El Ecuador enfrenta una coyuntura llena de urgencias fiscales y con un ambiente internacional muy complejo –incluyendo el efecto del coronavirus– que estrangula las cuentas externas. Sin embargo, tales urgencias solo manifiestan una crisis económica estructural, profunda y de larga duración.

Una crisis en donde se combinan la dependencia extractivista; la falta de transformación de la matriz productiva; los elevados niveles de concentración de mercados, finanzas y riqueza; la incapacidad de generación de empleo de calidad; el aumento del empleo inadecuado y la pobreza (con mayor énfasis en las zonas rurales y campesinas); una producción y una demanda interna estancadas por años; la existencia de problemas – quizá hasta monetarios – que han obligado a sostener la liquidez interna (en especial del sector fiscal) vía endeudamiento externo agresivo; y, por supuesto la falta de una política económica coherente e integral.

Esa crisis estructural, que se expresa por la enorme fragilidad del país ante shocks externos, empezó a ser más visible desde fines de 2014. Ahora esa crisis se vuelve cada vez más grave. Para el presente año 2020 el gobierno ecuatoriano estimó un precio de exportación del barril de crudo ecuatoriano de 51,30 dólares, con lo cual se esperaba obtener un ingreso al presupuesto de 3.261 millones de dólares. Sin embargo, con la abrupta caída del precio del petróleo vivida el 9 de marzo de 2020 (con un precio internacional del crudo que pasó de 45 a alrededor de 30 dólares por barril en apenas un día), el barril de crudo ecuatoriano pasó a cotizarse en alrededor de 20 a 22 dólares, prácticamente mermando los ingresos petroleros presupuestados para el año (más si se toma en cuenta que en varios campos petroleros, los costos de extracción superan ampliamente los 20 dólares por barril).

Para colmo, la coyuntura internacional coincide con un momento en el cual al país se le ha vuelto extremadamente cara la colocación de más deuda externa, con un índice de riesgo país cercano a los 2 mil puntos (implicando que, en promedio, la deuda ecuatoriana se cotiza con una tasa de interés 20 puntos mayor a los bonos de tesoro de los Estados Unidos). Si bien este indicador es más que cuestionable, en especial por su carácter especulativo, es innegable que es una muestra de cuán frágil se ha vuelto la capacidad del Ecuador de acceder a los mercados financieros para obtener más deuda.

Ante una crisis estructural tan compleja y con coyunturas mortales rondando en el aire, es urgente proponer medidas de corto plazo coherentes que se combinen con un enfoque integral de largo plazo. Las urgencias fiscales no pueden primar por sobre otras urgencias que también deben atenderse para evitar que la economía del país pase del estancamiento a un colapso con resultados -y plazos- inciertos.

Como muestra de que las medidas fiscalistas y los típicos programas de austeridad no son ni económica ni políticamente viables, se tiene a las medidas recesivas que el gobierno ecuatoriano ha intentado imponer en especial desde 2019 con la presión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); acuerdo que, por cierto, hace aguas a medida que el propio FMI ha retrasado desembolsos originalmente programados para marzo de 2020. Entre esas presiones a aplicar un programa prácticamente inviable, y el estancamiento económico de años, el mayor resultado es claramente visible: una frustración y desesperanza crecientes, sobre todo en sectores populares cada vez más abandonados en medio de la incertidumbre…

Tanto la experiencia histórica como las condiciones concretas de la economía ecuatoriana llaman a romper con la repetición de las viejas recetas de ajuste: recetas que son exigidas por grandes grupos de poder, en especial económico y político, que buscan aprovechar del momento para exigir mayores flexibilizaciones laborales y ambientales a pretexto de mejorar la “competitividad” del aparato productivo. Apelar a las flexibilizaciones en tiempos de incertidumbre, con una estructura económica altamente informal, en donde los sectores que conectan al Ecuador con el resto del mundo funcionan principalmente bajo lógicas de enclave y con muy baja generación de encadenamientos productivos y de empleo de calidad, casi parece equivalente a dar un salto al vacío (y en donde quienes más riqueza han concentrado sobrevivirán a costa del resto de la sociedad).

Los ajustes que apelan a una creciente liberalización y flexibilización con seguridad ahondarán aún más el estancamiento, con efectos cada vez más complejos e inciertos en términos económicos, sociales y también políticos. ¿Qué garantía existe de que la flexibilización laboral (más de la que ya se ha aplicado en tiempos correístas y morenistas), aumente y mejore las condiciones de empleo?, ¿acaso empresas pequeñas y medianas que agrupan a más del 70% de trabajadores podrán ampliar el empleo en medio de una demanda interna estancada?, ¿cómo pueden estos sectores financiar sus posibilidades de ampliar el empleo cuando instrumentos clave como el crédito se encuentran concentrados en muy pocos oligopolios financieros?

Es innegable que el Ecuador requiere de un ajuste económico urgente. El problema es que ese ajuste no se lo quiere aplicar a los poseedores del poder económico (y político), sino a sectores populares y de clase media. En definitiva, la propia decisión de cómo ajustar no es un mero problema económico y técnico; es, ante todo, una cuestión política. Existen grupos que lucraron y siguen lucrando aún en medio de la crisis estructural que vive el país. Por un mínimo de sensatez, son esos sectores (incluyendo tanto a grandes capitales como a burocracias doradas) los primeros que deberían pagar los costos de un ajuste para enfrentar la crisis, más aún en medio de las coyunturas mortales que se avecinan.

Dada esta urgencia de aplicar un ajuste urgente con capacidad incluso de reactivar el aparato productivo, aquí proponemos algunas ideas fuerza para la discusión.

Política fiscal integral, eficiente y equitativa

Por un lado, la política fiscal debe asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado, y por otro, debe basarse en un esquema tributario equitativo: el que más gana y el que más tiene debe contribuir más, de manera no solo proporcional, sino progresiva. Bajo esta lógica, proponemos para la discusión algunos puntos.

Primero: Instrumentación de los ajustes tributarios planteados en la propuesta económica presentada por el Parlamento de los Pueblos a fines de 2019. En especial:

• Incrementar al 4% la meta de recaudación de impuesto a la renta a los 270 grupos económicos más ricos del país. Con ese incremento, se podría recaudar 1.223 millones de dólares adicionales por impuesto a la renta.
• Imponer un impuesto o una contribución de 1% sobre los activos de los 270 grupos económicos, que permitiría obtener 1.157,2 millones de dólares.

Adicionalmente cabría introducir:

• Un impuesto especial a ganancias extraordinarias, aplicable a empresas que sobrepasen, por ejemplo, el 20% de utilidades sobre el patrimonio; hay empresas como las telefónicas con utilidades anuales sobre patrimonio neto de más del 90%.
• Renegociar los contratos existentes en la concesión de petroleras, asegurando una rentabilidad mínima permanente para el Estado.
• Incremento progresivo del impuesto a la renta para quienes ganan más que el presidente de la República.

Segundo: Proponemos implementar nuevas formas de pago a todos los servidores públicos (incluyendo burocracia, salud, educación, policía y fuerzas armadas) con salarios que superen los 1.500 dólares mensuales (en realidad debería ser de 1.200 dólares, monto promedio aproximado que se obtiene cuando se toma el PIB ecuatoriano, se lo mensualiza y se lo divide para la población trabajadora). Todos los sueldos que superen al mencionado nivel deberían pagarse en dos partes: los 1.500 dólares con dinero convencional, y el resto a través de bonos u otros mecanismos de pago -pudiendo incluirse al propio dinero electrónico- que no puedan ser inmediatamente canjeables por dólares ni que puedan usarse para transacciones en el exterior, que servirían para disminuir la necesidad de dólares por parte del Estado y para ampliar la capacidad de compra tan restringida por la propia crisis.

Tercero: El impuesto a la salida de divisas no debe eliminarse, sino racionalizarse. Ese impuesto debe aumentar para la importación de bienes de consumo suntuario y de lujo; mientras se reduce solo en la importación de insumos para la producción.

Cuarto: Revisar el subsidio a los combustibles con criterios fiscales, productivos, sociales y ambientales, creando subsidios para el transporte masivo de personas y de carga.

Quinto: Rechazar todo intento de privatización de las empresas y activos estatales, pero tampoco tolerar la ineficiencia y falta de transparencia en su gestión.

Sexto: Racionalizar el gasto público dentro del presupuesto militar y policial, lo que demanda una moratoria en la compra de armamento.

Séptimo: Es urgente replantear y transparentar el manejo de los recursos adquiridos por endeudamiento público. Es urgente liberar el crudo atado a las preventas petroleras pactadas desde el gobierno anterior.

Políticas financieras de apoyo al empleo adecuado y de fortalecimiento monetario

Urge plantear medidas para generar empleo adecuado y mejorar ingresos, capacidad de consumo y en general la calidad de vida de una población que se está quedando sin futuro. Población y sectores populares no merecen que se les cargue de forma injusta un ajuste económico. En este punto hay que buscar reducir los costos elevados para la producción que provocan las altas tasas de interés, en particular. Aquí el dinero electrónico y otras formas de pago pueden usarse, aclarando que su uso puede ser una posible tabla de salvación de la dolarización y herramienta para oxigenar la economía en este crítico momento. Todo, evidentemente, siempre que se aplique con sensatez y con los respectivos controles, y recordando que sostener la dolarización no puede ser el fin último de una economía que, en realidad, debería servir al bienestar de su población.

Primero: Desde la banca pública (con activa participación del Banco del Pacífico y del Banco del IESS) se debe romper el oligopolio bancario privado para fomentar masivamente el crédito productivo para empresas medianas, pequeñas y micro, cooperativas y asociaciones, sector informal, priorizando a campesinos y demás sectores rurales, el turismo comunitario y el sector artesanal.

Segundo: Otorgar créditos y microcréditos pre aprobados incluso usando dinero electrónico para facilitar el acceso a sectores actualmente no bancarizados (aquí se podría aprovechar la banca pública y el Banco del Pacífico, del cual rechazamos su venta).

Tercero: Brindar mayor apoyo a cooperativas, cajas de ahorro, y otras alternativas de financiamiento, a fin de completar el trabajo de la banca pública en la entrega de créditos comunitarios, créditos asociativos, con tasas de interés más bajas que la banca privada.

Cuarto: Eliminar todos los beneficios injustificados de la banca, como las comisiones por servicios bancarios.

Quinto: Impulsar masivamente el uso de dinero electrónico en la venta de combustibles y el pago de servicios básicos (y más adelante de impuestos). Para ello, y para el pago de salarios, es necesario que el dinero electrónico vuelva a manos del Estado y sea manejado de manera sensata a través de mecanismos y entes de control descentralizados.

Sexto: Romper las estructuras oligopólicas presentes en muchos mercados es una tarea urgente para permitir la inserción de empresas medianas y pequeñas, así como otras formas de organizar las actividades económicas en mejores condiciones en la economía nacional.

Políticas productivas y comerciales coyunturales y estructurales

Para transformar de raíz la economía nacional es necesario replantear las estructuras productivas y comerciales del país. Tal transformación puede tener como base, los siguientes puntos mínimos.

Primero: Brindar seguimiento, asistencia técnica y apoyo permanente a emprendimientos micro, pequeños y medianos, cooperativos y asociativos, en especial aquellos financiados desde la banca pública y ubicados en sectores rurales, campesinos e informales.

Segundo: Eliminar la tramitología innecesaria para desarrollar actividades económicas, así como brindar acceso preferencial a permisos (p.ej. exportación), licencias y demás a medianas, pequeñas y microempresas, cooperativas y asociaciones de producción y consumo.

Tercero: Transformar el bono de desarrollo humano en un bono productivo y comunitario, de mayor monto y atado al incentivo de que, quien lo recibe, emprenda en actividades productivas; dicho bono se debería aumentar en el caso de compra de productos alimenticios de campesinos y pescadores artesanales. Nuevamente el dinero electrónico y otros mecanismos de pago podrían usarse para financiar esos incrementos.

Cuarto: Crear centros de acopio populares y de políticas de sustentación de precios que garanticen a los campesinos y ganaderos un precio adecuado a sus productos, liberándoles de tanta intermediación y sobre todo de la especulación.

Quinto: Redireccionar las compras públicas para ampliar los mercados sobre todo de la economía popular, comunitaria y solidaria priorizando la adquisición de sus productos. A su vez, lo programas de desayuno y almuerzo escolares deben cubrirse por productos de campesinos y pescadores artesanales de cada cantón, con la participación de padres y madres de familia, maestros y maestras, y el apoyo de los gobiernos locales.

Sexto: Empezar a planear propuestas desconcentración de los mercados y la riqueza en el mediano y largo plazo, incluyendo medidas anti-oligopolio, reforma agraria, medidas que rompan la concentración financiera y similares.

Todos los puntos que apenas enunciamos deben estar en sintonía con políticas económicas que permitan transitar hacia una economía que se libere de las ataduras primario-exportadoras y de la fragilidad mortal del país ante shocks externos. Por ello, también anotamos como urgente la consolidación de un espacio democrático de discusión de la política económica del país encaminado, incluso, a recuperar la planificación de mediano y largo plazo. Sin un espacio de ese carácter, que permita la participación activa de amplios segmentos de la población en la construcción de alternativas, la política económica se seguirá discutiendo únicamente desde los escritorios y en beneficio de un puñado de grupos de poder. O democratizamos la economía ahora y cargamos el ajuste a quienes realmente lo deben – y pueden – pagar, o nos preparamos para que los sectores populares vuelvan a pagar una crisis sobre la cual jamás tuvieron oportunidad de decidir.-

Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro: Economistas ecuatorianos.