El año pasado el continente ardía. Los movimientos de resistencia tomaban las calles mostrando su hartazgo frente a los impactos de políticas depredadoras y Gobiernos que hacían caso omiso a las demandas de cambio por parte de la población. En países como Bolivia, Ecuador, Colombia o incluso Chile, que se proyectaba al mundo como ejemplo de estabilidad económica, la indignación llevó a la mayoría de la población a salir a protestar. En esos días la respuesta de los Gobiernos fue implacable. Se decretaron toques de queda que pusieron a los militares y sus tanques reprimiendo junto a las demás fuerzas de seguridad. El resultado: centenares de muertos y algunas promesas de cambio frente a los reclamos. 

El año 2019 terminó viendo extinguirse en el mapa los focos de protesta con la incógnita de lo que depararía 2020. Lo que seguro nadie previó fue un escenario de pandemia mundial, que pondría a los manifestantes en cuarentena, con los cuerpos de seguridad otra vez en las calles, ahora controlando el cumplimiento de las medidas de aislamiento social. 

América Latina atraviesa procesos de militarización con las fuerzas armadas desempeñando tareas en el área de la seguridad pública bajo la idea de “nuevas amenazas”, como la lucha contra las redes de crimen organizado

 

Desde hace años, América Latina atraviesa procesos de militarización con las fuerzas armadas desempeñando tareas en el área de la seguridad pública bajo la idea de “nuevas amenazas”, como la lucha contra las redes de crimen organizado. Según señala Lucía Dammert, socióloga chilena especializada en seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina, el cambio se explica porque “ha bajado sustancialmente la hipótesis de conflicto en la región. Sin embargo, el presupuesto de los militares se mantiene bastante alto en la mayoría de los países”. 

Los militares también pasaron a integrar las misiones de paz de Naciones Unidas y a brindar apoyo frente a situaciones de catástrofes o desastres naturales. La crisis del coronavirus se enmarca en ese contexto, mostrando la dificultad de incorporar cuerpos entrenados para actuar en campos de batalla a realidades que necesitan un perfil humanitario. Para Dammert, no solo hay que revisar los recursos que se destinan al área de Defensa, teniendo en cuenta que se le quitan a otras áreas estratégicas, sino también el tipo de formación que reciben estas fuerzas para que su participación “no sea en desmedro de los procesos democráticos”.

El estado de pánico le dio carta blanca a los Estados para implementar tecnologías de control y seguimiento, con aplicaciones que geolocalizan los móviles, bajo la excusa de monitorear a los infectados por el covid-19

 

Pero también el estado de pánico le dio carta blanca a los Estados para implementar tecnologías de control y seguimiento, con aplicaciones que geolocalizan los móviles, bajo la excusa de monitorear a los infectados por el covid-19. Si bien estos sistemas desde hace tiempo se aplican en otros países, en América Latina su uso todavía generaba debate. “Lo que uno ve en Asia, ese manejo del panóptico estatal en términos de datos biométricos, datos de salud, es un cambio súper significativo donde hace dos o tres meses probablemente nadie hubiera permitido que el Gobierno tuviera capacidad para seguirle. Esto se abre como una alternativa en control de salud pública, pero siempre en manos equivocadas es muy peligroso”, indica la especialista chilena. 

Al Sur, consorcio de organizaciones que trabajan por fortalecer los derechos humanos en el contexto digital, denunció el uso de tecnologías intrusivas en Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay. En el comunicado, Al Sur alerta sobre los efectos que este tipo de aplicaciones puede tener dentro de un Estado de derecho: “Reconociendo la gravedad de esta crisis de salud y la posibilidad legal de los Gobiernos de tomar medidas excepcionales con el fin de controlar la pandemia, es importante recordar que estas deben llevarse a cabo en estricta conformidad con las normas de derechos humanos”.

No olvidaremos

Antes que se registrara el primer caso de covid-19, Chile se preparaba para celebrar el plebiscito nacional —pactado para el 26 de abril— con el que iniciaría el proceso para aprobar una nueva Constitución. Luego de semanas de protestas que iniciaron el 14 de octubre de 2019, el Gobierno de Sebastián Piñera abrió esta posibilidad en respuesta a los reclamos. Sin embargo, el estado de emergencia trasladó el referéndum para el 25 de octubre de 2020, mientras los militares vuelven a la calle. Aunque por el momento son los representantes políticos los que siguen al mando de las ciudades.

Las imágenes de los cuerpos de seguridad golpeando con saña a los manifestantes permanecen en la retina de los chilenos y en miles de cuerpos marcados por la represión de esos días. De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las manifestaciones conocidas como “Chile despertó” dejaron como saldo 26 muertos y más de 3.000 heridos, muchos de ellos con pérdidas oculares debido a los disparos de pelotas de goma y perdigones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció casos de tortura por parte de las fuerzas del Estado. 

Después de la represión del levantamiento popular en Chile, que dejó más de 3.000 heridos, el Gobierno está aprovechando la crisis sanitaria para intentar un lavado de la imagen de los mandos militares y los carabineros

 

Con este precedente, Dammert considera que el Gobierno está aprovechando la crisis sanitaria “para bajarle el perfil” a los mandos militares y a los carabineros (la policía). “Están utilizando esta coyuntura para mostrarlos, entre comillas, al servicio del ciudadano. Pero no es un lavado de imagen que vaya a durar para siempre; es algo bastante puntual y temporal. Rápidamente la institución policial mostrará su otra cara cuando tenga que adoptar tareas de control”, indica Dammert. 

En el caso de Ecuador, las protestas sociales, que también ocurrieron en octubre de 2019, terminaron con 11 muertos y más de mil heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo. Las manifestaciones se aplacaron después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) llegara a un acuerdo con el Gobierno de Lenin Moreno para derogar el Decreto 883, que eliminaba el subsidio a la gasolina. Esta medida fue la que generó que la población saliera a manifestarse. Sin embargo, desde hace tiempo la CONAIE expresa su rechazo a las políticas del Gobierno y exige ampliar las redes estatales a las zonas más vulnerables. 

En estos días, se decretó a la provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, “zona de seguridad militarizada”, lo que implica un control estricto de la población que habita la zona

 

Ecuador es uno de los países con más casos de covid-19 en América Latina. La situación más grave se registra en Guayaquil, donde los hospitales y las funerarias están colapsadas, y los féretros aparecen desperdigados por la ciudad. En estos días, se decretó a la provincia de Guayas, donde se encuentra la localidad, “zona de seguridad militarizada”, lo que implica un control estricto de la población que habita la zona. 

Según Apawki Castro, dirigente de la CONAIE, Guayaquil es ejemplo de las ciudades que se venden al mundo como modelo de desarrollo exitoso, pero que en contextos de crisis desnudan la desidia de los Gobiernos. “El Partido Social Cristiano no ha puesto los ojos en los barrios más marginados de la ciudad. Por eso el coronavirus no puede ser justificativo para controlar a la población a punta de plomo. Se tienen que direccionar las políticas públicas para que el sector más pobre pueda tener las condiciones para quedarse en casa”.

La CONAIE implementó una campaña de solidaridad campo-ciudad para que las poblaciones más alejadas puedan abastecerse. Para ello solicitaron al Gobierno que las fuerzas armadas sean las encargadas de transportar los productos. “También ellos deben contribuir desde el lado social. Lo que pasó en octubre seguirá en la memoria colectiva de los pueblos que estuvimos en la calle, por más que ellos nos ayuden a llevar una carga o dos cargas, si es que se diera, porque en este momento no están ayudando”, señala Castro.

Tierra de nadie 

En Brasil la crisis de coronavirus plantea un escenario surrealista, con un presidente contraviniendo todas las medidas sanitarias establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Por estos días, Bolsonaro hablaba del covid-19 como una “gripecita”, mientras recorría las calles de Brasilia saludando con besos a comerciantes de la zona. También instaba a la población a seguir yendo a las iglesias, declarándolas “servicios esenciales“ en un territorio en el que los locales religiosos se multiplican por manzana. 

Pese a esta posición negacionista, los gobernadores y alcaldes dictaminaron medidas de aislamiento social con las fuerzas de seguridad al mando, lo que en un país con una alta tasa de ejecuciones extrajudiciales no brinda ninguna tranquilidad. Según las últimas cifras del Foro Brasilero de Seguridad Pública, en 2018, 17 personas murieron por día a manos de las policías. Para Alexandre Fuccille, profesor de relaciones internacionales de la Universidade Estadual Paulista y expresidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, si bien la crisis puede agravar la situación, “la represión no va a cambiar, especialmente contra los sectores más excluidos: los de las periferias donde prevalece la población racializada”.

El comandante del Ejército brasileño Edson Pujol dijo que en caso de disturbios sociales esta fuerza no dudaría en actuar como el “brazo fuerte y la mano amiga”, lema del Ejército brasileño

 

Pero el brazo fuerte del Estado, así como el de las demás políticas gubernamentales, apenas llegan a las favelas de Río de Janeiro. Allí es territorio de las milicias (paramilitares) y las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Son estos grupos los que decretan los toques de queda, mientras la población sin acceso a agua potable y en condiciones de hacinamiento es carne de cañón de la pandemia. Fuccille explica que las milicias, que tienen más peso que los narcos, “son mafias integradas por expolicías y gente vinculada a los cuerpos de seguridad. No creo que estén preocupados en términos de aislamiento de la población, sino de seguir haciendo sus negocios”. 

Una situación de caos a la que se le suma las declaraciones del comandante del Ejército, Edson Pujol, quien dijo que en caso de disturbios sociales esta fuerza no dudaría en actuar como el “brazo fuerte y la mano amiga”, lema del Ejército brasileño. También en los últimos días corrió el rumor que los militares estaban dispuestos a derrocar a Bolsonaro, una posibilidad que se maneja desde que asumió el Gobierno. Sin embargo, para Fuccille “esto es más ficción que realidad, y por el momento los militares se mantienen firmes en su apoyo al presidente”.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele recibió el aplauso internacional, luego de decretar la suspensión del pago de servicios básicos. Nadie parecía recordad que un mes antes había entrado en el Congreso con el Ejército para presionar a la oposición

 

Pero Bolsonaro no fue el único presidente que desestimó los efectos de la pandemia. También el presidente de México, Andrés Manuel Lopéz Obrador, debió dar marcha atrás respecto a su posición inicial y anunciar medidas de confinamiento, en una sociedad que desde hace años cuenta con gobiernos que, sin importar su procedencia ideológica, apelan a la militarización de los cuerpos represivos. También en Colombia, país que arrastra graves problemas de violencia, el presidente Ivan Duque anunció que se endurecerán “las sanciones para quienes incumplan las órdenes de aislamiento”.

Nadie se salva

Mientras tanto en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, recibió el aplauso internacional, luego de decretar la suspensión del pago de servicios básicos y la entrega de un bono para los sectores más afectados. Entre las medidas también autorizó imponer toques de queda mientras dure la pandemia. Vale recordar que hace dos meses la comunidad internacional advirtió al mandatario por su perfil autoritario, luego de irrumpir en el Congreso con las Fuerzas Armadas para exigir a la oposición la aprobación de un préstamo.

También en Argentina la actitud del presidente Alberto Fernández es elogiada, mientras circulan memes con su imagen. Desde el inicio de la pandemia el mandatario se encargó de transmitir los mensajes a la población, también respondiendo a usuarios en redes sociales, con un tono paternal que pasa de la pedagogía al reto. “Les aviso que a donde los encontremos, los detendremos y les vamos a sacar los autos porque son unos inconscientes. Porque si no entra con la razón, va a entrar con la fuerza”, dijo en una de sus primeras apariciones. En el país circulan patrullas con megáfonos que replican este mensaje de tolerancia cero. 

Fernández asumió el poder en medio de una fuerte crisis económica desatada por las políticas del expresidente Mauricio Macri, que dejó al 40 % de la población en situación de pobreza. El mandatario prometió generar cambios estructurales que sacaran al país de esta situación, pero también dejar atrás las medidas represivas que había implantado la administración de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En tiempos de Macri, el país alcanzó la cifra récord de una muerte cada 19 horas por casos de gatillo fácil o torturas en lugares de detención. 

De acuerdo a los reportes que difunde Correpi, más de 43.000 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad, la mayoría en barrios populares

 

En estos tres meses, el Gobierno derogó algunos los de protocolos que habilitaban estos excesos, así como la nueva ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, pidió a las fuerzas de seguridad que actuaran con proporcionalidad en el contexto de  crisis sanitaria. Sin embargo, para María del Carmen Verdú, vocera de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), de un día para otro no se cambia una práctica que es política de Estado, y menos “si a todas las facultades que tenían para detener arbitrariamente ahora le agregás que te pueden parar por el solo hecho de caminar por la calle. Los tipos están hechos”.  

De acuerdo a los reportes que difunde Correpi, más de 43.000 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad, la mayoría en barrios populares. Si bien, como sucedió en el resto de la región, los primeros infectados pertenecían a sectores adinerados —y que en muchos casos, llegados de sus vacaciones, desconocieron las medidas de aislamiento—, la represión se da en las zonas más pobres. “Un muchacho que era cartonero había salido para ir a ver una gente que le regalaba el pan del día anterior para alimentar a los caballos. Y cuando volvía un policía le dice que lo quisieron asaltar y lo mata. Quedó muerto sobre la bolsa de pan. Un chico con dos hijitos”, cuenta Verdú.  

Sin información 

En Venezuela, la emergencia sanitaria golpea fuerte en un contexto de desabastecimiento en el que la población vive al día, con un estado de alarma que esta semana se extendió por 30 días más. Según señala Verónica Zubillaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar y miembro fundadora de Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, en estos días se extraña la vocería protagónica de un comité de expertos médicos y epidemiólogos. En cambio, “hay mucha presencia militar, con poca difusión de información y pedagogía ciudadana”. 

En el proceso chavista los militares adquirieron un gran protagonismo. La realidad se agravó a partir de 2015 durante el Gobierno de Nicolás Maduro, con la militarización de la seguridad ciudadana expresada en operativos de invasión policial masiva en barrios pobres, como el denominado Operativo de Liberación del Pueblo, y luego el cuerpo de Fuerza de Acción Especial de la policía (FAES). 

En ese sentido, Zubillaga considera que le deja “un profundo sabor amargo lo que les queda por experimentar en el futuro cercano”. En el informe de marzo de 2019 de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se exigía la disolución de la FAES y la investigación de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante sus operaciones de seguridad. 

Human Right Watch denuncia que las autoridades bolivianas violan el derecho a la libertad de expresión, al “aprovechar la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’”

 

La crisis del coronavirus también dejó en pausa a países que prometieron habilitar procesos eleccionarios. El Gobierno interino de Bolivia anunció el aplazamiento de las elecciones presidenciales que estaban pautadas para mayo, mientras el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, denuncia que las autoridades violan el derecho a la libertad de expresión, al “aprovechar la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’”.

El virus logró lo que hace unos meses parecía imposible, mantener a la población recluida en sus casas, aceptando la pérdida de libertades que el estado de emergencia impone. Pese a las denuncias de arbitrariedades, los Gobiernos latinoamericanos remarcan que el foco está en detener los contagios, mientras hacen frente a la pandemia con sistemas sanitarios precarizados. Pero llegará el momento en que la población volverá a la “normalidad”, con el agravante que será en contextos sociales más empobrecidos debido al parón económico. Ahí se verán los efectos de extender el estado de excepción en tiempos de coronavirus.