Desde diversos ámbitos en el mundo se ha demostrado con suficientes argumentos científicos que el problema global del coronavirus (Covid-19) no es casual. Esta epidemia ha mostrado la perversidad del capitalismo y del neoliberalismo que ha convertido la salud en mercancía y negocio y ha destruido los sistemas de salud públicos. La situación se agudiza porque confluye con una crisis de recesión económica que ya anunciaba desde hace varios meses atrás, y que hoy ha estallado por el frenazo de la producción y el comercio mundial.

Hoy el desafío implica luchar para que la pandemia coronavirus no justifique otro golpe a las condiciones de vida de los más pobres. La opción más democrática y humanitaria exige un golpe de timón que nos aleje de las turbulentas aguas del capitalismo y profundizar las grietas abiertas hacia nuevas formas de convivencia humana y con la naturaleza.

En el caso concreto de Ecuador, eso significa atender en primer lugar las demandas sanitarias y las necesidades básicas de la población marginada, al mismo tiempo que impedimos la profundización del modelo neoliberal.

Las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno, siendo entendibles desde una visión técnica, reflejan un privilegio de clase. El aislamiento extremo por la cuarentena tiene un impacto brutal en los sectores más pobres, que viven en condiciones precarias, en hacinamiento, sin acceso a los sistemas de salud y sin un trabajo estable que les permita subsistir decentemente. Muchas familias ya padecen hambre y no solo problemas sanitarios. Son las mujeres y las personas de la tercera edad de los sectores populares quienes más sufren las consecuencias de la crisis sanitaria. El aislamiento es insuficiente si no se combina con pruebas masivas del COVID19, para controlar la propagación del contagio.

Estamos claros que las alternativas debemos crearlas desde abajo, desde afuera y a nivel mundial. Empero el Estado tiene obligaciones urgentes. Por lo tanto, exigimos:

1. Que el gobierno atienda de manera inmediata la situación socioeconómica y sanitaria de los más vulnerables, especialmente los trabajadores y las trabajadoras informales que apenas sobreviven con lo que ganan día a día. En el Ecuador hay más de 60% de personas sin empleo adecuado; la mayor parte no está en condiciones de poner en práctica las medidas impuestas.

2. Abastecer de alimentos a las familias de los grupos más desprotegidos; caso contrario, la cuarentena y la restricción a la movilidad serán un fracaso. Esta medida puede combinar el incremento del bono de desarrollo humano para compras de artículos de primera necesidad con la entrega de una canasta básica a todas las familias que sufren directamente el impacto de la emergencia. Un caso emblemático

es la situación de las comunidades indígenas inundadas por la creciente del Río Bobonaza. Utilizando su capacidad logística, brigadas de militares deben distribuir dicha canasta, procurando recuperar la producción de los campesinos y las campesinas que no pueden salir a los mercados porque no hay transporte. La gente que no muere del virus morirá de hambre.

3. Destinar recursos para fortalecer el sistema de salud, incrementar los ingresos del personal médico, adquirir insumos hospitalarios, contratar personal médico y paramédico necesario, atender a los médicos, enfermeras y personal sanitario que están en la primera fila del combate a la epidemia, dotándoles de implementos de bioseguridad, transporte, alimentación, y, sobre todo, poner a los servicios de salud privados al servicio de la salud pública.

4. Crear un sistema de apoyo urgente en salud y alimentación a las personas más vulnerables, especialmente a personas de la tercera edad y a las mujeres que cuidan de los demás y que en muchísimos casos son jefas de hogar.

5. Mantener las instancias de denuncia de los casos de violencia contra las mujeres que probablemente se incrementen porque contra ellas se volcará el malestar familiar.

6. Revertir la política económica de ajuste fondomonetarista. Quien más gana tiene que contribuir más. Proponemos una contribución inmediata de 1% sobre el activo de los 270 grupos empresariales más grandes del país, lo que permitiría obtener inmediatamente 1.200 millones de dólares para financiar la emergencia. Disponer que el 50% de las utilidades que deben cobrar en abril se destine a la creación de un fondo extraordinario para enfrentar la emergencia. Parar el intento de los beneficiarios de la crisis de aprovechar la emergencia para subir el precio de los combustibles.

7. Que el sistema financiero –bancos, financiaras, tarjetas de crédito– asuma su responsabilidad. La oferta de dar un trato preferente a microcréditos, pequeñas empresas y consumo es insuficiente. Se requiere una moratoria crediticia general, de tal suerte que las poblaciones altamente endeudadas y con muy frágil capacidad de pago puedan aliviar esa carga. Dicha moratoria en ningún caso debe implicar multas, recargos u otro tipo de penalización. Es indispensable suspender los créditos de la deuda pública y privada de préstamos menores de 100 mil dólares.

8. Dar marcha atrás inmediatamente todos los perversos intentos de grupos mineros que, aprovechándose de la emergencia sanitaria, pretenden invadir territorios que hasta ahora han sido defendidos por las comunidades, que ahora están impedidas de hacerlo por la cuarentena, como sucede en el noroccidente del Distrito Metropolitano.

Finalmente, llamamos a construir un acuerdo democrático para enfrentar la crisis. Tenemos que fortalecer las capacidades y las respuestas colectivas. Es indispensable rehacer el tejido comunitario, reconstruir la trama social para que los

mecanismos de solidaridad popular se pongan en movimiento. Así lograremos que los sectores más vulnerables tengan la ayuda necesaria para enfrentar la crisis y asuman ellos en sus manos la construcción de una sociedad sustentada en la igualdad y la solidaridad.

Hoy, a pesar de la catástrofe sanitaria que afronta el planeta entero, tenemos la gran oportunidad de cambiar de rumbo: No más extractivismo, no más neoliberalismo. Es el tiempo de la fraternidad universal y caminar hacia un modo de vida en armonía con la naturaleza.

Comisión de Vivencia Fe y Política. COVIFEP.

Responsables: Pablo Ospina y Xavier Guachamin.

Comuna.

Responsable Natalia Sierra.

Movimiento Revolucionario de los Trabajadores.

Responsable Fernando López

Montecristi Vive.

Responsable Juan Cuvi.

Acción Jurídica Popular

Responsable: Angélica Porras