México: Samir Flores

Samir Flores Soberanes, el defensor del territorio y comunicador comunitario asesinado hace un año en su natal Amilcingo, Morelos, se ha convertido en el referente nacional de la lucha contra los megaproyectos que se imponen en territorios indígenas. El primer aniversario de su asesinato sirvió de contexto para la celebración de unas jornadas de tres días en las que se denunció la represión a los defensores del medio ambiente y a la autonomía de los pueblos originarios.



Los de abajo

Samir Flores

Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
 
Samir Flores Soberanes, el defensor del territorio y comunicador comunitario asesinado hace un año en su natal Amilcingo, Morelos, se ha convertido en el referente nacional de la lucha contra los megaproyectos que se imponen en territorios indígenas. El primer aniversario de su asesinato sirvió de contexto para la celebración de unas jornadas de tres días en las que se denunció la represión a los defensores del medio ambiente y a la autonomía de los pueblos originarios.

Con el hashtag #SamirSomosTodasyTodos se registraron 77 actividades en 21 estados de la República y en diversas ciudades de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Guatemala y Grecia.

El eco internacional que demanda justicia para el defensor nahua llegó hasta la oficina de Derechos Humanos de la ONU, que reconoció su invaluable labor en la defensa y promoción de los derechos de las comunidades indígenas, y llamó a las autoridades mexicanas a continuar con las investigaciones y dar con los responsables.

Es necesario que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad a otras personas defensoras de la región que han recibido amenazas y hostigamiento por su labor, así como intentos de criminalización, advirtió el organismo internacional.

Terminar con la impunidad es otra de las demandas del movimiento indígena, pues hasta el momento no hay un solo detenido por el asesinato de Flores Soberanes. Este gobierno tiene la oportunidad de resolver el primer asesinato político del sexenio, pero ni la Secretaría de Gobernación ni ninguna instancia federal se han acercado al problema, parece que no les importa, señala el abogado David Peña, quien representa a la familia de Samir.

El proceso se complica, advierte Peña, por el entramado de las relaciones locales y los grupos políticos que existen alrededor del PIM. La fiscalía no sabe cómo entrarle al caso por todos los grupos inmiscuidos, dice, y aunque el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) y la familia de Samir insisten en que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, el abogado indica que es la misma ineficacia en las dos fiscalías, pero el mapa de los actores locales lo tiene la fiscalía de Morelos, pero no ha demostrado capacidad y disposición.

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