México: Gobierno y desgobierno de “una generación de pensadores en su mayor momento de madurez”

Qué difícil eso de gobernar, la verdad. Tomado con seriedad es lo más importante que existe, porque supone que quien gobierna, primero que nada, como se dice en tierras zapatistas, pero en realidad en muchas comunidades originarias, tiene que mandar obedeciendo. Y obedecer, como ya nos ilustraba Pascal Quignard en un libro que hay que leer pese a su título repulsivo (se llama Odio a la música), significaba antes, llanamente, escuchar. Obedecer viene de oboedescere, que viene de aubidere, es decir, oír, escuchar.

Si uno le hiciera más caso al origen de las palabras, comprendería con mayor amplitud por qué los pueblos, las comunidades que cuentan con su asamblea, abren tamaños ojos cuando desde el gobierno dan volteretas y hacen como que hacen, hacen como que escuchan, y en realidad van tendidos en su propio círculo de fenómenos, sin resonar con nada, sin escuchar a nadie, sin razonar con nadie, sin miramientos, como decimos.

Esta nueva generación de gobernantes, el equipo al que le tocó “la retadora” después de la impermeabilidad del peñanietismo, nos insisten llanamente que saben cómo hacer las cosas, que ahora sí defienden y buscan el bienestar de la gente, y que les demos chance, que no estemos estorbando todo lo que hacen, que no seamos “negacionistas”.

Víctor Manuel Toledo, actual secretario de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), escribió en La Jornada el 14 de enero, hace exactamente un mes: “He aquí que este gobierno emancipador, hoy conducido por una generación de pensadores que en su momento de mayor madurez dirige buena parte de las acciones de gobierno de la Cuarta Transformación, está en posibilidad de diseñar una ruta innovadora para enfrentar la crisis del clima, y mostrar al mundo, como lo hace en muchos campos, que existen otras vías a las que busca imponer el capital corporativo”. (“La transición energética y la 4T” https://www.jornada.com.mx/2020/01/14/opinion/014a1pol).

Eso que él llama “otras vías a las que busca imponer el capital corporativo”, da para abrir una conversación pública sobre lo que sí y lo que no es un gobierno que escucha, y lo que significa ser un gobierno que toma acciones “en una ruta innovadora”.

Y aquí la conversación tiene dos vertientes: una más elaborada, sobre por qué plegarse a la voluntad de los Tratados de Libre Comercio, por qué emprender o respaldar megaproyectos y seguir en el camino de la industrialización y la fragmentación y reordenamiento del territorio nacional (y por ende el de los pueblos originarios y sus comunidades); y otra vertiente más llana, más dolorosa, más puntual y cercana. El por qué pensamos que si no hay engaño son un fiasco.

México está embarcado en emular a otros países y aprovechar las inversiones, y los capitales. Se compran lo que les prometen los organismos multilaterales y los negociadores de los tratados comerciales, aunque a éstos últimos más se les teme y a ellos sí se les obedece. Tanto, que ya firmó nuestro país el tratado que más margen de maniobra le abre a Estados Unidos para aplicar sus “buenas prácticas regulatorias”, y un nuevo Consejo de Cooperación Regulatoria con el que Estados Unidos le aprieta los grilletes a los gobiernos que intenten fortalecer sus protecciones ambientales, laborales, de salud, inocuidad, de propiedad intelectual y protección a los consumidores.

El gobierno de Trump, el gobierno canadiense y los grupos industriales, consideran al T-MEC y su Consejo de Cooperación Regulatoria como instrumentos de desregulación y de aplicación preventiva de la disciplina impuesta por el comercio.

Así, se incluyen (y la industria aplaude), compromisos más integrales y profundos de los hasta ahora negociados en cualquier acuerdo. A ésos se les llama compromisos o disciplinas —como derruir las llamabas barreras técnicas al comercio o incluir una adhesión mayor a la llamada “toma de decisiones científica”; como “mostrar que cada evaluación de riesgos es llevada a cabo en las ‘circunstancias apropiadas’ y que las medidas de manejo de riesgos ‘no sean más restrictivas para el comercio de lo requerido’ para lograr ‘el nivel apropiado de protección’”.

El nuevo T-MEC busca atarle las manos a los reguladores. Busca abrir más margen de maniobra a las empresas, frenando en directo toda regulación que las empresas u otras partes sientan que obstaculiza sus intereses y sus quehaceres.

Según Stuart Trew, editor de The Monitor at the Canadian Centre for Policy Alternatives, que las empresas busquen una “transparencia del proceso regulatorio” significa que gobiernos y personas extranjeras y nacionales pueden inmiscuirse, y así privilegian los enfoques internacionales a los nacionales “siempre que sea posible” además de limitar el número de requisitos regulatorios nacionales específicos”. Quieren que consideremos siempre “instrumentos alternativos” para cumplir con los objetivos de las políticas (es decir, medidas voluntarias, léase “no hacer nada”).

Puesto así, el T-MEC, un TLC recargado, se vuelve más que nunca un “acuerdo vivo que actualiza sus premisas ajustándose a lo que quieran las corporaciones (y a fin de cuentas EUA). Según Sharon Anglin Treat, del Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), lo anterior significa “paralizar las regulaciones con análisis y prácticas de obstrucción burocrática”, “ponerle más costos a cualquier procedimiento de regulación”. Buscan “priorizar las consideraciones comerciales y mercantiles sobre el interés público —con criterios como que las ‘regulaciones no sean más cargosas de lo necesario’; que se eviten ‘las restricciones innecesarias a la competencia’, esas ‘innecesarias diferencias regulatorias’”. Entonces las corporaciones pueden interferir, mediar, cabildear y moverse más a sus anchas. (ver Alianza Biodiversidad, Tratados de Libre Comercio: instrumentos de desvío de poder que sojuzgan el Derecho, enero de 2019, www.biodiversidadla.org)

Con todo lo horrible de estos grilletes en las manos, este gobierno firmó aceptarlos al empujar el T-MEC. Igual de veloz fue el gobierno al autorizar la Guardia Nacional en la frontera sur al menor amago (por twitter) de Trump, amenazando con imponer aranceles a varios productos mexicanos, siendo que AMLO contaba con el apoyo de algunas cámaras de comercio estadunidenses y de un grupo de siete ex-embajadores que firmaron artículo, publicado en ese momento en la cadena CNBC, donde se leía: «Como ex embajadores de Estados Unidos en México instamos a estos altos mandos a desvincular el comercio y la migración para encontrar vías para abordar los problemas reales relacionados con la migración centroamericana. De lo contrario, nos enfrentamos a un perder-perder». “En el artículo, firmado por los ex embajadores John Negroponte, James Jones, Jeffrey Davidow, Antonio Garza, Carlos Pascual, Earl Anthony Wayne y Roberta Jacobson, aseguraban que los aranceles debilitarían las cadenas de producción integradas que sustentan millones de empleos tanto en EUA como en México. «Dañar la economía de México perjudicaría su capacidad para hacer frente a los flujos de migrantes, así como el crecimiento económico», señalaron” (ver sinembargo.mx, 5 de junio de 2019).

¿Y por qué entonces no se aprovechó el momento para reivindicar la autonomía de México y apalancarse en estructuras de comercio y diplomacia para expresar su disenso respecto de una imposición que ni siquiera estaba formalizada (era un vil twitter) de Trump?

¿Y qué dicen los funcionarios y funcionarias del gobierno ante esto, y ante la urgente defensa del maíz prohibiendo los transgénicos; ante la ley de Variedades Vegetales que nos quieren imponer emulando a UPOV 91, ese convenio para establecerle propiedad intelectual y privatizar las semillas; ante la expansión del glifosato y el hecho de que niñas y niños de México muestren agroquimicos en su orina; que dicen de los gasoductos (el Tuxpan-Tula el más conspicuo), qué del Proyecto Integral Morelos y su cauda de muerte, del colector con su sistema de drenaje de desechos tóxicos en el Corredor Industrial de Puebla, y toda la política de acaparamiento del agua, privatizada para que las empresas la usen sólo para ellas con la posibilidad, legalizada, de mal usarla y desperdiciarla al contaminarla. Qué dicen de la expansión megalománica de la Península (el llamado Tren Maya), ante el corredor transístmico, ante las leyes de seguridad, la avalancha de migrantes, el desmantelamiento de las universidades, las caravanas de víctimas, la desesperada defensa de las comunidades aun con sus niños, las matanzas que siguen ocurriendo, el alarmante aumento de asesinatos de mujeres, periodistas y defensores de la naturaleza y los derechos humanos y de los pueblos, la injerencia de la Guardia Nacional en tantas cuestiones, la persecución de migrantes en la frontera? Casi que qué dirán ante cualquier cosa que se les pregunte.

Afirman, aproblemados o arrogantes, despreciativos o hartos, que la gente NO sabemos, que no nos damos cuenta de lo trabajoso que es pelear contra las corporaciones. Que éstas se oponen a las prohibiciones, que la presión del capital es muy fuerte “en el mismo gobierno”, y entonces nos exigen, molestos, que estemos con ellos, que entendamos, o de plano nos descalifican, se burlan, y desprecian toda voz que les contradiga.

Pero hay quienes pensamos que no es noticia eso de que el capital esté presionando, y siga haciéndolo, porque eso hallamos quienes hemos dedicado la vida a estudiar cómo operan las corporaciones, y sus ataques y sus mentiras. Es también sentido común, conciencia dialéctica que la gente tiene, pero las funcionarias y funcionarios, no. Se sorprenden todavía que eso ocurra.

Tanta gente suponemos que justamente es para eso que les pagamos a nuestros gobernantes: para que afronten, arriesguen, defiendan, argumenten y no cejen en el empeño de establecer eso que se mienta tanto del gobierno de AMLO —que en privado y en público presume de estar haciendo la revolución: “una ruta innovadora”. Pues cuál. Es débil, frágil, pusilánime. ¿O hay intereses que no se pueden o no se deben deshacer?

Y aquí no hemos entrado en la espinosa discusión de si tenemos que agotarnos los recursos y explotar la naturaleza [“porque de todos modos se van a acabar, mejor que seamos nosotros”] con tal que la gente tenga más compensación, no la pase tan mal y tanto más que se dice cuando la deshabilitación y la expulsión son tan brutales, y total los gobiernos mismos ya no tienen la creatividad para cambiar de ruta realmente.

Se les ocurre solamente lo mismo que les piden desde el nivel internacional los mecanismos financieros. Volver a Thatcher y va de nuevo: TINA (There Is No Alternative) [No Hay Alternativa]. Reformas estructurales, Inversión extranjera directa. Cadenas de valor y suministro, asociaciones público privadas. Desregulación laboral y ambiental. Acaparamiento agrario. Polos de desarrollo. “Va porque va”, “los proyectos van a ir, indudablemente van a ir”, o como dijera AMLO cuando en septiembre se hablaba del Tren Maya: “truene, llueva o relampaguee, griten o pataleen, el Tren Maya va porque va”, como nos recuerda Francisco López Bárcenas en un indispensable texto, “Megaproyectos y la Cuarta Transformación”, aparecido en La Jornada hoy 15 de febrero.

Y si todo va porque va, entonces uno reprocha sobre todo que no se les ocurra algo diferente. Se están yendo contra las comunidades y sus asambleas. Contra los núcleos agrarios de uso común y la agricultura itinerante, de montaña, contra la selva misma por impulsar su programa de reforestación que desmonta para poder reforestar. Literalmente hace los dos trabajos, porque así se abandona el lastre comunitario, nos ilustran los de Sembrando Vida. Buscan abrir la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec porque “hay que desarrollar el sureste” (y mienten sobre las causas y la complejidad reales).

Y cuando revisa uno la historia de la región las rebeliones no han parado en el Istmo desde la Conquista hasta nuestros días y estalló en 1847 una Guerra de Castas en Yucatán por la expansión de la agricultura industrial de enclave que se apoderó de las tierras y el agua de los pueblos y emprendió la fiebre henequenera en el siglo XIX. Toda la devastación es lo que se sufre hoy y se busca profundizarla con su imposición de megaproyectos disfrazada de Tren Maya. Una nueva “desamortización”, como dijera Luis Hernández, y el tren les da el pretexto para emprenderla. Un reordenamiento territorial donde la población maya sólo cabe servil, si se esclaviza o se larga.

Y no hemos tocado los enemil detalles de gobernar. Sólo lo relacionado con nuestras preguntas y con aquello de obedecer. Escuchar. Un gobierno que escuchara sería uno que buscara preguntarle (no sólo consultarle) a los pueblos qué tipo de proyectos realmente quieren las comunidades. En qué piensan quienes tienen su propia lógica, sus propias prioridades, pero también sus propias estrategias milenarias que han resultado viables (pero que no son negocio de transnacionales). Con tan sólo que se deshicieran de su lógica industrial y se fueran a lo autogestionario y lo apoyaran. ¿Por qué las eólicas tienen que ser gigantescas y en masivo despliegue. Por qué las fotovoltaicas desplazan poblaciones y acaparan cientos de hectáreas. Por qué los gigantes agroindustriales. Por qué las mega-presas: violentar las escalas nunca será solución.

Tanta consulta y “amplificación” se emprenden para sentir que gobiernan: la gesticulación tiene ese efecto en quien gesticula. La “amplificación” en teatro ocurre cuando quien pierde su diálogo interno no tiene otra que vociferar, y manotear, y aumentar el volumen del sonido y del cuerpo propio, para ser lo que no se es en las dimensiones normales.

La consulta “fue legítima”, se decreta. Ya qué más dice uno.

No hace falta más nada que la voluntad de no hacerle caso a la gente, de no obedecerle. Si los que saben son ellos “en su momento de mayor madurez”.

Vivimos un tiempo de comisarios. Varios funcionarios quieren ser uno de ellos, y en su lógica, todas las personas que ejercemos la crítica somos vistos como enemigos. “Le hacemos el juego a la derecha”. Ya lo decretaron. A los gritos nos increpan sus corifantes en los pasillos, en los encuentros y en las presentaciones.

Lo dijeron Víctor Toledo y Patricia Moguel en El Correo Ilustrado de La Jornada el 2 de diciembre de 2018 tras el discurso de AMLO en su toma de posesión: “sólo los resentidos, los depredadores, los parásitos, los pesimistas o los mezquinos, ignorando sus virtudes, habrán de negarle su apoyo y beneplácito”.

Rechazamos cualquier intento por silenciar el ejercicio de tanta crítica que es desde abajo y repudia a la derecha, que es consustancial a lo que se critica.

Alguna vez no hace mucho, un provocador entre el público de una presentación de mapas sobre la Península de Yucatán, comentó que si todos estábamos contra López Obrador, por qué no nos uníamos con la derecha y lo derrocábamos. La gente de las comunidades había detallado, junto con los geógrafos, todo lo que afectaría el Tren Maya. Y abrieron los ojos ante el dislate del provocador: y le contestó Ángel Sulub, del Centro Comunitario U Kuuchil K Chibalom de la antigua Chan Santa Cruz, hoy Carrillo Puerto: “aquí nadie estamos contra López Obrador y su gobierno, en sí mismo. Estamos contra un sistema. La derecha y ese gobierno comparten su sumisión al capitalismo y a las corporaciones que nos despojan y devastan la península para instalar sus proyectos. Contra eso es lo que estamos”.

Y diría que con la destrucción y fragmentación de organizaciones y ámbitos comunitarios, con el golpeteo contra todo colectivo, con el aplastamiento de proyectos culturales, educativos y de salud, en aras de la austeridad y otras falacias, el gobierno no mira que la derecha crece, palmo a palmo agazapada, y ya encarcela, desaparece o asesina cada vez que tiene oportunidad. Y espera el momento. ¿O será que este gobierno es ya esa derecha y ni cuenta se han dado sus cuadros medios?

Ojalá y que los comisarios terminen por saber que mucho de su función se fue en socavar a quienes pueden, todavía, salvar este país, con su lógica ancestral y contemporánea, con sus sabios y sabias que sí siguen y seguirán cuidando el país, con su vida si es preciso.