EL REFERENTE ICÓNICO DE LAS MARCHAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

La lucha y la resistencia que han emprendido los pueblos indígenas tiene un carácter ancestral e histórico, cuya magnitud y transcendencia no sería posible sintetizarla en un ensayo como el presente. Por ese motivo me remitiré únicamente a la historia reciente de Bolivia.

En ese marco, desde que el año 1990 se iniciara la Primera Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas por el Territorio y la Dignidad, ya han pasado prácticamente 3 décadas de un incesante proceso de reivindicación y conquista de derechos que, a partir de semejante hito, nunca ha dejado de estar desvinculada de su relación con la naturaleza.

Y es que se trate de sus derechos al territorio, la autonomía, la autodeterminación, a la consulta, o inclusive a la identidad y la dignidad, o el reconocimiento a sus sistemas políticos, jurídicos y económicos (para mencionar solo algunos); indudablemente ellos mantienen una directa e indisoluble relación con la naturaleza, entendida como la Madre Tierra. Y ello es así, no tanto porque una importante proporción de su población sea rural (porque también hay comunidades e identidades indígenas en el área urbana), sino porque su principal referente identitario está asociado a su territorio y a la relación que establecen con la naturaleza.

No se puede olvidar por ejemplo (entre los más destacables e históricos hitos de su lucha), que fueron precisamente los pueblos indígenas que con la IV Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales del año 2002 lograron, primero, agendar nada menos que la necesidad de efectuar una Asamblea Constituyente y, posteriormente, alcanzar su efectivo establecimiento. Con ello, no solo se dio un gran paso en la inclusión y reconocimiento más avanzado de los derechos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia constitucional y nacional, sino que se abrió las puertas a una efectiva transformación del antiguo Estado colonial, republicano y liberal que había persistido.

Sin embargo, ese largo proceso de luchas y marchas que siempre marcaron trascendentales referentes históricos de conquista de sus derechos colectivos frente al Estado y los diversos gobiernos que se han sucedido desde entonces, no siempre fue un proceso de avance (como puede ser comprendida aquella primera fase hasta la sexta marcha del año 2007); sino también de resistencia y defensa, frente a la intencionalidad y la amenaza de adoptar medidas que significaban un retroceso y la conculcación de derechos ya reconocidos y conquistados hasta ese momento.

Debe tomarse en cuenta que aun siendo verdad que al Estado siempre le cuesta y se resiste a reconocer y adoptar medidas que favorezcan y amplíen los derechos humanos en general (y más aún los derechos de los pueblos indígenas); sin embargo, hay una diferencia sustancial cuando el Estado es francamente opuesto y hasta adopta iniciativas para restringirlos y conculcarlos abiertamente. En un caso, los gobiernos eran esquivos y reticentes a permitir el avance de los derechos, y en el otro fue francamente atentatorio contra ellos.

En el caso de la historia reciente de Bolivia de los últimos 30 años, esa también es su terrible ironía. Sucede que es en el periodo conservador y reaccionario de gobiernos neoliberales cuando se producen los más importantes y fundamentales avances de los derechos de los pueblos indígenas, para pasar a un segundo periodo (a partir del establecimiento de la Asamblea Constituyente que es paralela a la realización de la VI Marcha del año 2007), que se inicia un periodo de franco ataque, conculcación y desmontaje de derechos ya reconocidos que los pueblos indígenas tuvieron que enfrentar.

Con la VI Marcha se consolida el Pacto de Unidad entre los pueblos indígenas de tierras bajas y altas (misma que tendrá un alto valor estratégico por su incidencia en el contenido y orientación de los temas que fueron incorporados posteriormente en la nueva Constitución Política del Estado), y es el momento donde se efectúa la aprobación de la ley de reconversión comunitaria de la reforma agraria, que perfeccionaba la ley INRA y buscaba evitar la concentración de tierras en manos empresariales y latifundistas.

Como prueba de la paradoja señalada, debe recordarse que a partir la VII Marcha de 2010 (misma que se produce ante la resistencia gubernamental por aprobar y reconocer las competencias exclusivas de las autonomías indígenas), y posteriormente la VIII Marcha de 2011 por el TIPNIS (cuando el mismo gobierno no solo la reprime violentamente, sino que se predispone a aprobar la construcción de una carretera por medio del Parque Nacional y Territorio Indígena), son las que marcan el hito de un franco periodo regresivo, que también supondrá un rotundo mentíz y la evidenciación de la impostura indigenista del gobierno de Evo Morales.

A partir de allí, también se destaca un fenómeno no menos importante. A la reprochable intencionalidad por revertir y hacer retroceder los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución y la normativa internacional; se adjunta un sistemático asedio extractivista y desarrollista contra los derechos colectivos, ambientales, los territorios y la propia naturaleza que forman parte esencial de la vida, la cultura y la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Solo para ejemplificar tan tremenda ofensiva atentatoria, baste mencionar la aprobación de normas como la del perdonazo de los chaqueos y quemas ilegales de grandes extensiones de bosques y biodiversidad; la flexibilización de la función económico social (FES), con tal de facilitar la ampliación de la frontera agrícola y el monocultivo extensivo con transgénicos y agrotóxicos en grandes extensiones de tierra; la aprobación de la nueva ley minera que es extremadamente liberal y enajenadora de los recursos nacionales que el antiguo Código Minero; la apertura y ampliación de los territorios indígenas y áreas protegidas a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos; la otorgación indiscriminada de concesiones mineras inclusive en zonas glaciares de alto valor hídrico y de provisión de agua a la población (la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país y el principal proveedor de los medios de vida para la población circundante, no es un hecho fortuito que también ha puesto en riesgo de extinción de la cultura y los pueblos Uru Chipayas); la proliferación de megaproyectos extractivistas que atentan y ponen en riesgo de destrucción el patrimonio natural, ecológico y ambiental de grandes extensiones territoriales, como es el caso de Tariquía, Rositas, Bala Chepete, TIPNIS, etc.; la aprobación de aquel paquete de medidas conocidas como ecocidas y que propiciaron el desastre de la Chiquitanía (cerca de 4 millones de has. de bosque y biodiversidad quemada en 3 meses), hasta la reciente aprobación y cambio del Plan de Uso de Suelos (PLUS), del departamento del Beni, que provocando un cambio en el uso de la tierra para promover la expansión agroindustrial, terminará dando lugar al mismo tipo de desastres que los ocurridos con la Chiquitanía… no son meros asuntos aislados, excepcionales o irrelevantes, sino todo lo contrario, porque entrañan la adopción y puesta en práctica de un modelo etno-ecocida de destrucción, enajenación, pérdida de soberanía, extractivismo salvaje y desarrollismo colonial que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y la propia vida (nacional y tal como la conocemos integralmente).

INCIDENCIA DEL EXTRACTIVISMO Y EL DESARROLLISMO SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS.

La constitucionalización de una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial sobre los derechos de los pueblos indígenas en el año 2009 1/, conseguida tras un largo proceso de lucha y conquistas sucesivas; lamentablemente fue seguida inmediatamente por un sistemático proceso de reversión y retroceso de los mismos, ante la imposición del modelo económico desarrollista y salvajemente extractivista que caracterizó a los subsiguientes periodos de gobierno de Evo Morales hasta el año 2019.

A las graves consecuencias de contaminación de la atmósfera, la tierra, los ríos y las fuentes de agua, la pérdida y enajenación de recursos naturales, la destrucción y quema de grandes extensiones de bosques y biodiversidad, el favorecimiento preferencial e insospechado a los intereses corporativos transnacionales y a las antiguas y nuevas castas dominantes, la ampliación irracional de la frontera agrícola con la introducción de agrotóxicos y transgénicos tan peligrosos para la vida, o inclusive el tráfico de tierras, el avasallamiento y los asentamientos ilegales que propiciaron la destrucción y quema de áreas protegidas, reservas ecológicas y territorios indígenas; aquella serie de medidas, megaproyectos e iniciativas impulsadas al amparo del nuevo modelo económico, también siguieron similares consecuencias en los derechos de los pueblos indígenas.

Por eso es que derechos indígenas como a la consulta y participación, la autonomía, la libre determinación, al territorio, a la titulación colectiva de sus tierras y territorios, a vivir en un ambiente sano y proteger sus lugares sagrados, al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos. o la gestión territorial autónoma; dejaron de ser un tácito reconocimiento y garantía de ejercicio que se había constitucionalizado, para convertirse en un largo inventario de constantes violaciones promovidas nada menos que por un gobierno identificado como indígena.

Por ejemplo, es el caso de la aprobación de la ley de deslinde jurisdiccional, que en contrario de reconocer y respetar un sistema autónomo de justicia comunitaria según se establece constitucionalmente, se prefirió subordinar y constreñirla respecto de la justicia ordinaria de carácter occidental y republicano.

En lo que corresponde a los derechos territoriales y la titulación colectiva, aquel largo vía crucis que ya supuso el proceso de saneamiento durante varias décadas, se sumó otra aberrante imposición de requisitos y condiciones (inclusive inconstitucionales como es el caso del certificado de ancestralidad, o la exigencia de personerías jurídicas como requisito para dar curso a los procesos de saneamiento y titulación), que convirtieron la autonomía indígena en una aspiración prácticamente inalcanzable. Y en aquellos únicos 3 casos excepcionales vigentes (de más de una docena que se presentaron) y que finalmente lograron superar la serie de obstáculos (incluidos por ejemplo la realización de 2 referéndums para aprobar y dar curso a la autonomía); también se ven coartados de ejercerla y aplicarla plenamente de acuerdo a sus usos y costumbres, porque sencillamente la burocracia y el aparato público desconoce y es total ignorante de lo que significa plurinacionalidad, interculturalidad y autonomía indígena. En vista de ello, el aparato público no encuentra mejor salida que aferrarse a una normativa de orden colonial desfasado e inaplicable al nuevo contexto plurinacional de la nación (ley Safco), con lo cual se anula toda posibilidad de efectivizar la autonomía, la autodeterminación y la gestión autónoma y territorial, que son derechos reconocidos constitucional y normativamente para los pueblos indígenas.

No es menos importante, la abierta y completa discrecionalidad que el gobierno ha otorgado a diferentes entidades públicas (especialmente vinculadas al medio ambiente y la explotación minera e hidrocarburífera), para que ellas definan e impongan procedimientos y reglas a medida de los intereses de explotación de los recursos naturales, mismas que distorsionan completamente el derecho de consulta de los pueblos indígenas, convirtiéndolo en mero asunto de trámite y plazos burocráticos que desbaratan toda posibilidad de cumplimiento, aplicación y ejercicio del derecho de consulta.

El agravante no se limita a la sistemática conculcación y violación de derechos, sino que inclusive ha supuesto violentas represiones como las del TIPNIS en Chaparina, Takovo Mora contra comunidades guaraníes, o Tariquía contra el rechazo a la imposición de actividades hidrocarburíferas. En todos los casos, el uso violento de las fuerzas militares y policiales represivas, estuvo asociado al derecho a la consulta y el completo rechazo del gobierno para efectivizar su cumplimiento y acatar las disposiciones vigentes.

Tomando en cuenta el recuento efectuado hasta ahora, se puede evidenciar que producto de la aplicación del modelo económico extractivista y desarrollista impulsado por el gobierno de Evo Morales a partir de su segunda gestión gubernamental que coincide con la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009; efectivamente se ha producido también un cambio de curso en la orientación y forma de abordaje de las luchas de los pueblos indígenas en el país. Se transita de un periodo propositivo y de avance de conquistas, a una fase de resistencia y defensa de los derechos reconocidos.

Ahora bien, al mismo tiempo que el Estado y el gobierno que lo representa deciden aplicar y poner en marcha un conjunto de medidas y disposiciones francamente atentatorias contra los derechos de los pueblos indígenas; también se produce la expansión del modelo desarrollista y extractivista, que provoca una presión cada vez más fuerte sobre la naturaleza, los recursos naturales y el patrimonio natural del país. Es decir, se trata de un conjunto de factores articulados que dan lugar al surgimiento de diversos desafíos y dilemas.

DILEMAS EMERGENTES DE LA EXPANSIÓN EXTRACTIVISTA Y DESARROLLISTA.

El fenómeno extractivista y desarrollista que se ha instalado en Bolivia (como en la generalidad de los países de Latinoamérica), sucede a aquel largo periodo neoliberal de privatizaciones y reformas estructurales que nuevamente tienden a retornar, precisamente resucitados por la traición y la impostura de gobiernos progresistas y populistas como el de Evo Morales, que en vez de atender y cumplir el mandato constitucional y popular que recibieron, prefirieron desperdiciar la larga oportunidad disponible y despilfarrar los ingentes recursos económicos obtenidos por la aplicación de ese modelo destructivo, cuyos efectos hemos revisado más arriba.

No es posible olvidar por ejemplo aquellas sentencias tan elocuentes que el ex vicepresidente Alvaro García Linera sostenía para fundamentar la necesidad de aplicar el modelo extractivista que tanta destrucción y desastres ya ha provocado. El señalaba que “las áreas protegidas y los territorios indígenas son un invento del imperio” para convertir a los pueblos en “guarda parques” y “guarda bosques” de sus intereses sobre recursos naturales que no disponen. Es decir, que la “profundización del proceso de cambio” que ofrecen como parte de su agenda 2020-2025, significa ahondar y extender por más tiempo la destrucción de la naturaleza, la conculcación de los derechos indígenas y el extractivismo salvaje de los recursos naturales.

En la otra acera, la de la oposición electoral y política que se enfrenta al MAS, también se ha señalado claramente (solo con diferencias de matiz y forma), que su propósito está dirigido a “desmontar y dejar sin efecto todas las políticas masistas impuestas por sus dos tercios en la Asamblea Legislativa y la cooptación de los 4 poderes”. Y con ese argumento, restaurar al Estado republicano y colonial, en sustitución del Estado Plurinacional establecido en la Constitución.

Por tanto, sea como resultado de la restauración neoliberal que ya se ha producido en países como Brasil, Chile o Uruguay; o ya sea por la reedición del régimen progresista y populista fugado, parece claro que el modelo desarrollista y extractivista de carácter regresivo se extenderá por más tiempo, provocando mayores y cada vez más fuertes presiones sobre la naturaleza, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas.

Esta nueva (pero claramente repetida) coyuntura de predominio extractivista y destructivo de la naturaleza, contrae también dilemas que ya se encuentran instalados en la preocupación colectiva.
Para ir directo al punto y evitar innecesarias reflexiones que podrían distraer y enredar el razonamiento, los dilemas son planteados como preguntas.

• Ante la presión constante del desarrollismo y el extractivismo, ¿cuál es el futuro y el mejor destino para los pueblos indígenas?.
• ¿La adopción del “desarrollo” y/o el extractivismo como parte de su vida, cultura y prácticas, es una situación inevitable, obligatoria e insoslayable?.
• ¿Cuál ha sido el curso y el destino de los pueblos indígenas que decidieron incorporar el desarrollo como parte de su vida?.
• ¿Cuánto “desarrollo” y/o extractivismo están dispuestos a incorporar a su cultura sin destruirla?
• ¿Cuánta identidad, prácticas y cosmovisión están dispuestos a perder, antes de terminar completamente absorbidos por el sistema y, por tanto, decretar su desaparición y etnocidio?.

La respuesta a los dilemas planteados no es un asunto que pueda ser resuelto de manera general, porque cuando se plantea a la luz de cada contexto nacional y lo que ocurre concretamente en la realidad y la vida de cada comunidad y pueblo indígena, entonces adquiere connotaciones propias y diferentes, que también están relacionadas con la diversidad de culturas y cosmovisiones.

Por ejemplo, al analizar las preocupaciones concretas y cotidianas que tienen las comunidades y pueblos indígenas, se puede advertir que ellos asignan diferentes y diversos grados de prioridad a temas como: la necesidad de garantizar la reproducción material de la vida; conseguir medios económicos que permitan solventar otras necesidades; ejercer mejor la autonomía indígena, consolidar sus derechos políticos; acceder a diverso tipo de servicios e inclusive los beneficios del progreso; controlar efectivamente sus territorios; ejercer mejor su autodeterminación; o minimizar los impactos negativos de iniciativas y proyectos emprendidos, etc.

Por eso a la luz de todos estos problemas que surgen como resultado de la inevitable interacción con el entorno y el sistema imperante, no puede abstraerse el hecho final y determinante que consiste en el enfrentamiento de dos paradigmas y cosmovisiones diferentes y opuestas, que NO son complementarias, ni compatibles, porque implican dos formas diferentes de relacionamiento con la naturaleza, la vida y entre los hombres. Se trata de la cosmovisión indígena de relacionamiento armonioso con la naturaleza, y el sistema capitalista en el que impera un relacionamiento destructivo, extractivista y de explotación de la naturaleza, sus recursos y la propia vida.
De la forma como se resuelva esta contradicción, no está en juego únicamente la resolución del dilema, sino el futuro y la capacidad de sobrevivencia global.

(*) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Marzo 13 de 2020.

1/ La nueva Constitución Política del Estado fue aprobada vía referéndum nacional en febrero de 2009. Sin embargo, hay que anotar que tan importante conquista estuvo marcada también por un antecedente primigenio de lo que a la postre se convirtió en uno de los mecanismos más recurrentes para reformar el contenido y los alcances de la misma Constitución, así como para revertir y hacer retroceder los derechos de los pueblos indígenas (y otros aspectos de la configuración del nuevo Estado Plurinacional). Sucede que entre fines del año 2007 (cuando se aprueba el texto constitucional en Asamblea Constituyente) y el mes de febrero de 2009, el Congreso Legislativo se arrogó la competencia totalmente al margen de sus atribuciones, que consistía en transar, cambiar e introducir modificaciones al texto y contenido de la Constitución que emergió de Asamblea Constituyente. Con ello, no solo se traiciona el espíritu y proyección histórica de la voluntad constituyente, sino que se marca el inicio de un sistemático proceso de retroceso y escamoteo de los derechos humanos en general, y especialmente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, cuya práctica fue una constante en los subsiguientes años.