Los líderes locales y los defensores de los pueblos indígenas señalan como culpable del deterioro de esta situación a una sola persona: el presidente Jair Bolsonaro.

Durante su campaña presidencial, Bolsonaro prometió que abriría la Amazonia a más desarrollo comercial, incluyendo la minería y la agricultura a gran escala.

“Donde hay tierra indígena,” dijo, “hay riqueza debajo”.

Desde que asumió el cargo hace poco más de un año, Bolsonaro ha actuado agresivamente para promover esos objetivos de desarrollo, implementando políticas que los críticos temen que han puesto en marcha una nueva era de etnocidio para los pueblos indígenas.

Comenzó por desmantelar un sistema de protección para las comunidades indígenas consagrado en la constitución de Brasil, y el año pasado su gobierno recortó los fondos de la Fundación Nacional del Indio, la agencia federal responsable de defender los derechos indígenas, más conocida como FUNAI.

Como presidente, ha prometido no designar ni “un centímetro” más como tierras indígenas protegidas, argumentando que vivir en aislamiento es un anacronismo en el siglo XXI y un obstáculo al crecimiento económico.

“El indio no se puede quedar en su tierra como una criatura prehistórica,” dijo Bolsonaro en febrero.

También en febrero, Bolsonaro presentó un proyecto de ley al Congreso que en la práctica podría legalizar las empresas mineras clandestinas que han contaminado ríos y derribado grandes extensiones del Amazonas.

La legislación propuesta, que el Congreso no ha mostrado interés en avanzar mientras Brasil lucha contra el coronavirus, también autoriza la exploración de petróleo y gas y la instalación de centrales hidroeléctricas en territorios indígenas. Según el plan, las comunidades nativas serían consultadas sobre los proyectos, pero no tendrían poder de vetarlos.

El año pasado, Bolsonaro se jactó de que ha “puesto fin” a lo que él llamó “multas astronómicas” contra compañías que violaron la ley ambiental en la Amazonia, removiendo uno de los pocos elementos de disuasión que existían para los ocupantes ilegales.

El presidente de Brasil está cumpliendo sus promesas sobre expandir el desarrollo en el área del Amazonas. Y para muchos de los indígenas que viven allá, la era Bolsonaro representa una amenaza existencial.

Lo que encontramos

‘Arrasando con nuestro bosque’

La constitución de Brasil de 1988 confiere amplios derechos a los pueblos indígenas brasileños, una forma de reparación por siglos de trato brutal.

Si bien estos derechos nunca se han respetado por completo, están siendo eviscerados en la era Bolsonaro, según activistas y líderes indígenas.

Para comunidades con poblaciones pequeñas, como los uru eu wau wau, que comenzaron esta década con unos 200 miembros, la postura del gobierno podría significar su desaparición total de la tribu.

La escuela en la mayor de las seis aldeas de los uru eu wau wau —una instalación moderna rodeada por un grupo de modestas cabañas— está vacía. Los profesores dejaron de venir el año pasado porque no les pagaban.

Las visitas de médicos y enfermeros se han vuelto raras, en parte porque los doctores cubanos que habían estado atendiendo en aldeas remotas se fueron abruptamente del país poco después de que Bolsonaro asumiera el cargo en enero de 2019, en respuesta a las amenazas del presidente entrante.

Las incursiones ilegales de madereros en los límites del territorio se han vuelto cada vez más frecuentes, poniendo a los residentes en pie de guerra.

Los niños en la aldea se han contagiado de la angustia colectiva, dijo Juvitai, y constantemente preguntan si sus días de relativo aislamiento están llegando a su fin.

“Les digo que se queden tranquilos”, dijo Juvitai, con un tono poco convincente. “Esta es nuestra tierra. Nos quedamos aquí”.

Lo que encontramos

‘Un gobierno a favor de la deforestación’

En una imagen satelital, el territorio uru eu wau wau se destaca como una isla verde esmeralda rodeada de parcelas de bosque arrasado, muchas de los cuales ahora son ranchos ganaderos.

En 1991, el gobierno federal designó oficialmente el territorio de los uru eu wau wau. Abarca un área de 18.000 kilómetros cuadrados —un poco menor que el estado de Nueva Jersey— donde la tribu ha construido un grupo de pequeñas aldeas. Se supone que este reconocimiento federal les confiere autonomía política limitada, y prohíbe la entrada a forasteros que no cuenten con un permiso explícito e impide actividades comerciales a gran escala.

El territorio, todavía técnicamente propiedad del gobierno federal, ahora alberga a unas 200 personas de la tribu uru eu wau wau, así como a algunas tribus más pequeñas y no contactadas, cuyas poblaciones exactas se desconocen.

Madereros, mineros, ganaderos y otros han usado esta estrategia en la Amazonia por muchos años, y por lo general ha dado resultado porque los legisladores han creado una y otra vez caminos para que los ocupantes ilegales se vuelvan propietarios legítimos de las tierras de las cuales se apropiaron ilegalmente.

“El objetivo es crear hechos consumados”, dijo Daniel Azevedo, un fiscal federal en Porto Velho, la capital del estado de Rondonia, que se concentra en crímenes ambientales y contra los indígenas.

La deforestación en los territorios indígenas en Brasil ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Desde agosto de 2018 hasta junio de 2019, se cortaron 4200 kilómetros cuadrados de cobertura forestal, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Esto representa un aumento del 74 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El territorio uru eu wau wau está entre los diez más afectados por la deforestación durante ese periodo.

Azevedo dice que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley pueden abrir procesos contra los responsables flagrantes de deforestación. Pero añade que las autoridades están mal equipadas para hacer retroceder a las fuerzas que impulsan la deforestación en un tiempo en que los ocupantes ilegales se sienten respaldados por los funcionarios electos.

“Ellos se amparan en un factor político, sienten que los políticos locales, senadores y hasta el presidente, apoyan su causa”, dijo Azevedo.

Los uru eu wau wau son una de varias comunidades indígenas que han visto un fuerte aumento en las incursiones y amenazas a su tierra en la era Bolsonaro. Más al norte, las tribus de los yanomami y munduruku han sido invadidas por miles de mineros de oro.

En 2019, al menos siete líderes indígenas fueron asesinados en conflictos de tierras.

En una reunión el año pasado con los gobernadores de los nueve estados amazónicos, Bolsonaro dejó en claro que veía a las tierras indígenas como un lastre para el potencial de Brasil.

“El indio no hace lobby, no habla nuestra lengua y consigue hoy en día tener el 14 por ciento del territorio nacional”, dijo, usando una cifra un poco mayor a la que registran las estadísticas del propio gobierno. “Una de las intenciones es retrasarnos”.

Lo que encontramos

‘No traen dinero para Brasil, solo pérdidas’

Bolsonaro ganó la presidencia con el 55 por ciento de los votos, y algunos de sus partidarios están de acuerdo con su afirmación de que las comunidades indígenas no deberían estar en control del 13 o 14 por ciento de la masa terrestre del país que ha sido demarcada como tierra indígena.

Daniel da Cunha, de 60 años, quien vive justo afuera del territorio uru eu wau wau, dice que esas tierras debían ser divididas para que la gente desempleada pudiera usarlas de manera rentable.

“Ellos no trabajan”, dijo de los indígenas. “No traen dinero para Brasil, solo pérdidas”.

Algunos legisladores argumentan que Bolsonaro tiene razón al querer cambiar la política indígena de Brasil, pero favorecen un enfoque más moderado.

Arthur Oliveira Maia, un congresista de centro derecha del estado de Bahía, dijo que bajo el marco legal actual nadie, ni siquiera las mismas tribus indígenas, pueden obtener beneficios de los territorios reservados.

Agregó que estaba a favor de comenzar con agricultura, la cual suele tener un impacto ambiental menor que la minería.

“Hoy los indígenas pasan dificultades”, dijo. “La emancipación de esas personas es posible solo por medio de la economía”.

Lo que encontramos

Un pasado de horrores, un presente de cortes

Durante mucho tiempo, Bolsonaro ha hablado con desprecio de los indígenas. En 1998, cuando era un legislador marginal de extrema derecha, Bolsonaro dijo que era una “pena que la caballería brasileña no haya sido tan eficiente como la americana, que exterminó a los indios”.

Lo que Bolsonaro no reconoció es que los indígenas de Brasil casi fueron aniquilados después de que los europeos llegaron a inicios del siglo XVI.

La población indígena en el Brasil contemporáneo cayó de lo que se calcula entre tres millones y hasta unos once millones de personas en los 1500 hasta 70.000 en los años cincuenta del siglo XX. Tribus enteras fueron asesinadas y un gran número fue esclavizado.

La constitución de 1988 intentó corregir algunos de estos errores.

Puso fin a la política de la era militar que alentaba la asimilación de los indígenas y reconoció sus “costumbres, lenguas, creencias y tradiciones”.

La constitución también estableció un proceso de demarcación de tierras que a lo largo de los años creó el vasto entramado de 567 territorios indígenas protegidos. En 2010, cuando Brasil condujo su último censo, unos 517.000 de los 897.000 indígenas del país vivían en esas tierras.

En su primer día en el cargo, Bolsonaro transfirió el proceso de demarcación de tierras de la FUNAI al Ministerio de Agricultura, fuertemente influido por el lobby de la agroindustria. La Corte Suprema bloqueó el movimiento, al hallarlo inconstitucional, pero todos los casos pendientes de demarcación permanecen congelados.

Además del desafío de neutralizar a la FUNAI, Bolsonaro ha encontrado otros reveses o demoras. Los líderes del Congreso han señalado que no tienen prisa en avanzar con su proyecto de ley para autorizar proyectos energéticos en tierras indígenas.

Pero el poder de la presidencia aún le da muchas oportunidades de promover su visión.

El gobierno nombró recientemente a un exmisionero cristiano, Ricardo Lopes Dias, para encabezar la división de la FUNAI a cargo de proteger a las tribus no contactadas. Aunque Dias se ha comprometido a no usar su puesto para hacer proselitismo, su nombramiento incitó temores de que el gobierno permitirá a los misioneros contactarse con comunidades aisladas, vulnerables a morir en masa por enfermedades comunes debido a esos encuentros.

Un vocero de la FUNAI dijo que la agencia está invirtiendo en programas de emprendimiento y sustentabilidad como pesca artesanal y fabricación de miel en pequeña escala, destinados a fomentar la autonomía de las comunidades indígenas.

Desde años antes de que Bolsonaro se convirtiese en presidente, la FUNAI venía sufriendo una reducción de personal y un ajuste presupuestal que forzaron a la agencia a abandonar varios puestos de avanzada en áreas remotas y a disminuir la frecuencia de las visitas a las aldeas.

Aunque el presupuesto de la FUNAI se mantuvo relativamente estable en los últimos años, el gobierno de Bolsonaro hizo un recorte profundo en los gastos programados para 2020, al destinar 15 millones de dólares a programas de defensa de los derechos indígenas, cerca de un 40 por ciento menos que el año anterior.

La asociación que representa a los funcionarios de carrera de la agencia dijo en un comunicado que la reducción significa que la FUNAI tendrá una presencia cada vez más escasa en el territorio, dejando en mayor riesgo a las comunidades asediadas por acaparadores de tierra.

Esta es la primera vez que el planeamiento del gobierno”, dijo la asociación de funcionarios, “no contempla los derechos indígenas garantizados por la constitución”.

Lo que encontramos

‘Si no matamos, va a empeorar’

Siempre que los uru eu wau wau se enteran de nuevas incursiones en su territorio, salen a pie para inspeccionar el daño y quemar los campamentos de los colonos. Un grupo se preparaba al amanecer para una reciente expedición mientras los guerreros de la tribu embadurnaban con veneno las puntas de sus flechas.

Ivaneide Bandeira Cardozo, una activista que a menudo acompaña a los uru eu wau wau, se veía pálida, temiendo una confrontación con los madereros.

“Si no matamos, va a empeorar día tras día”, le respondió uno de los hombres.

Durante una ardua caminata de seis horas a través del denso bosque, los uru eu wau wau vadearon por el agua y las nubes de insectos zumbantes para llegar a una gran extensión de tierra que hacía poco había sido reducida a cenizas.

Los uru eu wau wau no pudieron más que hacer fotos del daño y después prender fuego al pequeño campamento.

Cuando se le preguntó acerca de lo que las políticas del gobierno de Bolsonaro pueden hacer a comunidades como estas, Cardozo, quien ha apoyado a la tribu por décadas, se mostró abatida.

“Su objetivo es forzarlos a salir de sus tierras y transformarlos en ciudadanos comunes en la periferia de las ciudades, en mendigos” dijo. “Para mí, eso equivale a una política de genocidio y etnocidio”.

Una de las integrantes más antiguas de la tribu, Borea Uru Eu Wau Wau, tiene en la espalda cicatrices de heridas de bala que sufrió durante una emboscada de caucheros en los ochenta. Una hermana, una tía y su abuela fueron asesinadas en aquel entonces, recuerda.

Desde que comenzó la nueva ola de incursiones, Borea ha empezado a recordar vívidamente aquella ocasión, lo que le ha dejado una visión fatalista sobre el futuro.

“Lleva mucho tiempo esperar justicia, por la cual esperamos y esperamos,” dijo, hablando en un tono solo un poco más fuerte que un susurro. “Matar es más fácil”.

La conclusión: Bolsonaro está decidido a expandir la explotación económica de la Amazonia, a cualquier precio.

Ernesto Londoño reportó desde el territorio Uru eu wau wau, y Letícia Casado desde Brasilia.