitución que ha venido siendo sistemáticamente violentada y para iniciar el proceso de reinstitucionalización del país. Un lugar desde el cual contribuir a pensar/decidir sobre la reconstrucción de Venezuela hacia la superación del modelo económico rentístico extractivista petrodependiente primario exportador y del modelo político clientelar corrupto. Para construir un consenso alrededor de un programa y un plan de acción inmediata para enfrentar la emergencia social compleja, que le dé respuesta a las necesidades que demanda urgentemente la sociedad venezolana en materia de alimentación, salud, servicios básicos, educación y seguridad.

La polarización existente entre gobierno y oposición guaidoísta nos está llevando inercialmente a la profundización de la crisis, con el agravante de que ambos han colocado en manos de factores geopolíticos externos las decisiones sobre el futuro de la Nación, el cual sólo incumbe a los venezolanos. En esas condiciones es cuando más se requiere que irrumpa en el escenario el protagonismo del pueblo soberano, para retomar la conducción de su propia historia a través de la participación masiva en las elecciones parlamentaria. Por ello, el llamado a la desmovilización electoral que implícitamente promueve el gobierno y explícitamente hace la oposición guaidoísta, no es una opción si de lo que se trata es de buscar una salida pacífica, democrática, constitucional y soberana. Nuestro llamado es a unir voluntades para construir una participación electoral masiva que permita integrar una Nueva Asamblea Nacional que impulse el proceso de reinstitucionalización del país, el cambio político y, el rescate de la soberanía popular y nacional.

NO A LA DESMOVILIZACIÓN ABSTENCIONISTA!!!

PARTICIPACIÓN ELECTORAL PARA RESCATAR LA SOBERANÍA!!!

Esteban Emilio Mosonyi, Juan García Viloria, Edgardo Lander, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán Campos, Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro, Roberto López, Santiago Arconada Rodríguez.

Caracas, febrero 2020