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Mensaje de las FARC-EP al pueblo del Cauca
Desde lo más profundo de nuestra conciencia revolucionaria, levantamos nuevamente la voz, a nombre de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, para pedir el fin de la barbarie en el Cauca, un departamento de gente mayoritariamente buena, con un proyecto de vida que palpita humanidad bajo el color de una piel. Nuestro aprecio y consideración para los pueblos indígenas, las comunidades negras, y para la población blanca y mestiza del Suroccidente.
Nos duelen todos los muertos acribillados por la irracionalidad de unos intereses económicos oscuros que piensan que todo se debe resolver a tiros. Nos duelen los indígenas, los líderes y lideresas sociales y los excombatientes del partido de la Rosa, muertos por actores armados. Y nos duelen también las muertes de estos, ya vistan el uniforme insurgente, ya el uniforme militar. Disparar contra indígenas desarmados que solo tienen un bastón, no tiene presentación, ni justificación. Eso debe parar. Toda muerte injusta es una siembra de discordias y resentimientos. Exigimos al Estado y a sus organismos de inteligencia frenar el asesinato y su absurda estrategia de estimular los enfrentamientos en la región.
Los guerrilleros de la Segunda Marquetalia proponemos el diálogo y el entendimiento como el recurso más inteligente para devolverle la normalidad y la tranquilidad al Cauca. Inspirados en el histórico acuerdo firmado por los líderes indígenas y los comandantes de las FARC, Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, estamos dispuestos a aportar experiencias en la construcción de un nuevo pacto para la convivencia con la dirigencia indígena, extendiendo sus beneficios a las comunidades negras del litoral pacífico.
Sugerimos promover en Popayán un gran evento de paz, un foro de reencuentro, que en sus conclusiones consigne el compromiso de conformar en el suroccidente colombiano una potencia, una fuerza de sentimientos humanos, una energía de paz y vida digna, que con su sola presencia disuada las intenciones de los enemigos de los concordia, y se convierta en un factor muy activo en la búsqueda de un gran acuerdo político nacional para la instauración de un nuevo gobierno de coalición democrática, que le garantice a Colombia la paz completa, la reforma política y la justicia social.
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La versión del estado colombiano:
Captura de dos cabecillas de disidencias de las Farc
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/captura-de-dos-cabecillas-de-disidencias-de-las-farc
El Ministerio de Defensa informó sobre la captura de dos cabecillas de las disidencias de las Farc. En el operativo fueron recuperados dos menos de edad que habían sido reclutados por este grupo armado residual, quienes fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Los capturados fueron alias ‘Breiner’, quien tendría contacto directo con alias ‘Mayimbu’, y alias ‘La puerca’, sindicado de reclutar adultos y niños para ensanchar las filas de esta organización armada. Así lo anunció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
“Cuando se movilizaba en un vehículo tipo campero, fue capturado alias ‘Breiner’, hombre de confianza de alias ‘Mayimbú’, y quien pertenecía al anillo de seguridad más cercado del cabecilla de la estructura sexta”, indicó el funcionario.
Durante la captura, alias ‘La puerca’ intentó sobornar a un suboficial del Ejército con más de 100 millones de pesos para que lo dejara en libertad. “A este suboficial que antepuso sus valores y principios al descarado ofrecimiento de los bandidos, muchas gracias”, expresó Holmes Trujillo.
El jefe de la cartera de la defensa ratificó que estos hombres vinculados a las disidencias de las Farc venían atemorizando y atacando a distintas comunidades del norte del Cauca, con el propósito de lucrarse del narcotráfico.
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¿Qué pasa con los niños reclutados a la fuerza por los diferentes grupos armados?
Son miles y miles. Han sido desmovilizados algunos miles. Faltan otros miles que deben soltar. Las Farc han sido los que más han agarrado niños desde los seis años para transformarlos en combatientes
5.524 niños y niñas han sido desvinculados de grupos armados
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ha sido una práctica común realizada por diferentes grupos al margen de la ley que han operado en Colombia desde hace más de 5 décadas.
“El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ha sido considerado un crimen de guerra. El gobierno y la sociedad civil deben seguir exigiendo a los grupos armados como el Eln, el Clan del golfo, las disidencias de las Farc, los Pelusos y los Caparros, que inmediatamente devuelvan los niños a sus familias”, dijo el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
Según las cifras del Ministerio de Defensa, que van desde el 7 de agosto de 2002 hasta hoy, se han desvinculado de los grupos armados 4.695 adolescentes entre los 15 y 17 años, 817 que estaban entre los 11 y los 14 años y 12 niños que tenían entre 7 y 10 años.
Entre los registros se presentan 3.872 menores de sexo masculino y 1.652 menores de sexo femenino. En estos 18 años Antioquia es el departamento en el que más menores han dejado las filas de los grupos armados (730) seguido de Cundinamarca (456) y Caquetá (424).
Por otro lado, los departamentos que han registrado menos desvinculaciones son Guainía (20), Atlántico (20) y Vichada (26).
Las Farc es el grupo que más menores ha desvinculado (3.199), seguido por el ELN (1.111) y de los Grupos Armados Organizados (157).
Las Farc también registran el mayor número de adultos que fueron reclutados siendo menores de edad (6.443), seguido del ELN (1.415) y las AUC (777)
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Informe de la ONU:
Asesinan más y expanden su control territorial, así pasan los violentos la cuarentena
La afirmación la hizo ONU, al lanzar una alerta porque la situación de conflicto en algunas regiones de Colombia es mucho más complicada durante el aislamiento.
https://www.pulzo.com/nacion/onu-alerta-que-violentos-estan-aprovechando-cuarentena-para-delinquir-PP886740
24/04/2020
La Organización de las Naciones Unidas expresó este viernes su preocupación por el asesinato de varios defensores de derechos humanos en el suroeste de Colombia a manos de grupos armados que están aprovechando el confinamiento para arreciar su campaña contra los activistas.
En una declaración desde Ginebra, Rupert Colville, vocero de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dijo haber recibido el reporte de al menos 13 homicidios en lo que va del año solo en el Cauca, donde organizaciones se disputan el control del narcotráfico y de la minería legal.
Tres de los asesinatos se produjeron en los “últimos días” en medio de la emergencia sanitaria. “La situación en el departamento (…) es muy preocupante”, subrayó Colville.
Según el responsable, las medidas de confinamiento adoptadas para contener la propagación de la COVID-19 “parecen haber agravado una situación de por sí violenta y volátil”.
Los grupos ilegales “parecen estar aprovechando el encierro de la mayoría de la población para expandir su presencia y control sobre el territorio”, agregó.
A los asesinatos selectivos de activistas se suman amenazas de muerte a poblaciones campesinas, afro e indígenas, de acuerdo con la ONU.
El Cauca es una zona estratégica para el cultivo de hoja de coca y el transporte de droga hacia el Pacífico, y es uno de los departamentos que, junto a Antioquia, Arauca y Caquetá han registrado más asesinatos de defensores de derechos humanos en los años que siguieron al acuerdo de paz con la entonces guerrilla Farc en 2016.
Más de la mitad de los 108 casos registrados por la ONU en 2019 en Colombia ocurrieron en esos territorios.
A finales de marzo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) también condenó los recientes homicidios de líderes y defensores cometidos en plena cuarentena.
Aunque la violencia se ha aliviado desde el pacto que desarmó a las Farc, Colombia todavía enfrenta varias amenazas armadas en el marco del conflicto que completa casi seis décadas.
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NOTICIAS ONU - Órgano oficial
Grupos armados en Colombia aprovechan la pandemia del coronavirus para ganar territorio
En lo que lleva del año, al menos 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el Cauca, incluidos tres en los últimos días. Las medidas de confinamiento para evitar la propagación del COVID-19 se han convertido en una oportunidad para matar y amenazar a indígenas, líderes sociales y agricultores, y apoderarse de territorio de economías ilícitas en esa región.
Los grupos armados y criminales en el departamento del Cauca, en Colombia, parecen estar aprovechando las restricciones para evitar la propagación del coronavirus para expandir su presencia y control sobre el territorio, advirtió la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos este viernes.
En lo que lleva del año, al menos 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados, incluidos tres en los últimos días, una situación “profundamente preocupante” para la Oficina de Michelle Bachelet.
“Aunque estos últimos casos todavía están siendo verificados por nuestra Oficina, hemos recibido informes de que, el 22 de abril, Hugo de Jesús Giraldo, un líder social, fue asesinado en la ciudad de Santander de Quilichao. El fin de semana pasado, otros dos líderes sociales, Mario Chilhueso y Teodomiro Sotelo Anacona, también fueron asesinados, así como Andrés Andrelio Cacimanca Burbano, el esposo de otra líder social”, informó el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.
Un número creciente de grupos armados, así como grupos criminales que luchan por el control de las economías ilícitas en este territorio, están detrás de la mayoría de los ataques, que han aumentado en los últimos meses.
“La pandemia de COVID-19 y las restricciones impuestas por el Gobierno y por las propias comunidades para evitar la propagación del virus parecen haber agravado una situación ya violenta y volátil”, explicó el portavoz.
Amenazas a indígenas y agricultores
Según la Oficina, además de lo que parecen ser asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, se han recibido informes diarios de amenazas, incluidas amenazas de muerte, y hostigamiento contra la población local, incluidos los agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que intentan asegurar que se cumplan las medidas de confinamiento y prevención.
En algunas partes del departamento del Cauca, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados y criminales se han intensificado, incluso en los territorios indígenas. Los civiles han quedado atrapados en la violencia, lo que resultó en la muerte de un niño indígena en Toribio y el desplazamiento forzado de las comunidades rurales en Argelia y El Tambo.
A la Oficina también le preocupan los ataques contra excombatientes de las FARC-EP. Según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 36 han sido asesinados en el Cauca desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016.
“Hacemos un llamado a todos los involucrados en esta violencia para detener los combates, en línea con el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas a un alto el fuego global, para que las medidas destinadas a prevenir la propagación de COVID-19 puedan implementarse adecuadamente”, dijo Colville.
La Oficina de Michelle Bachelet recordó a las autoridades su obligación de prevenir ataques y proteger a la población local. Cualquier ataque contra los defensores de los derechos humanos socava el espacio democrático, incluido el derecho a participar. Una respuesta integral de las autoridades civiles y de seguridad es particularmente relevante en las zonas rurales.
“Hacemos un llamamiento al Gobierno para que realice investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos y responsabilice a los responsables. Todas las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y las reparaciones”, concluyó el portavoz.